PGN - Concepto 189-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 189-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Contra la nación – ministerio de protección social, el fondo pasivo social de la empresa ferrocarriles nacionales y la ips fundación médico-preventiva para el bienestar social - fundamed, para que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados con ocasión de la negligencia en el trámite de autorización de un procedimiento quirúrgico que requería su señora madre, que culminó con su muerte el 24 de noviembre de 2003
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL-Por la falta de atención oportuna a la paciente, que conllevó a su muerte, o si, por el contrario, se configura alguna eximente de su responsabilidad
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-No se encuentra acreditada ni la existencia del daño causado por parte de los demandados
CARGA DE PROBAR EL DAÑO ALEGADO-La parte demandante no cumplió con la carga de probar el daño alegado, por lo tanto, no es posible endilgar responsabilidad alguna a las entidades demandadas, mucho menos, lograron probarse los perjuicios reclamados
En ese orden, de considerar el honorable Consejo de Estado impróspera la indebida acreditación del daño, es menester decretar de oficio la aludida prueba, en aplicación de la facultad oficiosa que le asiste al juez de conocimiento, según lo han sostenido los Altos Tribunales: “(...), la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha reiterado que, en algunos casos, el juez administrativo tiene el deber de (i) decretar como prueba de oficio el aporte de los registros civiles y (ii) flexibilizar la prueba del parentesco o estado civil. Lo anterior, con el objeto de garantizar la justicia material y la vigencia de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”.
CONCEPTO N° 189/2026
Bogotá D. C., 19 de octubre de 2026
Señores consejeros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejera Ponente, doctora ADRIANA POLIDURA CASTILLO
E. S. D.
Ref: Proceso: 68001233100020050384802(66687)
Medio de control: Reparación directa
Actor: Hernando Villalba Herrera y Jhon Jairo Pérez Reyes
Demandados: Nación – Minprotección Social – Fondo Pasivo Empresa de Ferrocarriles Nacionales – IPS Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social – FUNDAMEP
Llamado en garantía: Aseguradora Colseguros S.A.
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de reparación directa de la referencia. En esta oportunidad en forma comedida solicita confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de julio de 2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, que denegó las pretensiones, con base en los siguientes argumentos.
1. ANTECEDENTES
1. ANTECEDENTES
1.1 DEMANDA[[1]](#footnote-1). Por intermedio de apoderado judicial, el 24 de noviembre de 2005, el señor MARTÍN MURCIA REYES y JHON JAIRO PÉREZ REYES formularon demanda de reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, EL FONDO PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA FERROCARRILES NACIONALES y la IPS FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL - FUNDAMED, para que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados con ocasión de la negligencia en el trámite de autorización de un procedimiento quirúrgico que requería su señora madre Martha Inés Reyes García, que culminó con su muerte el 24 de noviembre de 2003. En consecuencia, se les condene a pagar 540 SMMLV para cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, y 250 SMMLV también para cada uno, por daño material.
Manifestaron que la señora Reyes García tenía un problema coronario que requería de un cateterismo urgente. Su cuadro clínico se vio agravado entre julio y noviembre de 2003 porque la IPS FUNDAMED no entregaba los medicamentos de manera oportuna y tampoco autorizó la realización del procedimiento a tiempo. Tras varios episodios de complicaciones, el 24 de noviembre de 2003, la paciente fue trasladada a la Clínica María Auxiliadora de Aguachica, Cesar, donde falleció a la espera de la autorización del cateterismo ordenado por los especialistas.
1.2 CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
- EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL[[2]](#footnote-2) se opuso a las pretensiones. Argumentó que no le constan los hechos de la demanda y que una cosa es el Sistema de Protección Social y otra muy distinta la prestación del servicio de salud, pues esta última, es un asunto de orden regional, departamental, distrital o municipal en el que no interviene esa Cartera.
Señaló que, dentro de sus competencias está la dirección del sector salud, así como la formulación de políticas, planes y programas de interés nacional, la coordinación, impulso y financiación de planes y proyectos de inversión en materia de salud, y brindar asesoría y asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios para el desarrollo e implementación de políticas y planes en salud, entre otras, pero en ningún momento le corresponde la prestación de servicios médicos, razón por la cual no existe nexo causal entre su actuar y los hechos de la demanda por los cuales se pretende indemnización. En tal virtud, formuló como excepción legitimación en la causa por pasiva.
Adicionalmente, propuso como excepción la “innominada”.
- EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA FERROCARRILES NACIONALES[[3]](#footnote-3). También se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que presta el servicio de salud a sus pensionados y grupos familiares por medio de subcontratos celebrados con terceros, como en este caso, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., por tanto, no existe relación directa entre la entidad y los beneficiarios de tal servicio.
Formuló como excepciones:
- Inexistencia de culpabilidad y responsabilidad por cumplimiento cabal de sus obligaciones legales, pues, dentro de sus competencias, está direccionar la prestación del servicio de salud a sus pensionados y grupos familiares, lo que hizo, a través de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., con la suscripción del contrato No. 058 de 2003.
- Caducidad de la acción, toda vez que la señora Martha Inés Reyes García falleció el 24 de noviembre de 2003 y la demanda fue radicada el 10 de diciembre de 2005.
- No haberse presentado prueba de la calidad con que actúan los demandantes, como quiera que no se allegaron registros civiles que acrediten que son hijos de la señora Reyes García.
- LA IPS FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL - FUNDAMEP[[4]](#footnote-4). Fundamentó su defensa en las siguientes excepciones:
- Genérica, que resulte probada dentro del expediente.
- Inexistencia de responsabilidad y culpabilidad. La parte actora no lo acredita, y no se le puede atribuir ningún elemento configurante de responsabilidad ni por acción, ni por omisión.
- Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, ya que no se realizó la conciliación extrajudicial en derecho que exige la Ley 640 de 2001.
Adicionalmente, solicitó llamamiento en garantía contra la Aseguradora Colseguros S.A., en virtud de la Póliza de seguro No. 1200000510-04, vigente para la época de los hechos.
En sus alegatos, precisó que no obra dentro del expediente registro civil de defunción de la señora Martha Inés Reyes García, de manera que no se acreditó el fallecimiento y la supuesta fecha en que ocurrió. Tampoco se aportaron los registros civiles de nacimiento de los demandantes, con el fin de acreditar su legitimación en la causa por activa. Reiteró que hay caducidad de la acción, por cuanto, según los hechos de la demanda, esta se debe contar desde el 17 de junio de 2003 y la demanda se radicó el 24 de noviembre de 2005, es decir, 2 años después del hecho dañino.
- ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. (LLAMADO EN GARANTÍA)[[5]](#footnote-5). Formuló las siguientes excepciones respecto a la acción de reparación:
- Caducidad de la acción: los hechos que motivaron la presente demanda ocurrieron el 24 de noviembre de 2003 y la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2005, es decir, después de los 2 años contemplados en la norma para la demanda de reparación directa.
- Genérica que resulte probada dentro de la litis.
Y frente a las pretensiones del llamamiento en garantía, las siguientes:
- Prescripción de las acciones, derechos y obligaciones emanados del contrato de seguro. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la prescripción de acciones derivadas del contrato de seguro puede ser ordinaria de dos años o extraordinaria de 5 años. Para la fecha de notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía, la acción frente a la aseguradora estaba prescrita ya que los hechos ocurrieron en el año 2003 y la sociedad llamante los conoció oportunamente.
- Preclusión de la oportunidad para vincular al proceso a la sociedad llamada en garantía. Desde la fecha en que se admitió el llamamiento en garantía -21 de enero de 2010hasta el día en que se surtió su notificación, han transcurrido más de 90 días, razón por la cual precluyó la oportunidad para vincular a la aseguradora.
- Existencia de deducible del 10% a cargo del asegurado, mínimo de un millón de pesos.
- Genérica, que resulte probada.
En alegatos de conclusión, la Aseguradora Allianz Seguros S.A., antes Aseguradora Colseguros S.A., indicó que, conforme a la historia clínica aportada, es evidente que la atención médica que realizó FUNDAMED a la señora Martha Inés Reyes García fue oportuna y eficiente, en concordancia con la capacidad médica e instrumental de la institución. Adujo que la paciente presentaba comorbilidades, como hipertensión arterial y tabaquismo, que implicaron un riesgo para su salud, al punto de constituirse en la causa eficiente de su fallecimiento, lo que constituye un hecho externo ajeno a la prestación del servicio médico, por lo que no existe nexo de causalidad entre la conducta desplegada por la IPS demandada y el daño cuya reparación se pretende.
Frente al llamamiento en garantía, reiteró que su vinculación se dio por fuera del término legalmente establecido para ello.
1.3 La sentencia de primera instancia[[6]](#footnote-6).El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, a través de fallo de 23 de julio de 2020, declaró falta de legitimación en la causa por pasiva del MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL y denegó las pretensiones de la demanda, porque consideró que no existía suficiente material probatorio que acreditara la responsabilidad de los otros demandados.
Luego de exponer el marco jurídico y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado, analizó el material probatorio, encontrando que no se acreditaron ni el fallecimiento en los términos alegados, ni sus causas; razón por la cual no es posible estructurar la responsabilidad extracontractual de la parte demandada.
Señaló que para poder entrar a determinar si la actuación desplegada por los demandados, fue oportuna y adecuada o, si por el contrario, fue la responsable directa o indirectamente del deceso de la señora Martha Inés Reyes García, es precisamente esta última circunstancia lo primero que debe encontrarse plenamente probado, lo que no sucedió en este caso.
Indicó que, si bien es cierto la Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación en la que advirtió que la muerte, como daño antijurídico, puede demostrarse por otro medio diferente al registro civil de defunción, como el certificado médico, el testimonio, el acta de levantamiento o la necropsia, también lo es, que en el presente asunto, tal circunstancia no se acreditó con ningún medio probatorio, pues lo único que forma parte del libelo y que podría demostrar tal hecho, son las copias de las historias clínicas de la señora Reyes García hasta el 4 de noviembre de 2003, cuando en junta médica del Instituto del Corazón de Bucaramanga se le recomendó la realización de una Coartoplastia con Stent. Si en gracia de discusión se tuviera como probado el daño alegado por los demandantes, tampoco se observa medio de prueba alguno que determine las causas de la muerte de la señora Reyes García, pues ni siquiera se allegó la historia clínica de la fecha en que se produjo su deceso, ni otro medio probatorio que pudiera llevar a la Sala a conocer el motivo del fallecimiento, para establecer su antijuridicidad o no.
Recordó que quien solicita indemnización de perjuicios porque considera que el Estado le ha causado un daño, debe empezar por acreditado, lo cual no se da en el sub examine. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que, de lo allegado al proceso, no se encuentra prueba alguna que permita demostrar el daño según ellos padecido.
Agregó que, aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedarse en el proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del CCA, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones probatorias y por ello la norma procesal establece las cargas que corresponden a las partes en un proceso judicial.
Así las cosas, consideró la Sala que no está plenamente acreditado el daño alegado por los actores, lo cual impidió estructurar un juicio de responsabilidad extracontractual contra la demandada. En consecuencia, no accedió a las pretensiones.
1.4 La impugnación[[7]](#footnote-7).Los demandantes interpusieron recurso de apelación, en el que solicitaron al Consejo de Estado ampliar la actividad probatoria del proceso para esclarecer la verdad sobre la atención médica recibida por Martha Inés Reyes García y las circunstancias relacionadas con su fallecimiento.
Sostienen que las facultades probatorias de oficio constituyen deberes judiciales orientados a una investigación amplia y acuciosa. Las demandas, contestaciones, llamados en garantía y reformas contienen referencias a personas, documentos y otros medios de prueba que podrían ser identificados y ordenados de oficio por el estrado para esclarecer los hechos.
Afirmaron que varias pruebas expresamente solicitadas, incluidas declaraciones, documentos obtenibles mediante oficio y dictámenes periciales, no fueron tramitadas por el a quo. Por ello pidió que se ordenaran en segunda instancia por el superior.
Señaló que Martha Inés Reyes García falleció cuando acudía nuevamente a la Clínica María Auxiliadora de Aguachica, cuyos archivos podrían contener documentos relevantes. Además, que las entidades demandadas y llamadas en garantía prácticamente no negaron el fallecimiento.
Agregó que el debate resarcitorio se relaciona con presuntas postergaciones, obstáculos, negaciones y demoras reiteradas en consultas, exámenes, intervenciones y procedimientos médicos requeridos con carácter urgente, algunos de los cuales nunca se realizaron antes del fallecimiento de la paciente. Por lo que solicitó interrogar de oficio a Martín Murcia Reyes y Jhon Jairo Pérez Reyes, quienes fueron testigos directos de las omisiones en mención, la displicencia y el maltrato recibido por las entidades demandadas frente a los requerimientos relacionados con la paciente.
Para tal efecto, citó apartes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1 PROBLEMA JURÍDICO
Para el Ministerio Público, el problema jurídico se centra en determinar:
- Si la parte demandada es administrativa y patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados a los accionantes por la falta de atención oportuna a la señora Martha Inés Reyes García, que conllevó a su muerte, o si, por el contrario, se configura alguna eximente de su responsabilidad.
TESIS: Se deberá confirmar la sentencia de primera instancia por no encontrarse acreditada la legitimación en la causa por activa, ni la existencia del daño causado por parte de los demandados, en consecuencia, no es posible acceder a los perjuicios alegados, los cuales, además no fueron probados.
2.2. CASO CONCRETO
Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control ni de causal alguna de nulidad que invalide la presente actuación, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada.
2.2.1 PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACIÓN
Es de anotar que el Consejo de Estado, mediante auto de 31 de agosto de 2026, negó las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, por considerar que no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 214 del CCA, norma aplicable para la época de los hechos. Ello, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
“(…) La parte demandante solicitó “que se practiquen las pruebas que fueran explícita y expresamente solicitadas por las Partes [sic] en sus diferentes escritos – (demanda, subsanación, contestaciones, adición o corrección de la demanda, Etcétera)”; sin embargo, omitió especificar a qué prueba hacía referencia y el argumento procedente para que fuera decretada en esta instancia. A su vez, solicitó el decreto del interrogatorio de parte de los demandantes, por considerar que sus declaraciones son útiles para indicar las condiciones en las que la víctima recibió la atención médica.
La razón que se acaba de exponer sería suficiente para negar la primera petición; sin embargo, con el ánimo de brindar un pronunciamiento judicial de fondo y garantizar el derecho de acceso efectivo a la Administración de Justicia a la parte
demandante, se explicarán los motivos por los cuales no resulta procedente el decreto de pruebas en segunda instancia, en la forma pretendida por este extremo del litigio.
Al revisar el expediente, el despacho advierte que en la demanda se solicitó la historia clínica de la señora Martha Inés Reyes García, documento que fue aportado por varias entidades, como consta en el cuaderno No.2, sin que el extremo demandante hubiese cuestionado su contenido, a tal punto que no recurrió el auto que corrió traslado para alegar de conclusión y, por el contrario,
intervino en esa etapa procesal, en los siguientes términos:
“(…) me permito presentarme con todo respeto ante su despacho con el ánimo de suplicar al estrado que: previo al momento en que se pase a dictar sentencia de fondo en primera instancia, se permitan ustedes considerar y estudiar antes la necesidad y la utilidad que de acuerdo con lo que aparece a lo largo del expediente exista o de ordenar y/o practicar pruebas de oficio (…)”13.
Como se puede apreciar, la intención de la parte demandante fue la de exhortar al tribunal de primera instancia para que decretara pruebas de oficio, sin cuestionar que se corriera traslado para alegar ni aludió a pruebas que se hubiesen dejado de practicar.
Al respecto, vale la pena señalar que en el auto que decretó pruebas en primera instancia, se accedió a la única petición formulada por la parte demandante y se logró su recaudo, como consta en el cuaderno No. 2, motivo por el cual no hay lugar a concluir que se presentó la situación prevista en el numeral 1 del artículo 214 del CCA, en tanto no se trató de una prueba decretada cuya práctica se hubiese frustrado sin culpa de la parte que la pidió.
Por otra parte, tampoco se observa que se trate de alguna prueba relacionada con “hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia”, pues no obra manifestación en tal sentido ni se cuenta con elementos para concluir que así sea.
Finalmente, tampoco es posible establecer que se presentó una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hubiese impedido aportar pruebas en la oportunidad procesal correspondiente a la primera instancia, motivo por el cual no se configuran las causales 3 y 4 del artículo 214 del CCA.
Ahora, en relación con la petición el interrogatorio de los demandantes, Jhon Jairo Pérez Reyes y Martín Murcia Reyes, la cual fue formulada bajo el argumento de que únicamente podía solicitarla la contraparte, el despacho considera que esa manifestación no resulta suficiente para desconocer el carácter taxativo de las causales para el decreto de pruebas en segunda instancia.
Lo anterior obedece a que este tipo de peticiones son excepcionales y no pueden derivar de apreciaciones subjetivas de las partes ni de consideraciones distintas a las previstas por el legislador, de ahí que, el hecho que la mencionada prueba no hubiese sido solicitada en la demanda impide enmarcar la situación en la causal primera del artículo 214 para la prosperidad del decreto en segunda instancia.
En las condiciones analizadas, el despacho considera que la solicitud probatoria formulada por la parte demandante no se ajusta a los requisitos legales y, por tanto, será negada, sin perjuicio de las facultades oficiosas que le asisten a la Sala, en el evento de considerar la necesidad de decretar pruebas para esclarecer aspectos oscuros o difusos de la controversia”.
Con base en lo anterior, se tiene que, hasta este momento procesal, en la actuación se cuenta con las siguientes pruebas:
a) Copia del contrato No. 058 de 2003 celebrado el 9 de diciembre de 2003 entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., para la prestación integral de los servicios médico asistenciales contenidos en los términos de referencia elaborados para efectos de la contratación (FIs. 126-263)
b) Nota de remisión hecha por el Dr. AMEL JOSÉ BRACHO BALCÁZAR desde la Clínica de Especialistas María Auxiliadora Ltda., en AguachicaCesar, el día 25 de agosto de 2003, donde se indica[[8]](#footnote-8):
"(…) paciente de 56 años con episodio de angina inestable a repetición, con factores de riesgo hipertensión arterial-dislipidemia y tabaquismo, fue valorada por cardiología que programa para cateterismo y aun no se ha realizado.
Actualmente con datos de isquemia transmural (ver EKG anexo) la respuesta al tratamiento es parcial (nitratos endovenosos-asa-heparina-antihipertensivos-) se remite a revaloración por cardiología para fines intervencionista.
IDX: angina inestable de alto riesgo.
Amerita traslado interinstitucional en ambulancia a unidad de cuidados coronarios".
c) Autorización de fecha 25 de agosto de 2003 de la FUNDAMED para trasladar a la señora Reyes García a la Clínica Metropolitana de Bucaramanga[[9]](#footnote-9).
d) Oficio de fecha 29 de octubre de 2003, suscrito por Cardiólogos del Instituto del Corazón de Bucaramanga, en el que indican a la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA[[10]](#footnote-10):
"Hemos tenido el gusto de realizar cateterismo cardiaco a su paciente MARTHA INÉS REYES GARCÍA de 50 años, quien fue remitida por cuadro clínico de angina con prueba de esfuerzo positiva, antecedente de hipertensión arterial.
Se documentó coartación aórtica severa con cardiopatía hipertrófica hipertensiva y coronarias epicardiacas sin lesiones. Ver informe adjunto.
En vista del cuadro clínico de la paciente y los resultados del presente estudio se discutirá en Junta de decisiones médico quirúrgicas de la institución la conducta a seguir".
e) Historia clínica remitida por FERROCARRILES NACIONALES, de la atención en la Clínica Metropolitana de Bucaramanga[[11]](#footnote-11).
f) Copia de la historia clínica de la señora Martha Inés Reyes García, elaborada en la Clínica Metropolitana de Bucaramanga, por la atención recibida entre el 24 y el 25 de mayo de 2003, y entre el 26 y 29 de agosto de 2003[[12]](#footnote-12), de la que se extrae:
‘Idx Ingreso: Angina Inestable
(...)
Fecha de ingreso y hora: 24-05-03
Fecha de Egreso y hora: 25-05-03
(...)
Paciente que es remitido con DX: 1. Síndrome coronario agudo a angina inestable. De alto riesgo. 2. HTA crónica"
Remisión hecha por la Fundación Médico Preventiva de Aguachica, el 24 de mayo de 2003 a la Clínica Metropolitana de Bucaramanga, en la que indica^”:
"Por medio del presente estamos autorizando el traslado interinstitucional en ambulancia de la usuaria MARTHA INES REYES, beneficiarla del programa FERROCARRILES NACIONALES..., valorada por Medicina Interna quien considera remitir a III nivel para valoración CARDIOLOGIA Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS por presentar Idx. SINDROME CORONARIO AGUDO (Angina Inestable de alto riesgo) y HTA CRONICA".
"fecha de ingreso: 26-08-03
(...)
50 años.
2do episodio angina inestable en 3 meses...
Hace 40 hs episodio de angina severa"
"29-08-03
Pendiente cateterismo cardiaco"
g) Copia de la historia clínica de la señora Martha Inés Reyes García, elaborada en la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL LTDA.[[13]](#footnote-13), de la que se destaca:
“(…) PRUEBA DE ESFUERZO REALIZADA EN LA SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DE SANTANDER:
"Hallazgos eléctricos durante la prueba: En la segunda etapa del protocolo presentó
infradesnivel de 2 mm con carácter ascendente en la pared lateral, asociado a dolor toraxico.
Durante la fase de recuperación el ST vuelve al basal y se invierte la onda T.
CONCLUSIONES:
1. Prueba de carácter submaxima, positiva para insuficiencia de riego coronario"
"XI-23-95
Resumen H.C. pte con cc de sensación de ahogamiento A.P. H.T.A. tratada con... soplo sistólico... IDX: Cardiopatía hipertensión"
"XI-23-95
Resumen H.C. pte con cc de sensación de ahogamiento A.P. H.T.A. tratada con... soplo sistólico... IDX: Cardiopatía hipertensión"
- Copia acta junta médico quirúrgica del Instituto del Corazón de Bucaramanga, de 4 de noviembre de 2003 (Fl. 524 vto), de la que se extrae:
"Paciente remitida por cuadro clínico de angina crónica de esfuerzo, con prueba de esfuerzo positiva, clase funcional II/III, impresión diagnostica Enfermedad coronaria. Angina grado III,
Hipertensión arterial.
Cateterismo (Octubre 29-2003)
1. Coartación de aorta severa con cardiopatía hipertrófica hipertensiva y coronarias epicardias sin lesiones.
(...)
Se recomienda Coartoplastia con Stent."
2.2.2 DE LA ACREDITACIÓN DEL DAÑO
En materia de responsabilidad del Estado, desde el año 2012, el Consejo de Estado unificó su posición respecto al régimen aplicable en esta materia, dejando en manos del juez la decisión a adoptar frente a cada caso concreto, conforme a la situación fáctica y jurídica. De ahí que se vienen aplicando diferentes títulos de imputación, atendiendo las circunstancias y los hechos debidamente probados.
Con relación a la falla médica, la carga probatoria respecto al daño recae en cabeza del demandante, convirtiéndose la historia clínica y el dictamen pericial en las pruebas más relevantes para acreditarlo, tal como lo ha precisado esa misma Corporación:
“(…) La Sala reitera que la falla probada del servicio es el título de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico asistencial. Luego de acudir a criterios como la “falla probada” o la “teoría de las cargas dinámicas de la prueba”, la jurisprudencia retomó la regla probatoria del artículo 177 del CPC, según el cual incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. El demandante debe, pues, demostrar el daño, la falla por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad, es decir, que la falla médica fue la causa eficiente del daño sufrido. A pesar de que la carga probatoria es del demandante, la entidad estatal puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado, o que el daño sobrevino como consecuencia de una causa externa, como la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o que fue el desenlace natural de la patología del paciente.
Para acreditar la falla y el nexo causal, el demandante puede acudir a todos los medios de prueba, pero en materia médica cobra especial importancia el dictamen pericial y los indicios, los que, a su vez, pueden establecerse a partir de conductas procesales de las partes, como no aportar la historia clínica o hacerlo de forma incompleta, en los términos del artículo 249 CPC. No obstante, la existencia de indicios no es suficiente por sí misma para estructurar los elementos de la responsabilidad. Es necesario que estos sean coherentes con el resto del acervo probatorio, luego de una valoración bajo los criterios de la sana crítica y las reglas de la experiencia.
(…) Según el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente (….), se trata de un documento (….) en el que se registran cronológicamente no solo las condiciones de salud del paciente, sino todos los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo (enfermeras y auxiliares) que interviene en la atención (…). La jurisprudencia ha considerado que … [en materia de responsabilidad médica, es el medio probatorio por excelencia, porque contiene el registro detallado de las evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y evolución del cuadro clínico del paciente…][[14]](#footnote-14) (Resaltados fuera de texto).
En el presente caso, se cuestiona la muerte de la señora Martha Inés Reyes García, luego de que la IPS omitiera autorizar de manera oportuna un procedimiento quirúrgico que requería para mejorar su estado de salud.
Revisado el acervo probatorio anteriormente relacionado, no se encuentra el registro de defunción de la señora Martha Inés
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