JCIR ANT - Sentencia 05000312110120230005900-06-02-2025

SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

RADICADO: 05-000-31-21-101-2023-00059-00

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO 101 CIVIL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

ITINERANTE DE ANTIOQUIA

Medellín, seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

PROCESO: Solicitud de Restitución y formali zación de tierras de las Víctimas del

Despojo y Abandono Forzoso.

SOLICITANTE: José Samuel Galeano Ramírez REPRESENTANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas – Territorial Antioquia.

TERCERAS

INTERVINIENTES:

Yurani Andrea Castaño Alzate y otras RADICADO: 05-000-31-21-101-2023-00059-00

SENTENCIA: Nº 005 - 2025

DECLARA PROCEDENTE LA PROTECCIÓN del derecho fundamental a la restitución de tierras y la garantía del acceso a las medidas asistenciales y/o complementarias en términos de reparación integral y transformadora, que le asiste a l reclamante JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ , identificado con cédula N° 3.494.035 , sobre el predio “El Castillo ” ID 82548, con un área georreferenciada de 28 hectáreas + 5683 mts2, identificado con MI 018-37082 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), cédula catastral 053130002000000080061000000000 y ficha predial N° 11206391,

identificado con MI 018-37082 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), cédula catastral 053130002000000080061000000000 y ficha predial N° 11206391, ubicado en la vereda La María del Municipio de Granada (Antioquia); aplica pr esunción de despojo y n o reconoce segunda ocupación, ni medidas de compensación a favor de terceros.

1. ASUNTO.

Al no advertir causales que puedan invalidar lo actuado, procede el despacho a proferir la decisión de fondo, dentro del proceso de Restitución y Formalización de Tierras, instaurado por la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL ANTIOQUIA, a favor del señor JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ , identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.494.035; en calidad de propietario al momento de los hechos victimizantes; y a favor de su cónyuge al momento del abandono o despojo, la señora MARÍA ALICIA RODAS TOBÓN, identificada con cédula N° 21.778.927 ; todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 91 de la Ley 1448 de 2011.

Preliminarmente, conviene precisar que la presente solicitud de restitución de tierras fue admitida el 17 de noviembre de 2023, siendo claro que se ha superado el término previsto en el parágrafo 2º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, para decidi r de fondo; no obstante, esa tardanza no obedece a deliberada mora del juzgado, sino a

previsto en el parágrafo 2º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, para decidi r de fondo; no obstante, esa tardanza no obedece a deliberada mora del juzgado, sino a las contingencias que se suscitaron durante el desarrollo del trámite; pues hubo que ordenar el emplazamiento del señor CARLOS NOÉ CASTAÑO GÓMEZ y/o sus herederos determinados e indeterminados, y posteriormente nombrársele curadora ad litem; hubo que emitirse varios autos tendientes a garantizar la debida integración del contradictorio.

Adicionalmente, al haberse reconocido oposición dentro del trámite procesal, mediante auto interlocutorio N° 199 del 04 de junio de 2024, se declaró cerrado el período probatorio y se ordenó remitir el expediente al H. Tribunal Superior deSENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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Antioquia - Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras , para lo de su competencia, de conformidad con el artículo 79, inciso 3º de la Ley 1448 de 2011; superior funcional que, por auto calendado del 03 de julio de 2024 , ordenó la devolución del proceso a este despacho, considerando que las oposiciones formuladas, no cumplieron con el criterio temporal y expresando que corresponde a este despacho continuar con el trámite correspondiente.

Todo ello, además del cúmulo de trabajo que afronta este despacho, frustró la posibilidad de emitir sentencia dentro del plazo previsto en el parágrafo del 2º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

2. ANTECEDENTES

posibilidad de emitir sentencia dentro del plazo previsto en el parágrafo del 2º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

2. ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS (UAEGRTD) – TERRITORIAL ANTIOQUIA, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de restitución a favor de JOSÉ SAMUEL GALEA NO RAMÍREZ y de MARÍA ALICIA RODAS TOBÓN , el primero en calidad de propietario, y la segunda, en calidad de cónyuge de éste, al momento del abandono o despojo1.

La solicitud de restitución de tierras, recae sobre el predio denominado “El Castillo” ID 82548, con un área georreferenciada de 28 hectáreas + 5683 mts 2, identificado con matrícula inmobiliaria N° 018 - 37082 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla (Antioquia), cédula catastral 053130002000000080061000000000 y ficha predia l N° 112063912, ubicado en la vereda La María, del municipio de Granada (Antioquia) y del cual se indicó que, una vez adelantados los procesos de identificación predial del inmueble y consignado en el Informe Técnico Predial (ITP), elaborado por el Área Ca tastral de URT Territorial - Antioquia, se pudo concluir que éste predio corresponde a un inmueble de naturaleza privada; al expresarse que la matrícula inmobiliaria No 018-37082 del círculo registral de Marinilla, nació a la vida jurídica el 17 de noviembre de 1987,

de naturaleza privada; al expresarse que la matrícula inmobiliaria No 018-37082 del círculo registral de Marinilla, nació a la vida jurídica el 17 de noviembre de 1987, con la inscripción de la Resolución No. 2103 del 31 de julio de 1987, por medio de la cual el extinto INCORA, adjudica el inmueble al señor Roberto de Jesús Pérez Sierra, constituyendo un título originario expedido por el Estado y que no ha perdido su eficacia legal.

Dicho fundo, según levantamiento topográfico realizado por el área catastral de la Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Antioquia, se descri be con los linderos, colindancias y coordenadas geográficas que se especifican más adelante en la parte resolutiva de la presente providencia.

Señaló el apoderado judicial del reclamante JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ, que el vínculo de éste con el predio reclamado, se dio por una permuta realizada con el señor Roberto de Jesús Pérez Sie rra, quien le hizo escritura pública a nombre de su madre María Clementina Ramírez de Galeano , quien posteriormente le hace escritura pública a él; y que revisado el folio de matrícula

1 Vínculo conyugal que se acredita con registro civil de matrimonio N° serial 4228115, además de poseer anotación de escritura pública de divorcio. Ver anexos y pruebas de la solicitud, consecutivo 33 expediente digital Rdo. 2023-00059.

2. De acuerdo con Resolución N° 124892 del 19 de diciembre de 2023, proferida por la Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia; ver consecutivo N° 41 expediente digital 2023-00059.SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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inmobiliaria No. 018-37082, se encuentra que en la anotación No. 2, se registra la escritura pública No. 210 de 23 de mayo de 1988, de la Notaría Única de Granada, suscrita entre Roberto de Jesús Pérez Sierra y María Clementina Ramírez de Galeano.

Que en la anotación No. 3 del referido folio, se registra la escritura pública No. 415 del 04 de octubre de 1992, de la Notaría Única de Granada, suscrita entre María Clementina Ramírez de Galeano y José Samuel Galeano Ramírez.

En cuanto al uso y explotación del predio descrito, indica la URT que inicialmente había allí una casa en zinc, pero que el señor JOSÉ SAMUEL la mejoró con material y tejas, que su domicilio era en la finca y en el casco urb ano del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada, y que la destinación principal del inmueble era el mantenimiento de ganado y el cultivo de café y piña.

En referencia a los hechos victim izantes que indujeron el ab andono forzado del fundo relacionado, se expone que el solicitante manifestó, que tenía un negocio en el corregimie nto de Santa Ana y su familia vivía en Medellín; que a raíz de sus múltiples salidas, los grupos guerrilleros pensaban que él estaba brindando

fundo relacionado, se expone que el solicitante manifestó, que tenía un negocio en el corregimie nto de Santa Ana y su familia vivía en Medellín; que a raíz de sus múltiples salidas, los grupos guerrilleros pensaban que él estaba brindando información al ejército, por lo cual lo amenazaban permanentemente y lo incitaban para que hiciera parte de las filas de cualquiera de los dos grupos armados; que en diciembre de 1991 y en vista de la negativa de hacer parte del grupo armado, las FARC lo obligó a desplazars e; que el reclamante no continuó frecuentando el predio, pero siguió con su negocio en el corregimiento de Santa Ana; y que para el año 1997, el señor “Timoleón”, a quien identificaba como miembro del grupo armado ilegal ELN, le dijo que tenía que transferirle el predio al señor Carlos Noé Castaño Gómez; éste último que a pesar de no tener uniforme, se le veía en compañía de miembros de ese grupo guerrillero.

En cuando a la situación actual del predio reclamado y la identificación de terceros, se expresó en informe de diligencia de comunicación del 08 de marzo de 2023: “Se trata de un predio rural en la vereda La María del municipio de Granada – Antioquia, al interior del predio no se observa vivienda. En el momento de la visita no se encuentra a ninguna persona al interior del predio. Predio completamente en rastrojo y con vegetación abundante y arbustiva alta (…).”.

3. RELACIÓN SUSCINTA DE LAS PRETENSIONES

3.1. Se depreca la protección y formalización del derecho fundamental a la restitución de tierras, en favor de JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ y de

(…).”.

3. RELACIÓN SUSCINTA DE LAS PRETENSIONES

3.1. Se depreca la protección y formalización del derecho fundamental a la restitución de tierras, en favor de JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ y de MARÍA ALICIA RODAS TOBÓN; en relación con el predio “El Castillo” ID 82548, ubicado en la vereda La Ma ría del municipio de Granada (Antioquia) ; además del apoyo al retorno, del reconocimiento de las medidas asistenciales y/o complementarias concedidas a las víctimas a quienes se les restituyan su predio, en términos de enfoque diferencial y trámite preferente, consagrados en la Ley 1448 de 2011.

3.2. Se solicita ordenar la restitución jurídica y material en favor de JOSÉ SAMUEL GALEANO RAMÍREZ y de MARÍA ALICIA RODAS TOBÓN; como propietarios delSENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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predio mencionado, de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 74 y 91 parágrafo 4° de la Ley 1448 de 2011.

3.3. Se pide declarar la nulidad de todos los negocios realizados sobre el inmueble objeto de la presente solicitud , a partir de los hechos victimizantes sufridos por los solicitantes.

4. ACTUACIÓN PROCESAL

La solicitud fue repartida al despacho el día 31 de octubre de 2023.

Efectuado el control de admisibilidad de la presente solicitud de restitución de tierras se observó que la misma no cumplía inicialmente con los req uisitos mínimos

La solicitud fue repartida al despacho el día 31 de octubre de 2023.

Efectuado el control de admisibilidad de la presente solicitud de restitución de tierras se observó que la misma no cumplía inicialmente con los req uisitos mínimos regulados en los artículos 76, 81 y 84 literales a) y c) de la Ley 1448 de 2011; por lo que mediante auto interlocutorio 358 del 3 de noviembre de 20233, se ordenó la corrección de la solicitud a la Unidad de Restitución de T ierras, concediéndose el término de 05 días, so pena de devolución.

Luego de recibirse memorial es con anexos 4, mediante auto interlocutorio N° 369 calendado el 17 de noviembre de 20235, el despacho admitió la presente solicitud de restitución y formalización de tierras abandonadas, emitiendo las correspondientes órdenes y requerimientos a las distintas entidades inmersas en este proceso, conforme a lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Igualmente se ordenó: i) la publicación por una sola vez, del citado proveído en un periódico de circulación nacional; ii) enterar de la admisión a los señores YURANI ANDREA CASTAÑO ALZATE y GUSTAVO MAURICIO GIRALDO ARISTIZABAL, quienes se presentaron durante la etapa administrativa de reclamación ante la URT, como terceros interesados; y iii), el emplazam iento del señor CARLOS NOE CASTAÑO GÓMEZ y/o sus herederos determinados e indeterminados.

Durante el término de 15 días hábiles, entre el 27 de noviembre de 2023 y el 19 de

CASTAÑO GÓMEZ y/o sus herederos determinados e indeterminados.

Durante el término de 15 días hábiles, entre el 27 de noviembre de 2023 y el 19 de diciembre siguiente, el formato de la admisión permaneció fijo en un lugar visible del expediente digital6.

Mediante auto I -395 del 12 de diciembre de 2023 7 se ordenó dejar sin efectos el ordinal octavo del auto admisorio y se realizaron varios requerimientos tendientes a la correcta integración del contradictorio.

Por auto interlocutorio N° 017 del 18 de enero de 20248, se ordenó vincular y correr traslado de la solicitud de restitución de tierras, a las señoras BERTA LUCÍA ALZATE GIRALDO , identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.727.962, YURANI ANDREA CASTAÑO ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.127.945.018, EHILLEN JATIN CASTAÑ O ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.127. 953.092, y BRIGITTE YULEISY CASTAÑO ALZATE ,

3 Ver consecutivo N° 03 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 4 Ver consecutivos N° 06, 08 y 9 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 5 Ver consecutivo N° 10 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 6 Ver consecutivo N° 22 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 7 Ver consecutivo N° 35 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059.

6 Ver consecutivo N° 22 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 7 Ver consecutivo N° 35 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 8 Ver consecutivo N° 43 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059.SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.127.944.252, en calidad de herederas determinadas del señor CARLOS NO É CASTAÑO GÓMEZ , quien en vida se identificaba con cédula Nro 8.046.388 ; y se reconoció personería para actuar al apoderado judicial de dichas personas.

Mediante auto S-047 del 7 de febrero de 20249 se reconoció personería para actuar al apoderado judicial de la señora EHILLEN JATIN CASTAÑ O ALZATE y le fue resuelta su solicitud.

Por auto interlocutorio N° 054 del 13 de febrero de 2024 10, se admitió la oposición formulada a través de apoderado judicial, por parte de las señoras YURANI ANDREA CASTAÑO ALZATE y EHILLEN JATIN CASTAÑO ALZATE; providencia que luego fuere aclarada mediante auto S-066 del 14 de febrero siguiente11.

Mediante auto interlocutorio N° 059 del 19 de febrero de 202412 se nombró curadora ad litem a las personas emplazadas.

El día 19 de diciembre de 2023 13, el apoderado judicial del reclamante, aportó la constancia de su publicación en el diario de amplia circulación Nacion al, (El

ad litem a las personas emplazadas.

El día 19 de diciembre de 2023 13, el apoderado judicial del reclamante, aportó la constancia de su publicación en el diario de amplia circulación Nacion al, (El Espectador), publicación que se realizó el día 10 de diciembre de 2023; por lo que con ésta se surtió la publicación, conforme a lo preceptuado en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Vencido el término para que se presentaran oposiciones, mediante auto S-127 del 20 de marzo de 202 414, se agregaron al expediente los sopor tes de referidas publicaciones y se concedió el término de cinco (05) días, para solicitar pruebas.

Transcurrido el término indicado anteriormente, mediante auto I-113 del 05 de abril de 202415, se decretó la apertura del periodo probatorio.

El día 07 de mayo de 202416, se llevó a cabo audiencia virtual de interrogatorios de parte y de testimonios.

Luego de rechazarse por extemporánea la oposición de las señoras BERTA LUCIA ALZATE GIRALDO y BRIGITTE YULEISY CASTAÑO ALZATE por auto I-186 del 23 de mayo de 202417; mediante auto interlocutorio N° 199 del 4 de julio de 2024 18 se decretó el cierre del periodo probatorio en este asunto, por considerar que para ese momento ya obraban los elementos suficientes para emitir decisión de fondo y se ordenó remitir el pro ceso a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del H. Tribunal Superior de Antioquía para lo de su competencia, toda vez que reconoció oposición.

se ordenó remitir el pro ceso a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del H. Tribunal Superior de Antioquía para lo de su competencia, toda vez que reconoció oposición.

9 Ver consecutivo N° 58 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 10 Ver consecutivo N° 64 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 11 Ver consecutivo N° 68 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 12 Ver consecutivo N° 73 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 13 Ver consecutivo N° 40 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 14 Ver consecutivo N° 79 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 15 Ver consecutivo Nº 83 cuaderno digital portal web. Rad. 2023-00059. 16 Ver consecutivos N° 92 y 93 expediente digital Rdo. 2023-00059. 17 Ver consecutivo Nº 95 expediente digital Rdo. 2023-00059. 18 Ver consecutivo Nº 99 expediente digital Rdo. 2023-00059.SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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El día 10 de julio de 2024, se comunicó a este despacho, el auto calendado del 03 de julio de 2 02419, emitido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del H. Tribunal Superior de Antioquia , dentro del proceso del asunto, donde se ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN del expediente a esta judicatura por falta de competencia, al considerar el mencionado superior funcional que varias de las

Tierras del H. Tribunal Superior de Antioquia , dentro del proceso del asunto, donde se ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN del expediente a esta judicatura por falta de competencia, al considerar el mencionado superior funcional que varias de las oposiciones formuladas, no cumplieron con el criterio temporal, bajo los cánones del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.

Conforme lo anterior, se abstuvo esa autoridad de avocar conocimiento, por considerar que corr esponde a este despacho continuar con el trámite correspondiente.

Mediante auto I -244 del 18 de julio de 2024 20, se reasumió el conocimiento del presente asunto, dada la devolución efectuada por el mencionado superior funcional y pasó a despacho para emitir sentencia.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, este despacho es competente para decidir de fondo el asunto, dado que según se viene de reseñar, nuestro superior funcional repelió su con ocimiento, argumentando la extemporaneidad de las oposiciones allegadas, además que el predio respecto del cual se solicita su restitución, se encuentra dentro de la circunscripción territorial asignada a esta judicatura21.

5.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si JOSÉ MANUEL GALEANO RAMÍREZ y su núcleo familiar, acreditan la condición de víctima s del conflicto armado interno por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y despojo , y si con base en ello tienen derecho a que se le brinde por parte del Estado todas aquellas medidas de

familiar, acreditan la condición de víctima s del conflicto armado interno por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y despojo , y si con base en ello tienen derecho a que se le brinde por parte del Estado todas aquellas medidas de asistencia y atención previstas en la Ley 1448 de 2011, además de garantizarles el uso y disfrute en la restitución de sus tierras abandonadas forzosamente.

Sobre esa base, se definirá si el reclamante JOSÉ MANUEL GALEANO RAMÍREZ y su núcleo familiar, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a la restitución jurídica y material del predio “El Castillo” ID 82548 descrito anteriormente, ubicado en la vereda La María de municipio de Granada (Antioquia); en caso de acreditarse que fue ron víctimas de hechos que atentan contra los derechos humanos en el período establecido en la Ley 1448 de 2011, concretamente por haber padecido el fenómeno denominado desplazamiento forzado.

Para dilucidar el problema planteado, el despacho abordará los siguientes tópicos: 5.2.1. El derecho fundamental a la Restitución de Tierras. 5.2.2. Contexto de

19 Ver consecutivo N° 107 expediente digital Rdo. 2023-00059. 20 Ver consecutivo N° 108 expediente digital Rdo. 2023-00059. 21 Ver Acuerdo PSAA15-10410 del 23 de noviembre de 2015, artículo 3° literal b).SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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21 Ver Acuerdo PSAA15-10410 del 23 de noviembre de 2015, artículo 3° literal b).SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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violencia en el municipio de Granada, concretamente la vereda La María - Un hecho notorio -. 5.2.3. Del Caso en Concreto. 5.2.3.1. Existencia del hecho generador del abandono forzado o del despojo. 5.2.3.2. Relación jurídica del solicitante con el predio. 5.2.3.3. De las Presunciones de Despojo en relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas, artículo 77 Ley 1448 de 2011. 5.2.3.4. De la improcedencia de la aplicación en el presente caso, de la figura de los segundos ocupantes y del “Enfoque de Acción sin Daño ”. 5.2.3.5. De la Propiedad, y sus posibles afectaciones o limitaciones.

5.2.1. La Justicia Transicional y e l Derecho Fundamental a la Re stitución de Tierras.

Desde que en Colombia se hizo evidente el fenóm eno de desplazamiento forzado, por causa del conflicto armado interno , doctrina y jurisprudencia han disertado sobre los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación; entendidos como los derechos que tienen a que se conozca qué fue lo que realmente ocurrió (verdad), a que el Estado investigue a los responsables del delito y los sancione (justicia) y a que sean indem nizados por los daños ocasionados con el delito (reparación); es así como surge de éste último el derecho a la restitución de bienes inmuebles.

(justicia) y a que sean indem nizados por los daños ocasionados con el delito (reparación); es así como surge de éste último el derecho a la restitución de bienes inmuebles.

Antecedente legislativo de protección a la población desplazada, lo encontramos en la Ley 387 de 1997 , por la c ual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia; así mismo el país adopta instrumentos de carácter internacional que reconocen los derechos a la reubicación y restitución de tierra a los desplazados, ejemplo de ello son: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Conversión Americana de Der echos Humanos, la Declaración de San José sobre Refugiados de Naciones Unidas y sus Protocolos Adicionales, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del abuso del Poder, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Personas (Principios Deng, 21, 28 y 229), los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas ( Principios Pinheiros, 7, 18, 21, 28 y 29 ), los formulados en 1998 por el r epresentante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Desplazamiento Interno (Principios Rectores 28 a 30); entre otros, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en la medida en que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario,

Unidas sobre el Desplazamiento Interno (Principios Rectores 28 a 30); entre otros, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en la medida en que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, respecto de los desplazados internos.

La aplicación de esta normativa internacional de carácter vinculante para el Estado Colombiano, va encaminada a encontrar soluciones efectivas y duraderas para que las víctimas del desplazamiento, retornen de manera voluntaria a sus antiguos predios u hogares en cond iciones de dignidad, seguridad con las garantías de no repetición; es por esto que la restitu ción de tierras se erige como derecho fundamental independiente, que res tablece a la s víctimas su estatus social, vida familiar, arraigo con la tierra, libertad y la propiedad. Frente al retorno de los desplazados a sus tierras, la H. Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004,SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 005

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entre otras cosas precisó:

“()…Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro s itio, (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y

su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para subsistir autónomamente…().” 22.

En igual sentido, la H. Corte Constitucional ha aludido a la protección del derecho Fundamental a la Restitución de la Tierras, del que gozan las víctim as del desplazamiento y forzado:

“() …Sin duda alguna la especial protección sobre los derechos a la población desplazada especialmente l o referente a la reubicación y restitución de la tierra reviste de gran importancia entendiendo que el principal efecto de este fenómeno se centra el desarraigo y abandono de la misma, lo que sin duda conlleva una privación de los derechos sobre la explotación de la tierra como principal fuente de estabilidad social, laboral, económica y familiar. Esto si se tiene en cuenta que de acuerdo con los índices actuales de desplazamiento la gran mayoría proviene de zonas rurales, siendo la actividad agrícola la pr incipal o única fuente de sostenimiento para dicha familia.

En consecuencia, dentro de las medidas dispuestas para la protección a las víctimas de desplazamiento se contempla el derecho a la restitución y por ello en el decreto 250 de 2005 en desarrollo de los principio

familia.

En consecuencia, dentro de las medidas dispuestas para la protección a las víctimas de desplazamiento se contempla el derecho a la restitución y por ello en el decreto 250 de 2005 en desarrollo de los principio orientadores para la atención integral a la población desplazada se estipula el: “Enfoque restitutivo: Se entiende como la reposición equitativa de las pérdidas o daños materiales acaecidos por el desplazamiento, con el fin de que las personas y los hogares puedan volver a disfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo. Las medidas de restitución contribuyen al proceso de reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el desplazamiento.”

Esta restitución debe extenderse a las garantías mínimas de restablecer lo perdido y volver las cosas al estado en que se encontraban previas a la vulneración de los derechos afectados, lo que comprende entre otros, “el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma…” [7]. Este derecho de restitución a los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un ele mento fundamental de la justicia retributiva. En este sentido, se le pueden atribuir algunas características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) un derecho en sí mismo con independencia de que se efectué el restablecimiento (....)”23

Al protegerse el derecho a la restitución de la tierra, se protege el derecho a una vivienda digna como derecho fundamental para la población desplazada por hechos de violencia, bajo el entendido que quienes son obligados a desplazarse por hechos de violencia, ven deses tabilizada su vida económica, laboral, social y familiar,

vivienda digna como derecho fundamental para la población desplazada por hechos de violencia, bajo el entendido que quienes son obligados a desplazarse por hechos de violencia, ven deses tabilizada su vida económica, laboral, social y familiar, consecuencia lógica del desarraigo forzado.

5.2.2. Contexto de violencia en el municipio de Granada (Oriente Antioqueño) y concretamente en la vereda La María: un hecho notorio.

Del Hecho Notorio: Al conflicto armado interno vivido en Colombia no ha sido ajena la subregión del Oriente Antioqueño, concretamente el municipio de Granada. Esta dinámica de vio