PGN - ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Según la jurisprudencia de la corte constitucio

ACCIÓN DE TUTELA-Contra el Consejo de Estado–Sección Tercera– Subsección A, por presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro de un proceso de reparación directa

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Procedencia

ACCIÓN DE TUTELA-Noción ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Según la jurisprudencia de la corte constitucional ACCIÓN DE TUTELA-Requisitos formales para su procedencia ACCIÓN DE TUTELA-Finalidad De tal manera, que lo cierto es que en el sub examine no se advierte ninguna vulneración a los derechos que se reclaman como vulnerados, toda vez que la finalidad de la acción constitucional es proteger los derechos fundamentales cuando quiera que ellos hayan sido vulnerados –caso en el cual es restitutoria– o cuando exista una amenaza de vulneración de los mismos - caso en cual es preventiva–. En consonancia con lo anterior, es claro que dicha acción no es de carácter indemnizatorio, mucho menos sancionatorio, como tampoco es de carácter declarativo, pues no está diseñada para definir asuntos litigiosos. Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 001 / 2022

Bogotá D.C., 11 de enero de 2022

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente Dra. ROCÍO ARAÚJO OÑATE

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001031500020211016500

ACCIÓN: CONSTITUCIONAL DE TUTELA

ACCIONANTE: ROBERTO DE JESÚS VÁSQUEZ VILLA Y OTROS

ACCIONADOS: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A Sentido del concepto: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA / NEGAR la protección constitucional por no estar probada la vulneración del derecho Al Debido Proceso y de Tutela Efectiva

(Acceso a la Administración de Justicia) / Una vez verificado el contenido del fallo de segunda instancia acusado, salta a la vista que este fue proferido con base en el derecho positivo vigente, dado que cumplió con los presupuestos legales, por cuanto está estructurado en normas jurídicas y en las pruebas obrantes en el expediente / No puede el juez de tutela reabrir el debate probatorio y cuestionar la decisión que adoptó el Consejo de Estado para revocar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las pretensiones invocadas por la parte demandante / No concurren los requisitos jurisprudenciales establecidos para la procedencia de la acción de tutela / La acción constitucional de tutela en contra de decisiones judiciales, no constituye una instancia adicional a las establecidas por el legislador, de lo contrario desnaturaliza el objeto mismo del mecanismo de amparo. Procede el Ministerio Público, a intervenir en el proceso constitucional de tutela identificada en la referencia, y tramitado por el Honorable Consejo de Estado, en ejercicio de la función de intervención otorgada a la Procuraduría General de la Nación

como Ministerio Público, así como la de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales, 2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO conforme lo establece la constitución y la ley1.Para lo anterior se presenta el presente concepto de intervención, conforme las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES 1.1. De la acción de tutela.

Mediante escrito radicado el 25 de noviembre de 2021, los señores Javier Humberto Vásquez Posada, Julián Humberto Vásquez Montoya, Mary Cruz Vásquez Montoya, María Lenny Vásquez Posada, Olga Mery Arroyave Vásquez, Rigoberto de Jesús Vásquez Posada, Helida del Socorro Vásquez Posada, Viviana Andrea Arango Vásquez, Patricia Elena Arango Vásquez, Bertha Inés Vásquez Posada, Jorge Alberto Vélez Vásquez, Ana Doris Vásquez Posada, Adriana María Lopera Vásquez, Jeanett Cristiana Lopera Vásquez, José Flovian Vásquez Posada, Gloria Cristina Vásquez Pino, Diana Patricia Vásquez Pino, Abel de Jesús Vásquez Posada, Eliana María Vásquez Martínez, Juan Carlos Vásquez Martínez, Evelia de Jesús Vásquez Posada, Mario

Alejandro Giraldo Vásquez, Diego Hernán Giraldo Vásquez, José Libardo Vásquez Posada, Paula Cristina Vásquez Uribe, María Isabel Vásquez Uribe, Oscar Roberto Vásquez Posada, Sandra Milena Vásquez Echavarría, Oscar David Vásquez Echavarría, Edy Lorena Vásquez Echavarría, Beatriz Elena Vásquez Posada, Manuel Felipe Espinosa Vásquez, Yolanda Elena Vásquez Posada, Álvaro Jaime Puerta Vásquez, Luis Guillermo Puerta Vásquez, Juan Fernando Puerta Vásquez, Gustavo León Vásquez Posada, Alejandra Vásquez Correa, Carolina Vásquez Correa, Maria Elena Agudelo Vásquez, Nubia Estella Agudelo Vásquez y Elidia Vásquez de Arango, en adelante los tutelantes; por intermedio de apoderada judicial, instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, con el fin de que sea amparado su derecho fundamental al debido proceso. Consideran los tutelantes, que se les desconocieron derechos fundamentales objeto del amparo constitucional incoado, al adoptarse la sentencia judicial proferida el 7 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado – Sección Tercera - subsección A, en el trámite del proceso de reparación directa con radicado N° 05001-23-31-000-2001-00846-02, 1 De conformidad con lo establecido en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 277 de la Constitución Política; los artículos 23, 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 2000; 300 y 303 de la Ley 1437 de 2011 y; 45 y 46 de la Ley 1564 de 2012, corresponde

al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial, cuando sea necesario en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO instaurado contra el municipio de San José de la MontañaAntioquia; decisión que revocó el fallo adoptado el 11 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Descongestión, que accedió a las pretensiones de la demanda. Precisan los accionantes, que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, al proferir la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa No 050012331000200100846 02, el 7 de mayo de 2021; incurrió en una violación sustancial al debido proceso, al no valorar la totalidad de las pruebas allegadas al expediente para concluir la no demostración de un elemento esencial en la Teoría Objetiva de Responsabilidad del Riesgo Excepcional, argumento por el cual eximio de responsabilidad a la entidad demandada. De esta manera, indica el extremo activo que la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa N° 05001-23-31-000-2001-00846-02,

corresponde a una decisión con falta de rigurosidad y objetividad en el análisis probatorio, con errores de la función judicial que resulta a todas luces cuestionable, considerando que constituye una vía de hecho. Con fundamento en lo anterior, invocaron las siguientes pretensiones: (Se transcribe de manera textual) “5.1. Se condene el amparo al derecho fundamental de los accionantes Javier Humberto Vásquez Posada, Julián Humberto Vásquez Montoya, Mary Cruz Vásquez Montoya, Maria Lenny Vásquez Posada, Olga Mery Arroyave Vásquez, Rigoberto de Jesús Vásquez Posada, Helida del Socorro Vásquez Posada, Viviana Andrea Arango Vásquez, Patricia Elena Arango Vásquez, Bertha Inés Vásquez Posada, Jorge Alberto Vélez Vásquez, Ana Doris Vásquez Posada, Adriana María Lopera Vásquez, Jeanett Cristiana Lopera Vásquez, José Flovian Vásquez Posada, Gloria Cristina Vásquez Pino, Diana Patricia Vásquez Pino, Abel de Jesús Vásquez Posada, Eliana María Vásquez Martínez, Juan Carlos Vásquez Martínez, Evelia de Jesús Vásquez Posada, Mario Alejandro Giraldo Vásquez, Diego Hernán Giraldo Vásquez, José Libardo Vásquez Posada, Paula Cristina Vásquez Uribe, María Isabel Vásquez Uribe, Oscar Roberto Vásquez Posada, Sandra Milena Vásquez Echavarría, Oscar David Vásquez Echavarría, Edy Lorena Vásquez Echavarría, Beatriz Elena Vásquez Posada, Manuel Felipe Espinosa Vásquez, Yolanda Elena Vásquez Posada, Álvaro Jaime Puerta Vásquez, Luis Guillermo Puerta Vásquez, Juan Fernando

Puerta Vásquez, Gustavo León Vásquez Posada, Alejandra Vásquez Correa, Carolina Vásquez Correa, Maria Elena Agudelo Vásquez, Nubia Estella Agudelo Vásquez y Elidia Vásquez de Arango al debido proceso. 4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 5.2. como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia emitida por los consejeros: José Roberto Sáchica Méndez, María Adriana Marín y Martha Nubia Velásquez Rico, pertenecientes a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso con radicado N° 05001-23-31-000-2001-00846-02 (51761). Y que fue notificado por edicto el día 2 de junio de 2021. 5.3. Se ordene emitir sentencia que en derecho corresponda, previa valoración de la totalidad de las pruebas (historias clínicas, diligencia de necropsia y declaración rendida por el señor DIEGO ALEJADNRO ARBOLEDA LOPERA, y la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.” Conforme lo anteriormente mencionado, consideran los actores necesaria la intervención del juez constitucional, para subsanar los yerros en la sentencia y

garantizar el respeto de la Constitución Política de Colombia. 1.2. Respecto del fallo de segunda instancia del proceso de reparación directa. Precisa el extremo activo, en cuanto al fallo de segunda instancia proferido en el proceso de reparación directa No N° 05001-23-31-000-2001-00846-02 (51761) y el cual es objeto de la presente acción constitucional de tutela, que este fue adoptado sin tener en cuenta la totalidad de las pruebas recaudadas en el proceso administrativo, específicamente la historia clínica de las atenciones suministradas a la señora María Berta Posada; el protocolo de la necropsia practicado al cadáver por el Instituto de Medicina Legal, y el testimonio del ciudadano Diego Alejandro Arboleda recibido en el curso del proceso administrativo. Asimismo, alegan que fueron valoradas por fuera de los lineamientos legales otras pruebas, y se resolvieron las supuestas dudas en favor del autor de la conducta riesgosa y no en favor de la víctima de dicha actividad. En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales que habilitan al juez de tutela, para entrar a evaluar la decisión judicial sobre la cual versan las pretensiones, indicó:  En cuanto a que el asunto objeto del debate sea de evidente relevancia constitucional, considera que con la providencia del Ad Quem se vulneran también los derechos a la justicia y reparación a que tiene derecho los accionantes, por los perjuicios que se les ocasionaron en desarrollo de la actividad peligrosa de conducción de un vehículo de gran tamaño con el cual se causó la muerte de la señora Posada

Pino, derecho que se ha hecho nugatorio por el error en que incurrió el Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera , Subsección A. 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO  Frente a haber hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial – ordinarios y extraordinariosa disposición del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio fundamental irremediable, advirtió que la tutela se interpone en contra de un fallo de segunda instancia, por lo tanto, no procede contra este recurso de apelación, solamente se puede analizar en recurso extraordinario de revisión y queja, precisando que no proceden en el caso sub examine. En este sentido, analizó las causales de revisión, indicando que en el presente caso la parte activa no tenía forma de alegar ninguno de los requisitos del artículo 188 transcrito, motivo por el cual dicho recurso no procedía en contra de la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa. Respecto al recurso de queja, precisó que en primera instancia se concedió el recurso de apelación correspondiente y frente al fallo de segunda instancia no procedía recurso de casación por ser un proceso contencioso administrativo.  Con ocasión al requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir de hecho que originó la vulneración menciono que la providencia atacada fue notificada mediante edicto fijado el 06 de junio de 2021, cumpliéndose a cabalidad este requisito, dado que la presente acción de tutela se interpuso en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el 26 de noviembre de 2021.  Asimismo, expresó frente al requisito que invoca una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, que el fallador no solo omitió valorar la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso, tanto testimoniales como documentales, sino que como se puede apreciar, y con facilidad la subsección A del Consejo de Estado dio mayor valorar probatorio a testimoniaos trasladados del proceso penal y no ratificados en el administrativo. Indicó que el análisis que del acervo probatorio hizo el fallador, no se rigió ni por los mandatos legales ni por los principios de objetividad que rigen la teoría de responsabilidad del Estado por el Riesgo creado con el ejercicio de la actividad peligrosa, situaciones que afectaron el principio de unidad de la prueba y del deber de 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO respetar los lineamientos jurisprudenciales, lo que conllevó a la violación flagrante del

debido proceso por lo que se desencadenó en un fallo desfavorable que impidió el reconocimiento de los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la muerte de su esposa, madre, y abuela la señora Berta Posada.  En cuanto a los hechos, que consideran los actores constituyen la vulneración como los derechos vulnerados y que hubieren alegado esta vulneración en el proceso, siempre que les hubiese sido posible, precisó el extremo accionante que en el presente caso el hecho generador de la afectación es la sentencia misma, sin existir acto procesal de trámite o sustancial anterior que permitiese si quiera pensar en el mismo, por lo que no fue posible alegar dentro del proceso de reparación directa vulneración dentro del proceso dando cumplimento con esta parte del precitado requisito.  Frente al requisito que trata que la decisión atacada en sede constitucional no se trate de sentencia de tutela, expresó que la presente acción se dirige en contra de una decisión judicial adoptada en un proceso de reparación directa por el Consejo de Estado, cumpliéndose de esta manera la totalidad de los requisitos formales exigidos para el análisis de las pretensiones que nos convocan. 1.3. Requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales invocados. Indica la acción constitucional que, la sentencia del 07 de mayo de 2021 y notificada por edicto el 06 de junio del mismo año, cumple con los 3 requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. Argumentando al respeto:

1. Defectos fácticos: La sentencia impugnada adolece de graves yerros determinados por un miramiento desconectado de los elementos de prueba, por que analizó algunos, dejó de analizar otros, no dio crédito a pruebas científicas y las conclusiones a las que llegó el fallador no son lógicas teniendo en cuenta las hipótesis a plantear con el acervo probatorio. 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO En este sentido, consideran los actores que, la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no desplegó de manera coherente y acertada su labor judicial, pues con las falencias de los planteamientos resolvió de manera arbitraria un asunto que está definitivamente ceñido a las pruebas incluso científicas que se fueron pasadas por alto o que no se tuvieron en cuenta en su real significado.

2. Decisión sin motivación: Advirtió que, en relación con la historia clínica de la prestación del servicio urgencia de la salud a la señora Berta, de la clínica las Vegas, si bien el Consejero Sustanciador consideró en su momento fundamentar la decisión en este documento científico, lo relegó, sin fundamento válido de orden legal o fáctico, a la categoría de indicio para descartar la verdad irrefutable en ella contenido sobre cual

lado del cuerpo de la paciente recibió las graves lesiones que cobraron su vida a partir de ese fatídico 25 de abril de 2000. Resaltó que el proceso primigenio corresponde a una acción reparación directa, en el que se discute la responsabilidad de la entidad pública municipio de San José de la Montaña y en el que se cuenta con pruebas científicas válidamente practicadas, y con testimonios provenientes de espectadores y del conductor de la retroexcavadora que contradicen estos documentos científicos, era necesario para desplegar la función de la justicia que la sala e Decisión del Consejo de Estado, pretendía como efecto hizo, era absolver al ente territorial del daño causado a los demandantes con la muerte de la señora Berta, motivar el fallo indicando por qué la prueba científica diligencia de necropsia NV.001423 no fue considerada o valorada para determinar los traumas sufridos por la víctima fatal, ya que cualquiera consideración o valoración contraria a la realidad en ella contenida tendría que ser de tal naturaleza que pudiera hacer considerar este documento como falso o ilegalmente presente en el expediente.

3. Violación directa de la constitución: Menciona el grupo actor que, la Sala con su decisión desconoció postulados de orden legal colocándola en la posición de ser, la decisión, contraria a la Constitución Nacional, específicamente el artículo 29, indicando que debió observar tal y como lo hizo en su momento el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, la realidad procesal determinada por todas las pruebas legamente presente en el recaudada en el proceso administrativo, por supuesto 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO tiene mayor fuerza probatoria que los testimonios que se recibieron en otra investigación. Conforme lo anterior, precisó que el Ad Quem desde ningún punto de vista legal es acertada y por el contrario, vulnera todos los derechos sustanciales y procesales que tiene la parte demandante a que el asunto se resuelva de manera objetiva y con el análisis y categorización legal acertada de las probanzas del expediente; considerando que esta decisión se constituye, atendiendo las graves falencias de la función judicial, en una verdadera Vía de hecho, reiterando que debe ser ajustada en derecho y volverse a tomar acogiendo en su valor legal todas las pruebas recaudadas en el proceso, a fin de generar un nuevo pronunciamiento que pueda considerarse justo. 1.4. Antecedentes procesales. Según la información reflejada en el expediente virtual de la página del Consejo de Estado, la radicación de la acción de tutela se efectuó el 26 de noviembre de 2021, surtiéndose el mismo día el correspondiente reparto, siendo remitido el expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora quien el 14 de diciembre de 2021 admitió la acción de tutela presentada. Asimismo, dispuso vincular en calidad de terceros con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto

Ley 2591 de 1991, al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Descongestión, o a quien haga sus veces, al municipio de San José de la Montaña, al Ministerio Público y a todos los sujetos que integraron el extremo activo en el proceso ordinario, decisión que se notificó mediante correo electrónico el 16 de diciembre del año 2021. Mediante el auto admisorio se dispuso a través del numeral segundo “NOTIFICAR la existencia de la presente acción a los magistrados el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, como autoridades judiciales accionadas, para que dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de su recibo, se refieran a sus fundamentos y puedan allegar las pruebas y rendir los informes que consideren pertinentes.” De igual manera, el 16 de diciembre de 2021, procedió la Secretaria General del Consejo de Estado efectuar notificación mediante aviso en la página web de la corporación, lo anterior, en cumplimiento a la providencia del 13 de diciembre de 2021, con el fin de dar a conocer a terceros con interés del trámite iniciado en la presente 9 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO acción de tutela, sin que a la fecha en que se efectuó la presente intervención, se

hubiese presentado pronunciamiento alguno al respecto.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

De conformidad con las pretensiones invocadas mediante escrito de acción de tutela, así como los hechos narrados, surgen los siguientes interrogantes jurídicos:  ¿En el caso sub examiné, concurren los requisitos necesarios para que proceda el amparo constitucional de tutela invocado respecto de la sentencia judicial proferida el 7 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado – Sección Tercera - subsección A, mediante la cual, se revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones invocadas, en el proceso de reparación directa con radicado N° 05001-23-31-000-2001-00846-02, para en su lugar negarlas? 2.2. Análisis probatorio. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos aportados en el proceso, de los cuales se resaltan los siguientes elementos probatorios que servirán de sustento para desarrollar el problema jurídico planteado:  Se aportó copia atentica del folio de registro civil de defunción del señor Roberto De Jesús Vásquez Villa y de los registros civiles de nacimiento de sus hijos.  Copia de la sentencia de segunda instancia emitida por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A en el proceso con radicación No 05001-23-31000-2001-00846-02 (51761).  Copia de la decisión de primera instancia emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa 05001-23-31-0002001-00846-02, fallo que declaró la responsabilidad administrativa del municipio 10 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO de San José de la Montaña, con ocasión de la muerte de la señora Maria Berta Posada.  Copia de las historias clínicas allegadas al expediente de reparación directa, por parte del Hospital Laureano Pino de San José de la montaña y la clínica de las vegas de Medellín, por la atención médica de urgencias prestada a la señora Maria Berta, con ocasión a las graves lesiones causadas el 25 de abril de 2000.  Copia de la diligencia de necropsia NC.00.1423 practicada por el instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nor-Occidental de Medellín al cadáver de la señora María Berta Posada de Vásquez, el día 30 de abril de 2000. El extremo activo solicitó que se ordenara al Tribunal Administrativo de Antioquía remitir el expediente completo del proceso de reparación directa No 05001-23-31-000-200100846-00, con el fin de que se valore cada una de las actuaciones surtidas durante el devenir procesal. Petición que fue acogida en la presente acción constitucional,

procediendo el despacho sustanciador a resolver mediante el numeral cuarto del auto admisorio fechado el 13 de diciembre de 2021: “ACCEDER a la solicitud elevada por la parte actora y, en consecuencia, REQUERIR al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Descongestión, para que alleguen copia íntegra digital del expediente de reparación directa con radicado N° 05001-23-31-000-2001-00846-02, dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de notificación del presente auto” 2.3. Análisis jurídico – Caso en concreto. De la lectura del líbelo, se advierte que la causa pretendi en la presente Acción de Tutela se encuentra encaminada a lograr el reconocimiento del amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado a los actores, con ocasión de la actuación surtida por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez en el proceso de reparación directa No 05001-23-31-000-2001-00846-00 que se adelantó en contra del municipio de San José de la Montaña (Antioquía), debido al fallecimiento de la señora Bertha María Posada de Vásquez, presuntamente generado luego de haber sido golpeada por una máquina retroexcavadora de propiedad del municipio. 11 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De lo enunciado y de conformidad con el análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente y en desarrollo de las reglas de la sana crítica2, esta Procuraduría Delegada del Ministerio Público considera desde ya solicitarle a la Honorable Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que se declare improcedente y en consecuencia NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA sujeta a estudio, toda vez que se considera que en el presente asunto no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales objeto de solicitud de amparo, como pasa a explicarse: De tal manera que para abordar el análisis del asunto objeto de examen, en principio, considera este Agente del Ministerio Público necesario referirse al marco teórico sobre la procedencia del mecanismo subsidiario de tutela y realizar el estudio entorno a los requisitos que deben cumplirse para que proceda el amparo contra decisiones judiciales. 2.3.1. La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fundamentada principalmente en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, principio de legalidad, autonomía e independencia judicial, por un lado, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales garantizados en la Constitución, por otro lado. Con base en esta comprensión, se ha entendido a la acción constitucional como un mecanismo excepcional para la revisión y análisis de las decisiones judiciales, basado en la supremacía y preponderancia de las normas

constitucionales, centrando exclusivamente esta opción a asuntos de relevancia ius fundamental, sin convertirse en una instancia adicional de la jurisdicción, ni como un elemento de corrección del ejercicio jurisdiccional. Así mismo, es preciso traer a colación brevemente la jurisprudencia de la Corporación constitucional, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C590 de 20053, así: 2 C. de P. C. Artículo 187. APRECIACION DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. 3

Cita del texto: “Se trata de una exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.” 12 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Acción constitucional de Tutela Exp. No. 11001031500020211016500 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO “La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico4, como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad5 e, incluso, a partir de la ratio decidendi6 de la sentencia C-543 de 19927, siempre