PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Jurisprudencia del consejo de estado sobre título de imputación

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre título de imputación de responsabilidad ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Cómputo del término de caducidad según regulación legal y según jurisprudencia Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En el presente caso no operó la caducidad/CADUCIDAD DE LA ACCION-Se interrumpió con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial Mediante providencia No. 015 proferida el 27 de julio de 2010 el Juzgado Quinto Penal del Circuito absuelve a… decisión que quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2010, según constancia expedida por el secretario del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali – Valle .El 5 de septiembre de 2012 fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación, es decir 2 días antes de que se cumpliera el término de caducidad. La constancia de no acuerdo fue expedida el 21 de noviembre de 2012.La demanda fue presentada el 22 de noviembre de 2012, cuando aún no estaba caducada la acción. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Daño antijurídico consistente en la privación injusta de la libertad PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD-Imputación de responsabilidad objetiva/RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Deber de la Fiscalía de responder por el daño antijurídico ocasionado … fue liberado de responsabilidad penal porque la conducta nunca existió, razón

por la cual opera título de imputación de responsabilidad objetivo y por tanto es impertinente evaluar la legalidad de las decisiones que afectaron la libertad.Basta lo anterior para concluir que la Nación - Fiscalía General de la Naciónes responsable tanto administrativa como patrimonialmente por la privación injusta de la libertad a que fue sometido… el 4 de mayo de 2006 al 16 de marzo de 2009. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Para reclamar indemnización de perjuicios LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Se encuentran facultados para reclamar perjuicios madre, hijos y hermanos de la víctima directa

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado PERJUICIOS MORALES-Se reconocen con la acreditación del parentesco ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente En concepto del Ministerio Público también es procedente mantener la condena de la indemnización por concepto de daño emergente correspondiente al pago de los honorarios que hizo al abogado que defendió al señor… con la observación de que el cálculo de su cuantía debe actualizarse hasta la fecha en que se emita la providencia que resuelva esta instancia, puesto que fue debidamente acreditado el pago. Como el apelante único es la entidad demandada y condenada, no es

pertinente hacer ningún análisis sobre las demás pretensiones indemnizatorias que fueron denegados en la sentencia recurrida. De conformidad con la argumentación expuesta, en concepto del Ministerio Público considera que el fallo recurrido se debe confirmar, pero actualizado el valor a pagar por concepto de daño emergente, de conformidad con lo expuesto en este concepto

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01)

.PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 128/2014

Bogotá D.C, 24 de junio de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ E.S.D.

REFERENCIA: EXP. 50.402 (760012331000201200555 01)

ACTOR: Javier Alonso del Divino Niño Jesús López Solis y Otros DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la NaciónASUNTO: Acción de Reparación Directa El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 22 de noviembre de 2012 (fls. 633 a 696 c. principal

1A) JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS (víctima

directa), ALBA MARINA SOLIS DE LÓPEZ (madre), MARIA CRISTINA CIRO

SALAZAR (cónyuge), JOHANNA y JAVIER ALEXANDER LÓPEZ CIRO

(hijos), ALBERTO, FERNANDO JOSÉ, MARIA EUGENIA y ROSA MERCEDES LÓPEZ SOLIS y ANA MILENA LÓPEZ DE CORSO y ALBA LUCIA LÓPEZ DE ZAPATA, demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación a efectos de que se les declare responsables de los daños ocasionados a los demandantes por la privación injusta de la libertad que padeció JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS desde el 4 de mayo de 2006 al 16 de marzo de 2009. 1.2 Contestación de la demanda:

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) La Fiscalía General de la Nación. (fls. 729 a 736 c. principal 1A). Se opone a las pretensiones, alega que se puede observar claramente que la medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de lavado de activos obedeció a razones jurídicamente entendibles en ese momento determinado, pues se ajustaba a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley, mas no a una actuación indebida por una desfasada subsunción de la realidad fáctica o a una grosera utilización de la normatividad jurídica. La

Fiscalía se pronunció jurídicamente, de acuerdo con la naturaleza del hecho investigado, las pruebas aportadas hasta ese momento, el origen de la acusación, y con la observancia de los criterios fijados por la ley. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 784 al 808 c. del Consejo de Estado1) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por los daños antijurídicos ocasionados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS, y condenó al pago de: (i) perjuicios morales: JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS (víctima directa) 90 S.M.L.MV., a ALBA MARINA SOLIS DE LÓPEZ (madre) 90 S.M.L.MV., a MARIA CRISTINA CIRO SALAZAR (cónyuge) 90

S.M.L.MV., a JOHANNA y JAVIER ALEXANDER LÓPEZ CIRO (hijos) 90

S.M.L.MV., a ALBERTO, FERNANDO JOSÉ, MARÍA EUGENIA y ROSA MERCEDES LÓPEZ SOLIS (hermanos) 40 S.M.L.MV. para cada uno.

(i) perjuicios materiales. A favor de JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLILS la suma de $61’461.300.oo en la modalidad de daño emergente. El a quo denegó las demás pretensiones. 1.4. La apelación:

La Fiscalía General de la Nación. (fl. 864 a 871 c. del Consejo de Estado). Solicita se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva a la Nación – Fiscalía General de la Nación. Alegando que la detención fue legítima y que existe ausencia de falla en el servicio de administrar justicia o de error judicial. La medida de aseguramiento contra el señor LÓPEZ SOLILS no puede tildarse de injusta, pues estuvo fundada en pruebas que fueron legalmente 1 Sentencia de 25 de septiembre de 2013

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) aportadas a la investigación, con ella no se vulneró ningún derecho fundamental, ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma que prevé la ley penal, como quiera que existían indicios graves de responsabilidad penal en los hechos de investigados. Que no habiendo incurrido en procedimiento ilegal alguno, el sindicado tenía el deber jurídico de soportar la investigación penal que se debía adelantar y por ende el daño o perjuicio que pudo sufrir por esta vinculación a la investigación penal no tiene el carácter de daño antijurídico.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 PROBLEMA JURÍDICO: Consiste en determinar si se configura los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que padeció JAVIER ALONSO

DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS desde el 4 de mayo de 2006 al 16 de marzo de 2009. 2.2. PRECEDENTE. Sobre imputación de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad. Recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera unificó jurisprudencia sobre la imputación de responsabilidad patrimonial en los casos de privación injusta de la libertad mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 23354, que por su pertinencia se cita in extenso: 2.3 Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente. 2.3.1 La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la materia. […] La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19912; en 2 (Pie de página de la cita) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente:

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efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente3. […] En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo4, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa5. Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se

abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento6–. […] 2.3.2 La responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual se somete a la persona cuya exoneración de responsabilidad penal se produce en aplicación del principio in dubio pro reo . Durante los últimos años la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha efectuado importantes desarrollos jurisprudenciales que evidencian una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, a supuestos en los cuales una persona se ve privada de la libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal y posteriormente resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, particularmente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado; en ese sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de diciembre de 2006, en la cual se expresó que aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá

demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. 3 (Pie de página de la cita) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. No. 15.463. 4 (Pie de página de la cita) Sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606. 5 (Pie de página de la cita) Sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11.413. 6 (Pie de página de la cita) Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le irroga, “[Y] esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ¾ex

post¾ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”7. […] b. En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia ─equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala─ a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado ─previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional─ con los de la responsabilidad personal de sus agentes ─consagrados en el inciso segundo ídem─, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos. […] h. En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances

que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio

privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el 7 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de

2006. Proceso: 25000-23-26-000-1994-09817-01, expediente: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros. Demandado: NaciónMinisterio de Justicia.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional. 2.3. CASO CONCRETO: 2.3.1. Caducidad de la Acción: El artículo 164 numeral 2 literal i) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años. La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción en los casos de privación injusta de la libertad se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera

de responsabilidad. Mediante providencia No. 015 proferida el 27 de julio de 2010 el Juzgado Quinto Penal del Circuito absuelve a JAVIER ALFONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS (fls. 400 al 474 c. principal 1A), decisión que quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2010, según constancia expedida por el secretario del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali – Valle. (fls. 475 c. principal 1A). El 5 de septiembre de 2012 fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación (fl. 624 al 632 c. principal 1A), es decir 2 días antes de que se cumpliera el término de caducidad. La constancia de no acuerdo fue expedida el 21 de noviembre de 2012 (fls. 631 y 632 C. 1A). La demanda fue presentada el 22 de noviembre de 2012 (fl. 633 al 696 c. principal 1A), cuando aún no estaba caducada la acción. 2.3.2 DEL DAÑO: El Auxiliar Judicial del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, informa que JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO JESUS LOPEZ SOLIS estuvo privado de la libertad desde la etapa instructiva el 4 de mayo de 2006, fecha en la cual fue capturado, hasta la etapa de juzgamiento cuando se dictó por dicho Despacho Judicial el Interlocutorio No. 008 del 16 de marzo de 2009. (fls.374 c. 1A).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.: 12056 FAX: 12094 Expediente No. 50.402 (760012331000201200555 01) La Fiscalía Décima Especializada de la Unidad para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, el 18 de mayo de 2006 resolvió situación jurídica profiriendo medida de aseguramiento de detención preventiva por lavado de activos, agravado por ser representante legal de la empresa utilizada para el lavado de activos. (fls. 45 al 166 c. principal 1) El 5 de junio de 2006 la Fiscalía Décima– Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, sustituye la medida de aseguramiento por la detención domiciliaria. (fls. 168 a 182 del c. principal 1). El 25 de abril de 2007, la Fiscalía Décima Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, califica el mérito del sumario profiriendo en consecuencia resolución de acusación por el delito de lavado de activos. (fls. 1 a 3 - 341 C. 1) El 16 de marzo de 2009, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali decide revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva y concede la libertad, debiendo los beneficiados suscribir acta en la que se comprometan a presentarse ante ese Juzgado cuando así se le solicite. (fls. 386 a 398 c. principal 1A).

2.2.3. DE LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO.

Al proceso fueron allegadas copias de la actuación penal. Mediante providencia del 27 de julio de 2010, el Juzgado Quinto Penal Especializado, absuelve de responsabilidad a JAVIER ALONSO DEL DIVINO NIÑO LÓPEZ SOLIS, basado en los siguientes argumentos: (fls. 400 a 474 c. principal 1A). “Las anteriores exposiciones recogen las valoraciones fácticas y jurídicas efectuadas por el funcionario fiscal en la resolución de acusación mediante la cual se llamó a público juicio a la pluralidad de inculpados, sin embargo, la instancia indicará por más que efectúe juicios calificativos no encuentra a través de qué medio probatorio los acusados deben ser declarados penalmente responsables por el delito de lavado de activos, respecto de la sustentación de los hechos se tiene que han sido bien recopilados, pues ciertamente narran la ocurrencia de varias acciones aparentemente ilícitas, respecto del blanqueo de capital, pero el ente acusador no logra determinar a través de qué medio probatorio los procesados lograron consciente y voluntariamente participar de manera individual o colectiva en la acción penal, notándose que en el pliego de cargos se hacen señalamientos genéricos, abstractos e imprecisos en ocasiones, los cuales pueden ser estimados como suposiciones o especulaciones carentes de respaldo probatorio, sin

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(760012331000201200555 01) que refleje la certeza de la existencia del comportamiento y mucho menos convicción sobre la responsabilidad del conjunto de personas llamadas a juicio. Aconteciendo que le corresponde al Estado, en cabeza de los funcionarios judiciales, probar que a quien se acusa de este delito conocía y quería la realización de hechos atentatorios contra la seguridad pública y que el bien jurídicamente tutelado estuvo en peligro, pero si se acusa y se condena sin probar o demostrar cuál era la acción típica que quería realizar el agente y sin demostrarse el peligro efectivo y real sobre el bien jurídicamente protegido, sencillamente estimamos que se estaría prescindiendo del elemento esencial de la tipicidad, acudiendo a criterios quizás ligados con un derecho penal de autor o de enemigo, más no a criterios seguros y razonables pilares del derecho penal, tales como la estricta legalidad y el de la culpabilidad, en consecuencia ningún fallador podrá emitir sanción por ningún punible sino se cumplen a cabalidad las siguientes exigencias, la demostración de la existencia del comportamiento y la comprobación de la responsabilidad de los acusados (…) Continuando con la valoración de cada uno de los casos, nos encontramos frente a la situación jurídica particular de los señores JAVIER ALFONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS y CRISTIAN RAMÍREZ PONTÓN, y efectuándose un examen detallado no solamente del material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, sino conocida la sindicación debemos resaltar que nuevamente estas

personas han sido investigadas por el simples (sic) de ser giradores de unos cheques que por razón de actos de sus beneficiarios fueron a parar a manos de un lavador de activos; caso en el cual como lo hemos venido reiterando los giradores no tendrían ninguna responsabilidad penal por dicha acción. Se documenta similar escenario que en los demás casos, determinándose que estos títulos fueron emitidos por los señores JAVIER ALFONSO DEL DIVINO NIÑO JESÚS LÓPEZ SOLIS y CRISTIAN RAMÍREZ PONTÓN, razón de negociaciones celebradas como socios de la firma IMPORPARTES LIMITADA, empresa cuya existencia real se acreditó con el correspondiente certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Cali, explicándose los motivos y las razones por las cuales se giraron los cheques con los cuales se cancelaron obligaciones a nombre de los señores JAIME JIMÉNEZ, EDUARDO MURILLO, CARLOS ESTRADA, ADOLFO CASTRO y GUSTAVO RODRIGUEZ, resultando necesario que los beneficiarios de los cheques debieron ser citados por la Fiscalía General de la Nación explicar el por qué estos títulos valores fueron a parar a las cuentas del señor BERNARDO MARTÍNEZ ROMERO y en condiciones de endoso diferentes a las originalmente previsibles y previstas por sus giradores. (…) Tan evidente fue el error de la Fiscalía que optó por el camino más fácil vinculando, dictando pliego de cargo y lo que es peor solicitar fallo de condena a los representantes

de IMPORDIESEL, señores CRISTIAN RAMÍREZ PONTÓN y JAVIER ALFONSO DEL

DIVINO NIÑO LÓPEZ SOLIS, por el solo hecho objetivo de haber girado los títulos valores anteriormente señalados, resultando imposible imputarles responsabilidad penal por el comportamiento de lavado de activos, no pudiéndose olvidar que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias generadoras por el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí. Siendo totalmente acertada la reflexión efectuada por el representante de la defensa en este sentido de si a las cuentas ilícitas del señor BERNARDO MARTÍNEZ ROMERO, entraron cheques de la GOBERNACIÓN DEL VALLE, EMCALI y hasta la POLICÍA NACIONAL, todas las personas por igual serían lavadores de activos, cayendo en la errónea y peligrosa interpretación judicial de la responsabilidad objetiva, por cierto proscrita del ordenamiento penal, ocurriendo en sentido lógico y coherente que todas esas personas incluso también los hoy enjuiciados son víctimas de la apariencia de un

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recaudo probatorio no están referidas a la paulatina construcción del in dubio pro reo, porque lo que se evidencia en el plenario es la total ausencia de prueba para una imputación que en realidad de verdad jamás existió, porque por más que buscamos no encontramos prueba demostrativa de responsabilidad, así las cosas, desde luego y por supuesto que el ente acusador incurrió en abierto falso juicio de existencia por suposición probatoria cuando en la resolución de acusación se dice que el llamamiento a juicio se sustenta en el informe otorgado por la Superintendencia Bancaria que según la Fiscalía se constituye en la piedra angular en la que se enmarca la responsabilidad del conglomerado llamado a juicio, desconociendo que se trata de un ejercicio de un derecho literal y autónomo que tuvieron todos cuentacorrientistas para girar los cheques, cubriendo obligaciones netas de la dinámica comercial que todos desarrollaban. (…) Así las cosas, nos abstenemos de privilegiar las reconstrucciones efectuadas por el ente acusador, debiéndose resaltar que la eficiente labor efectuada por todos los profesionales del derecho que al unísono indicaron a la instancia la no existencia de ninguna actividad ilícita y menos la responsabilidad de sus mandatario, debiéndose entender que la sindéresis judicial lo que busca es exhibir las pruebas acorde con su preciso texto literal y a partir de esa fidelidad exponer todas las posibles hipótesis de interpretación como es el deber de la judicatura, pues actuar diverso sería parcializar el análisis, forzando con disimulo a inclinar la cabeza, emitiendo una decisión de reproche

sin la comprobación real de la conducta que se endilga, lo que constituye toda una arbitrariedad, reiterándose que lejos está de demostrarse en este procesamiento la posible responsabilidad de los comprometidos en el delito de lavado de activos, No se puede privilegiar esa invención, por lo tanto no queda otra salida que la absolución plena para todos los hoy coprocesados, pues no se encontró