PGN - ACTO DE NOMBRAMIENTO O ELECCION - Jurisprudencia del consejo de estado

NULIDAD DE ELECCIÓN DE MAGISTRADO-Por falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura y por no haber efectuado una convocatoria pública FALTA DE COMPETENCIA-Del Consejo Superior de la Judicatura en perjuicio de las facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia La ilegalidad según fuera definido al determinar el asunto litigioso se configura por la falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, en perjuicio de las facultades constitucionales en cabeza de la Corte Suprema de Justicia; el incurrir en extralimitación de funciones y no fundar los actos administrativos correspondientes en las normas jurídicas aplicables; no haber efectuado una convocatoria pública como lo demanda la Constitución Política y no haber publicado debidamente los actos de elección referidos. CONVOCATORIA PÚBLICA-No es un procedimiento señalado para la provisión de cargos de magistrados en provisionalidad La convocatoria pública a que alude el cargo no es un procedimiento que se haya señalado para la provisión de cargos en situaciones de anormalidad como la que se estudia, en donde la Sala Plena de la Corporación procede de manera excepcional a efectuar una designación en provisionalidad en tanto se provee el cargo conforme lo tiene señalado la normatividad que le regula, por lo tanto no hay lugar a solicitar la nulidad de los actos por no agotar un procedimiento que no está señalado en la Ley. La convocatoria pública está determinada por los principios constitucionales que informan la función de la administración, en especial los señalados en el artículo 209 constitucional de conformidad con el cual “La función administrativa está al servicio de los intereses generales

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”, que se impone obligatoriamente en todos los caos en que el cargo se provee por sistema de méritos que no es el caso de los magistrados de esta Corporación. El cargo no está llamado a prosperar. ACTO DE ELECCIÓN-Los actos de nombramiento no se publican se notifican Los actos de nombramiento que se han demandado son actos de carácter particular y concreto, los cuales en principio no han de ser publicados sino notificados, pero aún en el evento de que la publicidad de los mismos se impusiera su omisión no tiene consecuencias como las que pretende derivar el actor por cuanto que la no publicación no constituye vicio de legalidad del acto sino de su eficacia, por manera que el cargo resulta inocuo. Conforme con lo señalado por la H. Corporación se tiene que el cargo referido con la no publicación del acto no es vicio que lo afecte de nulidad y por lo tanto se debe desestimar este cargo. PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES-Jurisprudencia del Consejo de Estado ACTO DE NOMBRAMIENTO O ELECCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 25 julio de 2016 Concepto No. 077

Señores

H. CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 11001-03-28-000-2016-00037-00

Radicado interno número: 2016-0037

Actor: Claudia Milena Castellanos Avendaño Demandados: Martha Lucía Zamora Ávila – Iván Darío Gómez Lee Asunto: Nulidad del acta de Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la cual se eligió a los doctores Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee, como Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Respetada señora Consejera: De conformidad con lo señalado por ese Despacho en la audiencia de pruebas llevada a cabo el 10 de junio de la cursante anualidad, en mi calidad de Agente del Ministerio Público ante esa H. Sección, me permito presentar a consideración de la

H. Consejera ponente y por su conducto a la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

IANTECEDENTES 1.- La demanda La ciudadana Claudia Milena Castellanos Avendaño, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó la nulidad de “los actos administrativos mediante los cuales el Consejo Superior de la

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Judicatura eligió, nombró y posesionó a los doctores Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…”. 1.1. Las pretensiones Conforme lo señaló la actora en su escrito de demanda las pretensiones son formuladas como se transcribe a continuación: “Primera. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: a. El acta de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura de 28 de enero de 2016 por medio de la cual se eligió a los doctores Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. b. El acto de nombramiento de los Magistrados previamente mencionados y; c. El acta de posesión de los mismos funcionarios. 1.2. Hechos de la demanda Se pueden sintetizar de la siguiente manera:  Refiere la actora que la Corte Suprema de Justicia efectuó la designación de los dos magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le corresponde, que los mismos fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la cual mediante sentencias del 15 de julio y 11 de noviembre de 2014 los declaró nulos; que como consecuencia de las decisiones judiciales proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado se presentaron dos cargos vacantes en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, estos cargos vacantes, dice la demandante han debido ser suplidos por la autoridad nominadora, que

para el caso lo era la Corte Suprema de Justicia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Manifiesta que a 1 de julio de 2015, fecha en la cual se promulgó la reforma constitucional denominada de equilibrio de poderes, en la que se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, no habían sido aún suplidos los cargos de magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales, reitera debían ser elegidos por la Corte Suprema de Justicia.  Que en reemplazo del eliminado Consejo Superior de la Judicatura se creó un ente denominado Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.  Que en la reforma judicial que adelantó por vía del constituyente derivado se determinó que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura continuarían ejerciendo sus funciones hasta tanto se integrara el Consejo de Gobierno Judicial y se eligiera al gerente de la Rama Judicial.  Que en esta reforma se dispuso que los integrantes del Consejo de Gobierno Judicial serían elegidos dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, no obstante el plazo se venció y no se efectuó elección alguna ni se integró el nuevo Consejo de Gobierno Judicial.  Que en el acto reformatorio se indicó que en tanto se designaban los

miembros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debían continuar ejerciendo sus funciones.  Que a 25 de enero de 2016 no se había aun integrado el Consejo de Gobierno Judicial razón por la cual, siguiendo la teleología del acto de reforma, debían continuar en ejercicio de sus funciones los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  Señala que el funcionamiento de esta Sala se dificultaba como consecuencia de la vacancia en el cargo de los dos magistrados cuya elección había sido anulada y que no habían sido elegidos por la Corte Suprema de Justicia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que por lo anterior y debido a que la Corte Suprema de Justicia no había designado a los magistrados que le correspondía, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura decidió elegir como magistrados de la Sala Administrativa de la Corporación a los doctores Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 6°, 122, 209 y 254 de la Constitución Política;  El artículo 77 de la Ley Estatutaria de Justicia; En relación con el concepto de violación, se destaca por esta Delegada lo siguiente:

 Que el Consejo Superior de la Judicatura actuó sin competencia al elegir a los magistrados Zamora Ávila y Gómez Lee.  Que conforme al artículo 254 de la Carta Política la Sala Administrativa contará con un total de seis magistrados de los cuales dos corresponde elegir a la Corte Suprema de Justicia.  Que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Estatutaria de Justicia las vacancias temporales serán provistas por la respectiva Sala y las absolutas por los nominadores.  Que la causa del retiro de los doctores Ricaurte y Munar lo fue la anulación de sus nombramientos lo cual genera una vacancia de carácter absoluto.  Que el nominador de estas plazas que quedaron vacantes por razón de la sentencia que declaró la nulidad del acto de elección lo es la Corte Suprema de Justicia.  Que el Consejo Superior de la Judicatura al realizar el nombramiento usurpó las funciones que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia.  Que al realizar el nombramiento de estos magistrados el Consejo Superior de la Judicatura se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.  Que la designación se efectuó sin realizar convocatoria pública.  Que los actos de nombramiento no se publicaron.

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2. Admisión de la demanda Por auto del 31 de marzo de 2016 se admitió la demanda y se denegó la medida

cautelar de suspensión de los efectos de los actos de nombramiento demandados deprecada por la demandante.

II. AUDIENCIA INICIAL Se realizó el 10 de junio de 2016.  Saneamiento del trámite adelantado Conforme se dejó consignado en el Acta de Audiencia Inicial “La Consejera Ponente indicó que no advierte ningún vicio que invalide la actuación”, no obstante lo que señalara consideró que debía referirse a una solicitud que formulara el demandado Gómez Lee quien peticionaba se le diera traslado de la solicitud de medida cautelar en aras de la defensa y garantía de sus derechos constitucionales, se le dijo por la Consejera Ponente que a la petición no se le dio respuesta en el auto admisorio de la demanda por cuanto que ésta se había presentado el día en que se profería el proveído en que se decidía la admisión de la demanda y la solicitud de medida cautelar, además, como la medida no prosperó no se puede inferir la vulneración de derechos o garantías, por último se le indicó al señor Gómez Lee que conforme a las normas del CPACA no se prevé traslado alguno en el trámite de esta decisión.  Fijación del litigio El litigio fue establecido de la siguiente manera: “determinar si los actos de elección de Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de

la Judicatura son nulos por: (i) La falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, en

perjuicio de las facultades constitucionales en cabeza de la Corte Suprema de Justicia;

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co (ii) Incurrir en extralimitación de funciones y no fundar los actos administrativos correspondientes en las normas jurídicas aplicables; (iii) No haber efectuado una convocatoria pública como lo demanda la Constitución Política y (iv) No haber publicado debidamente los actos de elección referidos.”.

III. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se ha demandado la nulidad de los actos por medio de los cuales se efectuó la designación en provisionalidad de los doctores Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Resoluciones 05 y 06 del 5 y 9 de febrero de 2014 respectivamente, expedidas por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Consideraciones preliminares: 1°.- El fundamento jurídico de las Resoluciones por las cuales se efectuaron los nombramientos de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura - Sala AdministrativaConforme a lo señalado en el encabezado de las resoluciones que se han demandado en nulidad y en la parte considerativa de las mismas, la decisión de efectuar el nombramiento de estos magistrados se fundamentó en las siguientes

disposiciones de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-:  Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia ARTICULO 53. ELECCION DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la respectiva Corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República. (…)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co PARAGRAFO 1º. La provisión transitoria de las vacantes se hará directamente por cada Corporación o Tribunal y no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses. PARAGRAFO 2º. Los funcionarios públicos en cuya postulación o designación intervinieron funcionarios de la Rama Judicial, no podrán designar a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Constituye causal de mala conducta la violación a ésta disposición. ARTICULO 132. FORMAS DE PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICLAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

(…)

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes. (..)” De igual manera se consideró para el efecto el Auto del 15 de diciembre de 2015 ( ) en donde se dejó dicho lo siguiente: "El vicio de falta de competencia está contemplado en el artículo 137 del CPACA como causal de nulidad de los actos en la siguiente manera “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos (…) sin competencia”.

En efecto, la “competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinar función”1, razón por la cual la doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que a no tenía el poder legal para expedirlo2, es decir, cuando la decisión se toma si estar facultado legalmente para ello. En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la Corporación respectiva, esto es, por fuera de las “atribuciones que el ordenamiento jurídico ha otorgado”.3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - Consejero Ponente: Dr. Alberto Yepes

Barreiro - 15 de diciembre de 2015 - Radicación: 11001-03-28-000-2015-00046-00 - Radicado Interno: 2015-00046Actores: Manuel Yasser Páez Ramírez y otros Demandada: Martha Patricia Zea Ramos – Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura - Nulidad Electoral – Auto Admisorio con Suspensión Provisional 1 Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013, pág. 322 2 Carlos Betancourt Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Bogotá, 2014, pág. 291 3 Rodríguez Libardo, Ob cit.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como se anotó para la parte actora, la elección de la señora Zea Ramos se encuentra viciada de nulidad, porque el acto se profirió sin la competencia para el efecto, por las siguientes razones: i)Al producirse una vacante definitiva en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, correspondía al Congreso de la República y no al Consejo Superior proveerla. ii) Aun si aceptare que el Consejo Superior de la Judicatura tenía la facultad para proveer de forma provisional la vacante generada por la renuncia del doctor Néstor Iván Osuna, la elección debía realizarse por la Corporación en pleno y no

únicamente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Bajo este panorama, corresponde a la Sala determinar si el acto acusado se profirió con falta de competencia. Sea lo primero advertir que, como es ampliamente conocido, el Consejo Superior de la Judicatura quedó eliminado de nuestro ordenamiento jurídico por expresa disposición constitucional, ya que el Acto Legislativo Nº 02 de 2015 modificó el articulado superior que hacía alusión a dicho órgano. No obstante, la citada reforma constitucional también previó que la desaparición de dicha Corporación no fuera automática, y para ello se consagró en el artículo 18 transitorio que a más tardar al 1º de octubre de 2015 el Gobierno Nacional debía presentar ante el legislativo un proyecto de ley estatutaria en el que se regulara el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial. 4 4 “ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial. Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria: l. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así: a) Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. b) Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo

de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial. Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un período de dos años, y otro será elegido para un período de tres años. c) Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de este, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial. d) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial. e) La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo. f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996. g) Se garantizarán, sin solución de continuidad, los

derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura. h) Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Así las cosas, comoquiera que aún no se ha expedido la respectiva ley estatutaria y el Consejo Superior de la Judicatura no ha desaparecido plenamente, es evidente que a la elección acusada le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996. Respecto a la elección de los magistrados que componen el extinto Consejo Superior de la Judicatura los artículos 53, 76, 77 y 132 ibídem disponen: “ARTÍCULO 53. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS. (…) PARÁGRAFO 1o. La provisión transitoria de las vacantes se hará directamente por cada Corporación o Tribunal y no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses. (…)

ARTÍCULO 76. DE LAS SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas:

1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años así: Uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y tres por el Consejo de Estado; y,

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno.

El Consejo en Pleno cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley.”

2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29; artículo 88, numerales 2 y 4; y artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996. Además reglamentará provisionalmente los procesos de convocatoria pública que deba adelantar la Gerencia de la Rama Judicial.

3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3; artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1; artículo 99,

numerales 1 a 9; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo131, numeral 9 de la Ley 270 de

1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de

Carrera.

4. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.

5. Las Altas Cortes y los Tribunales continuarán ejerciendo la función de autoridad nominadora prevista en el artículo 131, numerales 5 y 7 de la Ley 270 de 1996. En el ejercicio de esta función deberán respetar siempre las listas de elegibles.

6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La autoridad nominadora para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mientras subsistan, será el Consejo de Gobierno Judicial.

7. Las autoridades nominadoras previstas en el artículo 131, numerales 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley de 270 de 1996 continuarán ejerciendo esta función. Quedan derogados los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 y el numeral 6 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

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ARTÍCULO 77. REQUISITOS. (…) Las vacancias temporales serán provistas por la respectiva Sala, las absolutas por los nominadores. (…) “ARTÍCULO 132. FORMAS DE PROVISIÓN DE CARGOS DE LA RAMA JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es

de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo. En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.

3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.

Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas. PARÁGRAFO. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.” (Subrayas fuera de texto)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como puede observarse, la Ley 270 de 1996 tiene disposiciones certeras acerca de cómo deben realizarse la provisión de vacantes en dicho órgano. En consecuencia, el anterior marco normativo es el que debe tenerse en cuenta para determinar si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia o no para designar a la señora Zea Ramos como magistrada en provisionalidad. Veamos: (i) Frente al señalamiento, según el cual al producirse una vacante definitiva, el Congreso de la República era el llamado a proveer el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la Sala Electoral desea resaltar que, contrario a lo afirmado por los demandantes, el Consejo Superior de la Judicatura sí podía proveer, de forma provisional, la vacante dejada por el doctor Néstor Osuna. En efecto, en una oportunidad anterior la Sección determinó que aunque por disposición legal la facultad nominadora de los magistrados de la Sala

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura recaía de forma exclusiva en el Congreso de la República, lo cierto era que el citado Consejo de conformidad con el numeral 2º del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 podía proveer de forma temporal y provisional el cargo.

De forma expresa se señaló: “El artículo 77 regula los requisitos para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y señala en el inciso segundo que las vacantes absolutas se proveen por los nominadores. Pero nada establece acerca de la provisión en provisionalidad de vacantes absolutas. Por ello, para resolver el punto es preciso acudir a la regulación armonizada que sobre el asunto consagran el artículo 132, incisos 2° y el 53 parágrafo 1° de la Ley Estatutaria de Justicia, en concordancia con el 254 de la Constitución Política, e incluso con el propio artículo 77 de la Ley 270 de 1996, en tanto que éste último al no contemplar a que autoridad compete la designación en provisionalidad de estos funcionarios en el evento de tener que proveerse transitoriamente una vacante definitiva, autoriza tener que acudir a la armonización con las otras disposiciones que rigen la materia.

De todo lo anterior se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura tiene competencia para hacer la provisión transitoria de los Magistrados de esa Corporación, aún de las vacancias definitivas, a través de un nombramiento en provisionalidad y hasta tanto se haga la designación por el sistema previsto