PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Caducará al vencimiento del plazo de dos años contados a partir

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Le corresponde asumirla por la ocupaciónde bien inmueble por razón de la construcción de una obra pública RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Cuando la causa del daño surge de la ocupación de un inmueble por causa de trabajos públicos/ RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Es el objetivo 2.2 En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, cuando la causa del daño surge de la ocupación de un inmueble por causa de trabajos públicos, el Consejo de Estado ha preciado que es el objetivo:… ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA-Término de caducidad /ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA-Caducará al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho 2.3 Con relación al término de caducidad de la acción de reparación directa, el artículo 136 numeral 8, del Código Contencioso Administrativo, establece:… CADUCIDAD-Contabilización del término cuando es por ocupación por causa de trabajos públicos/ CADUCIDAD-Se cuenta desde cuando cesó la ocupación temporal o desde cuando se terminó la obra En cuanto al momento a partir del cual procede contabilizar el término de caducidad que surge de la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, el Consejo de Estado ha precisado:…“(…) en tratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble, es decir, desde cuando cesó la ocupación temporal, o desde

cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El ciudadano recibió un daño antijurídico que le ocasionó un perjuicio

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa …El análisis conjunto de las pruebas antes referidas permite al Ministerio Público concluir que tanto el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (antes INCO) y la sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A DEVINAR S.A. deben responder por los perjuicios ocasionados al actor, pues concurren los elementos de responsabilidad administrativa en su contra, esto es un daño antijurídico, que se concretó en la ocupación permanente y parcial de un inmueble denominado La Pradera de propiedad de los demandantes, del que hacen parte tres lotes de terreno, identificados con los predios No 1, No 2 y No 5, con matrícula inmobiliaria No 244-3901, ubicados en la vereda La Pradera, jurisdicción del Municipio de Ipiales del Departamento de Nariño, y su imputación jurídica a éstas, por razón de la ejecución del proyecto vial “Rumichaca –Pasto-Chachagüi – Aeropuerto”, pues todas y cada una de ellas concurren de una u otra forma en la realización material del proyecto vial en comento. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-INVIAS, la ANI y la sociedad desarrollo

vial de nariño – DAVINAR s.a están llamados a responder …Con respecto al INVIAS no cabe duda de la responsabilidad que le asiste, pues en cumplimiento de las facultades conferidas por el Decreto 2171 de 1992, era la entidad encargada de elaborar los planes, proyectos y programas tendientes a la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial nacional. …Lo anterior es suficiente para inferir que las actividades y gestiones adelantadas por el INVIAS con relación al Proyecto Vial Variante de Ipiales contribuyeron de manera directa en la ocupación permanente y parcial de los predios de propiedad de los actores. Con relación a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (antes INCO) y la sociedad Desarrollo Vial de Nariño – DAVINAR S.A., es evidente su responsabilidad frente a los hechos alegados por la parte actora, la cual surge del contrato de concesión No 003 de 2006, en donde se pactaron obligaciones a cargo de las partes, entre otras, compartir responsabilidades en materia de adquisición de predios, no solo en relación con los predios que procedía comprar a partir de la suscripción del referido contrato, sino también de otros predios cuya negociación se había adelantado con anterioridad, sin que se hubiese podido finiquitar el trámite de compra. …Con relación a la Sociedad Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. su responsabilidad en la ocupación permanente y parcial de los bienes de los actores es evidente, pues en su condición de concesionario y con cargo a las obligaciones pactadas en el contrato de concesión No 003 de 2006, asumió por su cuenta y

riesgo la realización de “estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial “Rumichaca – Pasto – Chachagüi – Aeropuerto”. Desde la suscripción del referido contrato, manifestó conocer todos los asuntos relacionados con la celebración y ejecución del contrato y los lugares donde se ejecutaría, consecuente con lo anterior asumió todos los riesgos de obra, así como la gestión predial para la ejecución del proyecto (cláusula 4) También es cierto que durante la etapa de construcción, mejoramiento y rehabilitación, se obligó a la continuación y finalización de las gestiones de adquisición de predios que no concluyeron en etapa anterior (cláusula 12) 2 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa Está probado que tanto el INCO (hoy ANI) como la sociedad Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. conocían de la suspensión de la negociación de los predios de propiedad de los actores, sin embargo no prestaron ninguna atención, pues no adelantaron ninguna gestión tendiente a finiquitar el trámite de compra o iniciar el respectivo proceso de expropiación. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-La ocupación permanente y parcial de los predios de propiedad de los actores constituye un daño antijurídico que debe ser reparado Para el Ministerio Público la ocupación permanente y parcial de los predios de propiedad de los actores, constituye un daño antijurídico que debe ser reparado,

cuya responsabilidad recae en cabeza del INVIAS, ANI (antes INCO) y DEVINAR S.A, por ser los entes responsables de desarrollar, aprobar y ejecutar un proyecto vial que afectó los predios 1, 2 y 5 que hacen parte de uno de mayor extensión y respecto de los cuales no se ha recibido contraprestación alguna. 3 Radicación No 52.377 (2010-00049-01)

Acción: Reparación Directa

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 051 /2017

Bogotá, D.C., 9 de mayo de 2017 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente DR: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 52.377 (52001-23-31-000-2010-00049-01)

Acción: REPARACION DIRECTA

Actor: JORGE HERNANDO ORTEGA CAMPO y otro

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-,

INSTITUTO DE CONCESIONES –INCO, MUNICIPIO DE IPIALES y SOCIEDAD DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A.- DEVINAR El Ministerio Público, en cumplimiento de la intervención que por ley le corresponde y en la oportunidad legal, descorre el traslado especial para alegar de conclusión, conforme al inciso segundo del artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda: JORGE HERNANDO ORTEGA CAMPO y la Sociedad “AGROINVERSIONES POR DICHA S.A” (representada por su gerente Jaime Eduardo Ortega Campo), en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda1 contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, INSTITUTO DE CONCESIONES – INCO, MUNICIPIO DE IPIALES y SOCIEDAD DE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A “DEVINAR”, para que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables de los 1 Incoada el 25 de febrero de 2010 (fl 1 c. ppal) 4 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa perjuicios que le fueron ocasionados, por la ocupación permanente de las áreas de terreno que comprometen tres bienes inmuebles de su propiedad, por razón de la ejecución del proyecto de la carretera Rumichaca – Pasto – Chachagüi Aeropuerto Variante de Ipiales. Como consecuencia de la anterior declaración, pretende la parte actora que se condene a las entidades demandadas a pagar: A la sociedad “Agroinversiones por Dicha S.A”, las siguientes sumas de dinero: (i) $350.794.083.75, equivalente al 75% del avaluó comercial asignado al primer bien inmueble o lote de terreno ubicado en el Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda; (ii) $17.832.331,50, equivalente al 75% del avaluó comercial asignado al segundo bien inmueble o lote de terreno ubicado en el

Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda, y (iii) $9.451.116.75 equivalente al 75% del avaluó comercial asignado al tercer bien inmueble o lote de terreno ubicado en el Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda. Al señor Jorge Hernando Ortega Campo, las siguientes sumas de dinero: (i) $116.931.361,25, equivalente al 25% del avalúo comercial asignado al primer bien inmueble o lote de terreno ubicado en el Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda, (ii) $17.832.331.50 equivalente al 25% del avalúo comercial asignado al segundo bien inmueble o lote de terreno ubicado en el Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda, y (iii) $5.944.110,50 equivalente al 25% del avalúo comercial asignado al tercer bien inmueble o lote de terreno ubicado en el Barrio La Pradera del Municipio de Ipiales, cuyos linderos y área corresponden a los descritos en la demanda. 5 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa Como soporte fáctico se adujo, que el señor Jorge Hernando Ortega Campo y la Sociedad “Agroinversiones Por Dicha S.A” adquirieron las acciones de derecho de dominio y posesión que recaen sobre un bien inmueble ubicado

en el sector comprendido entre los barrios La Pradera y Rumichaca del Municipio de Ipiales , el primero en un porcentaje del 25% y la segunda en un porcentaje del 75%, cuyos linderos y demás especificaciones aparecen consignadas en las respectivas escrituras públicas, bien identificado con la matricula inmobiliaria actual Nro 244-3901. Que hacen parte integrante del bien inmueble, 3 lotes de terreno: el primero con un área aproximada de 9.261.89. M2; el segundo con un área aproximada de 1.231.94 M2, y el tercero con un área aproximada de 652,93 M2, los cuales se encuentran afectados por razón de la ejecución del proyecto de la carretera RumichacaPasto-Chachagüi Aeropuerto Variante de Ipiales. Que el Señor Jaime Ortega Campo en varias oportunidades ha dirigido diferentes comunicaciones a las entidades comprometidas en la realización del proyecto, encaminadas a concretar el proceso de negociación o venta de las áreas de terreno afectadas por el proyecto, lo cual no ha sido posible en tanto dichas entidades no se han puesto de acuerdo en el precio de tales áreas. 1.2 Contestación de la demanda: 1.2 (i) El Instituto Nacional de Concesiones – INCO2, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 2 (fls 192 a 204 c. ppal) 6 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa - Falta de legitimación en la causa por activa, pues del estudio del folio de matrícula inmobiliaria, se observa que tanto el señor Jorge Hernando Ortega

Campo y la Sociedad Agroinversiones Por Dicha S.A”, sólo tienen la condición de cesionarios de derechos herenciales, por ende no pueden ostentar una legítima calidad de propietarios sobre los predios afectados. - Caducidad de la acción, pues según los hechos de la demanda el conocimiento de la ocupación y autorización de entrada a los predios ocurrieron los días 28 y 29 de noviembre de 2007, fecha en la cual los demandantes autorizaron la intervención de las áreas de terreno, como la audiencia prejudicial solicitada ante la procuraduría se radicó el 1 de diciembre de 2009, se concluye que para esa fecha la acción ya había caducado. Con mayor razón para la fecha de incoar la demanda, la cual fue presentada el 25 de febrero de 2010. - Prescripción, pues conforme al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, la presentación de la demanda interrumpe el término de caducidad, siempre y cuando el auto admisorio de la demanda se notifique dentro de un año contado a partir del día siguiente de la notificación al demandante, situación que no ocurrió en el caso concreto, porque la demanda fue admitida el 18 de marzo de 2010, y solo hasta el 15 de abril de 2011 se logró la notificación al INCO. - Falta de nexo causal entre el daño y el INCO, pues el daño no le resulta imputable, en tanto el INCO no fue que el que ordenó la compra del bien, no recibió los predios para la ejecución del proyecto, no comprometió el pago de suma alguna y tampoco ejecutó obra en los predios. - Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la función del INCO

dentro del contrato de concesión No 003 de 2006, fue la de adelantar su administración, más no la de construir la vía que señala el actor en el predio de su propiedad. 7 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa - Responsabilidad a cargo del CONCESIONARIO, pues según el contrato de concesión No 003 de 2006, corresponde a DEVINAR responder por los perjuicios causados a terceros, quien además se comprometió a realizar los estudios, diseños, construcción y rehabilitación, etc. y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS, dados en concesión para la ejecución del proyecto, en cuyo c aso el Estado trasladó al concesionario la totalidad de la responsabilidad de los daños que se causen a terceros por la ejecución del contrato. - Culpa exclusiva de un tercero, pues el trazado de la vía donde se encuentran ubicados los predios del demandante hace parte de la variante de Ipiales (Nariño), cuya administración está a cargo del INVIAS, razón por la cual dicha entidad es la llamada a responder por los presuntos daños causados al actor. 1.2 (ii) La Sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A – DEVINAR S.A3, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues DEVINAR no tiene la capacidad legal y jurídica para producir ya sea por acción u omisión los perjuicios alegados por el actor, en tanto solo actúa como un colaborador del Gobierno Nacional, pero no tiene la capacidad de intervenir en las decisiones del Estado, entre ellas la adquisición de predios. Que la entrega anticipada

de los predios objeto de la acción, fue una negociación realizada por el INVIAS e INCO, sin contar con la aquiescencia de DEVINAR, por ende serían las únicas llamadas a responder por los daños causados al actor. - Ausencia de relación de causalidad entre los hechos y el daño reclamado en lo que respecta a DEVINAR S.A., pues ésta no tiene la facultad para adquirir predios sin la debida instrucción del INCO, por tanto no puede ser 3 (fls 224 a 236 c. ppal) 8 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa responsable de los perjuicios causados por razón de incumplimiento de acuerdos en los que no hizo parte Devinar. - Ejecución del contrato de concesión de buena fe exenta de culpa, pues DEVINAR contrató y ejecuta de buena fe el contrato de concesión, pues ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el INCO, máximos organismos rectores de la infraestructura en el país, los que deben asumir responsabilidad por las decisiones tomadas. - Culpa exclusiva de un tercero, pues DEVINAR no puede responder por hechos, omisiones o actuaciones imputables al Estado, pues DEVINAR es un simple contratista que actuó conforme a las instrucciones impartidas por el Gobierno. - Prescripción, pues conforme lo establece el artículo 90 del C de P. C, la presentación de la demanda interrumpe el término de caducidad, siempre que el auto admisorio de la demanda se notifique dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante, para el

caso concreto Devinar fue notificada el 27 de mayo de 2011. - Caducidad de la acción, pues según las actas de acuerdo que obran en el proceso, el actor los días 28 y 29 de noviembre de 2007 autorizó al INCO la ejecución de las obras en los predios de su propiedad y la disposición del material de corte y excavación, lo cual quiere decir que para esas fechas, el actor ya tenía conocimiento del daño, por tanto para la fecha en que se radicó la solicitud de conciliación prejudicial (1 de diciembre de 2009) la acción ya había caducado. Igual acontece con la demanda, la cual fue presentada el 25 de febrero de 2010. - La innominada. 9 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa 1.2 (iii) El Instituto Nacional de Vías4, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a dicho Instituto no le corresponde el manejo de las vías concesionadas, por lo que mal podría imputársele responsabilidad, al no existir relación de causalidad respecto de la construcción de la variante de Ipiales a partir de la fecha de entrega al INCO, lo cual se concretó mediante acto administrativo en el cual se dejó constancia que el INCO y DEVINAR valorarían la situación predial, los procesos que se adelantarían y los costos inherentes al mismo. - Improcedencia de la acción de reparación directa por ausencia de acciones u omisiones imputables al INVIAS, pues la variante de Ipiales fue entregada al INCO el 12 de septiembre de 2008, fecha para la cual si bien el INVIAS

había adelantado algunas negociaciones prediales con propietarios de la zona, también lo es que no se había iniciado con las intervenciones de la obra, pues jamás de concluyó la etapa de compra de predios. - Caducidad de la acción, pues el actor instauró la demanda el 1 de marzo de 2010, es decir después de los dos años que se diera la supuesta ocupación del inmueble. - Carencia de poder, pues al revisar el otorgado por el señor Jorge Hernando Ortega al abogado José Luis Checa Checa, se observa que éste no lo aceptó, lo cual resulta contrario a lo establecido en el artículo 67 del C.P.C. - Temeridad del señor Jaime Hernando Ortega Campo, al no permitir la compra de los predios 2,3 y 5 del lote de mayor extensión denominado la Pradera, pues durante la negociación de los predios, se dedicó a entorpecer la culminación del proyecto, poniendo trabas lo cual denota una actitud temeraria y mal intencionada. 4 (fls 347 a 353 c. ppal) 10 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa - La innominada. 1.2 (iv) El Municipio de Ipiales5, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues al ente territorial no se le puede imputar responsabilidad alguna, en tanto no fue la entidad responsable del diseño y ejecución de las obras, como tampoco la encargada de adquirir los bienes inmuebles requeridos para adelantar el proyecto. Precisa que por ser una vía del orden nacional, todo lo inherente a

ella corresponde atender al INVIAS, al INCO y al concesionario Sociedad para el Desarrollo Vial de Nariño S.A DEVINAR. - Ausencia de acciones u omisiones tendientes a causar daños o perjuicios en el inmueble de los demandantes por parte del Municipio de Ipiales, pues los hechos y actos alegados por el actor, no le son atribuibles al ente territorial, cuya responsabilidad corresponde asumir a otras entidades. - La genérica o innominada. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 30 de mayo de 20146, declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas; declaró que asiste responsabilidad solidaria a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, del Instituto Nacional de Concesiones – INCO y de la sociedad para el Desarrollo Vial de Nariño S.A. DEVINAR S.A; declaró patrimonial y solidariamente responsables al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Instituto Nacional de Concesiones – INCO y la sociedad para el Desarrollo Vial de Nariño S.A. DEVINAR S.A., por los daños causados al señor Jorge Hernando Ortega y a la Sociedad Agroinversiones Por Dicha S.A, por la ocupación 5 (fls 412 a 418 c. ppal) 6 (fls 628 a 656 c. Consejo de Estado) 11 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa permanente de los predios de su propiedad, con ocasión de la construcción del proyecto vial “Rumichaca – Pasto-Chachagüi – Aeropuerto”

Consecuente con la anterior declaración, condenó in genere al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, al Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad para el Desarrollo Vial de Nariño S.A. DEVINAR S.A., a pagar por concepto de perjuicios materiales, el valor actualizado de los terrenos ocupados a los demandantes, en el porcentaje que corresponda a cada uno,, el cual se determinará conforme a lo establecido en el artículo 172 del C.C.A. Absolvió de toda responsabilidad al Municipio de Ipiales. Para el a-quo, es evidente que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS hizo entrega de la variante Ipiales al Instituto Nacional der Concesiones – INCO y éste a su vez a la Sociedad para el Desarrollo Vial de Nariño S.A – DEVINAR, y no obstante que estas últimas conocían de la suspensión de la negociación de los bienes inmuebles, ninguna de ellas se preocupó por avanzar en el cumplimiento de sus deberes legales, pues si bien la gestión predial corresponde al resorte del concesionario, también lo es que el INCO debía ejercer la función de vigilancia y control sobre las actividades realizadas por el concesionario. Que por la omisión de las entidades al servicio del Estado, se generó un daño a la parte actora que debe ser reparado, por un lado, DEVINAR, debía adelantar la gestión predial hasta concluir con el pago del precio de los inmuebles a los actores, y por la otra, el INCO estaba obligado a verificar el avance del proceso de enajenación de dichos predios, razón por la cual procede condenar al Invias, Inco y a la sociedad para el Desarrollo Vial de

Nariño S.A – Devinar, por perpetuar la ocupación parcial de los terrenos de la parte actora, sin entregar en contraprestación el pago del precio de una parte de los inmuebles ocupados. 12 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa 1.5 Apelación.- Las entidades y sociedad condenadas, recurrieron el fallo. 1.5 (i) La Sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A DEVINAR7, advierte que es una sociedad comercial de derecho privado y que en desarrollo de su objeto social suscribió con el INCO el contrato de concesión No 003 de 2006, por ende tiene la calidad de concesionario y actúa por mandato del Gobierno Nacional a través del INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI), en consecuencia sus actuaciones deben ceñirse a las instrucciones recibidas de dicha entidad. Que el Invias adelantó las negociaciones que responden a una política estatal, aclarando que el contrato de concesión fue suscrito después de iniciadas aquellas, lo cual permite afirmar que DEVINAR no fue parte ni tampoco testigo presencial de los acuerdos celebrados entre el INVIAS e INCO y la parte actora, por tanto no se le puede imputar ninguna clase de responsabilidad, pues la entrega anticipada de los bienes predios objeto de la acción, fue producto de una negociación realizada por el INVIAS y el INCO, que no involucra la voluntad de DEVINAR, lo que implica afirmar ausencia de relación de causalidad entre los hechos y el daño reclamado a DEVINAR, por tanto las únicas llamadas a asumir el pago de la indemnización que reclama el actor serían INVIAS e INCO.

1.5 (ii) El Instituto Nacional de Vías8 alega que no puede presumirse que existió ocupación del inmueble desde que el proyecto de la construcción de la variante se encontraba en cabeza del INVIAS, pues lo que hizo fue iniciar los trámites pertinentes para la adquisición de predios con el fin de desarrollar completamente la gestión predial en el proyecto de la variante Ipiales, lo cual no fue posible en tanto el hoy demandante objetó el avaluó realizado por la Lonja de Cundinamarca. Alega que la Variante a Ipiales fue entregada al INCO y para esa fecha el 7 (fls 664 a 667 c. ppal) 8 (fls 674 a 680 c. Consejo de Estado) 13 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa INVIAS había realizado algunas negociaciones prediales, pero no había iniciado con intervenciones en obra, pues jamás se concluyó la etapa de compra de los predios, es decir que al INVIAS no le corresponde el manejo de las vía concesionada, por lo que mal podría endilgársele responsabilidad alguna. 1.5 (iii) La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (antes INCO)9 alega que no le cabe ninguna responsabilidad frente al daño reclamado, pues dicha agencia no ha ocupado los bienes inmuebles de la parte actora. Insiste en la prosperidad de la excepción de caducidad de la acción, pues la demanda fue presentada el 25 de febrero de 2010, y la ocupación del inmueble fue autorizada por el demandante desde el 1 de julio de 2006, así como la ejecución de obras en el predio como consta en las actas de 28 y 29

de noviembre de 2007, lo cual evidencia que se demandó por fuera del término de caducidad de los dos años establecido para la acción de reparación directa. Advierte sobre la incongruencia del título de imputación que se endilga en contra de la ANI, pues se le impura un daño a título de falla del servicio, desconociendo el alcance del contrato de concesión No 003 de 2006, cuyo objeto es la realización por cuenta y riesgo del concesionario de los estudios, diseños definitivos, gestión predial, etc, del proyecto vial “Rumichaca –PastoChachagüi – Aeropuerto RPCHA” proyecto que en un principio no comprendía la variante que ya estaba a cargo del INVIAS con anterioridad, y que conforme al Apéndice Técnico F relativo a la Gestión Predial, correspondía al Concesionario la enajenación voluntaria como la expropiación judicial de los predios cuya adquisición se requiere para la realización del proyecto, por tanto y de acuerdo a lo pactado en el negocio jurídico, es el contratista y no el Estado el llamado a responder por la valoración y pago de las adquisiciones prediales a terceros. 9 (fls 674 a 680 c. Consejo de Estado) 14 Radicación No 52.377 (2010-00049-01)

Acción: Reparación Directa

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 PROBLEMA JURIDICO Para resolver los cuestionamientos de los recurrentes, corresponde absolver en su orden los siguientes problemas jurídicos (i) Régimen de responsabilidad aplicable cuando se trata de eventos de ocupación de bien inmueble por razón de la construcción de una obra pública (ii) Si la acción

interpuesta se encuentra afectada del fenómeno de la caducidad, sólo en caso negativo (iii) Establecer si el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la Agencia Nacional de InfraestructuraANI ( antes INCO) y la sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A – DEVINAR, se encuentran llamadas o no a responder por la ocupación de los inmueble de propiedad de los actores, por razón de la ejecución del “proyecto de la carretera Rumichaca - Pasto – Chachagüi – Aeropuerto Variante de Ipiales” 2.2 En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, cuando la causa del daño surge de la ocupación de un inmueble por causa de trabajos públicos, el Consejo de Estado10ha preciado que es el objetivo: “En asuntos en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que no tienen por qué asumir los administrados. (…) 10 Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2014, El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de 1 de octubre de 2014, Ex Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014) Expediente: 25000232600020020034301 (33767)

15 Radicación No 52.377 (2010-00049-01) Acción: Reparación Directa Al respecto, es preciso advertir que el juez de lo contencioso administrativo ha considerado que hay lugar al surgimiento de la responsabilidad de la Administración en aquellos eventos en los cuales han quedado evidenciadas situaciones relacionadas con la ocupación parcial o permanente de bienes inmuebles por causa de trabajos públicos, en cuanto concurran los siguientes elementos: “i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado. “Y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado. “El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima”. (Resaltado y subrayado ajeno al texto original) 2.3 Con relación al término de caducidad de la