CSJ - STP16498-2021

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente STP16498-2021 Radicación n.° 116849 Acta 314 Bogotá D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela formulada por el BANCO DE LA REPÚBLICA, contra la SALA DE DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite se vinculó al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes en el proceso declarativo laboral n° 110013105010201600155. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS El BANCO DE LA REPÚBLICA, solicita la protección de los derechos fundamentales, los cuales estima vulneradosCUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA con ocasión de la sentencia SL4650-2020 proferida el 26 de noviembre de 2020 mediante la cual la SALA DE DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA casó el fallo de segunda instancia y, en su lugar, reconoció la pensión convencional reclamada por Lucía Esperanza Romero Calderón. Señaló que la autoridad accionada desconoció los precedentes de la Sala permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del artículo 18

Romero Calderón. Señaló que la autoridad accionada desconoció los precedentes de la Sala permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco de la República, contenidos en las sentencias SL3962-2018, SL3806-2019 y SL2623-2020, conforme a las cuales la causación del derecho requiere de manera concurrente el tiempo de servicio y la edad. Manifestó que al hacerlo desbordó la competencia asignada por el artículo 16 de la Ley 270 de 1996. Como antecedentes señaló que Lucía Esperanza Romero Calderón demandó a la accionante con la pretensión de obtener el reconocimiento y pago de la pensión contenida en el artículo 18 de la Convención Colectiva de trabajo, bajo el criterio que cumplió el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, fecha de extinción de los regímenes especiales de pensiones por disposición del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que al cumplir la edad ese derecho sería exigible. 2CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 16 de noviembre de 2016 absolvió al Banco, frente a lo cual la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 18 de mayo de 2017,

apelación, el cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 18 de mayo de 2017, confirmando el fallo de primera instancia con fundamento en que Lucía Esperanza Romero Calderón no acreditó los requisitos de tiempos de servicio y edad antes del 31 de julio de 2010. La demandante presentó recurso extraordinario de casación y la Sala de Descongestión n°2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de que, por vía de tutela se dejara sin efecto la primera decisión adoptada, por falta de motivación, el 26 de noviembre de 2020 expidió la sentencia SL 4650-2020 - notificada el 3 de diciembre y en firme el 9 del mismo mesprovidencia que, en criterio de la parte actora, desconoce los precedentes en relación con la interpretación y aplicación del artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo del BANCO DE LA REPÚBLICA, excediendo la competencia fijada por el artículo 16 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior porque, dijo la parte actora, en la Sentencia SL660 de 17 de febrero de 2021, la Sala de Casación permanente en un caso igual al ahora examinado reiteró su criterio jurisprudencial, conforme al cual los requisitos para la causación del derecho pensional son concurrentes. 3CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849

TUTELA

criterio jurisprudencial, conforme al cual los requisitos para la causación del derecho pensional son concurrentes. 3CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA Esta postura jurisprudencial, dice el BANCO DE LA REPÚBLICA, se evidencia en la sentencia SL3962-2018 de 5 de agosto de 2018, e incluso en sus propios precedentes señalados en las sentencias SL3806-2019 de 10 de septiembre de 2019 y SL2623-2020 de 6 de julio de 2020. Argumentó que también se apartó de la sentencia SU555 de 24 de julio de 2014 de la Corte Constitucional que negó el amparo reclamado por algunos empleados del Banco que cuestionaban la negativa a reconocer los beneficios convencionales que no se causaron antes de 31 de julio de 2010. Pero la Sala accionada decidió aplicar la sentencia CSJ SL2802-2018 que no versa sobre los mismos supuestos sino sobre otro tipo de pensiones. Por lo anterior considera que la sentencia cuestionada incurre en defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo. Por lo anterior solicita que se deje sin efecto la providencia confutada y se ordene a la Sala accionada emita una nueva decisión de reemplazo que se ajuste a los precedentes jurisprudenciales.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

1. La SALA DE DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE

CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE

precedentes jurisprudenciales.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

1. La SALA DE DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA señaló que no se han vulnerado los derechos de la

4CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA accionante y solicitó negar el amparo porque la acción se encamina a dejar sin efecto la sentencia SL3407-2020 de 31 de agosto de 2020 frente a la cual ya se profirió un fallo de tutela el STP9304-2020 de 7 de octubre de 2020 que lo dejó sin efecto y dispuso se expidiera un nuevo fallo, a lo cual procedió la Sala de Descongestión en la sentencia SL46502020, de manera que existe cosa juzgada y al existir identidad la conducta encaja en una acción temeraria.

2. Lucía Esperanza Romero Calderón, mediante apoderada, solicita se niegue el amparo porque la sentencia SL4650-2020 es un pronunciamiento legítimo que se ajusta a los precedentes de la Sala de Casación Laboral permanente sobre el espíritu y alcance del artículo 18 de la Convención colectiva de trabajo del Banco de la República, pues en sentencias como la SL 2802 de 2018, SL526-2018, SL 45502018, SL2661-2019, SL3280-2019, SL4138-2020, SL33432020 y SL4131-2020 se reconoce el derecho a la pensión con el mero tiempo de servicios.

Indicó que si hubo disparidad de criterios, la discusión

2020 y SL4131-2020 se reconoce el derecho a la pensión con el mero tiempo de servicios. Indicó que si hubo disparidad de criterios, la discusión quedó zanjada en la sentencia SL3343-2020 de 16 de agosto de 2020 en la cual la Sala Permanente de Casación Laboral, con criterio de autoridad concluyó que las pensiones convencionales se originan con el tiempo de servicio y la edad es una condición de mera exigibilidad. Además, cualquier dicotomía en los criterios que ha aplicado la Sala de Casación penal debe resolverse privilegiando la sentencia SL4650 de 2020, que es más garantista a los derechos sociales de la demandante. 5CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA Añadió que en tanto no hubo variación de la jurisprudencia, la autoridad accionada no excedió los límites de su competencia. Advirtió que la decisión adoptada en la sentencia SL3806 de 2019, traída a colación en la demanda tutelar resuelve un caso con diferentes presupuestos fácticos, y en relación con la sentencia SL660 de 17 de febrero de 2021, resaltó que es posterior a la providencia cuestionada y no atiende al principio indubio pro operatio o favorabilidad en sentido amplio que si se acató en el fallo censurado.

3. Mediante auto ATL1029-2021 de 14 de julio de 2021, la Sala de Casación Laboral, en segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto de 2 de junio de 2021 mediante el cual se avocó el conocimiento de la acción

la Sala de Casación Laboral, en segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto de 2 de junio de 2021 mediante el cual se avocó el conocimiento de la acción por la Sala de Casación Civil, luego de que fuera remitida por ésta Sala, y ordenó devolver el expediente para que se asumiera, de nuevo, el conocimiento en primera instancia por la homologa Penal, dejando a salvo las pruebas recaudadas dentro del expediente. Tras arribar el expediente, el 26 de agosto pasado los integrantes de esta Sala manifestamos nuestro impedimento, en atención a haber proferido previamente la sentencia STP9304-2020, que dejó sin efectos el fallo SL3407-2020 dictado por la autoridad accionada, en el mismo trámite laboral. 6CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA Posteriormente, mediante auto de 14 de septiembre de 2021 la Sala de Tutelas n°2, declaró infundado el impedimento, por lo que recibida la actuación se avocó el conocimiento el pasado 22 de noviembre.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia De conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela formulada

por BANCO DE LA REPÚBLICA, contra la SALA DE

DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE CASACIÓN

competente para resolver la demanda de tutela formulada por BANCO DE LA REPÚBLICA, contra la SALA DE

DESCONGESTIÓN N°2 DE LA SALA DE CASACIÓN

LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley. 7CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA Han de recordarse, para la solución del caso, los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales1. Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales contemplan, que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinarios – de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya instaurado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo,

requisito de la inmediatez, el cual impone que la tutela se haya instaurado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Además, que el accionante «identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible» 2. Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela. 1 «En el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.» (T-343/12). 2 Ibídem. 8CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590/05. Estos son: (i) defecto orgánico 3; (ii) defecto procedimental absoluto4; (iii) defecto fáctico5; (iv) defecto material o sustantivo6; (v) error inducido7; (vi) decisión sin motivación8; (vii) desconocimiento del precedente9; y (viii) violación directa de la Constitución. Desde la decisión CC C-590/05 ampliamente referida,

sin motivación8; (vii) desconocimiento del precedente9; y (viii) violación directa de la Constitución. Desde la decisión CC C-590/05 ampliamente referida, la procedencia de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando superado el filtro de verificación de los requisitos generales, se configure al menos uno de los defectos específicos antes mencionados.

3. La solución del caso En el presente evento, BANCO DE LA REPÚBLICA, reclama el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales considera quebrantados porque la SALA DE

DESCONGESTIÓN N° 2 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la 3 “que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello”. 4 “cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”. 5 “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”. 6 “ se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”. 7 “cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”. 8 “ que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.

8 “ que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”. 9 “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. 9CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA sentencia SL4650-2020 de 26 de noviembre de 2020, casó la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de mayo de 2017, en el proceso promovido en su contra por LUCÍA ESPERANZA ROMERO CALDERÓN y, en sede de instancia, declaró que la demandante adquirió el derecho a la pensión convencional prevista en el artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo 1997-1999, providencia que, considera, desconoce los precedentes de la Sala de Casación Laboral Permanente de esta Corporación. Ahora bien, en este caso la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia dado que:   (i) Tiene una evidente relevancia constitucional,  porque está de por medio el derecho fundamental al debido proceso,   (ii)  No existe otro mecanismo judicial idóneo, pues contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión n°2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no procede recurso alguno; (iii)  Cumplió el requisito de la inmediatez, pues la providencia cuestionada data de 26 de

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no procede recurso alguno; (iii)  Cumplió el requisito de la inmediatez, pues la providencia cuestionada data de 26 de noviembre de 2020 y fue notificada por edicto el 3 de diciembre siguiente, de manera que la acción fue promovida dentro de un término razonable; (iv)  Se identificó el derecho vulnerado y la sentencia a la que atribuye la vulneración; y (v) La acción de tutela no se dirige contra el fallo dictado en otra de la misma naturaleza. Ahora bien, el BANCO DE LA REPÚBLICA atribuye a la sentencia SL4650-2020 desconocer los precedentes de la Sala Permanente de Casación Laboral de esta Corporación y, 10CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA por tanto, exceder la competencia atribuida por el parágrafo del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, incurriendo con ello, además, en defecto procedimental absoluto. En orden a examinar la procedencia del amparo, es pertinente traer a colación los fundamentos del fallo impugnado que revelan el acato a decisiones precedentes de la Sala permanente, con base en las cuales casó el fallo de segunda instancia: i) “Interpretación del artículo 18 de la citada Convención Colectiva de Trabajo 1997-1999. La disposición en cuestión establece la siguiente regulación: ARTICULO 18: Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres

Convención Colectiva de Trabajo 1997-1999. La disposición en cuestión establece la siguiente regulación: ARTICULO 18: Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensión jubilatoria con los requisitos legales de tiempo mínimo de servicios de veinte (20) años y de edad mínima de cincuenta y cinco (55) años si son varones, y de cincuenta (50) años si son mujeres tendrán derecho a la liquidación, según la siguiente tabla […] Sobre el particular, si bien a prima facie la norma transcrita no permite dilucidar el beneficio convencional pactado, pues podría entenderse que refiere únicamente a la liquidación de mesadas, lo cierto es que el mismo pertenece a un acuerdo convencional suscrito entre los ya mencionados Banco de la República y ANEBRE para la vigencia que corrió entre 1997 y 1999, esto es, posterior a la expedición de la Ley 100 de 1993 que modificó los requisitos de pensión jubilatoria, por lo que se deduce que la intención de las partes era mantener un beneficio extralegal con mejores condiciones para los trabajadores, pues de no ser así, el mismo hubiese sido modificado en el tiempo. Esta interpretación ha sido entendida de dicha manera por las partes, pues según lo descrito en el recurso de casación, el reproche presentado por el Banco de la Republica se origina en su diferencia conceptual acerca de los requisitos de exigibilidad para el otorgamiento de la prestación, mas no en la existencia de una

las partes, pues según lo descrito en el recurso de casación, el reproche presentado por el Banco de la Republica se origina en su diferencia conceptual acerca de los requisitos de exigibilidad para el otorgamiento de la prestación, mas no en la existencia de una pensión de orden convencional, esto es, si dichas exigencias debían cumplirse concomitantemente antes del 31 de julio de 2010. 11CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA Sobre tal aspecto, es necesario acudir a dos premisas: i) la aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación de convenciones colectivas y, ii) el precedente jurisprudencial en clausulas convencionales similares sobre el cumplimiento de la edad como requisito de exigibilidad para el disfrute de la prestación extralegal. Con relación a la primera, para la Sala, es evidente, que las convenciones colectivas son verdaderas normas jurídicas que deben interpretarse conforme a la Constitución y los métodos plasmados en el ordenamiento laboral, en caso de duda ante dos hermenéuticas posibles, es menester la aplicación del principio de favorabilidad (CSJ SL450-2018), en concordancia con el de “ pro persona”, consagrado en el artículo 53 ib., pues constituido Colombia como Estado Social de Derecho (art. 1°), las disposiciones legales deben servir de instrumento para garantizar los derechos y prerrogativas esenciales, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, erigiéndose las autoridades

disposiciones legales deben servir de instrumento para garantizar los derechos y prerrogativas esenciales, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, erigiéndose las autoridades públicas, no siendo la jurisdicción del trabajo la excepción, en propiciadoras de su goce efectivo. Posición que halla su fundamento en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política10, en el Preámbulo, 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 y en las sentencias CC SU-241-2015, CC SU-113-2018 10 Constitución Política: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución ; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes

la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Énfasis agregado. 11 Naciones Unidas, Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo “ Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana ”. Énfasis agregado Artículo 5: “(…) 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.” 12 Organización de los Estados Americanos – OEA –, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, Artículo 29: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 12CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA y CC SU267-2019, entre otras.

permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 12CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA y CC SU267-2019, entre otras. Con respecto a la segunda, al auscultar en la jurisprudencia de esta Sala, en asuntos en donde se discute la causación de beneficios convencionales en torno a la edad y tiempos de servicios, es viable deducir el mismo razonamiento, como se evidencia en las siguientes providencias: a. Sentencia CSJ SL2802-2018. […] b. Sentencias CSJ SL526-2018, reiterada en CSJ SL45502018, CSL SL2661-2019, CSJ SL3280-2019 y SL4138-2020. […] c. Sentencia CSJ SL3343-2020 reiterada en SL41312020. […] Surgen de lo dicho, las siguientes conclusiones a manera de síntesis: Al establecer el plurimencionado artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo 1997-1999, la causación de la pensión con el retiro y para el caso de la demandante 20 años de servicio cuando cumpla o haya cumplido la edad de 50 años, esta constituye un requisito de exigibilidad, pues no está ligado con el momento del retiro ni con el tiempo de prestación de servicios, ya que tal no fue el querer de la norma, además de los claros lineamientos procesales sobre la materia. El derecho de la demandante, según lo visto, no está afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues cumplió el requisito del tiempo de servicio exigido antes del 31 de julio de 2010 y la edad no

sobre la materia. El derecho de la demandante, según lo visto, no está afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues cumplió el requisito del tiempo de servicio exigido antes del 31 de julio de 2010 y la edad no compromete el derecho de la demandante. Por tanto, el Tribunal no apreció correctamente el texto convencional cuestionado y ello es suficiente para derivar la prosperidad del cargo, con lo cual se impone casar la decisión impugnada”. Refiere la parte actora que la anterior decisión judicial no se ajusta al precedente fijado en las sentencias SL6602020, SL2623-2020, SL3806-2019, SL3962-2018, cuyo carácter vinculante pasa a analizarse: los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.” 13CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849

TUTELA

1. La sentencia SL660-2020 no es precedente de la decisión judicial cuestionada.

Sea lo primero señalar que la sentencia SL660-2020, en la cual se expresó que “ Refulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensión convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los «requisitos

tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensión convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los «requisitos legales» es obvio que se trata de la reunión de la edad con el tiempo de servicios.”, data del 17 de febrero de 2021, es decir, es posterior a la providencia censurada por lo cual no puede ser el parámetro de análisis del defecto por desconocimiento del precedente porque a la Sala accionada no se le puede juzgar por desconocer un fallo que para el momento de resolver el asunto no existía. Actuar de modo contrario implicaría reabrir debates zanjados y eliminar los efectos de la cosa juzgada cuando se presentan cambios jurisprudenciales, causando inseguridad jurídica.

2. Sentencia SL3962-2018.

Ahora bien, en relación con las decisiones judiciales que precedieron a la expedición de la sentencia SL4650-2020, se aduce por la parte actora que en la sentencia SL3962-2018 la Sala Permanente Laboral de la Corte determinó la improcedencia de otorgar la pensión cuando al finalizar la vigencia de la Convención colectiva se ha cumplido el tiempo 14CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA de servicios más no la edad. En efecto, en esta sentencia la Sala permanente así lo estableció, al señalar: “la regla pensional contenida en el artículo 18 de la convención colectiva de trabajo 1997-1999 de la que el señor

Sala permanente así lo estableció, al señalar: “la regla pensional contenida en el artículo 18 de la convención colectiva de trabajo 1997-1999 de la que el señor Herrera Zapata deriva el derecho a la pensión de jubilación reclamada, por ser beneficiario, perdió su vigor el 31 de julio de 2010, data para la cual aquél, si bien cumplía con el tiempo de servicios, no había satisfecho la edad exigida de 55 años para optar a la pensión de jubilación ahí establecida, pues tal exigencia se materializó el 28 de mayo de 2011. Argumento que no resulta equivocado, pues dicha reforma pensional estableció un límite temporal máximo, para la vigencia de las reglas extralegales que venían pactadas en materia pensional, en el entendido de que las exigencias ahí establecidas debían acreditarse a más tardar el 31 de julio de 2010, pues a partir de esa fecha, las normas convencionales desaparecerían del mundo jurídico, tal como sucedió en el presente caso”.

3. Sentencia SL3806-2019

En esta decisión judicial la Sala de Descongestión n°2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que los fundamentos a partir de los cuales se estructuró el cargo no consultaban el contenido de la sentencia de segunda instancia demandada, por lo que “no refutó, por ejemplo, la conclusión central de Colegiado, relativa a que no podía acceder a la pensión de jubilación convencional, porque la edad exigida en ese instrumento, con

refutó, por ejemplo, la conclusión central de Colegiado, relativa a que no podía acceder a la pensión de jubilación convencional, porque la edad exigida en ese instrumento, con tal finalidad, esto es 55 años, los cumplió con posterioridad al 31 de julio de 2010, cuando, por decisión del constituyente, la fuente extralegal de esa prestación había cesado en su vigencia”. De manera que fue ésta la razón para desestimar el cargo, más en ella no se vislumbra la fijación de una postura o criterio de interpretación sobre sobre los requisitos 15CUI 11001020400020210097200 Número interno 116849 TUTELA de tiempo de servicios y edad para acceder a la pensión convencional.

4. Sentencia SL2623-2020

En este pronunciamiento la misma sala de descongestión indicó que “la interpretación que hizo el Juzgador colegiado del Acto Legislativo 01 de 2005 se aviene a la hermenéutica que la Sala le ha dado a la normativa en cuanto a que los beneficios pensionales estatuidos en las convenciones finiquitaron al 31 de julio de 2010 y, por ello, la demandante quien acreditó la edad de 50 años con posterioridad a la fecha anterior, pese acumular el tiempo de servicios que exigía la cláusula 18 y 20 de la CCT 1997, no podía beneficiarse de la pensión de jubilación en ellas contenidas, pues la reforma pensional estableció un límite temporal máximo, para la vigencia de las reglas extralegales

podía beneficiarse de la pensión de jubilación