PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Jurisprudencia.

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Elección de representantes y de ex rectores ante el consejo superior de la Universidad del pacífico. CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-Bajo el argumento de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse. La causal de expedición irregular del acto, ocurre cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo; es decir, requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro; por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.” Negrilla fuera de texto. Así, lo que se verifica en la causal de expedición irregular, no es si existen inconsistencias

en su expedición; sino, si las mismas tienen una incidencia tal en el resultado, que de no existir ellas, habría una variación en el resultado. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Jurisprudencia. Por su parte, la causal de infracción de las normas en que debería fundarse, ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Fundamento constitucional/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Fundamento legal y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

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1 Página Bogotá D.C., 29 de junio de 2021 Concepto No. 202106 - NE-133 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta.

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2020-00060-00

ACTOR: EDUARDO ANTONIO GARCÍA VERA DEMANDADO: FIDEL QUINTO MOSQUERA y JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO - Representantes de los Ex Rectores ante el

Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacifico.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, expidió el Acuerdo Superior 075 de 11 de febrero de 2020, “por medio del cual se establece el cronograma electoral para las elecciones estamentarias de los representantes ante el Consejo Superior por el Sector Productivo, ex-rectores y directivas académicas de la

Universidad del Pacífico”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C.

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2 Página 1.1.2. En el mismo acto, se estableció el cronograma para la elección de representantes de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico, señalándose como fecha en que tendría lugar la Asamblea de elección el 27 de marzo siguiente. 1.1.3. El 13 de febrero del mismo año, el Rector (E) de la Universidad del Pacífico expidió la Resolución Rectoral No. 0025-2020, “por medio de la cual se Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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3 Página convoca para las elecciones estamentarias de los representantes ante el Consejo Superior por el Sector Productivo, directivas académicas y exrectores de la Universidad del Pacífico”, en la que dispuso convocar públicamente a quienes hubieren ocupado el cargo de rector en propiedad de una universidad estatal de la región pacífica, con el fin de que entre ellos, eligieran su representante ante el Consejo Superior 1.1.4. El 5 de marzo de 2020, el Comité Electoral de la Universidad del Pacífico expidió el Acta 05 en la cual publicó el listado de aspirantes habilitados, así:  Juan Diego Orrego  Fidel Quinto Mosquera  Efrén Santiago Coral Quintero

 Eduardo Antonio García Vera 1.1.5. Al día siguiente se aclaró dicha acta en el sentido de precisar el nombre de uno de los candidatos: Juan Diego Castrillón Orrego. 1.1.6. El 24 de marzo de 2020, en Asamblea General Ordinaria - Elecciónconvocada por FIDEL QUINTO MOSQUERA, Ex Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, se reunieron algunos de los Ex Rectores de Universidades de la región Pacífica, quienes conformaron y votaron por la plancha integrada por Fidel Quinto Mosquera, como principal y Juan Diego Castrillón Orrego, como suplente, para ser representantes ante el Consejo Superior Universitario, según consta en Acta de Asamblea 001 de la misma fecha. 1.1.7. El 27 de marzo de 2020, el Comité Electoral de la Universidad del Pacífico emitió el Acta 08, en la que se indicó que se presentó la mencionada plancha. En ese orden, “… el Comité Electoral de acuerdo a la inscripción de una sola plancha se Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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4 Página procede a informar al Consejo Superior para que conforme a lo establecido en el Acuerdo 070 de 2019 en su Artículo 43º estos tomen posesión en la sesión ordinaria siguiente a su elección.”. 1.1.8. El 29 de julio de 2020, el ciudadano EDUARDO ANTONIO GARCÍA

VEGA, obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda contra dicho acto de nombramiento - Acta 008 – la cual acompañó con escrito de suspensión provisional del mismo. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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5 Página 1.1.9. El 12 de noviembre del mismo año, el Despacho Sustanciador, decidió admitir la demanda y decretar la suspensión provisional del Acta 008 de 27 de marzo de 2020, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Pacifico, por medio de la cual se eligió al representanteprincipal y suplente de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico. 1.2. Demanda EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA, obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, solicitó que se declare: “1. Que es nulo el acto administrativo, Acta electoral No. 08 del 27 de marzo de 2020, cuya copia auténtica adjunto, por medio del cual se declaró la elección de FIDEL QUINTO MOSQUERA y JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO, como representantes principal y suplente de los Ex-rectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, respectivamente, por un periodo de dos (2) años a

partir de la posesión.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Universidad del Pacífico y al Consejo Directivo de esta institución de educación superior, dar inicio nuevamente al proceso que permita la elección del representante de los ex– rectores ante el Consejo Superior, conforme a sus normas internas o estatutos.” Señaló que el acto de elección demandado trasgredió los artículos 12, 29 y 40 superiores; 361, 402 y 423 de Acuerdo 070 de 2019 y 24 del Acuerdo 075 de 2020.

Como soporte de lo anterior, adujo que en el trámite del proceso de elección se había previsto la realización de una asamblea, en la que participarían los ex - rectores de las universidades oficiales de la región Pacífica, cuya convocatoria 1 Artículo 36. Ex rectores “(…) Para efectos de elegir el representante de los ex rectores de la Universidad del Pacífico, el rector deberá convocar públicamente a quienes hayan ocupado el cargo de rector en propiedad en una universidad estatal u oficial de la región pacífica, para que en una reunión presencial o virtual y de entre ellos mismos, mediante votación secreta y por mayoría de votos elijan su representante y suplente, previa postulación de los interesados. De esta reunión se levantará un Acta que suscribirán los asistentes, la cual será Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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6 Página entregada al Comité Electoral, el cual verificará el cumplimiento de todos los requisitos y enviará al Consejo Superior para que proceda a posesionar al representante elegido” 2 Artículo 40. Elección de representantes estamentarios, Los representantes estamentarios en los órganos de dirección, concejos o comités en los que reglamentariamente se haya establecido su participación, serán elegidos por su respectivo estamento en fórmula principal y suplente, para un periodo institucional de dos años, contados a partir de su posesión. (…) 3 Artículo 42. Convocatoria a elección. La convocatoria a elección será proferida mediante acuerdo del Consejo Superior que deberá contener el cronograma de elección, las calidades requeridas para el cargo, el lugar y plazo de inscripciones, la fecha y sede de la jornada electoral, la composición del potencial electoral y las condiciones de validez y reconocimiento de las elecciones. Este acuerdo deberá ser publicado en la página web y en las carteleras de la institución 4 Art. 2. Parágrafo. “(…) Para efectos de elegir el representante de los ex rectores de la Universidad del Pacífico, el rector deberá convocar públicamente a quienes hayan ocupado el cargo de rector en propiedad en una universidad estatal u oficial de la región pacífica, para que en una reunión presencial o virtual y de entre ellos mismos, mediante votación secreta y por mayoría de votos elijan su representante y suplente, previa postulación de los interesados. De esta reunión se levantará un Acta que suscribirán los asistentes, la cual será entregada al Comité Electoral, el cual verificará el cumplimiento de todos los requisitos y enviará al Consejo Superior para que

proceda a posesionar al representante elegido(…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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7 Página la debió realizar el rector de la Universidad del Pacífico, y en la que se elegiría al representante y suplente de ese estamento. Que como fecha de celebración de tal encuentro, se había señalado el 27 de marzo de 2020, conforme al cronograma establecido en el artículo 2º del Acuerdo 075 de 2020. No obstante, que el 24 de marzo de ese mismo año, se llevó a cabo una reunión en la que se conformó una plancha única en la que figuraban Fidel Quinto Mosquera como principal y Juan Diego Castrillón Orrego como suplente, siendo esta una fecha diferente a la establecida previamente. Resaltó que dicho encuentro no fue promovido por el rector sino por un candidato o aspirante – Fidel Quinto Mosquera –, con el agravante que a la misma no fueron citadas todas las personas que ocuparon el alto cargo de Rector en las diferentes universidades de la región. Sostuvo que las anteriores actuaciones desconocieron lo establecido en el artículo 36 del Reglamento Electoral de la Universidad del Pacífico5, en concordancia con el parágrafo primero del artículo 2° del Acuerdo Superior No. 075 de 20208, en tanto la asamblea electoral solo podía ser convocada por el Rector de la Universidad del Pacífico y no por uno de los aspirantes a ser elegido para representar el estamento de los exrectores.

Así mismo, advirtió que se debió emplazar a todas aquellas personas que hubieren ocupado el cargo de Rector en propiedad en las universidades estatales u oficiales de la región pacífica, lo cual no ocurrió, en tanto únicamente asistieron los “candidatos” habilitados por el comité electoral. 1.3. Contestación El Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado judicial, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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8 Página contestó la demanda, y formuló excepción previa – falta de legitimación en la causa por pasiva –, la que fue negada mediante decisión de 3 de febrero de 2021. 5 Acuerdo Superior No. 070 de 2019 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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9 Página Ahora, frente al asunto en comento, en sus alegatos de conclusión, advirtió que tal cartera ministerial “no tiene injerencia sobre el desarrollo del proceso de elección del representante de los exrectores”. Frente a los vicios de procedimiento de elección reclamados, afirmó que “no puede dar fe de la ocurrencia o no de los mismos, pues no hubo participación del máximo órgano de dirección y gobierno en el mencionado proceso de elección”.

Sin embargo, señaló que de las pruebas allegadas - haciendo referencia puntualmente al acta de asamblea de 24 de marzo de 2020 - se logra concluir que al demandante se intentó convocar vía telefónica, pero que el mismo “no contestó”, razón por la que encuentra satisfecho las ritualidades establecidas en el Acuerdo 075 de 2020. Se resalta que los demás sujetos procesales no realizaron manifestación alguna posterior a la admisión de la demanda de nulidad electoral y la declaración de suspensión provisional del acto atacado. 1.4. Fijación del litigio La Sala, en auto de 1 de junio de 2021, fijó el litigio en los siguientes términos: “Considera el despacho que el litigio se contrae a determinar si la elección de los señores Fidel Quinto Mosquera y Juan Diego Castrillón Orrego como representantes, principal y suplente, respectivamente, de los ex - Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, contenida en el Acta electoral No. 08 de 27 de marzo de 2020, infringió los artículos 13, 29 y 40 de la Constitución Política; 36, 40 y 42 del Acuerdo 070 de 2019 y 2° del Acuerdo 075 de 2020, por haberse llevado a cabo en una reunión estamentaria que no fue convocada por el Rector y a la cual no asistieron todos los ex - Rectores que ejercieron el cargo en propiedad en universidades estatales del pacífico, entre ellos, el demandante, debido a que se modificó la fecha para la realización de la asamblea de elección, sin que el actor hubiere sido

informado de dicho cambio.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si declara la nulidad del acto de elección de FIDEL QUINTO MOSQUERA y JUAN DIEGO Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página CASTRILLÓN ORREGO como Representantes de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacifico Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario referirse (i) las causales de nulidad bajo el argumento de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) la autonomía universitaria; (iii) el proceso de elección de los representantes de los Ex Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico; para finalmente, (iv) analizar el caso concreto. 2.2. Expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse como causales de nulidad.

La causal de expedición irregular del acto, ocurre cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo; es decir, requiere

que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro; por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.”6 Negrilla fuera de texto. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página Así, lo que se verifica en la causal de expedición irregular, no es si existen inconsistencias en su expedición; sino, si las mismas tienen una incidencia tal en el resultado, que de no existir ellas, habría una variación en el

resultado. 6 Ver Al respecto las sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 27 de enero de 2011. M.P.

Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00 y del 3 de noviembre de 2016 M.P.

Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2016-00023-00 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página Por su parte, la causal de infracción de las normas en que debería fundarse, ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos7, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores.

En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que

dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”8 2.3. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 7 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Exp. No.

4100123310002003004801 (0601-2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Exp. No. 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. No. 11001032600020150002200 (53057), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 19969, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio

fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199310, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página de carácter obligatorio11, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y

9 M.P. Hernando Herrera Vergara 10 M.P. Alejandro Martínez Caballero 11 Ver sentencia T-1010 de 2010. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución.

La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199912). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201013 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201814, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) autoorganización “darse sus directivas” y

la de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”15, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al

12 M.P. Hernando Herrera Vergara 13 M.P. María Victoria Calle Correa 14 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 15 Ver sentencia C-491 de 2016 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para

expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200816) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”17 y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”18. De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su materialización: el de i) autoorganización “darse sus directivas” y el de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, Procuraduría Séptima Delegada