CSJ - STP2327-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP2327-2021 Radicación No. 115031 (Aprobado Acta No.56) Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS , contra el fallo de tutela proferido el 24 de noviembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos: La parte accionante alude que el 4 de abril de 2014 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena dictó sentencia condenatoria contra DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS por el delito tráfico de estupefacientes, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 10 años y 8 meses de prisión, decisión que no fue apelada. Complementa su relato efectuando un recuento cronológico de la ejecución de tal pena, precisando que a su asistido desde el 15 de junio de 2016 su asistido se encuentra disfrutando del

Complementa su relato efectuando un recuento cronológico de la ejecución de tal pena, precisando que a su asistido desde el 15 de junio de 2016 su asistido se encuentra disfrutando del beneficio de la prisión domiciliaria, el cual le fue concedido por el Juzgado Primero de EPMS de Cartagena. Añade que el asunto fue remitido a los Jueces de EPMS de Barranquilla, correspondiéndole al Sexto de esa especialidad, a quien se le solicitó que concediera libertad condicional en favor del señor ALVEAR LAGOS, siendo resuelta dicha pretensión mediante auto del 1 de agosto de 2019, en el que precisó que, si bien el condenado ya había cumplido las 3/5 partes de la pena, al valorar la conducta punible precisó que la misma le resultaba grave, por lo que denegó la gracia pretendida. Acota que dicha providencia fue apelada el día 23 de ese mes y año, la cual habría sido confirmada por el Juzgado Primero de EPMS de Cartagena, quien le devolvió el expediente a su homólogo Juez Sexto de EPMS de esta ciudad. Así, expone que en favor de su asistido se dictó concepto favorable para el otorgamiento de la gracia pretendida, que éste convive en unión marital, teniendo una hija a su cargo, y que es quien se encarga de sostener económicamente su hogar.

favorable para el otorgamiento de la gracia pretendida, que éste convive en unión marital, teniendo una hija a su cargo, y que es quien se encarga de sostener económicamente su hogar. En armonía con lo anterior, acusa que el accionado desconoció el precedente constitucional e incurrió en un defecto sustantivo por interpretación constitucional, lo cual se evidenciaría al analizar la sentencia C – 757 de 2014. 2Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación Es por lo anterior que considera que el entutelado sólo valoró la gravedad de la conducta punible, sin adentrarse en el análisis de la resocialización del condenado y de la necesidad de la pena. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente el amparo invocado, teniendo en cuenta que, contrario a lo expuesto por el accionante, al momento de la interposición de la presente acción de tutela, aún no se había resuelto la apelación propuesta contra el auto proferido por el juzgado accionado el 19 de agosto de 2019. Aseveró que, el recurso de apelación fue resuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, mediante auto del 6 de noviembre de 2020, encontrándose en trámite la acción constitucional. Agregó que, el accionante debió solicitar ante el juez ordinario la resolución de su apelación, y no exponer sus

encontrándose en trámite la acción constitucional. Agregó que, el accionante debió solicitar ante el juez ordinario la resolución de su apelación, y no exponer sus reproches frente al auto del 19 de agosto de 2019, mediante este excepcional mecanismo de amparo. LA IMPUGNACIÓN El apoderado de DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS interpuso recurso de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, y manifestó que, una vez resuelta la apelación contra el auto del 19 de agosto de 2019, el juez 3Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación constitucional debe resolver de fondo la acción impetrada, puesto que, no se altera la esencia de lo manifestado originariamente. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento Interno de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación impuesto por el apoderado de DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS, contra el fallo de tutela proferido el 24 de noviembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional

Seguridad de Barranquilla. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 4Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 2 Ibídem 5Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci ón del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación ese enga ño lo condujo a la toma de una decisi ón que afecta derechos fundamentales.

3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación ese enga ño lo condujo a la toma de una decisi ón que afecta derechos fundamentales. vi) Decisi ón sin motivaci ón, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f ácticos y jur ídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hip ótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de

providencias, en el sentido de que, cuando se trata de 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de car ácter general, que habilitan la interposici ón de la tutela, y otros de car ácter espec ífico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por el apoderado de DANIEL ALBERTO ALVEAR LAGOS , contra la negativa del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena de conceder el subrogado de libertad condicional, cumple con alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al examinar las pruebas obrantes y el marco jurídico aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar la negativa de conceder el amparo deprecado; no obstante, es menester aclarar que, si bien el fallo impugnado declaró improcedente la acción constitucional por encontrarse en

aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar la negativa de conceder el amparo deprecado; no obstante, es menester aclarar que, si bien el fallo impugnado declaró improcedente la acción constitucional por encontrarse en trámite el recurso de apelación al momento de interponerse la demanda constitucional, este hecho se encuentra superado, puesto que, el día 6 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 8Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación Cartagena profirió auto mediante el cual, resolvió el mencionado recurso, confirmando la providencia de 19 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla. Así las cosas, se observa en el presente asunto que la decisión objeto de la presente solicitud de amparo, no vulnera de alguna forma los derechos fundamentales de la parte accionante y, por ende, no incurre en una vía de hecho que haga necesaria la intervención del juez constitucional. Aunado a lo anterior, las decisiones censuradas son fruto de autonomía e independencia propia de las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento. A diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporación evidencia que la razón principal por la cual fue denegada su solicitud de libertad condicional consistió en el

jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento. A diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporación evidencia que la razón principal por la cual fue denegada su solicitud de libertad condicional consistió en el análisis de requisitos establecido en el artículo 64 del Código Penal, junto con su ponderación frente a la valoración de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones tales, que impidieron la concesión de beneficio de libertad condicional de DANIEL

ALBERTO ALVEAR LAGOS.

9Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación Este criterio es propio de la autonomía e independencia que gozan las autoridades judiciales, además es adecuado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 y la jurisprudencia aplicable. En el presente caso, por parte de los jueces ordinarios, se tuvieron como fundamento, hechos que fueron objeto de estudio en la sentencia, por lo cual, la Sala denota que la valoración de la conducta no se apartó de la misma decisión. Es importante aclarar que, el hecho de reportar una buena conducta y cumplir con el mínimo establecido de pena ejecutada, no es suficientes para que se otorgue la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues es insoslayable cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la precitada norma.

libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues es insoslayable cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la precitada norma. Como se ha sido indicado en otras oportunidades, es función del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, analizar los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoración de la conducta punible. Esa facultad no excluye la evaluación de la gravedad de las acciones u omisiones materializadas por el condenado, tal y como quedó registrado en el fallo condenatorio5. 5 Cfr. CSJ SCP STP12042-2017, 08 ago. 2017, rad. 93030; STP3428-2018, 06 Mar 2018, rad. 96992; STP8174-2018, 19 jun 2018, rad. 98756; STP953-2019, 29 ene 2019, rad. 102040; entre otros. 10Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación Así fue determinado por la Corte Constitucional mediante las sentencias  C-194 de 2005 y C-757 de 2014, en las que dejó claro que el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, con sus posteriores modificaciones, conlleva valorar la conducta a la luz de la sentencia condenatoria, sin que ello implique violar el non bis in ídem. Esto tampoco le impide a la referida autoridad, tener en cuenta para esta valoración todas las circunstancias, tanto favorables como desfavorables para el condenado, las

ello implique violar el non bis in ídem. Esto tampoco le impide a la referida autoridad, tener en cuenta para esta valoración todas las circunstancias, tanto favorables como desfavorables para el condenado, las cuales fueron traídas a colación en el fallo condenatorio. Es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizar la valoración previa de la conducta, al momento de pronunciarse sobre la solicitud de libertad condicional, lo cual es una manifestación de la actividad judicial, que está amparada por los principios de autonomía e independencia, por lo que, por regla general, el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en esta valoración. Por lo anterior, y como el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: 11Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración . En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito

constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración . En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debi ó haber declarado improcedente la acción. (Resalta la Sala) En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en específico, el requisito de subsidiariedad, por esto se impide realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó el accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuesta. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el 12Rad. 115031 Daniel Alberto Alvear Lagos Impugnación presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13