PGN - ACCION DE REPETICION - Noción y alcance según la jurisprudencia del consejo de estado

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - ACCION DE REPETICION - Noción y alcance según la jurisprudencia del consejo de estado
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra el ministro y Secretario General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con ocasión de la condena de la entidad por la destitución del demandante del cargo de Técnico Administrativo ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término para interponerla ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos para su prosperidad ACCIÓN DE REPETICIÓN-Noción y alcance según la jurisprudencia del consejo de estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco constitucional ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco legal ACCIÓN DE REPETICIÓNNoción De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente. CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante probar los hechos en que se funda su pretensión DOCUMENTO PÚBLICO-Definición legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza y finalidad Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 020 / 2022 Bogotá D.C, 7 de marzo de 2022

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora: María Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 110010326000201700064-00 (59245)

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN – Ley 1437 de 2011

ACTOR: NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL

DEMANDADOS: ANDRÉS FELIPE ARIAS LEYVA Y JUAN DAVID ORTEGA ARROYAVE Sentido del concepto: solicitud de NEGAR las pretensiones de la demanda / Normatividad aplicable al medio de control impetrado, la vigente en la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado, Ley 678 de 2001 / Omisión de la carga de la prueba / Valoración conjunta de la pruebas para acreditar el daño y el pago de la condena a cargo del Estado / Insuficiencia de material probatorio para acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados / Improcedencia de tener como prueba en los juicios de repetición, la sentencia definitiva del proceso primigenio que declaró nulo un acto administrativo (precedente jurisprudencial del Consejo de Estado) El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, para decidir el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento y protección del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y

del Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda Mediante demanda presentada el 11 de mayo de 2017 (fis. 6-21 c. ppal), la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural-, por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c.

2 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ppal), presentó demanda de repetición en contra de los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables a título de dolo y/o culpa grave, por la suma de dinero que la entidad pagó con ocasión de la condena impuesta en la sentencia de 17 de julio de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Melquisedec Moreno Mosquera promovió con el fin de que se anularan los actos administrativos por medio de los cuales se le destituyó del cargo de Técnico Administrativo y, además, se le inhabilitó por 5 años para ejercer cargos y funciones públicas. Como consecuencia, la parte demandante pidió que se condenara a los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave a pagarle la suma de $266'992.019.oo. 1.2. Los hechos Se aducen en la demanda los siguientes:  El señor Melquisedec Moreno Mosquera laboró en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el 10 de enero de 1984 hasta el 31 de enero de 2008, quien se desempeñó en el cargo de Técnico Administrativo código 3124 grado 14.  Menciona que la desvinculación obedeció a una sanción impuesta de destitución por el

presunto robo de fotoceldas y fluxómetros de los sanitarios de las instalaciones de la entidad.  Por lo anterior se procedió a iniciar investigación disciplinaria en contra del señor Melquisedec Moreno Mosquera, mediante Auto del 6 de enero de 2006, se profirió pliego de cargos en el cual se le endilgó: “1. Incurrir en falta disciplinaria, apropiarse de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le confió.

1. Incumplimiento de deberes propios del cargo y funciones contenidas en los manuales y reglamentos e incumplimiento de las órdenes e instrucciones de sus superiores.

3 Exp No 110010326000201700064-00 (59245)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2. Suministro de dirección que no corresponde a su lugar de residencia”.  Posteriormente, el 27 de julio de 2007, se profirió sanción disciplinaria de primera instancia, en la que se declaró probada y no desvirtuados los cargos impuestos, ordenando la destitución al cargo del señor Melquisedec Moreno Mosquera, por conducta gravísima a título de dolo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años.  La anterior decisión fue apelada por el disciplinado, recurso que fue resuelto mediante auto del 31 de diciembre de 2007, que confirmó la sanción e inhabilidad impuesta en su contra.  Atendiendo lo anterior, el señor Melquisedec Moreno Mosquera acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa solicitando la declaración de la nulidad de las decisiones

adoptadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por ende que se ordenara su reintegro al cargo que venía ejerciendo, actuación judicial que se tramitó bajo el No 2012-078(0298-2012), mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho de única instancia.  Correspondió tramitar el proceso a la subsección B. Sección Segunda del Consejo de Estado, quien, mediante sentencia del 17 de julio de 2015, acogió las pretensiones del accionante, ordenando el reintegro inmediato del señor Melquisedec Moreno Mosquera y declarando la nulidad de las providencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso disciplinario que impuso la sanción y en consecuencia ordenó eliminar la anotación de la sanción en el registro de antecedentes disciplinarios. Igualmente, la orden judicial impuso el reconocimiento y pago de todos los salarios dejados de percibir por el actor, desde su vinculación hasta que se cumpliera efectivamente la orden de reintegrarlo en un cargo igual a superior a donde se encontraba en el momento de la desvinculación. Para respaldar la posición antes expuesta, es pertinente citar los argumentos que se expusieron en la sentencia de fecha diecisiete (17) de julio de 2015, proferida por la alta Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento referido. En el mencionado 4 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO fallo se dijo: La sentencia citó lo expuesto por el Ministerio Público en los siguientes términos: “El procurador Tercero Delegado ante esta Corporación, a rendir concepto solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los siguiente argumentos: (fls. 361 a 366) Explicó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural celebró el contrato de obra 118-19981y la orden de servicios 093 del 1 de septiembre de 2004, en virtud del cual se cambiaron unos elementos del baño del edificio donde funcionaba la entidad; sin embargo, nunca se pactó que los objetos reemplazados debieran entregarse al Ministerio, situación que permite concluir que las piezas que tomó el actor eran de su propiedad. Agregó que los aludidos elementos constituían material de desecho y por lo tanto no había razón para guardarlos en las instalaciones del Ministerio. Sostuvo que el contratista le regaló dichas piezas al accionante, situación que dio lugar a que considerara que estaba actuando conforme a derecho. (…) Concluyó que la sanción de destitución resultaba desproporcionada frente al hecho generador, esto es, la sustracción de unos objetos defectuosos y que nunca habían ingresado al inventario del ministerio de agricultura y desarrollo rural.” Por otra parte, señaló: “Es por ello que, haciendo una valoración de las pruebas antes relacionadas de acuerdo con las reglas de la sana critica, encuentra la Sala que se presenta la atipicidad de la conducta peculado por apropiación, por la que fue sancionado el actor en consideración a lo siguiente: Son coincidentes en sus declaraciones tanto del disciplinado como el señor contratista Pedro Alonso Castiblanco, que los bienes por los cuales se inició y culminó el proceso disciplinario con los actos acusados corresponden a bienes reemplazados por garantía, hecho este que es ratificado por el Ministerio en la

1 Cita dentro de a cita: “CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto. La CONTRATSITA se obliga para con el Ministerio a ejecutar las obras de mantenimiento y adecuación de los sistemas hidráulicos y sanitarios del Edificio Pedro

A. López, de propiedad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...), a precios unitarios en estricta concordancia con las estipulaciones contenidas en los documentos del contrato que se mencionan en la Cláusula Decimosexta.’’, Folios 92 - 99 Cuaderno N° 2.”

5 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO contestación de la demanda2, por consiguiente estos fueron objeto de una donación que le hizo el aludido contratista al disciplinado, por considerar que eran de su propiedad en razón al reemplazo de los mismos con ocasión de la efectividad de la garantía que realizó en cumplimiento de la orden de servicio No. 093 del 1 de septiembre de 2004 suscrita para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de los sanitarios del referido Ministerio. (…) Se reitera, que es atípica la conducta por la que se le sancionó, pues en el presente caso no existe medio probatorio que indique que la propiedad del bien esté en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, condición ésta necesaria para encuadrar la conducta del disciplinado en el tipo penal endilgado, conllevando a que los actos acusados estén revestidos de falsa motivación, pues se fundamentaron en un hecho que a la postre no concuerda con la realidad.

Por lo expuesto, la Sala no encuentra correspondencia entre la conducta del actor con el supuesto normativo descrito en el Código Penal artículo 397 "Peculado por Apropiación”, es decir, se presentó la denominada atipicidad, por lo que no era procedente la sanción, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, nadie puede ser juzgado, o mejor, disciplinado por hechos, conductas o comportamientos que no estén previamente descritos como falta en la Ley y por esa razón el cargo formulado por el demandante y el Ministerio Público está llamado a prosperar”  El 12 de noviembre de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural profirió la Resolución 0415 “Por la cual se efectúa un reintegro en cumplimiento de una sentencia judicial y se adoptan otras disposiciones”. De esta manera se vinculó al señor Melquisedec Moreno Mosquera en el cargo de técnico administrativo código 3124 grado 15 de la planta global, adscrito a la Dirección de Ordenamiento Social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, con una asignación básica mensual de $1.694.203. Posesión que se hizo efectiva el 14 de diciembre de 2015, mediante acta No 140. 2 Cita dentro de la cita: “Contestación de la demanda por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual respecto del hecho N" 8 manifestó: "(...) Es claro que la Oficina de Control Interno encontró que todas,las piezas de los baños estaban completas, ya que como se expresó en la aclaración al hecho 4.2. los elementos sustraídos del Ministerio corresponden a unas piezas cambiadas por garantía a partir de las

cuales se podían hacer 2 sistemas completos; por lo que. es claro que los sistemas electrónicos, para la fecha de la inspección Ocular, se encontraban en perfecto estado, por mantenimiento. En ningún momento del proceso disciplinario se cuestionó el hecho de que el ciudadano MELQUISEDEC hubiera sustraído bienes” 6 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO  Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 0039 del 16 de marzo de 2016 en cumplimiento de lo ordenado mediante decisión judicial, procedió a reconocer y a pagar la suma de dinero correspondiente a la liquidación por concepto de salarios, prestaciones sociales, cesantías, interese sobre las cesantías e intereses moratorios en favor del señor Melquisedec Moreno Mosquera. Correspondió el valor cancelado a $266.992.019; el cual fue reconocido mediante certificado de disponibilidad presupuestal No 42416 del 26 de enero de 2016 y orden de pago F04-PR-GFI-07.  De acuerdo a lo anterior, considera la demandante que se configura la culpa grave por la desviación de poder en el actuar desplegado por los señores Andrés Felipe Arias Leiva (Ministro de agricultura) y Juan David Ortega Arroyave (Secretario General del Ministerio), quienes expidieron los fallos disciplinarios del 25 de julio de 2007, confirmado mediante resolución 0028 del 28 de enero de 2008. 1.3. Pretensiones: La entidad accionante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas

(Se trascribe tal como obra en el expediente con errores de digitación y ortografía): “PRIMERA: declarar que el doctor Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyabe, quien para la época de los hechos demandados, desempeñaban el cargo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretario General de la misma entidad, respectivamente, son responsables de los perjuicios ocasionados a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dicha entidad fue condensada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho 11001032500020120007800 (0298-2012), mediante providencia del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), fallo que quedó ejecutoriada el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015). La precitada condena es el resultado de la conducta gravemente culposa de los ciudadanos Andrés Felipe Arias y Juan David Ortega Arroyave.

SEGUNDA: Condenar a los señores Andrés Felipe Arias Leiva y juan David ortega Arroyabe a pagar la suma de DOSCIENTOS SESEINTA (Sic) Y SEIS MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE ($266.992.019)

7 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO a favor de la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, suma que pagó este Ministerio al Beneficiario, con el propósito de hacer efectiva la condena establecida por el

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

TERCERA: Ordenar la actualización del valor condena en los términos indicado por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 y 39 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la remisión del artículo 179 del Código Contencioso Administrativo”3. 1.4. Estimación razonada de la cuantía.

En el escrito de la demanda se estimó como cuantía la suma superior a DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE ($266.992.019) 1.5. Oportunidad de la acción de repetición El artículo 142 literal l) de la Ley 1437 de 2011, dispone como oportunidad para iniciar la acción de repetición: “La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código” Por otro lado, en virtud del régimen de transición adoptado mediante el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012, se rigieron hasta su culminación por el régimen anterior, esto es conforme lo establecido en

el Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo. Lo anterior, es aplicable al proceso primigenio de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Melquisedec Moreno Mosquera con No. de radicado 11001032500020120007800 (02982012), por tal razón, el término de que disponía el Ministerio de Agricultura y 3 Folios 1 y 2 del escrito de la demanda. 8 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Desarrollo Rural para efectuar el pago de la condena impuesta, era de hasta 18 meses siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria. Para el caso que nos ocupa, se encuentra que:  El 17 de julio de 2015, se profirió sentencia de única instancia, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con No interno 0298-2012, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, la cual, declaró la nulidad de los fallos disciplinarios que ordenaron la destitución del señor Melquisedec Moreno Mosquera, e impuso condena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por los emolumentos salariales dejados de percibir por el entonces demandante.  Mediante constancia secretarial se tiene que la anterior decisión tomó ejecutoria el 9 de octubre de 2015.  Mediante la Resolución 0415 del 12 de noviembre de 2015, el Ministerio de Agricultura ordenó reintegrar al señor Melquisedec Moreno Mosquera a la planta

global de la entidad, en cumplimiento a una orden judicial.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 039 del 11 de febrero de 2016, mediante la cual, dio cumplimiento a la condena impuesta por el Consejo de Estado y le reconoció al señor Melquisedec Moreno Mosquera, la suma de $266.92.019.  Atendiendo lo dispuesto en la Resolución anterior, se anexo al plenario visible a folio 200 el certificado de desembolso del valor reconocido en la Resolución 039 de 2016, en el que la Coordinadora de Grupo de Tesorería del Ministerio, menciona: “De acuerdo al asunto, atentamente certifico que el día 4 de marzo de 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó transferencias electrónicas al señor MELQUISEDEC MORENO MOSQUERA identificado con cédula de ciudadanía No 11.70.264, por valor de $139.852.908.oo a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 20390819552, correspondiente al cumplimiento de la sentencia del 17 de julio de 2015 proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Sucesión B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de julio de 2015, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho No 11001032500010120007800, dispuesto con resolución No 00039 de 2016; dentro del mismo trámite también se le consignó al apoderado del demandante, abogado ORLANDO HURTADO RINCON identificado con la cédula de ciudadanía No 79.275.938, la suma de $59.936.361 a la cuenta corriente Banco BBVA N° 724017728, y la suma de

$67.202.150.oo a las distintas receptoras de aportes del sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y cesantías”  Entonces, encontramos que el termino de 18 meses dispuesto para que la entidad actora efectuara el pago de la condena, corrió entre el 10 de octubre del 2015 al 10 de abril de 2017.  Para el caso que nos ocupa, se tiene que, el pago total de la obligación se realizó el 4 de marzo de 2016, es decir, dentro del término legal establecido para ello. Así las cosas, a partir del 5 de marzo de 2016 se deben contabilizar los (2) años que señala la Ley para presentar la acción de repetición. Es decir 9 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO que, la entidad ahora accionante tenía plazo para instaurar la acción de repetición hasta el 5 de marzo de 2018 y en el entendido de que la acción se instauró el 11 de mayo de 2017, se concluye que se presentó en la oportunidad legal. 1.5. Contestación de la demanda Los señores Andrés Felipe Arias Leiva y Juan David Ortega Arroyave contestaron la demanda en la respectiva oportunidad procesal y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Manifestaron que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no demostró que hayan actuado con dolo o culpa grave al expedir el acto administrativo de 31 de diciembre de 2007, mediante el cual se confirmó la decisión de 25 de junio de ese mismo año, por medio la cual se sancionó disciplinariamente al señor Melquisedec

Moreno Mosquera. Además, la repetición no era procedente, porque en el caso concreto no se probó ni configuró el elemento subjetivo referido a la conducta de los señores Arias Leiva y Ortega Arroyave, máxime cuando en la "demanda ni siquiera [se] señala que el ex ministro Arias [y el secretario general] hayan actuado con dolo o culpa grave”. De hecho, el escrito no precisó si la conducta fue cometida a título de dolo o culpa grave, al punto que se limitó a manifestar que existió desviación de poder porque se anularon los actos administrativos y, posteriormente, el extremo activo realizó una transcripción de normas sin realizar conclusión alguna (fis. 285 - 286 c. ppal). Agregaron que no se demostró que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural haya sometido el asunto al conocimiento y aprobación de su comité de conciliación y, en consecuencia, se omitió la valoración de los elementos de la responsabilidad patrimonial en sede de repetición, la cual ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Precisaron que las decisiones tomadas en el proceso disciplinario se profirieron con la convicción de que estaban ajustadas a derecho, dado que el mismo - procesoestaba siendo tramitado por expertos en materia disciplinaria. En este punto, se hizo énfasis en que el señor Arias Leiva y Ortega Arroyave son economista de profesión y trabajador social -respectivamentey, por ende, para tomar sus decisiones, se apoyaron en la oficina 10 Exp No 110010326000201700064-00 (59245)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO de control interno y la oficina asesora jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que actuaron bajo el principio de confianza y de buena fe. Aunado a lo anterior, se adujo que no existía prueba dentro del proceso que evidenciara el actuar de los señores Arias Leiva y Ortega Arroyave, porque no se demostró que expidió el acto con la intención de cometer un fraude a la ley (fol. 290 c. ppal). Precisaron que el objeto del proceso disciplinario que se adelantó en contra del señor Melquisedec Moreno Mosquera acaeció porque se apropió de unos bienes que fueron remplazados del sistema eléctrico de los sanitarios del ministerio, bienes sobre los cuales no había discusión en relación con su propiedad por parte de la entidad pública, habida cuenta de que se desmontaron de sus instalaciones, por lo que era esta la que podía disponer sobre su destino (fol. 282 c. ppal). Finalmente, enfatizaron en que la Procuraduría General de la Nación dictaminó en contra del señor Melquisedec en el proceso disciplinario y, además, no encontró que en el trámite que se le siguió se hubiere Cometido irregularidad alguna (fol. 292 c. ppal).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos Se restringe a determinar si se encuentran configurados los presupuestos necesarios para que proceda el medio de control de repetición en contra los señores ANDRÉS FELIPE ARIAS LEYVA Y JUAN DAVID ORTEGA ARROYAVE, para el momento de la

fecha de los hechos, en su condición de Ministro y Secretario General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y establecer si su responsabilidad es o no atribuible patrimonialmente, a título de “culpa grave y/o dolo”4, por el pago de la suma de ($266.992.019.oo) realizado por el la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cumplimento de lo dispuesto en la sentencia del fecha 17 de julio de 2015, proferida por el La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso 4 En relación con esta atribución de responsabilidad se realizará el correspondiente análisis en el estudio del aspecto subjetivo de la repetición. 11 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que adelantó el señor Melquisedec Moreno Mosquera con el fin de que se anularan los actos administrativos por medio de los cuales se le destituyó del cargo de Técnico Administrativo y, además, se le inhabilitó por 5 años para ejercer cargos y funciones públicas. Establecer si la parte demandante cumplió con la carga probatoria que le asiste para la prosperidad del presente medio de control de repetición. 2.2. Material probatorio Se aportó en copia auténtica con la demanda:  Obra en sentencia de única instancia proferida por el Consejo de Estado el 17 de julio de 2015, que declaró la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos en contra

del señor Melquisedec Moreno Mosquera, ordenó su reintegro al ministerio e impuso condena respecto al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.  Copia auténtica del acto administrativo - Resolución 000415 del 12 de noviembre de 2015, que ordenó el reintegro del señor Melquisedec Moreno Mosquera, en la planta global del Ministerio de Agricultura, en cumplimiento de una orden judicial.  Copia de la Resolución No 0039 del 11 de febrero de 2016, mediante la cual se efectuó la liquidación y reconocimiento de los salarios dejados de percibir por el señor Melquisedec Moreno Mosquera, con ocasión de su desvinculación de la entidad, hasta el momento en que fue reintegrado a la planta global del ministerio. Asimismo, se efectuó la liquidación y pago de las prestaciones sociales.  Obra certificado y trámite de orden de pago por valor de $266.992.019, en favor del señor Melquisedec Moreno Mosquera.  Se allegó visible a folio 200 certificado de pago de la obligación en favor del señor Melquisedec Moreno Mosquera, suscrita por la Coordinadora Grupo de Tesorería – Dra. Flor Del Carmen Huertas López.  Copia del proceso disciplinario que se adelantó en contra del señor Melquisedec Moreno Mosquera. 12 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO  Copia del manual de funciones del Ministro y del Secretario General de esa cartera vigente para el año 2007.  Copia del manual de funciones de la oficina de control disciplinario interno

vigente para el año 2007.  ● Copia del manual de funciones de la oficina asesora jurídica del ministerio vigente para el año 2007. 2.3. Caso concreto En el sub judice se analizará si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de los señores ANDRÉS FELIPE ARIAS LEYVA Y JUAN DAVID ORTEGA ARROYAVE en su condición para el momento de la fecha de los hechos, de Ministro y Secretario General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente entre el 4 de febrero de 2005 y el 9 de febrero de 2009. El Ministerio Público verificará, en primer lugar, si se cumplen los presupuestos procesales para que proceda la acción de repetición y, en segundo término, en caso de verificarse, establecerá si los demandados actuaron con culpa grave y/o dolo, como lo asegura la entidad demandante. 2.3.1. Presupuestos para la prosperidad en el medio de control de repetición. Reiteración de jurisprudencia Se ha señalado por parte de la máxima corporación de lo Contencioso Administrativo, que: “este medio de control, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, han debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, de manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y

propósitos del Estado Social de Derecho”5. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P.: Hernán Andrade Rincón. 13 Exp No 110010326000201700064-00 (59245) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que; “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. En tal sentido, el medio de control de repetición fue consagrado en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado para demandar a la entidad pú

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