PGN - ACCION DISCIPLINARIA - Los interventores son sujetos disciplinables

ACCION DISCIPLINARIA-Los interventores son sujetos disciplinables El marco jurídico del control disciplinario actualmente está confinado por la ley 734 de 2002, el cual recae sobre los servidores públicos o los particulares que cumplan funciones públicas o labores de interventoría en los contratos estatales. Por lo tanto, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo en que se haya celebrado y ejecutado el contrato, al particular se le aplicaran las faltas descritas en el libro III, título I de la ley 734 de 2002, de acuerdo a la responsabilidad generada por sus actuaciones. INTERVENTORIA-Concepto, deberes y responsabilidad La interventoría de un contrato estatal corresponde al conjunto de actividades que en representación de una determinada entidad realiza una persona natural o jurídica para vigilar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos. Equivale a una exigencia de orden legal que tiene como propósito asegurar al máximo el cumplimiento del objeto contractual, de los fines de la contratación y la satisfacción de los intereses de la entidad mediante la obtención del fin perseguido. Lo anterior, sin desconocer responsabilidad de la entidad estatal asegurar la supervisión de los contratos que celebra, cuyo fin es el control y vigilancia de las acciones del contratista, con miras a lograr el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del contrato y sus elementos integrantes (pliegos de condiciones, términos de referencia, plan operativo, etc.), especialmente frente a las especificaciones técnicas del contrato, actividades administrativas a cargo del contratista, actividades legales, actividades financieras y presupuestales, cumplimiento de planes operativos, protegiendo siempre los intereses de la entidad.

INTERVENTORIA-Deberes y responsabilidad sobre pagos al contratista En tal sentido, tal como lo encontró debidamente probado el a quo, en verdad la interventora se sustrajo completamente del deber funcional que tenía sobre el contrato de obra pública, razón por la cual era conocedora de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto a la verificación precisa del objeto contractual y de los pagos que se debían girar al contratista, de conformidad con las obras ejecutadas y el precio pactado; por tanto, no le era una actividad ajena la de verificar y constatar que los pagos correspondieran en estricta observancia de lo ejecutado; pero, pese a esto, autorizó sin justificación alguna que se cancelaran valores al contratista, con base en avances de obra que en realidad no fueron ejecutados; en tal virtud, confluyó la conducta volutiva de la disciplinada, generando el resultado lesivo para los intereses de la administración. Y es que, es a juicio de esta Delegada, injustificable que la investigada hubiera llegado a certificar el cumplimiento del avance de la obra hasta en un 70.89% -con el consiguiente pago al contratista-, siendo que está probado dentro de la presente investigación que el porcentaje de ejecución pendiente era del 94.49%. 1 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA RESPONSABILIDAD DISICPLINARIA-Culpabilidad a título de dolo/ RESPONSABILIDAD DISICPLINARIA-Incumplimiento principios de la función adminsitrativa En cuanto al grado de culpabilidad con el cual se habría incurrido en dicha falta disciplinaria,

es a título de DOLO, ya que de conformidad con las pruebas obrantes en el presente expediente, se tiene que en la actuación de la señora interventora–además de no ofrecer explicación alguna puntual sobre los aspectos señalados - se evidenció claramente su pleno conocimiento frente a que se no estaban cancelando los dineros de conformidad con los avances reales en la ejecución de la obra, y pese a lo anterior autorizó pagar al contratista sumas superiores a las que en realidad le correspondían. Lo anterior no pudo haber sido resultado de una simple falta de cuidado en el ejercicio de su función, ya que en razón de sus condiciones profesionales de interventora no permiten concluir falta de cuidado. Para esta Procuraduría Delegada es importante señalar que los funcionarios públicos y los particulares que ejercen funciones públicas relativas al ejercicio de la contratación estatal están sometidos en todas sus actuaciones, no sólo al Estatuto General de la Contratación Estatal, sino también a los principios propios de la función administrativa, con el fin de garantizar al máximos principios tales como los de transparencia, economía y responsabilidad.

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL Radicación: 089-0834-2008

Disciplinado: CARLOS CELEDÓN HENRIQUEZ y CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA

Cargo: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INTERVENTORA DE

CONTRATO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

Quejoso: SERVIDOR PÚBLICO

Fecha Queja: Septiembre de 2008

Fecha Hechos: Julio de 2007

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN PROCEDIMIENTO VERBAL

Bogotá D. C., Octubre 8 de 2010 Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por la doctora CARMÉN TERESA PALMARROSA BRUGES, apoderada de la señora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, contra el fallo de primera instancia del 24 de agosto de 2010 (folios -267 al 287 cuaderno principal) proferido por la Procuraduría Regional de La Guajira.

I. ANTECEDENTES

2 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Inicialmente es de aclarar que la Procuraduría Regional de La Guajira, con sustento en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y en la oportunidad establecida en el artículo 178 ibídem, evaluado el contenido de las presentes diligencias, procedió a proferir en audiencia y verbalmente, fallo de primera instancia contra los investigados. Previo a lo anterior, a través de auto del 4 de mayo de 2010, la Procuraduría Regional de La Guajira determinó que el proceso debía ser Verbal de acuerdo con la consagración del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, al decir que: En todo caso , y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia; con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado C-242 de 2010 que Declaró la EXEQUIBILIDAD del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002.

Lo anterior, con origen en la información suministrada por el Personero Municipal de Uribia, JAIR GONZALEZ LUGO, donde puso en conocimiento de la Procuraduría Regional de La Guajira, que los porcentajes de ejecución de la obra “Construcción de Cubierta y Gradería para la cancha multifuncional del Centro Etnoeducativo bahía Honda, sede Paraíso, de municipio de Uribia” que se ejecutaba en virtud del contrato No. 067 de 2007, no coincidían con lo plasmado en las actas de recibo parcial, firmadas por el contratista Enrique Alfonso valencia Julio, el señor Carlos Celedón Henríquez, Secretario de Obras Públicas de entonces y Clemencia del Pilar Peña Quimbay, interventora del mencionado contrato. Fue así como en auto de fecha 03 de diciembre de 2008, dispuso el Procurador Regional, ordenar indagación preliminar, con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si eran constitutivos de falta disciplinaria. Posteriormente y en virtud a que estaban dados los requisitos sustanciales para formular cargos, el 04 de mayo de 2010, se citó a audiencia, se formularon cargos y se optó por el procedimiento verbal. En tal sentido, en la mencionada diligencia citó a la audiencia señalada por el artículo 177 de le ley 734 de 2002 a los señores CARLOS CELEDON HENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.557.753 de Santa Marta. Secretario de Obras Públicas municipio de Uribia, y CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, identificada con la cedula de

ciudadanía No. 52.330.272 de Bogotá, interventora del contrato.

II. FORMULACIÓN DE CARGOS La Procuraduría Regional de La Guajira formuló imputación disciplinaria en contra de los

investigados, de la siguiente manera: CARGO ÚNICO PARA CARLOS CELEDÓN HENRÍQUEZ “Haber certificado con la firma del acta de recibo parcial de obras, del 09 de julio de 2007, la ejecución de $74.361.375 del valor total del contrato, es decir $116.241.595, que equivale a un 63.97% cuando en realidad lo ejecutado a la fecha 27 de julio de 2007 era del 5.51%. Situación que comporta una falsedad ideológica en documento publico.” 3 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Como normas presuntamente violadas, se le señalaron las siguientes:  Numeral 1° del artículo 48 de la ley 734 de 2002,  Artículo 286 del Código Penal, Provisionalmente la falta fue tenida a título de FALTA GRAVÍSIMA con CULPA GRAVE.

CARGO ÚNICO PARA CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY

“Certificar según informe de interventoría No 3, como recibido a satisfacción, el 70.83% de la obra en el contrato 067 de 2007, cuyo objeto es “construcción de cubierta y gradería para la cancha multifuncional del centro Etnoeducativo de Bahía Honda, sede Paraíso, Municipio de Uribia, por

$116.241.595” cuando en realidad lo ejecutado alcanzaba solo el 5.51%.” Como normas presuntamente violadas, se le señalaron las siguientes:  Numeral 3° del artículo 55 de la ley 734 de 2002,  Contrato 067 del 2007 Provisionalmente la falta fue tenida a título de FALTA GRAVÍSIMA con DOLO.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 24 de agosto de 2010 la Procuraduría Regional de La Guajira profirió fallo de primera instancia (folios 265 al 287 del cuaderno principal), en el cual se impuso a los disciplinados CARLOS CELEDON HENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.557.753de Santa Marta, en su condición de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Uribia, departamento de La Guajira, sanción de SUSPENSION en el ejercicio del cargo -sanción que implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, la cual se debe convertir en el pago de la suma de $2.265.247,oo, y a CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.330.272 de Bogotá, en su condición de particular interventora del contrato de obras No. 065 de 2007, sanción equivalente a MULTA de veintinueve (29) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con éste por el término de cinco años, al declarar probados y no desvirtuados los cargos a ellos formulados y que se les

imputó en el pliego de cargos correspondiente. 4 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA En la providencia citada, después de identificar a los investigados y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las que se fundamentó, concluyó lo siguiente: Inicialmente explicó que al tenor del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, los contratistas particulares no son destinatarios de la acción disciplinaria, pues sólo son sujetos disciplinables los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; los que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estás; los que presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política o los que administren recursos de éste, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado. Agregó que los particulares que ejercen funciones de interventoría en los contratos estatales se encuentran sometidos a la ley disciplinaria, por ministerio expreso del artículo 53 del Código Disciplinario Único, en el entendido que, al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo. Que esta función de control se asimila por el legislador al ejercicio de una función pública. Expresó que en virtud del contrato de consultoría No. 005 de 2007, CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, fue contratada por el municipio de Uribia para realizar interventoría técnica

a los proyectos financiados con recursos de regalías, vigencia 2007, sector educativo y eléctrico en el municipio de Uribia. (fls. 301-304 del expediente). Que en virtud de lo anterior, la citada particular ejerció la interventoría en el contrato 067 de 2007. Entonces, que se encuentra acreditado dentro del proceso que la señora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, siendo particular, pues su vinculación al Municipio de Uribia, tuvo origen en el citado contrato, ejercía las funciones de interventoría del contrato objeto de investigación, en razón de las cuales, al tenor del artículo 53 del Código Único Disciplinario y de la jurisprudencia citada, es sujeto disciplinable. Expresó que en principio, el derecho disciplinario se ocupa de la conducta del servidor público en relación con la función que cumple, es decir su deber funcional, originado en la relación especial de sujeción, y que, como ya se explicó, este régimen es aplicable a los particulares siempre que exista una relación jurídica de especial subordinación entre el particular con respecto al Estado. Agregó que debido a la especial relación jurídica de los particulares con el Estado, cuando son sujetos disciplinables, su régimen disciplinario es también especial. Se encuentra contenido en el Libro III, Título I de la Ley 734 de 2002, y dado el carácter restrictivo del derecho disciplinario, sólo en el contexto de dicho Libro III, es que procede disciplinar a los particulares; no en otro escenario distinto. En efecto, que el tratamiento disciplinario de los particulares implica la consagración de un régimen especial: el que se contempla en el Libro III del Código Disciplinario Único. Régimen

5 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA especial que se deriva justamente de la naturaleza de sujetos regidos por un mayor ámbito de libertad y amplitud en el ejercicio de sus derechos, respecto del que le precisan la Constitución y la ley a quienes ejercen la condición de servidores públicos. La evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional, que viene desde los análisis de la Ley 200 de 1995 a las normas que integran este capitulo especial, así lo indican, en cuanto precisan el carácter restrictivo de aplicación de éste régimen especial y la imposibilidad de hacerlo extensivo o de aplicación analógica. Lo que además se afianza con el hecho de tratarse de un régimen que aplica una modalidad de derecho punitivo a los particulares. Así, ante cualquier interpretación o cualquier vacío, éste debe ser aplicado, única y exclusivamente, a favor de estos. Así las cosas, indicó que en la literalidad del artículo 52 de la ley 734 de 2002, en donde se definen las normas aplicables al régimen disciplinario de los particulares, explícitamente el texto señala que dicho régimen disciplinario comprende: a) La determinación de los sujetos disciplinables. A los cual se refiere el articulo 53 ibídem. b) El régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Al cual se refiere el Capítulo Segundo de dicho libro III, compuesto por el artículo 54, que define cuál es el régimen y cómo dicho régimen hace disciplinables a los particulares en esta materia.

c) El catalogo especial de faltas imputables a los mismos. El Capitulo Tercero se ocupa de precisar cuales son las faltas imputables a los particulares, así como el procedimiento para establecer y graduar las sanciones cuando sea del caso. En éste sentido el artículo 55 del Código Disciplinario Único señala que los particulares sólo responderán de las faltas gravísimas allí descritas, sin que en el Capitulo Tercero del libro III, artículos 55, 56 y 57 de dicho código se establezca otro tipo de faltas distintas por las que puedan ser imputables los particulares en el régimen disciplinario. Por tanto, consideró que a la ciudadana mencionada se le investigó por certificar según informe de interventoría No 3, como recibida a satisfacción el 70.83% de la obra en el contrato 067 de 2007, cuyo objeto es “construcción de cubierta y gradería para la cancha multifuncional del centro etno educativo de Bahía Honda, sede Paraíso, Municipio de Uribia, por $116.241.595” cuando en realidad lo ejecutado alcanzaba solo el 5.51%. Se le achacó como norma violada la siguiente: Artículo 55 de la ley 734 de 2002, numeral 3 que a la letra dice: “Son faltas Gravísimas las siguientes conductas: “Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función” 6 Expediente No. 089-0834-2008

Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Se dijo en los cargos que la entidad pública titular de la función es el Estado (municipio de Uribia) y los actos administrativos son aquellos expedidos por un agente suyo, en ejercicio de la labor pública, llámense oficios, Decretos, Resoluciones, contratos, memorandos etc, es decir todo aquello que condense la voluntad de la administración. Así mismo, que la cláusula séptima del contrato 067 de 2007, cuyo objeto era la construcción de cubierta y gradería para la cancha multifuncional del centro etnoeducativo de Bahía Honda sede paraíso Municipio de Uribia, dispuso que la vigilancia y control de las obras de que trata el citado contrato, será ejercida por el Interventor Municipal y que las divergencias que se presenten entre el interventor y el contratista, relacionadas con la supervisión, control, y dirección de la obra serían dirimidas por el secretario de Obras; la Cláusula tercera del contrato en cita, dispone como requisito para el pago parcial, el acta de recibo parcial de obras firmada por el contratista, el interventor y el Secretario de Obras Pública, según la cantidad real de obras ejecutadas. A su turno, encontró que quien venía ejerciendo la interventoría era la disciplinada CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, a quien el municipio contrató por medio de la consultoría No. 005 de 2007. El objeto de este ultimo contrato es realizar la interventoría técnica los proyectos financiados con Recursos de Regalías vigencia 2007 en el sector educativo y eléctrico municipio de Uribia y a quien en

memorando de junio de 2007, se le impartieron directrices respecto de las funciones que debió cumplir frente a su labor en el contrato 067 de 2007, donde encontramos entre de ellas: “Supervisar detalladamente todas las obras que estén en plena actividad y verificar que el contratista cumpla con lo estipulado en el contrato, ceñido a las especificaciones técnicas, cantidades y calidad de materiales. Y también, la advertencia siguiente: “Cuando se trate de recibo parcial de obras, el Interventor deberá certificar el porcentaje real de ejecución de las mismas para efecto de los respectivos pagos parciales” En el proceso, señaló, aparece que el contrato empezó a ejecutarse el 29 de junio de 2007 y el 9 de julio de ese año, se recibió parcialmente la obra, previa inspección del contrato, por parte del secretario de Obras CARLOS CELEDON HENRIQUEZ, y la Interventora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY. En el acta de recibo parcial de fecha 9 de julio de 2007, se dejó constancia que a esa fecha ya se habían ejecutado $74.361.375 de los $116.241.595, lo que equivale a un 63.97%. Así mismo, que existen tres informes de interventoría expedidos por CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY: El primero comprendió del 29 de junio al 5 de julio de 2007, en el que se establece que la obra llevaba un 33.09 % de ejecución; el segundo del 06 al 12 de julio de 2007, con un porcentaje de ejecución del 69.55% y el tercero del 13 al 16 de julio de

2007 con un % de ejecución del 70.83%. Las anteriores afirmaciones se demuestran con las copias de los informes de interventoría obrantes a folios 43-47 del expediente, la copia del acta de inicio; copia del acta de recibo parcial vista a folio 53-54 del expediente. 7 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Que según documento suscrito por la señora TERESA IGUARAN FERNANDEZ, en su condición de interventora municipal de Uribia, el día 27 de julio de 2008, (folio 180), el porcentaje de ejecución real del contrato al 8 de julio de 2008 era el 5,51% y el valor pendiente por ejecutar era del 94.49%, siendo esto contrario a lo certificado por la interventora externa. Afirmo que la particular investigada, certificó como recibidas a satisfacción el 70.83% de las obras en el contrato 067 de 2007 cuyo objeto es la construcción de cubierta y gradería para la cancha multifuncional del centro Etno Educativo Bahía Honda, sede Paraíso Municipio de Uribia cuando el realidad lo ejecutado alcanzaba solo el 5.51% Indicó que la ejecución de la tarea de interventoría, supone, en términos generales1, el control, la fiscalización y la evaluación de acciones de tipo administrativo encaminadas a optimizar la prestación de un servicio de beneficio común, ejecutadas, a criterio de la administración, por un tercero no comprometido en el ordenamiento o ejecución de la acción,

con el fin de garantizar el aseguramiento integral de la calidad. El interventor es, entonces, un delegado de la entidad contratante, que concilia intereses entre las partes del contrato, con el fin de lograr el objetivo buscado de la manera más eficaz y eficiente2. Que en opinión de un sector de la doctrina3, la labor del interventor debe desarrollarse teniendo en cuenta que, como representante que es de la entidad estatal, su función está encaminada a salvaguardar los derechos de la comunidad, entidad contratante y usuarios finales del trabajo contratado. Afirmó que de acuerdo con lo expuesto, para ejercer en debida forma la labor de interventoría, el interventor debe “tener pleno conocimiento tanto de las estrategias como del tema”4 objeto del contrato en cuestión. Entre las estrategias que deben aplicarse para la correcta interventoría de un contrato se encuentran el control de la actividad del contratista, y la orientación de la ejecución del trabajo. En ambas debe darse una vigilancia permanente sobre la forma en la que se ejecuta el objeto contractual y los recursos destinados al mismo, así como su adecuación a los parámetros fijados en el respectivo contrato5. Agregó que se tiene, entonces, que la labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontación del proyecto existente, ni de simple confrontación de resultados, sino que es una labor, también y especialmente, de carácter preventivo. Para el logro de este objetivo, que en palabras del autor Urdaneta6 es inherente al tipo de contrato mencionado, se hace necesario implementar una serie de políticas estratégicas, tales como: Efectuar un completo análisis previo del proyecto para poder, así, realizar una revisión del mismo en el momento

de la confrontación con la realidad. 1URDANETA HERNÁNDEZ Germán, Interventoría de la Obra Pública, Santafé de Bogotá, Centro Editorial Javeriana, CEJA, 1998, página 24 2 Citado por Germán Urdaneta en Ob, cit, Interventoría… página 25. Este concepto se trajo a colación en el fallo del 31 de agosto de 2006, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para Contratación Estatal, en el expediente radicado con el número 021-112538, en el cual se analizaron las funciones del interventor del contrato de obra pública. 3 Cfr, Ob, cit, Interventoría…, página 27 4 URDANETA, Ob. Cit, Pág. 23. 5 Ibídem, Págs. 29 a 31. 6 Ob.cit, interventoría…, página 30 8 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA El análisis del proyecto cuya ejecución debe vigilarse y controlarse, en cumplimiento de la interventoría, permite conocer a cabalidad el contenido del mismo y delimitar la forma en que debe exigirse su ejecución al contratista, puesto que los parámetros establecidos en los documentos del mismo, particularmente en los términos de referencia y/o el contrato, contendrán los limites a los que deben ceñirse las tareas del contratista.7 Uno de dichos límites está fijado, por obvias razones, en el objeto del contrato, que deberá analizarse detalladamente para establecer el criterio de cómo se va a controlar su

cumplimiento. De este análisis detallado depende la correcta ejecución del contrato y el correcto cumplimiento de la labor de interventoría, puesto que en virtud de él, se identifican las actividades que conforman el trabajo de acuerdo con el contrato y, en consecuencia, se evita la realización de actividades fuera del alcance contractual 8. En este orden de ideas, si el interventor tiene a su cargo la verificación de la correcta ejecución del contrato, para lo cual debe acudir al analizar, detalladamente, el objeto del contrato, el visto bueno del mismo, para la ejecución de las actividades contractuales y para la finalización y liquidación de las mismas, debe impartirse, únicamente, cuando encuentre que la totalidad de dichas actividades se encuadran dentro del objeto contratado, puesto que, de lo contrario, en cumplimiento de sus obligaciones, deberá dejar constancia de esa circunstancia y tomar los correctivos del caso. Expresó que atendiendo lo dicho, es dable afirmar que la señora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY, efectivamente desatendió las instrucciones o directrices contenidas tanto en el contrato 065 de 2007, como en el memorando expedido por el municipio de Uribia, a través del Secretario de Obras Públicas, visto a folio 247 del expediente, en tanto a pesar de la advertencia, certificó un porcentaje irreal de ejecución de la obra. Expresó que la defensa de la procesada, manifestó que la norma aplicada como violada es consecuente con los que no son servidores públicos y por ende la respeta pero que no comparte la imputación hecha porque la procesada cumplió con el objeto de su contrato; y

precisó que su prohijada fue asaltada en su buena fe y que quien debe responder es el contratista porque la responsabilidad de su defendida se limitó a certificar las obras que le mostraron como concluidas y que pudo pasar, que por no ser la contratista interventora del municipio de Uribia y menos de la Guajira, esta fuera engañada y llevada a un punto distinto al de la ejecución de la obra. A dicho argumento, contestó que no es admisible por este despacho, y no exime a la disciplinada de su responsabilidad por la conducta cuestionada en el cargo, en tanto la misma se encuentra acreditada en el presente proceso, tal como ya se explicó. Y es que no puede alegarse que la interventora por no ser de este municipio, fue llevada a un lugar diferente donde se estaba ejecutando la obra porque la misma debe conocer tanto el sitio de 7 En relación con este aspecto URDANETA HERNÁNDEZ ha expuesto lo siguiente (Pág. 103): El control es la etapa de un proceso en al que se toman mediciones sobre unas variables, índices e indicadores, para compararlos con parámetros establecidos previamente, normas y estándares, con el propósito de verificar el desarrollo del proceso y tomar los correctivos del caso para el logro de las metas y objetivos planeados 8 Ibídem, Pág. 109. 9 Expediente No. 089-0834-2008 Fallo de Segunda Instancia en Procedimiento Verbal ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA construcción, como todos los pormenores del contrato, y es que su labor no es de simple verificación, sino de analizar, presupuestar, dirigir, y certificar la obra, visitarla, verificar que el

contratista cumpla con lo estipulado en el contrato, presentar ala oficina correspondiente informes del seguimiento que se le hace al contrato acompañando el mismo con registro fotográfico que demuestre la existencia de lo realizado. Por tanto concluyó que existe prueba suficiente de que la señora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY incumplió lo encomendado como interventora, en tanto que entregó informes que contenían información que no correspondía al real avance del proyecto y con ellos muy posiblemente dio lugar al pago de obras que no se habían ejecutado. En virtud de dicho, la ciudadana mencionada al parecer, actuó- como ha quedado visto, al expedir certificaciones de obras no ejecutadas, en el porcentaje por ella señalado, con la conciencia plena de su conocimiento; es decir, quien mejor que ella para saber y conocer cual era lo realmente ejecutado en la obra, y a sabiendas que esta no se había ejecutado en el porcentaje por ella certificado, decidió recibir desde la primera acta de recibo parcial, una cantidad irreal de ejecución y posteriormente certificarlo con sus informes de interventoría, por ello la imputación subjetiva se mantuvo a titulo de DOLO Ahora bien, teniendo en cuenta que el apoderado del señor CARLOS CELEDÓN HENRIQUEZ, Dr. JANER JAVIER PEREZ BRITO, no presentó recurso de apelación contra la decisión que lo sancionó en primera instancia –es más, en la diligencia de lectura de fallo manifestó estar conforme con el mismo- (folio 266 del cuaderno principal), este Despacho se abstendrá de analizar los argumentos presentados por la Señora Procuradora Regional de

La Guajira para imponerle sanción disciplinaria.

IV. DE LA APELACIÓN Habiéndose notificado en audiencia el fallo de primera instancia a la apoderada de la investigada, Dra. CARMEN TERESA PALMARROSA, se presentó el recurso de apelación, el

cual obra a folios 466 al 477 del cuaderno original No. 2, el cual sustentó de la siguiente manera: Expresó que se mantiene en la posición expresada en sus alegatos de conclusión, en cuanto a que después de revisar el auto de cargos, pudo observar que la señora CLEMENCIA DEL PILAR PEÑA QUIMBAY está siendo sancionada como servidora pública, cuando ella es particular, según puede observarse en el c