CSJ - STL17725-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STL17725-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

SCLAJPT-11 V.00

VÍCTOR JULIO USME PEREA Magistrado ponente

STL17725-2026 Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00 Acta 32

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte se pronuncia, en primera instancia, de la acción de tutela que BRAYAN ESMITH HERNÁNDEZ LIDUEÑA presenta contra la SALA CIVIL FAMILIA

LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE SINCELEJO.

I. ANTECEDENTES

El promotor instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, acceso a la administración de justicia y fuero sindical, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En lo que interesa al presente trámite constitucional, se tiene que el hoy accionante y diecinueve personas másRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 2 promovieron, de forma independiente, distintos procesos especiales de fuero sindical contra el municipio de Sincelejo, con el fin de que se ordenara el reintegro al cargo que ocupaban al momento de la desvinculación, por haberse efectuado sin autorización judicial, a pesar de que contaban con fuero sindical en calidad de fundadores del Sindicato de Empleados para la Equidad y la Defensa Laboral de Servidores Públicos de la Alcaldía de Sincelejo (SEEDL).

efectuado sin autorización judicial, a pesar de que contaban con fuero sindical en calidad de fundadores del Sindicato de Empleados para la Equidad y la Defensa Laboral de Servidores Públicos de la Alcaldía de Sincelejo (SEEDL).

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, con el radicado n.° 70001-31-05-002-2025-00163-00; autoridad que, en autos de 06 y 23 de octubre de 2025, ordenó la acumulación de todos los procesos al consecutivo en cita. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, instaló la audiencia de que trata el artículo 114 del CPTSS y, en sesión de 12 de diciembre de 2025, fijó el litigio correspondiente. Después, en sentencia de 15 de mayo de 2026, negó las pretensiones de las demandas y declaró probada la excepción de «abuso del derecho de asociación sindical» propuesta por el extremo demandado.

Inconformes, los entonces promotores, la organización sindical y la Procuraduría Dieciocho Laboral Judicial de Sincelejo interpusieron recurso de apelación y, con fallo de 07 de julio de 2026 -notificado al día siguientela Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo revocó la determinación de primera instancia y, en su lugar, declaró la ineficacia de las resoluciones que dieron por terminado los nombramientos en provisionalidad de dieciséis de los demandantes y la negó en relación con losRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

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por terminado los nombramientos en provisionalidad de dieciséis de los demandantes y la negó en relación con losRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 3 cuatros restantes -entre los que se encuentra el hoy accionante-.

A través de este mecanismo constitucional, el convocante cuestiona la providencia de segunda instancia referida, toda vez que, en su decir, el órgano colegiado accionado incurrió en un error al negar su reintegro, toda vez que en la fijación del litigio se estableció que la única causa de los despidos fue la supresión de los cargos; no obstante, al resolver la alzada distorsionó el objeto de la acción al calificar la justa causa de las desvinculaciones lo cual solo sería pertinente si se tratara de un litigio de levantamiento del fuero sindical.

Explicó que el Tribunal pasó por alto que el objeto de la acción de reintegro se circunscribe a verificar si el empleador solicitó al juez laboral la autorización para despedir a un empleado cobijado por la garantía foral referida, por lo que no le correspondía calificar la justeza de los despidos. Adujo que incurrió en desconocimiento del precedente vertical sentado por la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y horizontal emitido por la misma sala, sobre el tema, los cuales incluso sirvieron de fundamento para ordenar el reintegro de los otros demandantes.

Arguyó que se vulneró el principio de «congruencia», toda vez que en la contestación de la demanda se admitió que el despido de todos los demandantes se dio con fundamento

de fundamento para ordenar el reintegro de los otros demandantes.

Arguyó que se vulneró el principio de «congruencia», toda vez que en la contestación de la demanda se admitió que el despido de todos los demandantes se dio con fundamento en el Decreto 1057 de 2005, en el que se estableció la supresión de los cargos, y así se estableció en la fijación delRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 4 litigio. De ahí que, el Tribunal se equivocó al considerar que su desvinculación se dio por una causal distinta como lo era el retorno de los servidores con derechos de carrera.

Señaló que, en la providencia fustigada se configuró un defecto fáctico por «omisión» en la valoración de las pruebas como lo era el Decreto de Supresión n.º 1057 de 2025, «la providencia judicial de suspensión cautelar del acuerdo municipal n.º 358/2025 del Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo» y la contestación a la demanda, en cuanto que el primero aún no cobraba vigencia cuando se adelantó la desvinculación; la segunda era la norma habilitante con la que se expidió el Decreto referido, por lo que quedó sin piso jurídico y, la tercera debido a que se aceptó que todos los demandantes fueron despedidos por el mismo motivo.

Destacó que se configuró un defecto sustantivo al calificar la terminación de la provisionalidad como una justa causa de retiro de los empleados públicos, pues no se encontraba contemplada en la ley.

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo de las

calificar la terminación de la provisionalidad como una justa causa de retiro de los empleados públicos, pues no se encontraba contemplada en la ley.

Conforme a lo anterior, solicita acceder al amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como medida para restablecer la vulneración, pide dejar sin efectos la sentencia de 07 de julio de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada y, en su lugar, ordenarle que emita una nueva providencia en la que conceda sus pretensiones.

La tutela se presentó el 18 de agosto de 2026 y fue admitida por esta sala mediante auto de 24 siguiente, en el que se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada yRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 5 vincular a las partes e intervinientes en el proceso en el que se emitió la providencia censurada, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa.

El Sindicato de Empleados para la Equidad y la Defensa Laboral de Servidores Públicos de la Alcaldía de Sincelejo (SEEDL) coadyuvó las pretensiones del accionante.

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo defendió la legalidad de su decisión y compartió el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso denunciado.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo rindió informe de las actuaciones surtidas al interior del asunto cuestionado y solicitó que se declare la improcedencia del amparo, comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.

rindió informe de las actuaciones surtidas al interior del asunto cuestionado y solicitó que se declare la improcedencia del amparo, comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.

El promotor allegó escrito en el que insistió en los argumentos expuestos en el escrito inaugural de forma sintetizada.

II. CONSIDERACIONES

Conforme a lo estatuido en el artículo 86 de la CP y los decretos que lo reglamentan, la acción de tutela se estableció para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión deRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 6 cualquier autoridad o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

Esta sala es del criterio de que no procede la tutela contra providencia judicial, esencialmente, por ausencia de norma que así lo prevea y en sujeción a los principios de la cosa juzgada, independencia y autonomía de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia lo ha morigerado en casos concretos y excepcionales, cuando las actuaciones u omisiones de los jueces configuran una evidente transgresión de los derechos constitucionales de las partes.

Es oportuno señalar que, conforme lo indica la sentencia CC C-590-2005, reiterada en varios pronunciamientos de esta sala, entre otros, en la decisión CSJ STL1866-2025, la acción de tutela contra providencia judicial es viable siempre y cuando se acredite del fallo

sentencia CC C-590-2005, reiterada en varios pronunciamientos de esta sala, entre otros, en la decisión CSJ STL1866-2025, la acción de tutela contra providencia judicial es viable siempre y cuando se acredite del fallo censurado alguna de las siguientes causales: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.

Definido lo anterior, para la Sala es claro que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es viable, a través de esta senda tuitiva, dejar sin efecto la sentencia de 07 de julio de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada y, en su lugar, ordenarle que emita una nueva providencia en la que acceda a las pretensiones del aquí accionante.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

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Antes de analizar de fondo el asunto, resulta necesario advertir que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo. Esto por cuanto entre la fecha de notificación de la providencia judicial cuestionada y que zanjó el asunto -08 de julio de 2026y la de presentación del amparo constitucional -18 de agosto de 2026transcurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez.

Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la decisión cuestionada

2026transcurrieron menos de seis meses, plazo razonable y acorde con el principio de inmediatez.

Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la decisión cuestionada no procede recurso alguno. En efecto, aunque la sentencia de segunda instancia fue proferida el 07 de julio de 2026, esto es, en vigencia de la Ley 2452 de 2025, que habilita el recurso extraordinario de casación en los procesos especiales, lo cierto es que el artículo 330 de dicho estatuto dispone expresamente que «todos los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de este código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores».

En consecuencia, como el proceso especial de fuero sindical hoy controvertido fue promovido el 23 de noviembre de 2025, es decir, antes de la entrada en vigor del nuevo CPTSS, su trámite debe regirse por la normatividad precedente, razón por la cual la providencia impugnada no era susceptible del recurso extraordinario de casación (CSJ STL9085-2026).

De manera que la Sala está habilitada para analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales específicas de procedencia de la tutela contraRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 8 providencia descritas.

En lo que interesa a la acción constitucional, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, al resolver los recursos de apelación interpuestos por los demandantes, el sindicato y la representante del Ministerio Público contra la sentencia de

Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, al resolver los recursos de apelación interpuestos por los demandantes, el sindicato y la representante del Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia, narró los antecedentes del proceso, la sentencia recurrida y los argumentos de las apelaciones, sobre los cuales estableció como problemas jurídicos determinar:

a) Si la juez de primer nivel excedió el ámbito de cognición propio de la acción especial de reintegro por fuero sindical al examinar la legitimidad de la constitución del sindicato SEEDL y concluir la existencia de un abuso del derecho de asociación sindical.

b) Si los demandantes ostentaban la garantía foral al momento de ser comunicados sobre la terminación de su vinculación laboral, y si era necesario que el ente demandado solicitara autorización judicial para habilitar tales desvinculaciones, aun cuando se encontraba en el marco de una reestructuración administrativa.

c) Si para el caso de los libelistas Wilson Julio Peña, Katerine Gómez Navarro, Dordy Antonio Bejarano Martínez y Brayan Esmith Hernández Lidueña [aquí convocante], resulta viable reintegro aquí deprecado, pese a que el cargo que ocupaban presuntamente fue reasignado a sus titulares en carrera. (Negrilla de la Sala).

Con tal fin, estudió con detenimiento el marco jurídico nacional e internacional, así como la jurisprudencia construida en relación con el derecho de asociación, la garantía del fuero sindical y la distinción y alcance de las acciones de fuero sindical.

En relación con la acción de reintegro, advirtió que

construida en relación con el derecho de asociación, la garantía del fuero sindical y la distinción y alcance de las acciones de fuero sindical.

En relación con la acción de reintegro, advirtió que existen algunas excepciones a la necesidad de acudir al juezRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 9 laboral para solicitar la calificación previa del despido; que dichos casos son específicos y taxativos, comoquiera que la garantía foral no puede ser absoluta. Para el efecto, citó los artículos 411, 412, 450 del CST y 24 del Decreto 760 de 2005, propio del sector público, en el que se releva a las entidades territoriales de solicitar autorización para despedir al consignar:

No será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical en los siguientes casos:

24.1. Cuando no superen el período de prueba. 24.2. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe en él. 24.3. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito.

Seguidamente, estudió lo relativo a la autorización judicial previa a la desvinculación de los trabajadores aforados en procesos de reestructuración administrativa, sobre la cual destacó que mediante las sentencias CC T2032004 y CC T029-2004 se reconsideró la necesidad de obtener la autorización judicial para la desvinculación de los

aforados en procesos de reestructuración administrativa, sobre la cual destacó que mediante las sentencias CC T2032004 y CC T029-2004 se reconsideró la necesidad de obtener la autorización judicial para la desvinculación de los aforados, con el fin de que el empleador no desconozca dicha protección con el pretexto de una reordenación institucional.

Al descender al caso concreto, explicó que el juez de primera instancia excedió el margen de conocimiento que le otorgaba la acción de reintegro al calificar la legitimidad de los demandades como fundadores de SEEDL y declarar que incurrieron en abuso del derecho. Señaló que se encontraba fuera de discusión la calidad de empleados de los promotores, en relación con Brayan Esmith HernándezRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

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Lidueña -hoy accionanteexplicó que inició a laborar el 12 de noviembre de 2021, fue nombrado mediante Decreto n.º 575 de 2021 en el cargo de técnico operativo y fue desvinculado mediante la Resolución n.º 1125, notificada el 19 de julio de 2025. Anotó que se encontraba acreditada la existencia de la organización sindical y la pertenencia de los demandantes. También que la demandada conocía su condición de aforados como fundadores.

Posteriormente, en relación con la necesidad de la autorización judicial para el despido, indicó que este debía ser entendido como «el acto voluntario del empleador que pone fin a la relación de trabajo subordinado, mediante el alejamiento del empleado sin su aquiescencia», situación que

autorización judicial para el despido, indicó que este debía ser entendido como «el acto voluntario del empleador que pone fin a la relación de trabajo subordinado, mediante el alejamiento del empleado sin su aquiescencia», situación que resultaba relevante para el caso, porque no todos los demandantes fueron desvinculados por la misma causa, toda vez que era «indiscutido, que algunos cargos que ocupaban aforados (4 de ellos) tienen titulares en carrera administrativa, que regresaron a sus empleos en virtud del proceso de modernización de la entidad» y en esos casos no podía alegarse que la desvinculación se dio por un acto voluntario del empleador, pues, en realidad los directamente perjudicados con la medida son terceras personas, «de tal modo que la causa eficiente de la terminación de sus vinculaciones legales y reglamentarias, lo fue el retorno de los servidores con derechos de carrera y no la acción inmediata de la entidad territorial».

De tal forma que:

Respecto de los señores Wilson Julio Peña, Katerine Gómez Navarro, Dordy Antonio Bejarano Martínez y Brayan EsmithRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

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Hernández Lidueña [aquí convocante] , no se requería una autorización, pese a ser aforados, por la sencilla razón de que su desvinculación no es producto de un despido con justa o injusta causa, sino la consecuencia natural aparejada al decaimiento del acto administrativo que los nombró en provisionalidad, una vez retornaron los titulares de los empleos.

En cuanto a lo demás demandantes, dado que la reestructuración de la planta afectó directamente sus empleos,

acto administrativo que los nombró en provisionalidad, una vez retornaron los titulares de los empleos.

En cuanto a lo demás demandantes, dado que la reestructuración de la planta afectó directamente sus empleos, su salida obedece a un acto unilateral y voluntario de la administración con consecuencias inmediatas, por lo cual superan ese particular filtro dentro del examen que realiza la Sala. (Negrilla de la Sala).

Definido lo anterior, verificó la necesidad de la autorización judicial para el despido respecto de los trabajadores restantes, contrastó los argumentos de ente territorial demandado sobre la publicidad del Decreto 1057 de 2025 y concluyó que no era excusable la falta de solicitud de autorización judicial.

Por lo tanto, advirtió que declararía la ineficacia de las decisiones administrativas que implicaron la terminación de las vinculaciones laborales, resaltando que no era aplicable a Wilson Julio Peña, Katerine Gómez Navarro, Dordy Antonio Bejarano Martínez y Brayan Esmith Hernández Lidueña -hoy promotor-.

Así las cosas, analizada la providencia censurada, es claro que es el resultado de un estudio normativo y fáctico respetable, pues está soportada en los principios de autonomía e independencia judicial; por tanto, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo está lejos de configurar una violación constitucional, ya que se refirió a los hechos debatidos, hizo un ejercicio hermenéutico de los preceptos legales que rigen el asunto y valoró el material probatorio recaudado, conformeRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

un ejercicio hermenéutico de los preceptos legales que rigen el asunto y valoró el material probatorio recaudado, conformeRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 12 al principio de libre formación de convencimiento; de ahí que la decisión es razonable.

En ese orden, contrario a lo alegado por el solicitante, los argumentos expuestos en la providencia cuestionada no lucen contrapuestos a las garantías superiores invocadas, lo que descarta la configuración de los defectos señalados en el escrito inicial y, consecuentemente, la intervención del juez de tutela.

De esta manera, no resulta viable fundamentar la solicitud de resguardo en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural, como si se tratara de una instancia más; pues al juez constitucional no le es dable sustituir, en su propia apreciación, el análisis que el funcionario judicial realizó en la toma de la decisión dentro del litigio sometido a su consideración.

Finalmente, advierte la Sala que no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos del escrito de tutela, comoquiera que tras verificar que la determinación cuestionada es razonable emerge con claridad que el juez de tutela no requiere insistir en un asunto que fue debidamente abordado por el juez natural, máxime que el Tribunal explicó con suficiencia que para la desvinculación del hoy accionante no era necesaria la autorización judicial previa, toda vez que no fue producto de un despido, sino la consecuencia directa del decaimiento del acto administrativo

el Tribunal explicó con suficiencia que para la desvinculación del hoy accionante no era necesaria la autorización judicial previa, toda vez que no fue producto de un despido, sino la consecuencia directa del decaimiento del acto administrativo que lo nombró en provisionalidad, una vez retornó el titular del empleo y, ninguna de las críticas tiene la entidadRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02310-00

SCLAJPT-11 V.00 13 suficiente para derruir dicha conclusión.

En consecuencia, se negará el amparo pretendido por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO. Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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