CSJ - STL17794-2026

SCLAJPT-11 V.00

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ Magistrado ponente

STL17794-2026 Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 Acta 33

Medellín, Antioquia, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Se resuelve la acción de tutela promovida por MARÍA

LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ contra el JUZGADO PRIMERO

LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR D EL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, trámite que se hizo extensivo a las parte e intervinientes dentro del trámite de incidente de desacato n.° 05266-31-05-001-2025-00062-00.

I. ANTECEDENTES

La convocante promovió la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su s derechos fundamentales a la «dignidad humana, al debido proceso, a la libertad, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre» ,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 2 presuntamente vulnerado s por las autoridades judiciales acusadas.

En lo que interesa al presente trámite constitucional, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:

Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, Luz Marina Villa Agudelo -en calidad de agente oficiosa

del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:

Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, Luz Marina Villa Agudelo -en calidad de agente oficiosa de su progenitora Luisa Agudelo de Villapresentó acción de tutela contra la Nueva EPS SA , a fin de que se ampararan los derechos fundamentales a la salud y seguridad social y, que como consecuencia, se orden ara a la accionada autorizar y materializar la entrega oportuna de los medicamentos y pañales que requiere para el manejo de las patologías que padece, así como las citas médicas con el especialista de electrofisiología.

Por sentencia del 5 de marzo de 2025, el a quo concedió el amparo deprecado y, para el efecto dispuso:

[…] SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda con los servicios en salud de: Medicamento SEMAGLUTIDA 1 MG (1.34 MG/ML) – SOLUCIÓN INYECTABLE. 1 MILIGRAMO CADA SEMANA VIA SUBCUTÁNEA POR 180 DÍAS; cita con el especialista electrofisiologo para revisión de marcapasos y cita con el médico internista para valoración y generación de formulación de medicamentos; entrega de pañales adulto (TALLA L TIPO PANTS). Ordenados por el médico tratante a la adulta mayor afectada

señora LUISA AGUDELO DE VILLA.

TERCERO: ORDENAR a la NUEVA EPS, brindar a la afectada

Ordenados por el médico tratante a la adulta mayor afectada

señora LUISA AGUDELO DE VILLA.

TERCERO: ORDENAR a la NUEVA EPS, brindar a la afectada señora LUISA AGUDELO DE VILLA el tratamiento integral frente a los diagnósticos de: INSULINODEPENDIENTE Z950, DIABETES MELLITUS E108 y PRESENCIA DE MARCAPASOS CARDIACO (…).Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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Contra la antedicha determinación no se presentó recurso alguno , motivo por el que, luego de efectuad o el correspondiente trámite ante la Corte Constitucional, por auto de l 30 de mayo de 2025 fue excluido de revisión el resguardo.

Por memorial de l 28 de febrero de 2025 , la allá accionante presentó incidente de desacato por incumplimiento de la referida orden ; motivo por el que, a través de auto de la misma data, la autoridad judicial requirió a: […] MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ, identificada con cedula de ciudadanía número [XXXXX] en calidad de gerente regional noroccidente de la NUEVA EPS SA o quien haga sus veces, por cuanto es la encargada del cumplimiento de la orden de tutela, para que, dentro de un término no mayor de dos (2) días, esto es, 48 horas calendario, contados a partir de la notificación de este proveído vía correo electrónico, acredite e informe el cumplimiento a la medida provisional emitida por este despacho judicial el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

proveído vía correo electrónico, acredite e informe el cumplimiento a la medida provisional emitida por este despacho judicial el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Posteriormente, esto es por auto de 5 de marzo de 2025, el juzgado cognoscente requirió a «BERNARDO ARMANDO CAMACHO en calidad de agente interventor de la NUEVA EPS SA, como superior de la señora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ (…) para que (…) acredite e informe, si ya se dio cumplimiento a la (orden) y abra el correspondiente proceso disciplinario en su contra por no acatar la orden de tutela».

Surtidas las actuaciones de rigor y sin que se recibiera pronunciamiento alguno por parte de los funcionarios requeridos, en providencia de 14 de marzo de 2025, el a quo resolvió:Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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PRIMERO: DECLARAR que la doctora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ, en calidad de Gerente Regional Noroccidente de la NUEVA EPS o quien haga sus veces, incurrió en DESACATO en la orden de la medida provisional decretada por este despacho, dentro de la acción constitucional promovida por la señora LUZ MARINA VILLA AGUDELO siendo afectada la señora LUISA

AGUDELO DE VILLA.

SEGUNDO: SANCIONAR por DESACATO a la doctora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ , en calidad de Gerente Regional Noroccidente de la NUEVA EPS, o quien haga sus veces, con

AGUDELO DE VILLA.

SEGUNDO: SANCIONAR por DESACATO a la doctora MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ , en calidad de Gerente Regional Noroccidente de la NUEVA EPS, o quien haga sus veces, con multa en la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($14’235.000,00) a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, según lo expuest o en la parte motiva del presente proveído.

Al efectuarse la correspondiente consulta del auto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín por proveído del 19 de marzo de 2025 -notificado al día siguiente-, confirmó la decisión sancionatoria de primera instancia . Devueltas las diligencias al juzgado de origen, por comunicación de 1° de abril de 2025 se ofició a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín para que materializara la sanción impuesta en la providencia de 19 de marzo anterior1.

La promotora censuró a través del presente amparo, que fue nombrada como gerente regional noroccidente de la Nueva EPS y asignada en la representación legal para efectos de suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes

1 Posteriormente, por autos de 22 de abril y 13 de mayo de 2025, el juzgado efectuó requerimiento a las partes para que informaran sobre el cumplimiento de la orden; ante el silencio de los requeridos, en proveído de 18 de junio siguiente el estrado judicial resolvió « se ABSTENDRÁ de continuar el presente trámite incidental y se ordena el ARCHIVO de las diligencias» sin que se señalara si levantaba las sanciones

judicial resolvió « se ABSTENDRÁ de continuar el presente trámite incidental y se ordena el ARCHIVO de las diligencias» sin que se señalara si levantaba las sanciones previamente impuestas ni se emitiera comunicación alguna a las autoridades que habían sido oficiadas para el cumplimiento de la sanción.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 5 de desacato, durante el periodo del 22 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2025 y , para el efecto resalt ó que «no tenía facultades de mando, disposición de recursos o manejo presupuestal para materializar las órdenes que se impartían en materia de salud».

Refirió que durante ese lapso de tiempo y, debido al incumplimiento de las disposiciones constitucionales, «se emitieron órdenes en favor del derecho a la salud de varios usuarios y han ratificado e impuesto sanciones por desacato de arresto y multa en [su] contra», razón por la que criticó que se le haya sancionado sin tener en cuenta que atendiendo a las funciones asignadas por la entidad , «no tenía margen de maniobra ni capacidad funcional de acatar las órdenes de tutela – ya que – para la época de su gestión, la Nueva E.P.S. ya se encontraba bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud».

Asimismo, advirtió que, tras la terminación de su vínculo laboral con Nueva EPS, las notificaciones de los incidentes de desacato continuaron remitiéndose al correo institucional, lo que -según afirmó- le habría impedido conocer oportunamente las actuaciones y ejercer su derecho de defensa.

incidentes de desacato continuaron remitiéndose al correo institucional, lo que -según afirmó- le habría impedido conocer oportunamente las actuaciones y ejercer su derecho de defensa.

Igualmente, señaló que no se valoró que, según el organigrama de la Nueva EPS, las áreas encargadas de autorizar servicios y gestionar pagos « dependían exclusivamente del nivel central en Bogotá D.C. y no de la Gerencias Regionales».Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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6 Además, e xplicó que, a la fecha de presentación del amparo, acumula en su contra « más de una centena de sanciones individuales de desacato», lo que le ha ocasionado afectaciones en su salud , pues ha perdido su tranquilidad por miedo a ser arrestada en cualquier momento; que tiene sentimientos de persecución y de angustia por su patrimonio, comoquiera que en una entidad financiera le informaron que tiene «121 procesos de cobro, que ascienden a un valor de $1.250.438.439».

De otro lado, refirió que la situación planteada se enmarca plenamente en la postura de la Corte Constitucional según la cual, «el desacato no puede derivarse automáticamente del incumplimiento material de una orden de tutela, sino que exige acreditar responsabilidad subjetiva, esto es, negligencia, renuencia o culpa, del incidentado» y, para respaldar sus argumentos allegó copia de los fallos de tutela CSJ STP11855 -2026 y STP118611 -2026 emitidos por la homologa Sala de Casación Penal.

es, negligencia, renuencia o culpa, del incidentado» y, para respaldar sus argumentos allegó copia de los fallos de tutela CSJ STP11855 -2026 y STP118611 -2026 emitidos por la homologa Sala de Casación Penal.

En ese entendido, la accionante acude al amparo constitucional a fin de que se protejan las prerrogativas fundamentales invocadas y, en consecuencia, se ordene:

[…] SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y TEMPORAL de

(sic) los efectos de las sanciones de arresto y multa actualmente vigentes en contra mía, así como de los procesos de cobro coactivo derivados de las mismas, por el término que el Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la defensa individual y la gestión progresiva de su levantamiento ante cada autoridad judicial competente.

PRINCIPALMENTE ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en cabezaRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 7 del DR. DANIEL QUINTERO como actual SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose

pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

La acción de tutela fue presentada el 5 de agosto de 2026 ante el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, por auto de la misma fecha ordenó su remisión a la Corte Suprema de Justicia en atención a las reglas de reparto previstas en el Decreto 2591 de 1991, donde se asignó el trámite a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, magistratura que, mediante auto del 19 de agosto de 2026 advirtió que «la accionante censura 119 trámites tutelares en los que resultó sancionada (…) que fueron tramitados por diferentes juzgados de la especialidad civil, penal, laboral y por despachos de la jurisdicción contencioso administrativa» y, por tanto, escindió el trámite y ordenó la remisión de 43 expedientes a esta Sala de la Corte.

Allegadas las diligencias, el 27 de agosto de 2026 la Secretaría de esta Sala efectuó el reparto correspondiente, siendo asignado al despacho ponente el conocimiento de las censuras expuestas contra el trámite incidental n.° 0526631-05-001-2025-00062-00; motivo por el que, mediante proveído de la misma fecha se admitió el trámite y se vinculó a la autoridad judicial accionada , así como a la Superintendencia Nacional de Salud, los Ministerios de

31-05-001-2025-00062-00; motivo por el que, mediante proveído de la misma fecha se admitió el trámite y se vinculó a la autoridad judicial accionada , así como a la Superintendencia Nacional de Salud, los Ministerios de Salud y Protección Social y , de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, laRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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8 Procuraduría General de la Nación y a todas las autoridades, partes e intervinientes en el trámite incidental referido, a fin de que ejerzan su derecho de contradicción y defensa.

En término, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado compartió el enlace de acceso al expediente.

La Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del Ministerio de Salud y Protección Social indicó que « no le consta nada de lo dicho por la parte accionante» y explicó que esa entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva.

Una delegada de la Presidencia de la República alegó la falta de legitimación en la causa de esa entidad y solicitó su desvinculación.

II. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos porRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 9 la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios de l Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.

En el sub-examine advierte la Sala, que lo pretendido por la tutelante es que se dejen sin efecto los autos de 14 y 19 de marzo de 2025, por medio de los cuales fue sancionada al interior del incidente de desacato n.° 2025-00062-00, para que, en su lugar, se emita una nueva decisión atendiendo a sus argumentos o, en su defecto, se inaplique la sanción impuesta.

Asimismo, que se ordene a la Nueva EPS , a su actual interventor y a la Superintendencia Nacional de Salud,

sus argumentos o, en su defecto, se inaplique la sanción impuesta.

Asimismo, que se ordene a la Nueva EPS , a su actual interventor y a la Superintendencia Nacional de Salud, efectuar todas las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de tutela.

En ese entendido y en aras de impartir claridad al análisis, la Sala efectuará el estudio del asunto así:

(i) Respecto de los autos de 14 y 19 de marzo de 2025 y, la inaplicación de la sanción impuesta.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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10 Sobre el particular, se advierte que la accionante censuró que las autoridades judiciales incurrieron en error al sancionarla con multa y arresto porque durante su periodo como Gerente Regional Noroccidente de la Nueva EPS carecía de facultades de mando, disposición de recursos o manejo presupuestal para materializar las órdenes judiciales debido a la estructura organizativa de la entidad y a que esta ya se encontraba bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud.

Así las cosas, sea lo primero precisar que, si bien la accionante censuró las determinaciones emitidas por el juzgado y el tribunal, el estudio que pasa a realizar esta Sala se efectuará sobre la última de ellas por ser la que zanjó el asunto.

Claro lo anterior, para esta Sala es menester recordar que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela tiene por objeto reclamar ante los jueces «la protección inmediata de los derechos fundamentales

asunto.

Claro lo anterior, para esta Sala es menester recordar que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela tiene por objeto reclamar ante los jueces «la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública» ; de modo que, a partir de este postulado, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez, según el cual, la acción de tutela, pese a no tener un término de caducidad expresamente señalado en la Constitución o en la ley, « procede dentro de un término razonable y proporcionado», contado a partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza del derecho.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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11 De consiguiente, el máximo Órgano Constitucional ha establecido que, el análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez debe ser más exigente cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales, so pena de que se afecten los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica por permitirse un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una provide ncia judicial.

En ese contexto, el análisis del requisito de inmediatez corresponde a un examen más estricto, con el fin de no afectar los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Así lo reconoció el citado alto Tribunal de la jurisdicción constitucional, entre otras, en la sentencia CC SU-108-2018, en la que, al referirse a la aplicación del principio de

Así lo reconoció el citado alto Tribunal de la jurisdicción constitucional, entre otras, en la sentencia CC SU-108-2018, en la que, al referirse a la aplicación del principio de inmediatez en tutela contra providencia judicial, estableció que «de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Pues bien, en virtud de lo antes dicho, encuentra la Sala, que el resguardo no tiene vocación de prosperar en tanto desconoció el aludido requisito de procedibilidad de inmediatez, comoquiera que, desde la fecha en que se notificó el auto que zanjó el asunto, esto es el proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 19 de marzo de 2025 -notificado al día siguientey la data en que se presentó laRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 12 petición de salvaguarda, esto es, el 5 de agosto de 2026 , transcurrieron sin justificación alguna más de seis (6) meses, término que superó con creces el plazo que ha definido la jurisprudencia como razonable para presentar la acción de tutela, de manera que, la necesidad de la salvaguarda constitucional perseguida quedó en entredicho y cuestionó la intervención urgente, excepcional e inmediata del juez de tutela que demandó la petente.

tutela, de manera que, la necesidad de la salvaguarda constitucional perseguida quedó en entredicho y cuestionó la intervención urgente, excepcional e inmediata del juez de tutela que demandó la petente.

Ahora bien, también se ha adoctrinado que ese presupuesto puede «flexibilizarse», al respecto, la Corte Constitucional entre otras, en sentencias CC T -136-2007 y CC SU -108-2018 explicó que el juez debe analizar si se presenta alguna circunstancia que justifique la inactividad, a saber:

(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquie re sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en rea lidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la

derechos fundamentales que requiera, en rea lidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el EstadoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 13 protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.

Sin embargo, en el presente asunto esta Sala encuentra que con las pruebas allegadas no se acreditó la existencia de alguna de las causales antes descritas como eximente de esta exigencia, ni de un motivo válido que justifique la inactividad de la libelista, de ahí que, como se señaló, el amparo resulte improcedente en este asunto.

Asimismo, se encuentra que, en relación con la solicitud de inaplicación de la sanción, la accionante no ha elevado esa petición ante la autoridad cognoscente a fin de que, en ese escenario, se evalué la viabilidad de sus pedimentos, circunstancia que, a la luz del Decreto 2591 de 1991 configura una causal de improcedencia del amparo por desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad.

(ii) Respecto de las peticiones subsidiarias

Sobre este aspecto se tiene, que la promotora pretende

configura una causal de improcedencia del amparo por desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad.

(ii) Respecto de las peticiones subsidiarias

Sobre este aspecto se tiene, que la promotora pretende que por esta vía excepcional se ordene a la Nueva EPS, a su actual interventor y a la Superintendencia Nacional de Salud, efectuar todas las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de tutela, así como « las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal».Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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14 En ese entendido, se advierte que la inconforme desconoció el carácter subsidiario y residual del resguardo , comoquiera que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que las alegaciones relativas a la ausencia de responsabilidad subjetiva, la falta de competencia funcional de la exgerente al momento de los hechos, las presuntas irregularidades en la notificación del trámite luego de finalizada la relación laboral o la necesidad de trasladar las consecuencias institucionales a los actuales administradores e interventores de la N ueva EPS y a la Superintendencia Nacional de Salud, constituyen argumentos de defensa procesal que debieron formularse de manera exclusiva dentro del incidente de desacato correspondiente y , surtir su trámite ante el juez natural originario que profirió la orden, quien es el único facultado para evaluar la imposibilidad legal o material de la

manera exclusiva dentro del incidente de desacato correspondiente y , surtir su trámite ante el juez natural originario que profirió la orden, quien es el único facultado para evaluar la imposibilidad legal o material de la exfuncionaria y determinar el juzgamiento de las obligaciones a cargo de la entidad.

No obstante, verificado el expediente, se advierte que la accionante no elevó ninguna de las referidas discrepancias ante la autoridad judicial que conoció del trámite incidental aquí censurado y tampoco ante las entidades convocadas, desconociendo con ello el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela –pues pudo acudir a la solicitud de inaplicación de la sanción o incidente de nulidad-.

Lo anterior, máxime cuando la posterior desvinculación laboral no explica la falta de ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa frente a las decisiones censuradas,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00 SCLAJPT-11 V.00 15 pues para las fechas en que se adelantó el trámite incidental y se adoptaron las decisiones cuestionadas la accionante aún ejercía el cargo en virtud del cual fue vinculada al incidente y tuvo oportunidad de intervenir en este. En consecuencia, dicha circunstancia no permite, por sí sola, flexibilizar los presupuestos previamente referidos.

En esas condiciones, surge palmario que con la omisión antedicha la interesada no ejerció las herramientas procesales que le otorgaba la ley para discutir, en el escenario idóneo y ante la autoridad competente, sus discrepancias contra las decisiones que s e emitieron en trámite incidental

antedicha la interesada no ejerció las herramientas procesales que le otorgaba la ley para discutir, en el escenario idóneo y ante la autoridad competente, sus discrepancias contra las decisiones que s e emitieron en trámite incidental y las presuntas omisiones de las autoridades judiciales y administrativas vinculadas, de manera que no puede ahora aspirar a su quebrantamiento en sede de tutela, pues, se insiste, este mecanismo no se encuentra instituido como una instancia adicional ni como un procedimiento para revivir términos u oportunidades pretermitidas en los proc esos judiciales o administrativos.

Ahora, si bien la accionante mencionó que padece de algunas situaciones de salud y económicas, lo cierto es que con esas afirmaciones no se logra acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, cierto, inminente, grave y de urgente atención, que posibilite tramitar la petición de tutela para proteger transitoriamente a quien se dice afectado con la decisión, pues no se aportó prueba alguna que diera cuenta de una situación excepcional y de tal magnitud que ameritara la intervención especial del juez de tutela.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02438-00

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En ese contexto y al no encontrar cumplidos los presupuestos antes referidos, esta Sala se releva del estudio de fondo sobre las censuras expuestas por la accionante.

Lo anterior resulta suficiente para declarar la improcedencia del amparo deprecado.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre

Lo anterior resulta suficiente para declarar la improcedencia del amparo deprecado.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDEN TE el amparo deprecado.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Aclaración de voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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