PGN - ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL - Adoptado medidas en el ejercicio de

SENA-Control legalidad a las resoluciones 1-0477 y 1-0511 de 2020 de su director general. CONTROL DE LEGALIDAD-Jurisprudencia del consejo de estado El objetivo del control inmediato de legalidad es verificar si esas Resoluciones cumplieron con los requisitos formales y materiales para su expedición. Esto lo indicó la Sala Plena del Consejo de Estado desde el 2014, en Sentencia del 8 de julio y consignado en el radicado 11001031500020110112700: "(ii) En razón de la integralidad se desatan dos aspectos a comprobar: el primero atinente al contenido del control y el segundo con relación al parámetro de revisión. El primer aspecto, comporta una verificación en el cumplimiento de múltiples requisitos formales y materiales que deben satisfacer los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción, como son los siguientes:...la competencia para expedirlo, el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de un conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos” . ii. a) En este sentido, el contenido del control determina que el juicio de legalidad exija una confrontación normativa entre los decretos expedidos bajo el amparo de decretos legislativos, en una primera medida con los decretos de los que deriva normativamente y luego, en caso de requerirse, respecto de la totalidad del

ordenamiento jurídico. ii. b) Bajo esta orientación, la corporación ha señalado que la integralidad que se predica del control inmediato de legalidad no es asimilable a la que se deriva del juicio automático de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos expedidos al amparo de la declaratoria del estado de excepción, pues “no es lo mismo revisar una norma legal de excepción delante de un número finito de disposiciones (como es la Constitución), que revisarla frente al “resto del ordenamiento jurídico”. De ahí que no sea posible conferir a la sentencia proferida por la jurisdicción contencioso administrativa fuerza de cosa juzgada absoluta, puesto que siempre existirá la posibilidad de volver a plantear –esta vez en ejercicio de la acción pública de nulidad – cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad respecto de los enunciados normativos analizados, pero con fundamento en problemas jurídicos distintos a los resueltos por el Consejo de Estado al momento de realizar el control inmediato de legalidad . iii) Del principio de autonomía se deriva que la competencia del Consejo de Estado no se encuentra supeditada, para entrar a conocer del asunto, de la previa decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto legislativo que fundamenta la medida examinada, “sin perjuicio de que deba estarse a los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo, si ésta ya se profirió, o para cuando se profiera”. v) Como control oficioso se señala que según el inc. 2º del art. 20 de la Ley 137 de 1994 las autoridades competentes que expidan las medidas administrativas

sujetas a control de legalidad, las enviarán a la jurisdicción contencioso administrativa, “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”. Quiso el legislador que el examen de legalidad no necesitara de la iniciativa de los particulares, aunque no la excluye; basta que las normas sean expedidas para que surja la competencia de esta jurisdicción y la obligación de la autoridad que las profiere de remitirlas a examen. Luego, si la autoridad ejecutiva incumple su deber legal de enviarlas a esta jurisdicción, dentro del término de las 48 horas siguientes a su expedición, el juez administrativo está facultado para asumir el examen de las mismas en forma oficiosa o, incluso, como resultado del ejercicio del derecho constitucional de petición formulado ante él por cualquier persona. v) La causalidad normativa o conexidad refiere dos aspectos: de un lado la relación entre los hechos que habilitan al gobierno a convertirse en legislador extraordinario y los motivos expuestos en la declaratoria del estado de excepción y, de otro, la verificación de la cadena de validez entre las distintas normas que se expiden para resolver las causas y/o neutralizar los efectos generados por la situación de anormalidad. El primero es una constatación que corresponde a la Corte Constitucional y el segundo, además, al Consejo de Estado, 1

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 teniendo en cuenta el nivel de normas objeto de desarrollo. Como es sabido, corresponde a la Corte el control de conexidad de los decretos que desarrollan la

declaratoria del estado de excepción y al máximo juez de lo contencioso administrativo el de los reglamentarios que a su turno desarrollan los primeros. No sobra agregar que el juicio de conexidad que en esta corporación se realiza, se puede ver afectado por las decisiones de la Corte Constitucional. vi) El principio de proporcionalidad demanda al intérprete que en la valoración de las medidas excepcionales se verifique el carácter transitorio de las mismas y qué tan adecuadas, ajustadas y conformes resultaron para la obtención de los fines perseguidos con su implantación. En opinión de la Corte Constitucional, (...) busca que la medida no sólo tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. De esta forma, la comunidad queda resguardada de los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración”. vii) Por último, el principio de necesidad pretende que las medidas tomadas por fuera de la normalidad surjan como herramientas indispensables para la superación del estado de crisis que se expone en la declaración del estado de excepción”. ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL-Adoptado medidas en el ejercicio de su función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos del estado de excepción. Nosotros, como Ministerio Público, consideramos que ambas Resoluciones bajo control cumplieron con esas formalidades, por las siguientes razones: Las Resoluciones ordenaron medidas de carácter general ya que sus destinatarios no son alguna persona individualizada o concreta, sino que son destinatarios impersonales y

abstractos; a quienes se les aplicará la medida de la suspensión de los términos y la atención por medio de las tecnologías de la comunicación. Adicionalmente, el SENA es una autoridad pública que adoptó medidas administrativas relacionadas con el funcionamiento y servicio administrativo, cuya calidad de establecimiento público del orden nacional lo consagró la Ley 119 de 1994: “ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. CONTROL DE LEGALIDAD-Control material. Nosotros, como Ministerio Público, consideramos que esas prórrogas de suspensión de actuaciones y procesos en sede administrativa, y el uso de tecnologías para el trabajo en casa, mientras dure la crisis sanitaria, son coherentes a la finalidad, necesidad y proporcionalidad de su fundamento legal. El fin de suspender los trámites y la continuación de otras actuaciones por medios tecnológicos ha sido la protección a la salud, debido a la crisis sanitaria producida por la Covid-19, según las consideraciones explícitas contenidas en las Resoluciones. Ese fin guarda conexión con la finalidad del Decreto 417 de 2020 que declaró el estado de emergencia social y económica por la crisis global de salud que ocasionó la Covid-19, ya que la pandemia podrá sobrepasar la capacidad del sistema de salud por la velocidad de propagación. 2

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Concepto No. 089-2020 Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2020 Señores

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejo de Estado

Consejero Ponente: Doctor Martín Bermúdez Muñoz

Bogotá.

Radicación: 11001-03-15-000-2020-01956-00.

Acto: Resoluciones 1-0477 y 1-0511 de 2020, del Director General del

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Naturaleza: Control inmediato de legalidad.

El Ministerio Público presenta concepto para el control de legalidad de la radicación de la referencia, en el término del traslado.

I. ANTECEDENTES El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAle envió al Consejo de Estado las Resoluciones 1-0477 y 1-0511 de 2020 de su Director General, para el control inmediato de legalidad. El resuelve de la Resolución 1-0477 el 30 de abril de 2020 ordenó lo siguiente. “RESUELVE: Artículo 1°. Prorrogar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas, procesales y disciplinarias de segunda instancia del SENA durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020, por las razones fácticas y legales descritas en los considerandos de la presente resolución.

Parágrafo: En materia de contratación, no se suspenderán términos de las actuaciones con relación a procesos contractuales en curso por iniciar, para lo cual, se hará uso de todas las

herramientas electrónicas que dispone el SENA y la Agencia de Contratación PúblicaColombia Compra Eficiente garantizando el cumplimiento del procedimiento normativo establecido para tal fin. 3

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Artículo 2°. Prorrogar la suspensión de términos procesales dentro de los procesos de cobro coactivo que se adelantan en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENAen todas las regionales de la entidad, durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020. El término de suspensión aquí previsto, al encontrarse dentro de los supuestos señalados en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, y en el Decreto Legislativo No. 564 del 15 abril de 2020 debe entenderse como evento de suspensión del término de prescripción de la acción de cobro. Artículo 3º. Las actuaciones sancionatorias de imposición de multas, sanciones, declaratoria de incumplimiento contractuales que actualmente se adelantan por parte de la entidad, no tendrán término de suspensión alguno y deberá darse continuidad a los procesos de manera virtual con el apoyo de herramientas tecnológicas dispuestas por el SENA. Artículo 4º. Las audiencias programadas de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 86 de la Ley 1474 de 2011 y 17 de la Ley 1150 de 2007, se podrán realizar a

través de los medios electrónicos que dispone el SENA garantizando el acceso de los contratistas, interesados en la audiencia, garantes y público en general.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá la suspensión de términos en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual, previa consulta y autorización por parte de la Dirección Jurídica. Al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad o no de dicha suspensión.

Artículo 5º. Prorrogar la suspensión de los términos en el proceso de regulación de la cuota de aprendizaje, adelantada a los empleadores obligados, durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020. Artículo 6º. Prorrogar la suspensión de los términos del artículo 1º del Acuerdo 11 del 2008, frente a la obligación del empresario de suscribir contratos de aprendizaje en cumplimiento del acto administrativo que determina o modifique la cuota regulada, durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020; no obstante, los empresarios que estén en capacidad de contratar aprendices podrán hacerlo. Artículo 7°. Prorrogar la suspensión de los términos de las actuaciones sancionatorias de imposición de multas por contrato de aprendizaje que actualmente se adelantan por parte de la Entidad, los procesos de fiscalización y vía gubernativa, relacionados con el Fondo de la Industria de la Construcción -FIC y Aportes Parafiscales, durante los días veintisiete (27) de

abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020. Artículo 8°. Prorrogar la suspensión de los términos relacionados con los recursos contra las resoluciones que determinan la cuota de aprendizaje, los recursos contra los actos administrativos que determinan valores por el incumplimiento de la cuota de aprendizaje, así como los relacionados con los actos que determinan valores a favor del Fondo de la Industria 4

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 de la Construcción FIC y los relacionados con los aportes parafiscales con destino al SENA, durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020. Artículo 9°. Prorrogar la suspensión de los términos en los procesos que se adelantan en virtud de la Ley 1010 de 2006 respecto de las actuaciones relacionadas con los procesos que se estén actualmente en trámite por parte del Comité de Convivencia Laboral, durante los días veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el diez (10) de mayo de 2020. Artículo 10° Comuníquese la presente resolución a la Secretaría General, Directores de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales, subdirectores de Centro, Coordinadores del Sena a nivel nacional y Despachos de Cobro Coactivo a nivel nacional. Artículo 11°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Para los efectos del artículo 8 de la ley 1437 de 2011,

publíquese en la página web del SENA”. Después, el Director General del SENA prorrogó lo que había ordenado en su Resolución 1-0477 de 2020, mediante la Resolución 1-0511 del 12 de mayo

2020. El resuelve de esa segunda Resolución dice: “RESUELVE: Artículo 1°. Prorrogar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas, procesales y disciplinarias de segunda instancia del SENA durante los días once (11) de mayo hasta el veirlticuatro (24) de mayo del 2020, por las razones fácticas y legales descritas en los considerandos de la presente resolución.

Parágrafo: En materia de contratación, no se suspenderán términos de las actuaciones con relación a procesos contractuales en curso por iniciar, para lo cual, se hará uso de todas las herramientas electrónicas que dispone el SENA y la Agencia de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente garantizando el cumplimiento del procedimiento normativo establecido para tal fin.

Artículo 2°. Prorrogar la suspensión de términos procesales dentro de los procesos de cobro coactivo que se adelantan en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENAen todas las regionales de la entidad, durante los días once (11) de mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020. El término de suspensión aquí previsto, al encontrarse dentro de tos supuestos señalados en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, y en el Decreto Legislativo No. 564 del 15 abril de 2020 debe entenderse como evento de suspensión del término de prescripción de la acción de cobro. Artículo 3°. Las actuaciones sancionatorias de imposición de multas, sanciones, declaratoria de

incumplimiento contractuales que actualmente se adelantan por parte de la entidad, no tendrán 5

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 termino de suspensión alguno y deberá darse continuidad a los procesos de manera virtual con el apoyo de herramientas tecnológicas dispuestas por el SENA. Artículo 4º. Las audiencias programadas de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 86 de la Ley 1474 de 2011 y 17 de la Ley 1150 de 2007, se podrán realizar a través de los medios electrónicos que dispone el SENA, garantizando el acceso de los contratistas, interesados en la audiencia, garantes y público en general.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá la suspensión de términos en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual previa consulta y autorización por parte de la Dirección Jurídica. Al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad o no de dicha suspensión.

Artículo 5º. Prorrogar la suspensión de los términos en el proceso de regulación de la cuota de aprendizaje, adelantada a los empleadores obligados, durante los días once (11) de mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020. Artículo 6°. Prorrogar la suspensión de los términos del artículo 1º del Acuerdo 11 del 2008, frente a la obligación del empresario de suscribir contratos de aprendizaje en cumplimiento del acto administrativo que determina o modifique la cuota regulada, durante los días once (11) de

mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020; no obstante, los empresarios que estén en capacidad de contratar aprendices podrán hacerlo. Artículo 7°. Prorrogar la suspensión de los términos de las actuaciones sancionatorias de imposición de multas por contrato de aprendizaje que actualmente se adelantan por parte de la Entidad, los procesos de fiscalización y vía gubernativa, relacionados con el Fondo de la Industria de la Construcción -FIC y Aportes Parafiscales, durante los días once (11) de mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020. Artículo 8°. Prorrogar la suspensión de los términos relacionados con los recursos contra las resoluciones que determinan la cuota de aprendizaje. los recursos contra los actos administrativos que determinan valores por el incumplímiento de la cuota de aprendizaje, así como los relacionados con los actos que determinan valores a favor del Fondo de la Industria de la Construcción FIC y los relacionados con los aportes parafiscales con destino al SENA, durante los días once (11) de mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020. Artículo 9°. Prorrogar la suspensión de los términos en los procesos que se adelantan en virtud de la Ley 1010 de 2006, respecto de las actuaciones relacionadas con los procesos que se estén actualmente en trámite por parte del Comité de Convivencia Laboral, durante los días once (11) de mayo hasta el veinticuatro (24) de mayo del 2020. Artículo 10. Comuníquese la presente resolución a la Secretaria General, Directores de Área,

Jefes de Oficina, Directores Regionales, subdirectores de Centro, Coordinadores del Sena a nivel nacional y Despachos de Cobro Coactivo a nivel nacional. 6

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Artículo 11º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Para los efectos del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA.” El Consejo de Estado admitió el control de legalidad y las dos resoluciones fueron acumuladas en un solo expediente con el radicado 11001-03-15-0002020-01956-00, lo que es el objeto que nos ocupa.

II. CONSIDERACIONES El objetivo del control inmediato de legalidad es verificar si esas Resoluciones cumplieron con los requisitos formales y materiales para su expedición. Esto lo indicó la Sala Plena del Consejo de Estado desde el 2014, en Sentencia del 8 de julio y consignado en el radicado 11001031500020110112700: "(ii) En razón de la integralidad se desatan dos aspectos a comprobar: el primero atinente al contenido del control y el segundo con relación al parámetro de revisión. El primer aspecto, comporta una verificación en el cumplimiento de múltiples requisitos formales y materiales que deben satisfacer los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción, como son los siguientes:...la competencia para expedirlo, el cumplimiento de los requisitos de forma y

de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de un conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos” . ii. a) En este sentido, el contenido del control determina que el juicio de legalidad exija una confrontación normativa entre los decretos expedidos bajo el amparo de decretos legislativos, en una primera medida con los decretos de los que deriva normativamente y luego, en caso de requerirse, respecto de la totalidad del ordenamiento jurídico. ii. b) Bajo esta orientación, la corporación ha señalado que la integralidad que se predica del control inmediato de legalidad no es asimilable a la que se deriva del juicio automático de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos expedidos al amparo de la declaratoria del estado de excepción, pues “no es lo mismo revisar una norma legal de excepción delante de un número finito de disposiciones (como es la Constitución), que revisarla frente al “resto del ordenamiento jurídico”. De ahí que no sea posible conferir a la sentencia proferida por la jurisdicción contencioso administrativa fuerza de cosa juzgada absoluta, puesto que siempre existirá la posibilidad de volver a plantear –esta vez en ejercicio de la acción pública de nulidad – cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad

respecto de los enunciados normativos analizados, pero con fundamento en problemas jurídicos 7

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 distintos a los resueltos por el Consejo de Estado al momento de realizar el control inmediato de legalidad1 . iii) Del principio de autonomía se deriva que la competencia del Consejo de Estado no se encuentra supeditada, para entrar a conocer del asunto, de la previa decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto legislativo que fundamenta la medida examinada, “sin perjuicio de que deba estarse a los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo, si ésta ya se profirió, o para cuando se profiera”2 v) Como control oficioso se señala que según el inc. 2º del art. 20 de la Ley 137 de 1994 las autoridades competentes que expidan las medidas administrativas sujetas a control de legalidad, las enviarán a la jurisdicción contencioso administrativa, “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”. Quiso el legislador que el examen de legalidad no necesitara de la iniciativa de los particulares, aunque no la excluye3; basta que las normas sean expedidas para que surja la competencia de esta jurisdicción y la obligación de la autoridad que las profiere de remitirlas a examen. Luego, si la autoridad ejecutiva incumple su deber legal de enviarlas a esta jurisdicción, dentro del término de las 48 horas siguientes a su expedición, el juez administrativo está facultado para asumir el examen de las mismas en forma oficiosa o,

incluso, como resultado del ejercicio del derecho constitucional de petición formulado ante él por cualquier persona. v) La causalidad normativa o conexidad refiere dos aspectos: de un lado la relación entre los hechos que habilitan al gobierno a convertirse en legislador extraordinario y los motivos expuestos en la declaratoria del estado de excepción y, de otro, la verificación de la cadena de validez entre las distintas normas que se expiden para resolver las causas y/o neutralizar los efectos generados por la situación de anormalidad. El primero es una constatación que corresponde a la Corte Constitucional y el segundo, además, al Consejo de Estado, teniendo en cuenta el nivel de normas objeto de desarrollo. Como es sabido, corresponde a la Corte el control de conexidad de los decretos que desarrollan la declaratoria del estado de excepción y al máximo juez de lo contencioso administrativo el de los reglamentarios que a su turno desarrollan los primeros. No sobra agregar que el juicio de conexidad que en esta corporación se realiza, se puede ver afectado por las decisiones de la Corte Constitucional. vi) El principio de proporcionalidad demanda al intérprete que en la valoración de las medidas excepcionales se verifique el carácter transitorio de las mismas y qué tan adecuadas, ajustadas y conformes resultaron para la obtención de los fines perseguidos con su implantación4. En 1(pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de mayo de 1999, exp. CA011, CP. Ricardo Hoyos Duque; posición posteriormente reiterada en la decisión de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo C.P.

Mauricio Torres Cuervo, sentencia del 22 de febrero de 2011, radicación numero: 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA). 2 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencias A-010 de enero 26 de 1999, C.P. Daniel Manrique Guzmán; CA-013 de 2 de febrero de 1999, C.P. Ricardo Hoyos Duque; CA-009 de 23 de febrero de 1999, C.P. Silvio Escudero Castro; CA-020 de 24 de agosto de 1999, C.P. Alberto Arango Mantilla. 3(pie de página de la cita) Consejo De Estado, Sala Plena, sentencia del 7 de febrero de 2000, exp. CA-033, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 4 (pie de página de la cita) Los principios de proporcionalidad y necesidad fueron recogidos en la decisión del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia de 3 de mayo de 1999, rad. CA011, actor: Superintendencia Bancaria, demandado: circulares externas n.º 085 8

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 opinión de la Corte Constitucional, (...) busca que la medida no sólo tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. De esta forma, la comunidad queda

resguardada de los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración”5. vii) Por último, el principio de necesidad pretende que las medidas tomadas por fuera de la normalidad surjan como herramientas indispensables para la superación del estado de crisis que se expone en la declaración del estado de excepción”. 2.1. Verificación formal. El inciso 1 del artículo 20 de la Ley 137 de 1994 estableció que el control inmediato de legalidad verificará que los actos administrativos sean de carácter general y la autoridad haya adoptado las medidas en el ejercicio de su función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos del estado de excepción. Nosotros, como Ministerio Público, consideramos que ambas Resoluciones bajo control cumplieron con esas formalidades, por las siguientes razones: Las Resoluciones ordenaron medidas de carácter general ya que sus destinatarios no son alguna persona individualizada o concreta, sino que son destinatarios impersonales y abstractos; a quienes se les aplicará la medida de la suspensión de los términos y la atención por medio de las tecnologías de la comunicación. Adicionalmente, el SENA es una autoridad pública que adoptó medidas administrativas relacionadas con el funcionamiento y servicio administrativo, cuya calidad de establecimiento público del orden nacional lo consagró la Ley 119 de 1994: “ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social”. Además, el Director General del SENA expidió las Resoluciones ejerciendo su competencia y las facultades legales y reglamentarías conferidas por los numerales 4 y 17 del artículo 4 del Decreto número 249 de 2004. Incluso, el numeral 4 del artículo 4 º del Decreto 249 de 2004 le atribuyó a la Dirección del 27 de noviembre de 1998 y 002 de febrero 9 de 1999 expedidas por la Superintendencia Bancaria. 5 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, citada en la sentencia C-403/10, M.P. María Victoria Calle Correa. 9

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 General del SENA la facultad para dictar normas para el funcionamiento institucional: "Dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y técnicas de los proyectos operativos, dictar los actos administrativos (…) con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes". Asimismo, las Resoluciones contienen consideraciones explicitas de su expedición en desarrollo del Decreto 417 de 2020, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la emergencia sanitaria y económica generada por la Covid-19, particularmente, en desarrollo del Decreto Legislativo 491 de 2020 que les permitió a las autoridades adoptar medidas

suspensión de las actuaciones administrativas y el trabajo desde casa por medios tecnológicos: “Que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades púb