PGN - ACCION DE REPETICION - El propósito es trasladar el costo económico por condenas judiciales a

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Reparación de un daño antijurídico Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-El propósito es trasladar el costo económico por condenas judiciales a los servidores públicos No puede el Juez Contencioso olvidar la gravedad de la Acción de Repetición, en razón a que no es cualquier acción, se trata de una de rango constitucional según se desprende de la lectura del art. 90 de la carta Política. No puede pasar por alto que las formas no pueden sacrificar el derecho sustancial, tal como lo prescribe el art. 228 de la Constitución Política, además del deber de estaré a los dispositivos legales, como el art. 11 de la Ley 1395 de 2010

norma de carácter procedimental, de aplicación inmediata, que por su naturaleza es de orden público. Nótese que esta norma fue promulgada el 12 de julio de 2010, es decir un año, un mes y 18 días antes de que se profiriera el fallo objeto del recurso. Tampoco puede olvidar el Juez Contencioso Administrativo que el propósito de la acción de repetición es trasladar el costo económico que significó para el Estado por condenas judiciales, por las acciones y omisiones de los servidores públicos, Estas erogaciones contra el Tesoro Nacional, al final se originan en las contribuciones fiscales de los habitantes del territorio nacional, es decir que clama mayor responsabilidad en la decisión de la acción de repetición, la cual no puede erigirse solo en el cumplimiento de un requisito a cumplir por las entidades condenadas a fin de aludir responsabilidades disciplinarias. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos y presupuestos de la acción En el asunto sub examine, acorde con las pruebas aportadas al proceso, esta Delegada del Ministerio Público considera que sí se cumplieron con los requisitos y presupuestos de la acción, puesto que se acreditó en debida forma, la condena impuesta a la entidad demandada, el pago de las sumas fijadas en la respectiva providencia judicial, así como el dolo con que actuaron los funcionarios públicos, en este caso los policiales, en el desarrollo de los hechos que dieron origen a la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo cual se considera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, debe ser REVOCADA y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. Efectuado el análisis que antecede, esta Agencia del Ministerio Público solicita a ese alto

Tribunal, REVOCAR la sentencia de fecha primero (1) de septiembre de dos mil once (2011) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, objeto del presente recurso de apelación. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) CONCEPTO No. 160 / 2011

Bogotá, D.C 24 de mayo de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 660012331000200200068 -01 (42802) Acción de Repetición

ACTOR: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional DEMANDADO: Bladimir Mora Ospina y Otros Sentido del concepto: solicitud de revocar el fallo recurrido originado en el Tribunal Administrativo de Risaralda del primero de septiembre de 2011Acción De Repetición / Culpa Grave / aplicación Del Art. 11 de la Ley 1395 de 2010 / Gravedad de la Acción de repetición / Deberes de los jueces contenciosos Administrativo en la instrucción y decisión de la Acción de repetición / La acción de repetición no es solo para evitar responsabilidades disciplinarias de los funcionarios de las entidades del Estado condenadas /

La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes:

(fls.16 y s.s. C.1.) Los hechos que se indican en el proceso son los siguientes: El día 30 de enero de 1997, a las 4:40 de la mañana, se efectuó un operativo policial en la vereda cruces, finca el motor, jurisdicción del municipio de Balboa (Risaralda), en el que fueron muertos los particulares Ernesto Guerrero Ríos, Milciades Franco Mesa y José Gregario Rojas, quienes eran reconocidos como de alta peligrosidad (sicarios), al parecer estas personas en el momento del operativo utilizaron armas de fuego en contra de los uniformados. 1.2. Contestación de la Demanda

1.2.1. Demandado – Oliverio Antonio Acevedo Vanegas En su escrito de contestación (folios 43 a 51 C.1), el apoderado del señor Oliverio Antonio Acevedo Vanegas presentó contestación de la demanda. Señaló que respecto de los hechos ocurridos en los que resultaron unas personas muertas, como producto de un operativo policial en la fecha allí señalados, es cierto, pero que en ningún momento se establece comportamiento alguno, asumido 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) por el accionado en la ocurrencia de los hechos, y por lo tanto no se demuestra la culpa grave o dolo con que se haya actuado.

Propuso la siguiente excepción: Carencia o inexistencia de las formas de culpabilidad o uno de los requisitos, exigidos en la acción de repetición; el dolo o culpa grave. 1.2.2. Curador ad litem de los demás demandados El Curador ad litem nombrado para representar a los demás demandados dentro de la presente acción, presentó contestación de la demanda visible a folio 72 y s.s. del C. 1, donde señaló que en cuanto a los hechos no le consta tal afirmación y más aún cuando de los documentos o copias con las cuáles se dio traslado, no se infiere responsabilidad directa como resultado de una sentencia condenatoria que sirva de

fundamento a la acción de repetición que se ha instaurado.

Propuso la excepción de: Falta de fundamentos que demuestren con certeza la responsabilidad de los demandados. Se cimienta en que no existe prueba suficiente que demuestre que los demandados son directamente responsables de los hechos que se le endilgan. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del primero (1ro.) de septiembre de 2011, declaró negar las pretensiones de la demanda. El fallo proferido se fundamentó principalmente en los siguientes:  Consideró en Tribunal Administrativo de Risaralda que la entidad demandante en

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) esta clase de acciones tiene la carga de probar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, pues este constituye el presupuesto para iniciarla. Señaló que en el caso concreto, no se encuentra en el plenario prueba que acredite que la entidad realizó el pago total y efectivo de la condena impuesta, toda vez que revisado el expediente se encontró lo siguiente:  Copia auténtica de la Resolución No. 04790 del 31 de diciembre de 1999 por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Juan Genaro

Guerrero y otros, y se dispone el pago de las sumas estipuladas en la sentencia (fl. 5 Y s.s. C.1.)  Fotocopia del certificado de egresos de la Dirección Administrativa y Financiera en la que consta el pago de $113.375.808.38 a favor del señor Elicerio Salcedo Salazar (apoderado de los demandantes en la acción de reparación directa), con firma y huella (fl. 11 Cd. 1) Indica que de acuerdo al material probatorio, la entidad demandada anexó solo copia simple del comprobante de pago, a lo cual no es posible asignarle valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 254 del C.P.C. que recita: "Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: "1Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o de secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. "2Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. "3Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa." 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42802 (660012331000200200068-01)  Que por lo tanto, y con fundamento en el artículo 254 del C.P.C., la prueba aportada (certificado de egresos) no cumplen con los requisitos establecidos en la ley y por ende no se le pueden dar valor probatorio y en consecuencia no existe elemento probatorio que demuestre que la entidad demandante efectivamente haya realizado el pago a los demandados. 1.4. Recurso de Apelación – Institución Demandada Policía Nacional El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido de repetición - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 182 a 186 del cuaderno del Consejo de Estado): No compartió el argumento esgrimido por el Ad-quo sobre la ausencia de autenticación de los documentos que prueban el pago, puesto que se trata de una copia del comprobante de egreso que a la luz de la ley 1395 de 2010 Articulo 11, que modificó el inciso 4 del articulo 252 del Código de Procedimiento Civil. Señaló que si existe prueba del pago que obra a folio 11, decretada y validada por la misma Corporación por decreto de pruebas (folio 131 cuaderno 1), manifestando que "téngase como pruebas los documentos presentados con la demanda hasta donde ello proceda legalmente".

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Puede ser expresado en los siguientes términos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) ¿ Les asiste responsabilidad patrimonial a los señores Bladimir Mora Ospina, Javier Gaviria Arévalo, Carlos Never Galvis, Ferney Valencia Tobón, Julián de Jesús Tabares, Oliverio Acevedo Vanegas, Diego Javier Fernández, Jhon Jairo Colmenares, por haber actuado de manera dolosa o gravemente culposa al momento de realizar el operativo policial de fecha 30 de enero de 1997, donde resultaron muertos los señores Ernesto Guerrero Ríos, Milciades Franco Mesa y José Gregario Rojas, hechos por los que el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 26 de febrero de 1999, declarara responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Régimen de Responsabilidad aplicable Sobre el régimen de responsabilidad en la acción de repetición tenemos lo siguiente: El punto de partida que determina el régimen de responsabilidad aplicable al caso bajo estudio es la época en que se produjeron los hechos por los cuales se reclama la responsabilidad patrimonial los señores Bladimir Mora Ospina, Javier Gaviria

Arévalo, Carlos Never Galvis, Ferney Valencia Tobón, Julián de Jesús Tabares, Oliverio Acevedo Vanegas, Diego Javier Fernández, Jhon Jairo Colmenares, los cuales acaecieron el 30 de enero de 1997. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) Inicialmente, el Decreto 01 de 1984, actual Código Contencioso Administrativo, anterior a la Constitución Política de 1991, estableció en los artículos 77 y 78 que los funcionarios públicos serán "responsables de daños que causen por culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones". La Constitución Política en su artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, prescribiendo "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", pero a su vez, y consecuentemente establece el deber para el mismo que cuando esta reparación patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes debe repetir contra éste. El mandato Constitucional anterior fue desarrollado por la Ley 678 del 03 de agosto de 2001, "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". La referida ley establece que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena u otra forma de terminación de un conflicto, acción que es de obligatorio ejercicio para las entidades públicas cuando el daño causado por el Estado provenga igualmente de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. (arts. 2 y 4). Es de advertirse que para el momento en que ocurrieron los hechos, 30 de enero de 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) 1997, no se encontraba vigente la ley 678 de 2001, y en consecuencia, para establecer la responsabilidad patrimonial que se le atribuye a los señores Bladimir Mora Ospina, Javier Gaviria Arévalo, Carlos Never Galvis, Ferney Valencia Tobón, Julián de Jesús Tabares, Oliverio Acevedo Vanegas, Diego Javier Fernández, Jhon Jairo Colmenares, sólo son aplicables las normas anteriores al mencionado hecho, en este sentido el Honorable Consejo de Estado señaló lo siguiente:

"La Sala advierte que los hechos y actos debatidos en este proceso tuvieron lugar el 16 de marzo de 1984, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 y, por lo tanto, dicha normativa no es aplicable en los aspectos sustanciales a este caso. No obstante lo anterior, en materia procesal, el caso en estudio sí se puede analizar a la luz de la Ley 678 de 2001, por tratarse de normas de orden público y, por ende, de aplicación inmediata. Así lo ha explicado la Sala: "Estas situaciones pretéritas que son sometidas y susceptibles de conocimiento de la jurisdicción, tal y como ocurre en el presente evento son las que plantean un conflicto de leyes en el tiempo, derivadas del tránsito normativo (.. .). a) Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, son posteriores a la Vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter 'civil' que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en tomo a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 Y 90 de la Constitución Política). b) Si los hechos o

actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme a las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemniza torio a la víctima del daño. De otra parte, en cuanto a los aspectos procesales, es claro, que por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro y 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) con efecto general e inmediato, en aplicación de lo consagrado en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887 1 En aras de amparar el derecho fundamental al debido proceso se impone analizar la conducta desplegada por los demandados con fundamento en las normas vigentes para la fecha de los acontecimientos. Al respecto se ha manifestado el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo:

"En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño”2. Al respecto entonces el artículo 90 de la Constitución Política señala: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". Igualmente, se reitera los artículos 77 y 78 del C.C.A que establecen la responsabilidad de los funcionarios del Estado como consecuencia de los "daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones", estableciéndose que en caso de prosperidad de una eventual condena "la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere". 1 H. Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 20 de septiembre de 2007, rad. 25000-23-26-000-1999-00847-01 (26708), actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Bogotá, Acción de Repetición. 2 H. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, actor: Contraloría General de la República, rad. 11001-03-26-000-2003-00019-01 (24953), Acción de Repetición. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) Debe observarse cómo el precepto constitucional anteriormente citado establece unas condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, las que consisten en que el Estado haya sido condenado o se haya visto obligado a la reparación de un daño antijurídico, y que por ello haya pagado el perjuicio o indemnización impuesta en una condena. En repetidas oportunidades ha señalado el H. Consejo de Estado que son tres los elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público vinculado a través de demanda de Repetición 10, siendo ellos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas. b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria.

c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Así mismo, en sentencia del 27 de noviembre de 2006, Radicación número: 1100103-26-000-2002-00002-01 (22099) Demandante: Nación, Contraloría General de la Republica, Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló: Pago "La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial o en la conciliación, a través de prueba que generalmente 12 es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado l!" por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. De otra parte, cabe advertir que la Ley 678 de 2001, en desarrollo del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política3, reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, fijando, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto,

noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, como las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales de estas dos modalidades y en las que estaría incurso el funcionario, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos, asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución; así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Empero, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001 y del inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado, como se dijo, por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado4 3 El Artículo 90 de la C.P. es del siguiente tenor: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste."

4 A manera de ejemplo los artículos 63 y 2341 del Código Civil; artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; artículos 6, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; artículos 65 a 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso, la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones, que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. Se colige de lo anterior que, la Ley 678 del 2001, se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 20015, fecha de su entrada en vigencia, pues los ocurridos con antelación a dicha fecha y por ende, la responsabilidad del agente público se debe analizar conforme a la normativa anterior; y en lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es obligado concluir que se aplica

para los juicios de repetición en curso y pendientes a dicha fecha, incoados a la luz de la Ley 446 de 1998.6 2.2.2. Dolo o culpa grave Precisamente, en relación con la gradación de la culpa el artículo 63 del Código Civil establece que: 70 de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de Administración de Justicia"; artIculo 54 de la Ley 80 de 1993, derogado expresamente por el artIculo 30 de la Ley 678 de 2002; artlculos 31 y 44 numeral 9, 40 Y 42 de la Ley 446 de 1998. 5 Según Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 6 En relación con lo anteriormente expuesto por la Sala ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 31 de agosto de 2006, Expediente Rad. No. 17.482 Actor: Nación - Ministerio De Defensa Nacional - Ejército Nacional, Demandado: Manuel Jesús Guerrero Pasichana; y Expediente No. 28.448, Actor: Lotería La Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42802 (660012331000200200068-01) "ARTICULO 63. [CULPA Y DOLO]. La ley distingue tres especies de culpa o

descuido. "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. "Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. "El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. "Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro." De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una perso