CSJ - STP11207-2024

CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente STP11207-2024 Radicación N.° 139560 Acta No. 207 Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS

1. Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por NORBEY ALEXANDER ROJAS SÁNCHEZ , a través de apoderado, frente al fallo de tutela proferido el 2 de agosto de 2024, por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN1, mediante el cual declaró improcedente el amparo solicitado contra los Juzgados Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira y Décimo Penal del Circuito de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. 1 El expediente fue asignado al despacho del Magistrado Ponente el pasado 16 de agosto de 2024.CUI 05001220400020240087701

Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 2 De conformidad con lo indicado en el auto admisorio de la demanda, al presente asunto se vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

2. Así fueron expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Medellín:

al presente asunto se vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

2. Así fueron expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín: «Señala el accionante que su prohijado fue beneficiado con la acumulación jurídica de penas, decretada por el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, con providencia interlocutoria No. 203 del 26 de enero de 2017, realizada sobre las sentencias proferidas por el JUZGADO VEINTIDÓS PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 28 de marzo de 2016, y la emitida por el JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 29 de abril de 2013, por las conductas punibles de homicidio agravado tentado y homicidio tentado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fijando la pena final en DOSCIENTOS NOVENTA (290) MESES DE PRISIÓN, resaltando que en ambas condenas su representado se acogió? a la sentencia anticipada.

Señala que, el 14 de agosto de 2023, realizó solicitud de prisión domiciliaria, frente a lo cual el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, emitió el auto

domiciliaria, frente a lo cual el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, emitió el auto interlocutorio 092, el 4 de marzo de 2024, donde señaló: “ NEGAR a NORBEY ALEXANDER ROJAS SANCHEZ, el beneficio de la PRISION DOMICILIARIA DEL ARTICULO 38G, por expresa prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, conforme a las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia” Refiere que, el 15 de enero de 2024, su representado solicitó libertad condicional, la cual fue negada haciendo alusión a lo reglado en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 3 Indica que el 23 de abril de 2024, mediante apoderado, radicó solicitud de prisión domiciliaria (artículo 38G Ley 599 de 2000), la cual contaba con un elemento diferencial de la anterior petición, esta es, que le solicita al despacho accionado la aplicación de la Sentencia SP39552021, con radicación No. 59206, del 8 de septiembre de 2021, Magistrado ponente Dr. Eyder Patiño Cabrera, la cual fue soslayada al momento en que se negó el sustituto aludido El 29 de abril de 2024, el despacho accionado emitió el auto interlocutorio No. 509, donde indicó: “ Revisando el plenario en su

al momento en que se negó el sustituto aludido El 29 de abril de 2024, el despacho accionado emitió el auto interlocutorio No. 509, donde indicó: “ Revisando el plenario en su integridad, se detalla que idéntica solicitud ya fue objeto de pronunciamiento por este Estrado judicial, tal como se lee en Auto Interlocutorio No. 092 de 4 de marzo hogaño (…) Por lo anterior, se dispondrá estarse a lo resuelto en interlocutorio No. 092 de 4 de marzo de la presente anualidad, providencia mediante la cual, la judicatura ya ha emitido decisión de fondo”. Al considerar que se estaban vulnerando sus garantías constitucionales, presentó acción de tutela en contra del JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, ante el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA. Explica que el despacho accionado emitió auto negando la prisión domiciliaria por prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, aduciendo que su representado tenía pleno conocimiento de la minoría de edad de la víctima, situación que fue objeto de impugnación. Narra que, el 24 de mayo de 2024, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, declaró la carencia de objeto por hecho superado, sin referirse a la Sentencia SP3955-2021. El 27 de junio de 2024, el JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmó la decisión de la primera

El 27 de junio de 2024, el JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmó la decisión de la primera instancia, señalando que no había evidencias para indicar que su representando estaba imposibilitado para conocer la minoría de edad de la víctima. Considera que el Juzgado de EPMS debe dar cumplimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en relación al conocimiento previo de la minoría de edad de la víctima por el sujeto agente, el cual debe ser acreditado con evidencias objetivas que se desprendan de los elementos fácticos allegados, para establecer así que su prohijado conocía sobreCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 4 esa minoría de edad al momento en que se realizaron las audiencias preliminares; carencia de interpretación y análisis que, en su sentir, vulnera garantías fundamentales, pues la sentencia citada trata un caso bastante similar al del aquí condenado. Advierte que, en segunda instancia, el Juez de conocimiento accionado, de forma similar a la del Juez de EPMS, concluyó: “pero con planteamientos aún más desacertados y desde el sentir de este suscrito un tanto irrespetuoso y temerario indica que este suscrito pretende engañar a la judicatura por medio de falacias”. Considera el accionante que, en este caso, se configura un desconocimiento del precedente y un defecto fáctico, por la omisión de

engañar a la judicatura por medio de falacias”. Considera el accionante que, en este caso, se configura un desconocimiento del precedente y un defecto fáctico, por la omisión de una efectiva valoración que, como lo indica la Corte, debe hacerse a las evidencias objetivas y a las situaciones fácticas que acrediten, de forma clara, que el procesado sabía que se encontraba agrediendo a un menor de edad, para que proceda la imposición de lo reglado en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006; no obstante, los despachos accionados señalan no ser los competentes para analizar los aspectos señalados, haciendo una interpretación con suposiciones irracionales desde la lógica y el sentido común».

EL FALLO IMPUGNADO

3. El 2 de agosto de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín resolvió la solicitud de amparo promovida.

Para efectos de adoptar la decisión, inicialmente hizo un recuento sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales y arribó a la conclusión de que, en el presente asunto, no se encontraba satisfecho aquel relativo a que debe tratarse de un asunto que por su naturaleza ostente relevancia constitucional. Al respecto indicó:CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 5 «De la información allegada en el trámite constitucional, se advierte que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 5 «De la información allegada en el trámite constitucional, se advierte que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, resolvió de fondo la petición elevada por el accionante, negándole la libertad condicional mediante auto interlocutorio No. 491 del 24 de mayo de 2024, debidamente notificado y frente al cual el accionante interpuso el recurso de apelación, decisión confirmada en segunda instancia por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Medellín, con auto No. 056 del 27 de junio de 2024; es decir, agotó los recursos de ley, no obstante, inconforme con la decisión, el ciudadano ROJAS SÁNCHEZ, interpone acción de tutela indicando que ambos funcionarios le dieron una interpretación errónea a la jurisprudencia citada como fundamento de su petición de libertad condicional. Así, la jurisprudencia del tribunal de cierre constitucional indica que la acción de tutela procede en caso de la violación del derecho al debido proceso, lo que no ocurre en esta oportunidad, máxime cuando lo que se pretende es utilizar un mecanismo excepcional para intervenir en las decisiones adoptadas por los funcionarios judiciales competentes para el efecto, en decurso de un proceso judicial, en este caso, de las decisiones del juez ejecutor y del juez de conocimiento al resolver una solicitud de sustitución de la prisión, cuando es claro para esta Corporación que el Juez Constitucional no puede intervenir en la actuación del juez natural

del juez ejecutor y del juez de conocimiento al resolver una solicitud de sustitución de la prisión, cuando es claro para esta Corporación que el Juez Constitucional no puede intervenir en la actuación del juez natural convirtiéndose en una tercera instancia, salvo que se observe una ostensible vulneración de derechos fundamentales, o la inminencia de un perjuicio irremediable, lo que sin lugar a dudas no se presenta en el caso sub examine. En este caso el accionante hizo uso de los recursos de ley en las instancias respectivas, frente a la decisión adversa a sus intereses, contando así con la oportunidad de mostrar los motivos de su inconformidad, los cuales fueron resueltos debidamente. Por tanto, como lo enseñan las glosas transcritas, hizo uso de los mecanismos de defensa judicial que la legislación prevé al interior del proceso judicial. De esta manera, en criterio de la Sala, la solicitud de tutela del señor NORBEY ALEXANDER ROJAS SÁNCHEZ, de cara a la decisión contraria a sus intereses, está dirigida, se itera, a atacar una decisión judicial que le fue adversa en primera y segunda instancia, y así sacar avante su posición vencida en el trámite ordinario, lo que a todas luces resulta improcedente, vía acción de tutela, sin que tampoco se advierta que esas decisiones judiciales fueran arbitrarias, toda vez que por regla general, las personas condenadas por los delitos de homicidio o lesionesCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez

que esas decisiones judiciales fueran arbitrarias, toda vez que por regla general, las personas condenadas por los delitos de homicidio o lesionesCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 6 personales, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, donde sea víctima un menor de edad, no tienen posibilidad de acceder a beneficios, subrogados penales, ni mecanismos sustitutivos, conforme lo contempla el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006. No obstante, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, ha indicado que dicha prohibición podría ser inaplicable de manera excepcional, cuando el sujeto activo de la conducta punible actuó desconociendo que estaba atentando contra un menor de edad y, para el caso concreto, la jurisprudencia citada por el peticionario en ese sentido, fue analizada por el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, cuya decisión fue objeto de revisión en segunda instancia por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de esta ciudad, quien estuvo conforme y, luego de hacer un juicioso análisis de la jurisprudencia, concluyó que no hay evidencia de que el penado se encontrara en imposibilidad de conocer la minoría de edad de la víctima, ni se demostró que éste tuviera características morfológicas que pudieran confundirlo con una persona mayor de edad; adicional, resaltó que el penado aceptó su responsabilidad desde una etapa temprana del proceso, sin que su defensa hubiera objetado de forma alguna los hechos jurídicamente

con una persona mayor de edad; adicional, resaltó que el penado aceptó su responsabilidad desde una etapa temprana del proceso, sin que su defensa hubiera objetado de forma alguna los hechos jurídicamente relevantes y, en el evento de admitirse el argumento propuesto por el sentenciado para reconocer un sustituto punitivo, sería como reformar ilegalmente la sentencia penal condenatoria ejecutoriada, trastocando además la naturaleza jurídica del recurso de apelación, convirtiéndolo en una acción de revisión, entre otras, fueron las razones ampliamente analizadas para no acoger la jurisprudencia de marras (…) Es por ello que, al constatar que la decisión cuestionada no resulta abiertamente arbitraria, sino que se trata de la inconformidad con la interpretación y diferencia de criterio con las decisiones judiciales de primera y segunda instancia, en el trámite de un proceso en etapa de ejecución de penas, no resulta ser un asunto de relevancia constitucional, la cual tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 7

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 7 No puede entonces accederse a la solicitud de amparo deprecada en esta oportunidad, pues sería tanto como aceptar que el juez constitucional se convierta en una tercera instancia, de cara a las actuaciones surtidas ante el juez natural y debatidas en las etapas correspondientes, haciendo uso de los recursos ordinarios que el ordenamiento consagra para el efecto. Así, en criterio de esta Sala, no se cumple en este caso particular con el requisito general de la relevancia constitucional para conceder el amparo solicitado a favor del señor NORBEY ALEXANDER

ROJAS SÁNCHEZ».

Con fundamento en lo antes expuesto, resolvió declarar improcedente el amparo solicitado.

LA IMPUGNACIÓN

4. Fue propuesta por el accionante, a través de su apoderado quien, en síntesis, insiste en los argumentos planteados en la demanda relativos al desconocimiento del precedente jurisprudencial, especialmente a lo indicado en la sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021.

En criterio del impugnante, se está «revirtiendo la carga que se les imparte a los despachos accionados el contar con evidencias objetivas, desprendidas de las condiciones fácticas, para poder imponer esa prohibición del artículo 199, del Código de Infancia y Adolescencia». Agrega, que con el fallo de primera instancia y las decisiones

desprendidas de las condiciones fácticas, para poder imponer esa prohibición del artículo 199, del Código de Infancia y Adolescencia». Agrega, que con el fallo de primera instancia y las decisiones censuradas, se traslada a su prohijado la carga de probar que, para la fecha de los hechos por los que fue condenado, conocía la minoría de edad de la víctima, lo que, en su criterio, comporta una vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, pues se desatiende el precedente judicial en el cual se indica que es la autoridad judicial la encargada de contar con evidencias que permitan arribar a esa conclusión,CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 8 de otra manera, no podría operar la prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. Por lo antes expuesto, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y, como consecuencia de ello, que se acceda a sus pretensiones.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo de tutela que emitió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al ser su superior funcional.

6. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales

Superior del Distrito Judicial de Medellín, al ser su superior funcional.

6. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.

7. De conformidad con los documentos aportados con la demanda, el actor pretende que, por esta vía, se dejen sin efectos los autos 491 del 24 de mayo de 2024 proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Palmira, Valle, a través del cual se negó la prisión domiciliaria y el 0056 del 27 de junio de 2024 emitido por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Medellín con Función de Conocimiento a través del cual se confirmó dicha negativa.CUI 05001220400020240087701

Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 9 Dicho lo anterior, como lo que se cuestiona a través de la acción constitucional de tutela es una providencia judicial, es menester analizar en primera medida si se encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo contra tales decisiones. Lo anterior es relevante, pues en el evento en que estos no se

en primera medida si se encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo contra tales decisiones. Lo anterior es relevante, pues en el evento en que estos no se concreten, la intervención del juez constitucional se encuentra vedada.

8. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales En atención a la pretensión formulada por el accionante, es necesario acotar que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales; y su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos), que implican una carga para el postulante, tanto en su planteamiento, como en su demostración.

Los primeros se concretan a que: (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicialCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 10 siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi) no se trate de sentencias de tutela Mientras que los específicos, implican la demostración de, al menos, uno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y, (viii) violación directa de la Constitución. Con fundamento en lo anterior, corresponde como primera medida, analizar si se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de amparo antes mencionados.

9. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso en concreto

(i) Contrario a lo manifestado por el a quo, para la Sala el presente asunto sí reviste relevancia constitucional por cuanto se alega una posible vulneración a derechos fundamentales, aspecto que permite dar por cumplido el primer requisito. (ii) De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se advierte que la accionante agotó todos los mecanismos de defensa judicial con los que contaba, por lo que se supera la subsidiariedad. (iii) Frente a la inmediatez, esta Sala encuentra que el amparo fue

advierte que la accionante agotó todos los mecanismos de defensa judicial con los que contaba, por lo que se supera la subsidiariedad. (iii) Frente a la inmediatez, esta Sala encuentra que el amparo fue promovido dentro de un término razonable, pues la providencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 27 de junio de 2024 y se acudió al juez constitucional el pasado 24 de julio.CUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 11 (iv) Encuentra la Sala que no se plantea una irregularidad procesal, por lo que el cuarto requisito también se satisface. (v) Se evidencia de igual forma, que el accionante identificó tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos presuntamente trasgredidos. (vi) Finalmente, en el presente asunto no se cuestiona una decisión proferida al interior de una acción de tutela. Visto lo anterior, corresponde ahora analizar si como lo sostiene la accionante, la decisión emitida es contraria a derecho.

10. Consideraciones frente a la providencia cuestionada En el presente asunto, el actor sostiene que las decisiones censuradas desconocen el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021, ya que, según su criterio, se le exige demostrar que, para la fecha de los hechos por los cuales fue condenado, sabía que la víctima era menor de edad.

Dicho lo anterior, es menester precisar desde ahora que la Sala mantendrá incólume la decisión impugnada, pues, contrario a lo afirmado

cuales fue condenado, sabía que la víctima era menor de edad. Dicho lo anterior, es menester precisar desde ahora que la Sala mantendrá incólume la decisión impugnada, pues, contrario a lo afirmado por el accionante, no se advierte la vía de hecho alegada. Para arribar a esa conclusión, basta con remitirse a las decisiones censuradas en las que se puede observar que los juzgados accionados síCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 12 tuvieron en cuenta la sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021 al momento de edificar sus decisiones. 10.1 Por un lado, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Palmira en el auto 491 del 24 de mayo de 2024 resolvió negar la prisión domiciliaria, pues en uno de los delitos por los cuales fue condenado NORBEY ALEXANDER ROJAS SÁNCHEZ la víctima es un menor de edad, lo que lo obligaba a dar aplicación a las reglas establecidas en el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Luego de ello, en atención a los argumentos presentados en la solicitud de prisión domiciliaria, se pronunció de la siguiente manera respecto de las disposiciones contenidas en la sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021: «Acorde con los criterios normativos y jurisprudenciales reseñados, esta Funcionaria, a título de ejercicio académico , revisará los argumentos

respecto de las disposiciones contenidas en la sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021: «Acorde con los criterios normativos y jurisprudenciales reseñados, esta Funcionaria, a título de ejercicio académico , revisará los argumentos expuestos por la defensa del señor ROJAS SÁNCHEZ, a partir del análisis de la Sentencia SP3955-2021 del 8 de septiembre de 2021, proferida por la H. Corte Suprema de Justicia, no es dable entrar a hacer consideraciones sobre el particular, dejando claro que la competencia del Juez Ejecutor se limita a conocer “ (...) de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados (...) ” (Negrilla y cursiva propias), concordado con las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal, siendo evidente que ninguna de ellas incluye el retomar la valoración de aspectos fácticos y jurídicos que debieron ser objeto de debate en la fase de juicio, y no en fase de la ejecución de la pena, máxime cuando de la lectura de la sentencia proferida en contra del encartado se logra establecer que la persona condenada tuvo conocimiento de la calidad de la víctima, esto es, que se trataba de un menor de edad, desde las distintas fases procesales cuando aquel 31 de diciembre de 2012, siendo las 07:00 de la noche, se reportó por pate deCUI 05001220400020240087701

menor de edad, desde las distintas fases procesales cuando aquel 31 de diciembre de 2012, siendo las 07:00 de la noche, se reportó por pate deCUI 05001220400020240087701 Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 13 la Central del CTI Fiscalía, que en la Policlínica, se encontraba una persona de sexo masculino lesionada, la cual fue agredida con arma blanca, cuando se desplazaba en un bus, en el barrio Belencito Corazón, quien fuera identificada como N.F.G.G., menor de edad, que por tales hechos el día 01 de enero de 2013, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de Garantías de Bello, Antioquia, se llevaron a cabo audiencias concentradas, tales como procedimiento de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, donde se le imputaron cargos al procesado de Tentativa de Homicidio Agravado, tipificado y sancionado en los artículos 103 y 104 numeral 5° del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, en concordancia con el artículo 27 del C.P. Posterior a ello, el 11 de febrero de 2013, la Fiscalía presentó escrito de acusación, y para el día 05 de marzo de 2013, cuando se tenla previsto realizar la audiencia de formulación de acusación, al ser instalada el representante de la Fiscalía manifestó que el acusado iba a aceptar los cargos de manera unilateral por lo cual en el desarrollo de la

realizar la audiencia de formulación de acusación, al ser instalada el representante de la Fiscalía manifestó que el acusado iba a aceptar los cargos de manera unilateral por lo cual en el desarrollo de la misma, debió mutarse la diligencia, debido a la aceptación de cargos. Concretamente en la Sentencia proferida en contra del señor NORVEY ALEXANDER ROJAS SÁNCHEZ, se detalla que ésta corresponde a una “SENTENCIA, CONDENATORIA ANTICIPADA", por aceptación de cargos (…) Donde en el acápite correspondiente a la individualización de la pena, claramente se puede leer que, el representante de la Fiscalía hace alusión sobre la calidad de menor de edad de la víctima; por su parte, la defensa ningún reparo hace a la manifestación del fiscal, precisamente porque en ese estadio procesal la calidad de menor de edad de la víctima era conocida por el procesado y los demás intervinientes en el proceso, como se muestra en el siguiente extracto de la citada decisión: Respecto de los aspectos que contempla artículo 447 inciso 1° del Código de Procedimiento Penal (sic), las partes a su turno expresaron lo siguiente: La señor Fiscal, indicó que las condiciones sociales, individuales, familiares, modo de visa y antecedentes de todo orden del joven acusado, están debidamente acreditados en los documentos, de los cuales se dio traslado, aduce que la víctima es un menor de edadCUI 05001220400020240087701

Número Interno 139560 Norbey Alexander Rojas Sánchez Tutela 2ª Instancia 14 que el delito que se imputó, y posteriormente se presentó escrito de acusación, es Homicidio Doloso en la modalidad de tentativa, manifiesta que el acusado cuenta con antecedentes penales y que por prohibición expresa de Ley, cuando se trata de menores víctimas, no procede ninguna rebaja, ningún subrogado, ni ningún beneficio de ejecución condicional, de otro lado, solicita se otorgue la máxima rebaja que autorice la Ley de acuerdo a este estadio procesal y de acuerdo a los elementos y evidencias de los cuales dio traslado. Por su parte, el señor defensor indicó que la situación personal de su defendido es conocida, indicando que se trata de un muchacho de 22 años de edad, dice que su actividad laboral es ventero de frutas, indica que tiene 2 hijos con su compañera permanente Lina Marcela Sánchez; respecto a la tasación de la pena, atendiendo que la aceptación de cargos se produjo tempranamente evitando el desgaste de la administración judicial, solicita se aplique la rebaja de tipo legal de la tenta