PGN - ACCION DE REPETICION - Caduca a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fech

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se acreditaron los elementos estructurales referidos a como fue el pago y con él el daño causado a la entidad ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición y alcances Está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. CADUCIDAD-Normas a tener en cuenta cuando los hechos fueron antes de la entrada en vigencia de la ley 678 de 2001/ CADUCIDAD-En el presente caso no operó tornándose procedente la acción de repetición incoada. Al estudiar los medios de prueba allegados al proceso, se puede apreciar que los hechos generadores del daño antijurídico que aquí se pretende resarcir, acaecieron el 5 de junio de 1997 fecha en la que el agente de Policía, con el arma de dotación oficial y en servicio activo le causó heridas al señor, las cuales le produjeron la muerte; por lo que puede apreciarse sin asomo de dudas, que estos sucesos se presentaron con anterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Dicha circunstancia da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política, artículo 90, artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y artículo 63 del Código

Civil al distinguir las especies de culpa y dolo. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Caduca a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública/CADUCIDAD-Forma de contabilizar el plazo/CADUCIDAD-Se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial En efecto, el artículo 11 de la ley 678 de 2001, dispuso en relación con el plazo de caducidad de la acción de repetición lo siguiente: …Al hacer el estudio de constitucionalidad de la precitada norma, la Corte Constitucional, al pronunciarse respecto de la manera en que debía calcularse el anterior término de caducidad de la acción de repetición, dijo que no sólo se tomará el plazo de dos años contados a partir del pago, ya que impuso una condición adicional para contabilizar dicho término de caducidad, al tomar en cuenta lo establecido en el artículo 177 del C.C.A., vigente para la época así: … Como en el presente caso, según la demandante, el pago total de la obligación contenida en la sentencia se realizó el 11 de diciembre de 2008, conforme lo dicho en precedencia, el término de caducidad de dos años para incoar la pretensión de repetición, inició el día siguiente, es decir, el 12 de diciembre de 2008. De esta forma, si contabilizamos los dos años desde el 12 de diciembre de 2008, nos llevan a concluir que dicho plazo se vencía el 12 de diciembre de 2010. Como el demandante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la

Procuraduría General de la Nación el día 23 de noviembre de 2010, y el 25 de enero ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional de 2011 le fue entregada la certificación de agotamiento del requisito de procedibilidad por dicha entidad, fuerza concluir que durante ese lapso el término caducidad estuvo suspendido, por tal razón, el termino de caducidad se amplió automáticamente del 12 de diciembre de 2010 al 15 de febrero de 2011.

En ese orden de ideas, como la demanda fue radicada el 1 de febrero de 2011, huelga concluir que en el presente caso la acción se inició en término, por lo que no hay lugar a la declaratoria de caducidad de la pretensión, y por ello se debe entrar a resolver de fondo las pretensiones. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos ACCIÓN DE REPETICIÓN-Existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente. Este primer presupuesto se encuentra satisfecho en el sub examine, dado que en el proceso se probó que mediante providencia proferida el 11 de junio de 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia resolvió declarar responsable a la Nación – Ministerio de la DefensaPolicía Nacional, de la muerte del señor, muerto en hechos constitutivos de una falla en el servicio de la entidad pública demandada.

(Fls 16 a 24 c. No 1) ACCIÓN DE REPETICIÓN-Calidad de los demandados como agentes o ex agentes del Estado. Este prepuesto también se encuentra acreditado en el proceso, comoquiera que la Policía Nacional aportó el acta de posesión No. 217 del 31 de agosto de 1996, mediante la cual el señor se posesionó como carabinero de la Policía Nacional ( fl 84). ACCIÓN DE REPETICIÓN-Pago de la indemnización por parte de la entidad pública/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se debe demostrar cómo se realizó el pago teniendo como base las formas de extinción de las obligaciones/ ACCIÓN DE REPETICIÓNJurisprudencia del Consejo de Estado /ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para probar el pago de las obligaciones se requería de demostración documental proveniente del acreedor. …Para esta Delegada, no le asiste razón al apelante cuando alega que el daño padecido por la entidad demandante se encuentra demostrado, con la certificación, porque la certificación de pago expedida por la Tesorería Nacional de la Policía Nacional, de fecha 30 de abril de 2015 allegada al expediente, no puede ser tenida en cuenta como prueba; porque la ley 1437 de 2011 artículo 142, que la erigió

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IUS 2016-323872 2 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727)

Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional

como prueba solemne para demostrar el pago (daño), no existía para la fecha en que sucedieron los hechos -5 de junio de 1997y como no fue consagrada su aplicación retroactiva, no puede ser aplicada al caso que nos ocupa, de aplicarse sería un acto violatorio del debido proceso del aquí demandado. Y porque si el fundamento de los juicios de repetición es el de obtener el reembolso de la suma de dinero pagada a un tercero, es evidente que se debe partir de la existencia de una deuda cierta ya satisfecha; y si el pago, en términos del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega (artículo 1757 mismo código); conforme la ley procesal civil vigente para la época, para probar el pago de las obligaciones se requería de demostración documental proveniente del acreedor. En el comprobante de egreso No. 1500013938 del 12 de diciembre de 2008, mediante el cual se ordenó el pago de $395.872.249.59, valor neto después de los descuentos de ley, a favor de… apoderado de los demandantes en el proceso judicial de reparación directa, no aparece constancia de notificación a los beneficiarios, y lo que es menos en el documento denominado resúmenes órdenes de pago – Retencionesde la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional obrante en el folio 77 del CNo 1, no aparece la firma del beneficiario o beneficiarios del pago ni su número de identificación, por lo que no puede tenerse por extinguida la obligación y con ella la demostración del daño. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No obra documento alguno que demuestre el

recibo de la totalidad del valor de la indemnización que les correspondiera Tampoco obra prueba dentro del expediente, que los beneficiarios -o su apoderadohayan expedido recibo, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre el recibo de la totalidad del valor de la indemnización que les correspondiera, o realizado una declaración o manifestación en el sentido de que realmente le fueron cancelados los valores a que hace referencia el acto administrativo. Luego para ésta Delegada, no es suficiente que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza acerca de la extinción de la obligación. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se demostró en debida forma la extinción de la obligación/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se demuestran son los trámites administrativos para efectuar los desembolsos de una suma de dinero con cargo al presupuesto de la entidad/ ACCIÓN DE REPETICIÓN-La resolución por la cual se ordena el pago de una sentencia condenatoria y la certificación de Tesorería no demuestran por sí solas el cumplimiento efectivo y total de la obligación Para éste Ministerio Público la Resolución No 1283 del 4 de diciembre de 2008, con la que pretende dar por satisfecho el pago de la obligación y con él, la demostración del daño la demandante; tal como lo ha señalado el Consejo de

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IUS 2016-323872 3 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional Estado en sus reiteradas decisiones carece de la virtualidad suficiente para acreditar la extinción de la obligación -pago-, pues únicamente lo que demuestra son los trámites administrativos para efectuar los desembolsos de una suma de dinero con cargo al presupuesto de la entidad, pero no permite colegir que efectivamente el pago se haya producido a favor del beneficiario y que la entidad se encuentre a paz y salvo, por tal concepto.

Lo anterior tiene respaldo en lo afirmado por el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 2011, cuando dijo que la resolución por la cual se ordena el pago de una sentencia condenatoria y la certificación de Tesorería no demuestran por sí solas el cumplimiento efectivo y total de la obligación, …Y en sentencia del 13 de junio de 2011, recalcó que la resolución que ordena cumplir una sentencia condenatoria o una conciliación y la orden de pago o egreso no son prueba per se del pago efectivo de la suma de dinero adeudada al beneficiario Fluye de lo expuesto que los documentos aportados no constituyen pruebas idóneas con las cuales se pueda deducir que existió el pago efectivo y total de una obligación a cargo de la Policía Nacional y con ella la demostración del daño solicitado en indemnización. Y ante esta evidencia procesal, sin más, no queda menos que concluir que ante la falta de por lo menos uno de los elementos estructuradores de la pretensión de

repetición fuerza concluir que la demanda no está llamada a prosperar.

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Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727)

Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional

Bogotá, D. C., 2 de septiembre de 2016 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 16-158

Expediente: 050012331000201100246-01 (55.727)

Demandante: La Nación – Ministerio de la DefensaPolicía Nacional.

Demandado: Hugo Javier Suaza Duque Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H.

Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual, esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES  La Demanda La Nación –Ministerio de Defensa Policía Nacional, presentó demanda de acción de repetición1 en contra de HUGO JAVIER DUQUE SUAZA, con miras a que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1 Demanda presentada el 1 de febrero de 2011

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IUS 2016-323872 5 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional “(…) Primera. Para que el señor CB HUGO JAVIER SUAZA DUQUE, reconozca y pague a la Nación Policía Nacional, el valor pagado por la suma de (4355.380.071,00), de fecha 11 de junio de 2008, con la indexación correspondiente, con base en los índices del precio al consumidor que correspondan a la fecha en la que se efectuó el pago a la demandante por la entidad que representó, por concepto del pago de la Sentencia Condenatoria de fecha 11 de junio de 2008, de primera instancia, proferida por la Sala Quinta de la Dra Beatriz Helena Jaramillo, dentro del expediente radicado No 050012331000-199801894-00, demandantes Natalia Eugenia Restrepo y otros de fecha 11 de junio de 2008.

El señor Suaza Duque Hugo Javier, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como patrullero adscrito al Departamento de Policía de Antioquia asignado a la Estación de Policía de San Pedro de los Milagros, donde cumplía funciones de vigilancia en el sector comercial y sector Bancario de la localidad, quien además actuó de manera irregular, irresponsable, abusiva, valiéndose de su arma de dotación con la que le

ocasionara posteriormente la muerte al señor Jorge Alberto Betancourt MC. Ewen.”  La Contestación En vista de que no fue posible notificar personalmente al demandado Hugo Javier Suaza Duque, previo emplazamiento se le designó un curador ad-litem quien contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones, argumentando frente a los hechos que se atiene a lo que se pruebe y que existe caducidad de la acción de repetición.  Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 12 de Agosto de 2015, declaró la caducidad de la acción de repetición interpuesta por La Nación – Ministerio de la Defensa-Policía Nacional, por lo que en consecuencia resolvió negar las súplicas de la demanda. Al respecto, el Tribunal sostuvo, lo siguiente: “(…) Bajo esta óptica se tiene que la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional, allegó comprobante de egreso No 1500013938 suscrito por el Tesorero de la Policía nacional DRAF DIR. ADTIVA y FCIERA ( Fl 32)

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IUS 2016-323872 6 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional en el cual se consigna que el pago se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2008, y presentó solicitud de conciliación prejudicial el día 23 de

noviembre de 2010, es decir, restándole 19 días para el vencimiento del término estipulado para el ejercicio de la acción, que venía el 13 de diciembre de 2010; posteriormente el Ministerio Público expidió constancia de la diligencia llevada a cabo ante su despacho el día 25 de enero de 2011( Fl 8), razón por la cual se inició el nuevamente el conteo del término el día 26 del mismo mes y año, con lo que se advierte que plazo máximo para interponer la acción de repetición era el 14 de febrero de 2011, el cual corresponde al día hábil siguiente al cumplimiento de los 19 días que había quedado suspendido el término de caducidad para el ejercicio de la acción, sin embargo, la demanda solo fue instaurada hasta el 07 de abril de 2011 ( Fl 6), hallándose claramente precluido el término que tenía para ejercer oportunamente la acción. Por lo expuesto, salta de bulto para esta Corporación que en el sublite operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, toda vez que se impetró pasados los 2 años que establece la ley para tal efecto; incluso si se tiene en cuenta la suspensión del término, debido al trámite de la conciliación prejudicial, tal y como se analizó. De ahí entonces que ante la imperiosa necesidad de preservar la seguridad jurídica, pues no es dable dejar indefinidamente la resolución de un conflicto jurídico o peor aún someterlo al arbitrio de las partes para ejercer una acción judicial, éste Tribunal se ve obligado a inhibirse para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda al encontrar

probada la excepción de caducidad de la acción, por las razones anotadas en este proveído. En mérito de lo expuesto el Tribunal Falla Primero Declárese probada la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva”  La apelación Inconforme con la sentencia de primera instancia, la Policía Nacional interpuso el recurso de apelación con el fin de que sea revocada, ya que la causal de caducidad no existe, porque la demanda fue radicada en tiempo, esto es, el 1 de febrero de 2011 en la ventanilla Única de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, y no el 07 de abril de 2011, como afirma el a quo. Que tampoco puede tomarse como fecha de presentación de la demanda, la fecha en que se hizo el ingreso del proceso al sistema-17

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IUS 2016-323872 7 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional de febrero de 2011, porque la presentación se hizo desde el 1 de febrero de 2011.

Que si bien el Despacho se abstiene de pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda, donde precisa que con los documentos aportados como comprobantes de egreso no se comprueba la efectividad del pago, expone que al proceso se allegó certificación emitida por el Tesorero General de la Policía Nacional, donde consta la

suma de dinero pagada al beneficiario mediante consignación efectuada a través de su apoderado judicial, razón para que sea considerada plena prueba, con la cual se acredita el pago. Y que el señor Suaza Duque actuó dentro del servicio y en ejercicio de sus funciones, pero es quien decide actuar de manera personal por fuera de los protocolos establecidos por la Institución frente al manejo de las armas de dotación, así como de las normas que consagran el artículo 2 de la Constitución Política, que por tanto es viable predicar que se reúnen los elementos objetivos y subjetivos propios de la acción de repetición en contra del señor Hugo Javier Suaza Duque. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿En la presente demanda de repetición ha operado el fenómeno de la caducidad, o por el contrario, la acción de la referencia fue incoada en tiempo? ¿Se encuentran acreditados los elementos estructuradores de la acción de repetición en contra del demandado Javier Suaza Duque?

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IUS 2016-323872 8 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727)

Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional ANÁLISIS JURÍDICO La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de

un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. Los hechos que dieron lugar a la condena impuesta a la Nación – Rama Judicial se relataron en el escrito de demanda, en la siguiente manera: “(…) 1.- El día 5 de junio de 1997, a las 4. 30 p.m., el señor Jorge Alberto Betancourt McEwen, se encontraba conduciendo una volqueta llegó al lleno de la fábrica de vinos provica y disminuyó la velocidad para evadir una motocicleta de placas YKD-6, manejada por el señor Hugo Javier Suaza Duque, agente de la Policía asignado a la subestación de Policía de San Pedro de Los Milagros, quien le obstaculizaba el paso, el Uniformado persiguió a Jorge Alberto Betancourt Mc Ewen y al alcanzarlo junto al sitio donde el señor Betancourt iba a descargar la tierra que llevaba, comenzó a disparar el arma de dotación oficial que portaba, causándole la muerte. Sobre la caducidad de la Acción Al estudiar los medios de prueba allegados al proceso, se puede apreciar que los hechos generadores del daño antijurídico que aquí se pretende resarcir, acaecieron el 5 de junio de 1997 fecha en la que el agente de Policía Hugo Javier Suaza Duque, con el arma de dotación oficial y en servicio activo le causó heridas al señor Jorge Alberto Betancourt, las cuales le produjeron la muerte; por lo que puede apreciarse sin asomo de dudas, que estos sucesos se presentaron con

anterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de

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Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional la Ley 678 de 20012. Dicha circunstancia da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política, artículo 903, artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo4, y artículo 63 del Código Civil al distinguir las especies de culpa y dolo5.

Sea lo primero decir, que esta Agencia del Ministerio Público no comparte el criterio del fallador de primera instancia, en el sentido de declarar la caducidad de la presente acción, pues no es cierto tener por fecha de presentación de la demanda el 7 de abril de 2011, ya que esta fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 1 de febrero de 2011 como aparece demostrado en el Folio 126, amén de haberse suspendido también el término de caducidad, por virtud de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General el 23 de noviembre de 2008, al 25 de enero de 2011, cuando fue entregada la constancia por parte del Ministerio Público, esto es, por espacio de dos meses y dos días. En efecto, el artículo 11 de la ley 678 de 2001, dispuso en relación

con el plazo de caducidad de la acción de repetición lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad 2 Publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001. Artículo 31. “VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.” 3 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 4 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 5 define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale a dolo. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

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Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional pública.

Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas.(…)” Al hacer el estudio de constitucionalidad de la precitada norma, la Corte Constitucional, al pronunciarse respecto de la manera en que debía calcularse el anterior término de caducidad de la acción de repetición, dijo que no sólo se tomará el plazo de dos años contados a partir del pago, ya que impuso una condición adicional para contabilizar dicho término de caducidad, al tomar en cuenta lo establecido en el artículo 177 del C.C.A., vigente para la época así: “(…) La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual,

cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia. La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.

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Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional En lo concerniente a la acción de repetición, la caducidad, aparte de las características y elementos antes anotados, tiene como propósito fundamental propender por la eficiencia de la administración, al señalarle un plazo perentorio para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar a sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro de los pagos que haya debido realizar como resultado de su conducta dolosa o gravemente culposa.

(….) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (negrillas y subrayado no son del original)6 En el mismo sentido, dijo también la Corte Constitucional: “(…) Ahora bien, como lo señalan los intervinientes y la vista fiscal en sus escritos, esta Corporación en la Sentencia C-832 de 2001 con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión "contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad La Parte resolutiva de la Sentencia al respecto señaló : "Declarar EXEQUIBLE la expresión "contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso

Administrativo., contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En la medida en que idéntica expresión se encuentra contenida en el primer inciso del artículo 11 de la ley 678 de 2001 atacada 6 Sentencia C-832/01 - Referencia: expediente D-3388 - Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de

1998. - Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL - Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil uno

(2001)

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Expediente: 0500123310002011-00246-01 (55727) Demandante: La Nación – Ministerio de Justicia – Policía Nacional Artículo 11.- Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimi