CSJ - STP13730-2024

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente STP13730-2024 Radicación nº 140470 Acta n°. 248 Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada

por AMPARO ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ a través de apoderado, contra la Sala Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al interior del proceso de extinción 41001-31200-01-2021-00012-01 (E.D. 476.1).CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia

AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros

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2. Al trámite se vinculó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, a las Fiscalías 44 y 72 de la misma especialidad y ciudad, a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E., y a las partes e intervinientes en el proceso de extinción en mención.

II. HECHOS

3. De la actuación de extinción del derecho de dominio identificada con el CUI 41001-31200-01-2021-00012-01 (E.D. 476.1), se extrae lo

siguiente:

3. De la actuación de extinción del derecho de dominio identificada con el CUI 41001-31200-01-2021-00012-01 (E.D. 476.1), se extrae lo siguiente: 3.1. L a Fiscalía 44 Especializada DEEDD, el 31 de junio de 2014 mediante resolución No. 486 avocó conocimiento y abrió la fase inicial de la acción de extinción de dominio, respecto de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 351-725, 350-185841, 350-185881, 350193315, 350-193456, 35022980, 350-72674, y los establecimientos de comercio identificados con matrículas No. 307771 y No. 104864

denominados AMPARO’S ASADOS y COMIDAS RÁPIDAS TAMALES & TAMALES. 3.2. El 15 de mayo de 2019 se reasignó el expediente a la Fiscalía 72 Especializada de Bogotá, quien avocó conocimiento de la actuación y libró órdenes a policía judicial para la obtención y práctica de pruebas y, el 23 de octubre de 2020, decretó las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de establecimientos de comercio o unidades de explotación económica de los bienes objeto del proceso. 3.3. El 23 de noviembre de 2020, la Fiscalía 72 Especializada de Bogotá presentó demanda de extinción de dominio en contra de los bienesCUI 11001020400020240209800

económica de los bienes objeto del proceso. 3.3. El 23 de noviembre de 2020, la Fiscalía 72 Especializada de Bogotá presentó demanda de extinción de dominio en contra de los bienesCUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 3 aludidos al encontrar configuradas las causales consagradas en los numerales 1°, 4° y 9° del artículo 16 del Código de extinción de dominio. 3.4. Correspondió el asunto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva – Huila y mediante decisión del 12 de abril de 2024, resolvió declarar la extinción de dominio respecto de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 351-725, 350185841, 350-185881, 350-193315, 350-193456, 350-22980, 350-72674, y los establecimientos de comercio identificados con matrículas No. 307771 y No. 104864 denominados AMPARO’S ASADOS y COMIDAS RÁPIDAS TAMALES & TAMALES. 3.5. En aquella providencia, el citado despacho expuso como hechos, los siguientes: «(…) Según el instructor la investigación se dio a raíz de la declaración rendida el 27 de junio de 2019 por JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES, quien dejó al descubierto las actividades ilícitas realizadas por él, su compañera sentimental AMPARO ARBOLEDA FALLA y los hijos de ésta

DEINY ANDREA, JONATHAN MAURICIO, ÓSCAR FERNANDO y

quien dejó al descubierto las actividades ilícitas realizadas por él, su compañera sentimental AMPARO ARBOLEDA FALLA y los hijos de ésta DEINY ANDREA, JONATHAN MAURICIO, ÓSCAR FERNANDO y GEINER GARZÓN ARBOLEDA, relacionadas con el narcotráfico desde un centro de reclusión de la ciudad de Madrid – España. Las actividades generaron ingresos superiores a los 2000 millones de euros durante los años 2000 a 2007. Dicho dinero ingresó a Colombia mediante la modalidad de giros a través de empresas reconocidas como MONEYGRAM y WESTERUNIÓN, los cuales eran enviados a los señores

FRANKLIN ARBOLEDA FALLA, CLARIVEL RODRÍGUEZ y JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ, hermanos de AMPARO ARBOLEDA FALLA.CUI 11001020400020240209800

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4 Otra forma de ingresar el dinero al territorio colombiano era mediante el ocultamiento en chaquetas y maletines con grandes cantidades; dinero usado por AMPARO ARBOLEDA FALLA para adquirir propiedades a nombre de sus hijos y otros familiares, entre los cuales se encuentran el objeto de medidas cautelares. (…)» 3.6. Contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2024, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva – Huila, los apoderados de los accionantes interpusieron recurso de apelación, y la Sala Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de

Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva – Huila, los apoderados de los accionantes interpusieron recurso de apelación, y la Sala Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a través de fallo aprobado el 29 de julio de 2024, la confirmó.

4. AMPARO ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ a través de apoderado, acuden a la acción de tutela, por cuanto, aducen que la Sala Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de Bogotá: 4.1. «(…) concluyó que la familia Arboleda no pudo justificar el origen legal de su riqueza y que la adquisición de los bienes coincidió con el periodo en el que recibieron dinero de actividades ilícitas. Desechando la prueba pericial presentada por la defensa por contener afirmaciones “sin prueba alguna que las sustente” ignorando los más de mil folios de prueba documental presentada como anexos de la prueba pericial, y tampoco valorando dicha prueba documental de forma individual y conjunta.» 4.2. «dictó un fallo de segunda instancia, confirmando íntegramente la decisión del ad quem. Lo anterior, por cuento esta sentencia incurre en un defecto fáctico (…) hubo una omisión en la valoración de pruebas relevantes y que se realizó una valoración defectuosa de ciertas pruebas, afectando de manera significativa la decisión final y los derechos fundamentales de las

defecto fáctico (…) hubo una omisión en la valoración de pruebas relevantes y que se realizó una valoración defectuosa de ciertas pruebas, afectando de manera significativa la decisión final y los derechos fundamentales de las partes involucradas.»CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 5 4.3. «presenta varios yerros significativos en su análisis probatorio, afectando la justicia y equidad del fallo. En primer lugar, ha desestimado la prueba documental presentada por la representación de los afectados. En segundo lugar, ignoró lo establecido en la prueba trasladada y el contenido del contrainterrogatorio del señor Atehortua Morales. Además, desatendió los testimonios directos de Lovette Collins y Amparo Arboleda Falla sobre las actividades de GEINER GARZON (sic) ARBOLEDA. Por último, la sentencia valoró de manera sesgada y antitécnica la prueba pericial presentada por los peritos de la defensa, omitiendo los anexos pertinentes, y otorgó pleno valor probatorio a la realizada por la fiscalía (…)» 4.4. «los hechos relatados por el testigo-delator, JOSE (sic) JAIR ATHEORTUA MORALES están alejados de toda realidad, pues, como se verá en profundidad en el apartado siguiente, el testigo refirió en su entrevista ante el delegado Fiscal y en la declaración rendida en audiencia pública, contradicciones, imprecisiones e intereses indebidos en las resultas del proceso, situaciones que analizadas en conjunto hacen imposible darle (sic) validez alguna a sus afirmaciones.»

entrevista ante el delegado Fiscal y en la declaración rendida en audiencia pública, contradicciones, imprecisiones e intereses indebidos en las resultas del proceso, situaciones que analizadas en conjunto hacen imposible darle (sic) validez alguna a sus afirmaciones.» 4.5. Luego de hacer un resumen de las pruebas testimoniales y documentales practicadas en el juicio, concluyó que el Tribunal «erró» en la valoración probatoria. 4.6. «(…) las actividades de AMPARO ARBOLEDA FALLA como señora de servicio doméstico, dama de compañía y cocineravendedora de tamales si (sic) quedaron acreditadas en el juicio, pero de alguna manera el juzgador induce que en sus tiempos libres igualmente podía la afectada liderar el cartel de narcotráfico y lavado del señor ATEHORTUA (…)»CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia

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5. En consecuencia, solicita que se dejen sin efectos las providencias proferidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva y la Sala Penal de la misma especialidad del Tribunal Superior de Bogotá, y, en su lugar, se declare la no procedencia de la acción de extinción de dominio propiedad de los accionantes.

III. TRÁMITE Y RESPUESTA

DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

6. Mediante auto del 2 de octubre de 2024, esta Sala avocó el conocimiento y ordenó correr traslado de la demanda a la accionada y a los

DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

6. Mediante auto del 2 de octubre de 2024, esta Sala avocó el conocimiento y ordenó correr traslado de la demanda a la accionada y a los vinculados, a efectos de garantizar su derecho de defensa y contradicción.

Tal proveído fue notificado por Secretaría el siguiente 4 de octubre. En el mismo auto se negó la medida provisional solicitada, la cual, consistió en que: «se suspendan provisionalmente los efectos de la sentencia Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, evitando así la consumación de un daño irreparable, al derecho de dominio y al mínimo vital de mis poderdantes, mientras se resuelve esta acción de tutela».

7. La Sala accionada y algunos de los vinculados expusieron lo siguiente:CUI 11001020400020240209800

Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 7 7.1. Un Magistrado de la Sala Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, detalló la actuación que adelantó y defendió la legalidad de la decisión que adoptó. 7.2. El Fiscal 44 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio solicitó su desvinculación, al no estar legitimado en la causa por pasiva, pues ninguna vulneración a derechos fundamentales le fue atribuida en el escrito de tutela. 7.3. La Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué expuso que

Derecho de Dominio solicitó su desvinculación, al no estar legitimado en la causa por pasiva, pues ninguna vulneración a derechos fundamentales le fue atribuida en el escrito de tutela. 7.3. La Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué expuso que «no se pronunciara respecto de los hechos y pretensiones esbozados por los accionantes, toda vez que efectuado su análisis, se establece de forma clara, sin entrar en estudios y desarrollos jurídicos que no se refieren al accionar de la Oficina de Registro de Ibagué, que por sus funciones se encuentran a cargo (…)» 7.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho destacó que «no le corresponde a esta Entidad, en el marco de sus competencias, declarar que, la sentencia del 29 de julio de 2024, la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que confirmo (sic) la sentencia de primera instancia, es violatoria de los artículos 1,2,28, 29, 93, 228,229 Y 230 de la Constitución Política de Colombia.» 7.5. Los demás accionados y vinculados guardaron silencio durante el traslado1.

IV. CONSIDERACIONES 1 Para la fecha de entrega del proyecto al despacho no se advirtieron respuestas adicionales.CUI 11001020400020240209800

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8. De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo

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8. De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20152, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por AMPARO

ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ a través de apoderado , al comprometer actuaciones de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, de quien es su superior funcional.

9. La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad que esta Corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional, en fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración.

10. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá de la siguiente manera: (i) reiterará las reglas jurisprudenciales y hará algunas precisiones respecto de la metodología de análisis de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) analizará la configuración de los requisitos generales en el caso concreto y, (iii) solo si se cumplen los

precisiones respecto de la metodología de análisis de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) analizará la configuración de los requisitos generales en el caso concreto y, (iii) solo si se cumplen los presupuestos generales, la Sala estudiará la posible configuración de algún vicio o defecto de carácter específico.

11. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 11.1. La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, de tal forma 2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.CUI 11001020400020240209800

Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 9 que, su aplicación no puede generar afectaciones a la seguridad jurídica ni a la autonomía funcional de los jueces.

11.2. Al respecto, en sentencia CC C–590 de 2005 tal Corporación expresó que la tutela contra providencias judiciales es excepcionalísima y solo procede cuando se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de carácter general, que habilitan la interposición de la acción y otros de carácter específico, relacionados con la procedencia del amparo.

11.3. En relación con los «requisitos generales» de procedencia, la jurisprudencia ha indicado que deben acreditarse, y en su orden, los siguientes: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) la

siguientes: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) la inmediatez, (iv) que se trate irregularidad procesal que tenga una  incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión cuestionada; (v) que se identifiquen razonablemente los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la providencia atacada; y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela.

11.4. Por su parte, los «requisitos o causales específicas» hacen referencia a determinados escenarios especiales que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales. En este sentido, para que proceda una tutela contra una providencia judicial se requiere que se presente, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos: defecto orgánico; procedimental absoluto: defecto fáctico, defecto sustantivo; error inducido; falta de motivación, desconocimiento del precedente; o violación directa de la Constitución.CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 10 11.5. A pesar de que hoy estos parámetros son aceptados en las diferentes jurisdicciones, es necesario insistir en que ellos definen una

AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 10 11.5. A pesar de que hoy estos parámetros son aceptados en las diferentes jurisdicciones, es necesario insistir en que ellos definen una metodología estricta de análisis frente a las tutelas contra providencias judiciales. Así, en primer lugar, deben analizarse siempre y en orden los «requisitos generales» de procedibilidad. La ausencia de uno solo de ellos supone necesariamente la declaratoria de improcedibilidad de la acción. Si, por el contrario, concurren los requisitos generales, en segundo lugar, lo que sigue es el análisis de la(s) « causal(es) específica(s) » de procedencia que eventualmente se configure(n) de acuerdo con los hechos y particularidades de cada caso. Si el juez constitucional encuentra acreditada al menos una de esas causales, lo que procede entonces es conceder el amparo solicitado. A continuación, se realizará este análisis en el caso concreto.

12. Análisis de la configuración de los «requisitos generales» de procedibilidad. 12.1. En el caso concreto: i) el asunto sometido a consideración ostenta relevancia constitucional, en la medida en que se invoca la protección, entre otros, del derecho constitucional al debido proceso, ii) se agotaron los medios de defensa judicial, pues, contra la providencia aprobada el 29 de julio de 2024, por la Sala Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, no procede recurso alguno, iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de un margen temporal razonable 3, iv) no se trata de una

2024, por la Sala Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, no procede recurso alguno, iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de un margen temporal razonable 3, iv) no se trata de una irregularidad procesal ya que los demandantes alegan que la decisión cuestionada es errada, v) en el escrito de tutela se identificaron plenamente los hechos generadores de la presunta vulneración y los derechos fundamentales afectados y, finalmente, vi) el ataque constitucional no se dirige contra una sentencia de tutela. 3 La sentencia proferida por la Sala Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá data del 29 de julio de 2024, y la demanda de tutela se radicó el 24 de septiembre de la misma anualidad.CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 11 12.2. En atención a lo anterior, la Sala advierte que se superaron con creces los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, lo procedente es analizar si la decisión cuestionada está viciada por algún defecto específico.

13. De la razonabilidad de la providencia aprobada por la Sala Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, mediante acta No. 086 del 29 de julio de 2024. 13.1. Lo primero que debe indicarse, es que para que prospere la acción de tutela en contra de una providencia judicial, debe demostrarse , por lo

menos, uno de los siguientes vicios:

13.1. Lo primero que debe indicarse, es que para que prospere la acción de tutela en contra de una providencia judicial, debe demostrarse , por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial) ; ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); iii) defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria) ; iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); v) error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero) ; vi) decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión); vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional, se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que justifique el cambio de jurisprudencia) ; y, viii) violación directa de la Constitución (CC C-590/05). 13.2. En el presente asunto, AMPARO ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA,CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia

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JONATHAN MAURICIO, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA,CUI 11001020400020240209800

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12 JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ a través de apoderado, indican que la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en la sentencia del 29 de julio de 2024, incurrió en un defecto fáctico, por cuanto, no valoró correctamente las pruebas testimoniales y documentales que aportaron y con las que según indican acreditaron la legalidad de los recursos con los que adquirieron los bienes inmuebles objeto de extinción del derecho de dominio.

Al punto indicó: «(…) hubo una omisión en la valoración de pruebas relevantes y que se realizó una valoración defectuosa de ciertas pruebas, afectando de manera significativa la decisión final y los derechos fundamentales de las partes involucradas.»

13.3. No obstante, tal situación no se advierte en la decisión que adoptó la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá , mediante sentencia del 29 de julio de 2024, por medio de la cual, resolvió: «PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva - Huila, mediante la cual se decidió extinguir el dominio de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 351-725, 350por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva - Huila, mediante la cual se decidió extinguir el dominio de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 351-725, 350185841, 350-185881, 350193315, 350-193456, No. 350-72674, 35022980, el establecimiento de comercio COMIDAS RÁPIDAS TAMALES & TAMALES con matrícula No. 104864 y el establecimiento de comercio AMPARO’S ASADOS con la matricula No. 307771, propiedad de Amparo Arboleda Falla, Jonathan Mauricio Garzón Arboleda, Deiny Andrea Garzón Arboleda, José Antonio Ardila Gutiérrez y Clarivel Rodríguez, con fundamento en las consideraciones expuestas en esta providencia. (…)»CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 13 13.4. Aunado a lo anterior, para la Sala no se verifica la configuración de defecto alguno; y, por lo mismo, no se habilita el amparo anhelado y con ello la intervención del juez constitucional, por cuanto, de la lectura de la decisión dictada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, se puede apreciar que, contrario al parecer de los demandantes, se resolvió el asunto sometido a su consideración de manera razonada y de conformidad con la normatividad aplicable, como pasa a explicarse.

14. Caso concreto 14.1. Lo primero que debe indicarse es que la Corte Constitucional en

resolvió el asunto sometido a su consideración de manera razonada y de conformidad con la normatividad aplicable, como pasa a explicarse.

14. Caso concreto 14.1. Lo primero que debe indicarse es que la Corte Constitucional en Sentencia C-740 del 28 de agosto de 2003, respecto a la acción de extinción de dominio, hizo las siguientes precisiones: -. Se dotó de una particular naturaleza, «pues se trata de una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad. (…) Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado. Es decir, la extinción del dominio ilícitamente adquirido no es un instituto que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un legítimo interés público.» -. «(…) la acción de extinción de dominio se desliga de la comisión de conductas punibles y se consolida como una institución que desborda elCUI 11001020400020240209800

Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 14 marco del poder punitivo del Estado y que se relaciona estrechamente con el régimen del derecho de propiedad.»

Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 14 marco del poder punitivo del Estado y que se relaciona estrechamente con el régimen del derecho de propiedad.» -. «la acción de extinción de dominio constituye una institución en virtud del cual se le asigna un efecto a la ilegitimidad del título del que se pretende derivar el dominio, independientemente de que tal ilegitimidad genere o no un juicio de responsabilidad penal.» -. La Corte resalta que «el ejercicio de la acción de extinción de dominio no está condicionado a la existencia de una sentencia condenatoria previa por el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos (…) Ello es así por cuanto se trata de una acción constitucional pública, consagrada directamente por el constituyente, relacionada con el régimen constitucional del derecho a la propiedad y que prevé los efectos sobrevinientes en caso de ilegitimidad del título generador del dominio. Un dominio amparado en un título injusto se extingue, indistintamente de que para la consecución de tal título se haya cometido o no una conducta punible. Éste es el carácter de la acción y de allí por qué resulte vano todo esfuerzo por ligarla a la responsabilidad penal y al fallo en que ésta se declare.» -. «cuando el Estado ejerce la acción de extinción de dominio, en manera alguna se exonera del deber de practicar las pruebas orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella. Por el contrario, sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo con base en

manera alguna se exonera del deber de practicar las pruebas orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella. Por el contrario, sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo con base en pruebas legalmente practicadas puede inferir que el dominio que se ejerce sobre determinados bienes no encuentra una explicación razonable en el ejercicio de actividades lícitas. Es decir, el Estado debe acreditar que comparando un patrimonio inicial y otro final, existe un incremento en principio injustificado.» (Negrillas de la Sala)CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia AMPARO ARBOLEDA FALLA y otros 15 14.2. Ahora, de la revisión de la sentencia aprobada el 29 de julio de 2024, por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, se advierte que la misma se justificó en la normatividad aplicable al caso.

Veamos: (i) La Sala tuvo por acreditado lo siguiente: «Con base en la información expuesta en los acápites anteriores, se puede establecer que los afectados no tenían el capital para adquirir los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 351-725, 350185841, 350185881, 350193315, 350-193456, los cuales fueron comprados durante los años 2008 a 2010, sumado a los documentos extraídos de la investigación por parte de las autoridades de España en donde fueron acusados los señores Geiner Garzón y José Jair Atehortua por delitos relacionados con el narcotráfico. Circunstancias que resultan suficientes

investigación por parte de las autoridades de España en donde fueron acusados los señores Geiner Garzón y José Jair Atehortua por delitos relacionados con el narcotráfico. Circunstancias que resultan suficientes para establecer el nexo entre el capital obtenido por el actuar delictivo y la adquisición de los predios.» (ii) Luego, indicó que «en torno a la ilegalidad de los dineros con los que se creó el establecimiento de comercio AMPARO’S ASADOS no existe objeción alguna, pues al interior del trámite se puede establecer inequívocamente que fue conformado con capitales provenientes de las actividades de narcotráfico a que se dedicaban tanto José Jair Atehortua, como Geiner Garzón, y en especial la actividad que ejercía para esas calendas la señora Amparo Arboleda Falla, quien en ejercicio del principio de carga dinámica de la prueba le correspondía demostrar ampliamente las operaciones comerciales licitas que realizó, en especial antes y durante la constitución del negocio objeto del presente trámite y no lo hizo.»CUI 11001020400020240209800 Radicado interno 140470 Tutela primera instancia

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16 (iii) De cara a lo anterior, la Sala Penal, destacó frente a los inmueble