PGN - Concepto RE-401 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto RE-401 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá D.C., octubre de 2026. Honorables magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Ciudad

Expediente: RE-401

Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 227 del 05 de marzo de 2026.

Concepto No. 7638 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Politica, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia. L ANTECEDENTES En el marco de la emergencia económica y social declarada mediante Decreto Legislativo 150 de 2026, el presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 227 del 5 de marzo de 2026 “por el cual se adoptan medidas relativas al objeto del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, en materia de infraestructura y dotación para educación superior, con ocasión a la emergencia económica, social y ecológica declarada en parte del territorio nacional a través del Decreto número 0150 del 11 de febrero de 2026”, mediante el cual se amplía el objeto del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, para incluir la atención de la infraestructura y dotación para educación superior de las instituciones ubicadas en los departamentos declarados en emergencia. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 13 de marzo de 2026, ordenó correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Dicho traslado se surtió mediante el Oficio No.

traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Dicho traslado se surtió mediante el Oficio No. 363 del 5 de octubre de 2026. ll COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para ejercer control de constitucionalidad sobre los decretos tegislativos, según los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución Política. ul. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN El Decreto Legislativo 227 de 2026 adiciona un quinto parágrafo al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015", modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019?. En el artículo modificado se crea el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura — FFIE como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, que tiene como propósito 1 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", ? Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad". Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25/08/202669 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA viabilizar y financiar proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los

ampliación y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. El parágrafo adicionado por el Decreto Legislativo 227 de 2026, amplía el objeto del Fondo, al incluir la viabilización y financiación de proyectos de infraestructura física y digital del servicio público de educación superior, para atender las afectaciones en esta materia los departamentos en los cuales se declaró el Estado de Emergencia.

IV. — CUESTIÓN PREVIA La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-191 de 2026 (Comunicado de Prensa No. 22 de 24 de junio de 2026), declaró exequible el Decreto Legislativo 150 de 2026, salvo en lo relativo a los hechos y consideraciones relacionados con la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, et deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y batdíos, así como en otros procedimientos agrarios; y la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA-.

Igualmente, la Corte precisó los límites al ejercicio de las facultades de excepción, en relación con las siguientes circunstancias: (i) Frente a su alcance territorial, la emergencia procede únicamente frente a los “181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre — UNGRD-, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026 y (ii) a los demás

“181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre — UNGRD-, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026 y (ii) a los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción”. (ii) “Elestado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales, ni de aquellas que tengan por objeto ejecutar acciones de reconstrucción, a menos que, respecto de estas últimas, el Gobierno nacional demuestre que se encuentran directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, en los términos que han quedado indicados en la parte motiva de esta providencia la naturaleza de las medidas que pueden adoptarse para la atención del desastre”. (iii) En relación con la financiación y ejecución de los recursos, estos (a) no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado y en las condiciones indicadas en esta sentencia, (b) para ejecutar los recursos, las entidades deberán señalar en el acto administrativo respectivo la razón por la cual los recursos ordinarios resultan insuficientes, (c) las medidas deben ser cofinanciadas entre la Nación y las entidades territoriales, (d) se debe crear una herramienta que permita 3 Comunicado de Prensa No. 22 del 24 de junio de 2026 Ibid.

resultan insuficientes, (c) las medidas deben ser cofinanciadas entre la Nación y las entidades territoriales, (d) se debe crear una herramienta que permita 3 Comunicado de Prensa No. 22 del 24 de junio de 2026 Ibid. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso; Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026So PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION separar los recursos recaudados para la emergencia y para hacer seguimiento a su ejecucidn’, Por lo anterior, el análisis material del presente decreto legislativo se realizará tomando en consideración la decisión constitucional mencionada y de conformidad con la limitación señalada en la parte resolutiva de la Sentencia C-191 de 2026.

  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico por resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 227 de 2026, se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional.
  2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio realizará el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 227 de 2026, comenzando (1) por la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y continuando (2) con el análisis de los presupuestos materiales a partir de los juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, se presentarán las conclusiones correspondientes.

EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 227 DE 2026

con el análisis de los presupuestos materiales a partir de los juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, se presentarán las conclusiones correspondientes.

EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 227 DE 2026

1. Análisis de los presupuestos formales La Procuraduría General de ta Nación considera que el Decreto Legislativo 227 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el Decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por la totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición. En total, lo firmaron diecisiete ministros titulares y dos funcionarios que ejercían el cargo en condición de encargo: la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible? y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Motivación": este requisito se cumple de manera expresa. Esta norma contiene una motivación en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de la medida adoptada y su conexidad 5 Cfr. Ibid. $ Expediente digital RE-401. Anexos a la respuesta rendida por el Gobierno nacional el 25 de marzo de 2026. Págs. 81 y 82. El Decreto 0877 del 5 de agosto de 2025, por el cual se acepta una renuncia y se encarga a la señora Irene Vélez Torres, a fin de que

ejerza funciones como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin desprenderse de las funciones propias de su cargo como directora general de ta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El mismo día se llevó a cabo la posesión en el precitado cargo, según da cuenta el Acta No. 1488. ? Expediente digital RE-401. Anexos a la respuesta rendida por el Gobierno nacional el 25 de marzo de 2026. Págs. 94, 95 y 96. El Decreto 0153 del 12 de febrero de 2026, por el cual se concede licencia de maternidad a la ministra Angela Yesenia Olaya Requene, y se encarga a Kevin Fernando Henao Martínez, a fin de que ejerza funciones como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin desprenderse de las funciones propias de su cargo como viceministro de Talento y Apropiación Social de Conocimiento, desde el 07 de febrero hasta el 12 de junio de 2026. El mismo día se llevó a cabo la posesión en el precitado cargo, según da cuenta el Acta No. 2006. 5 En este punto del análisis no es necesario estudiar la suficiencia de la motivación, pues dicho análisis se realizará en la etapa del examen material del decreto. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Varsión: 5 | Fecha: 25//08/202669 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. En ese sentido, en la parte considerativa de la norma analizada se exponen las causas que dieron lugar a la emergencia? y los efectos que el frente frío produjo en relación

Legislativo 150 de 2026. En ese sentido, en la parte considerativa de la norma analizada se exponen las causas que dieron lugar a la emergencia? y los efectos que el frente frío produjo en relación con la infraestructura educativa y el impacto en la prestación del servicio público de educación", señalando la necesidad de ampliar mecanismos de financiamiento de infraestructura educativa de los niveles de preescolar, básica y media (PBM) a la educación superior, como el mecanismo idóneo para responder a las necesidades de los estudiantes de las IES del sector oficial ubicados en los departamentos declarados en emergencia™.

Delimitación temporal: este requisito también se cumple, en tanto este Decreto Legistativo fue expedido el 05 de marzo de 2026, es decir, dentro del término de ta Emergencia Económica y Social, pues esta se declaró el 11 de febrero de 2026, por un término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto.

Delimitación territorial: el Decreto Legislativo 227 de 2026 permite que el FFIE pueda financiar proyectos necesarios para conjurar la emergencia e impedir la extensión de sus efectos respecto de la adecuada prestación del servicio de educación superior, en los departamentos señalados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 150 de 2026. Esta delimitación se debe aplicar según la precisión realizada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-191 de 2026.

Remisión a la Corte Constitucional: este requisito también se encuentra cumplido, toda vez que el 6 de marzo de 2026 (5:03 pm), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día

toda vez que el 6 de marzo de 2026 (5:03 pm), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día siguiente posterior a su expedición”?, Así las cosas, el Decreto Legislativo 227 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 214 superior y en la LEEE.

2. Análisis de los requisitos materiales El Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 227 de 2026 cumple con los juicios materiales, tal como se indica a continuación. a) Juicios de finalidad, conexidad material y motivación suficiente El Decreto Legislativo 227 de 2026 tiene por objeto habilitar al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE para atender afectaciones en materia de educación superior, ocasionadas en el marco de la emergencia declarada mediante Decreto Legislativo 150 de 2026, con el propósito de restablecer la adecuada prestación del servicio educativo??. 2 Cfr. Decreto Legislativo 227 de 2026. Considerandos 4 y 5. 30 Ibid. Considerandos 6, 7 y 13.

Y bid. Considerandos 8, 9, 10, 11 y 12. % De conformidad con el parágrafo del articuto 215 de la Constitución, el no envio a ta Corte Constitucional no implica automáticamente la inexequibilidad del Decreto Legislativo a revisar, sino que se configura como una habilitación para que ta Corte Constitucional aprehenda de oficio el conocimiento de este. En este caso, la Procuraduría General de la Nación considera

automáticamente la inexequibilidad del Decreto Legislativo a revisar, sino que se configura como una habilitación para que ta Corte Constitucional aprehenda de oficio el conocimiento de este. En este caso, la Procuraduría General de la Nación considera que se cumple con el requisito porque a pesar de haber sido enviado a las 5:03 pm, la Corte no tuvo que adetantar de oficio el estudio respectivo. 13 Cfr. Decreto Legislativo 227 de 2026. Considerando 4 y artículo 1. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 j Versión: 5 | Fecha: 25/08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA La finalidad del Decreto bajo estudio apunta a conjurar la crisis y a la disminución de sus efectos, en la medida en que los impactos sufridos en el sector de educación fueron incorporados dentro de las motivaciones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia efectuada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026!. Así, desde un primer momento se fueron reportando las cifras de los daños presentados en centros educativos de los diferentes niveles, que tuvieron como causa el Frente Frío, las cuales mantuvieron una tendencia creciente a medida que se iba allegando la información remitida por las entidades territoriales certificadas y las Instituciones de Educación Superior". Por lo anterior, el Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 227 de 2026 supera los juicios de finalidad y conexidad material externa por cuanto la ampliación del objeto del FFIE para financiar no solo tas intervenciones a la infraestructura de la

Por lo anterior, el Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 227 de 2026 supera los juicios de finalidad y conexidad material externa por cuanto la ampliación del objeto del FFIE para financiar no solo tas intervenciones a la infraestructura de la educación PBM, sino también de la educación superior que hubiese resultado con algún grado de afectación a raíz del Frente Erío, constituye una medida directamente relacionada con el Decreto Legislativo 150 de 2026, que contribuye a la superación de la emergencia declarada y a la recuperación del territorio a través del restablecimiento y garantía del servicio público de educación superior. De igual manera, la norma supera los juicios de conexidad material interna y motivación suficiente en razón a que en la parte considerativa del Decreto Legislativo 227 se señala que la necesidad de ampliación del ámbito de acción del FFIE se debe a la grave afectación de la infraestructura educativa, que incide negativamente en la calidad del proceso educativo, la permanencia estudiantil, la continuidad de las trayectorias educativas, y en general, en el derecho fundamental a la educación integral de los alumnos?, Dado lo anterior, la norma identifica las intervenciones urgentes que se requieren en el sector educativo, y argumenta que la mejor vía para solventar las necesidades de infraestructura de la educación superior es acudir al FFIE, que “por su naturaleza Jurídica y experticia en el manejo de proyectos de infraestructura educativa (...) se constituye en la herramienta más expedita para desarrollar el proceso que conlleve a la instalación de infraestructura modular educativa en el territorio afectado por la emergencia”””, ante la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para atender las

constituye en la herramienta más expedita para desarrollar el proceso que conlleve a la instalación de infraestructura modular educativa en el territorio afectado por la emergencia”””, ante la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para atender las necesidades educativas de aproximadamente 68.000 estudiantes de educación superior afectados por el frente frío12. La atención de estas necesidades en el territorio nacional asciende a un monto aproximado de $36.000.000.000 de pesos, en razón a los daños leves, moderados y mayores reportados por las JES al Ministerio de Educación Nacional con base en los instrumentos de recolección de información adoptados por dicha Cartera Decreto Legislativo 150 de 2026. Considerandos 17, 41 y 65. “$ Cfr. Expediente digital RE-401. Pruebas allegadas por el Ministerio de Educación el 25 de marzo de 2026, de asunto “Respuesta a punto 3, numeral 3 del auto de la Corte Constitucional del 17 de marzo de 2026”. 1 Decreto Legislativo 227 de 2026. Considerandos 6 y 7. 17 bid. Considerandos 8 y 9. 18 Ibid. Considerandos 12 y 13. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 801)5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ministerial'?, proyectándose $ 30.720.000.000 de pesos para la atención de las IES ubicadas en los territorios declarados en emergencia”. b) Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica

ministerial'?, proyectándose $ 30.720.000.000 de pesos para la atención de las IES ubicadas en los territorios declarados en emergencia”. b) Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica La disposición acusada no vulnera principios constitucionales, ni desconoce los derechos fundamentales ni los derechos intangibles contemplados en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria 137 de 1994, en la medida que tiene como propósito garantizar y restablecer los servicios de educación superior en los territorios afectados por la emergencia. La educación tiene la doble connotación de derecho y de servicio público en virtud del artículo 67 de la Constitución. En su dimensión de derecho, “la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política”?”. Desde su connotación de servicio público, “la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable”. Por tal razón, la educación impone deberes del Estado de respeto, protección y cumplimiento por lo que debe (i) evitar acciones que impidan u obstaculicen el acceso a la educación; (ii) tomar medidas para prevenir que terceros interfieran en su disfrute y, (iii) garantizar el ejercicio pleno de este derecho mediante recursos adecuados y

cumplimiento por lo que debe (i) evitar acciones que impidan u obstaculicen el acceso a la educación; (ii) tomar medidas para prevenir que terceros interfieran en su disfrute y, (iii) garantizar el ejercicio pleno de este derecho mediante recursos adecuados y desarrollo normativo”. La jurisprudencia constitucional ha identificado los contenidos que comprende el derecho a la educación, con base en los parámetros establecidos en la Observación General No. 13 del Comité DESC, que señala como componentes estructurales la asequibilidad o disponibilidad del servicio; la accesibilidad, para que todos puedan ingresar al servicio educativo; la adaptabilidad de la educación a las demandas y necesidades de los educandos; y la aceptabilidad que implica ta impartición de una educación de calidad”. En esa medida, el Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 227 de 2026 supera los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica puesto que se enfoca en la salvaguarda del derecho y servicio público de 13 Cfr. Expediente digital RE-401. Pruebas altegadas por el Ministerio de Educación el 24 de marzo de 2026, de asunto “Remisión de pruebas por el Ministerio de Educación Nacional, en el trámite de revisión de constitucionatidad de Decreto Legislativo 0227 del 5 de marzo de 2026 (...)”. 20 Cfr. Expediente digital RE-401. Pruebas allegadas por el Ministerio de Educación el 11 de mayo de 2026, de asunto “Referencia:

Expediente RE-401 Asunto: Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0227 del 5 de marzo de 2026 (...)”. Respuesta Auto del 30-04-2026”. Registrada en el expediente el 12 de mayo de 2026 como “2243 P RE-401 Respuesta a oficio OPC-154-26, remite Ministerio de Educación Nacional”. 21 Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2022 2 Corte Constitucional. Sentencia C-172 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 2024 24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 2022 Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 501)5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versián: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA educación en sus diferentes dimensiones, principalmente las de asequibilidad y accesibilidad, at procurar que los procesos educativos del nivel superior que se hayan visto afectados por la emergencia, sean reestablecidos en el menor tiempo posible, a partir de mecanismos que han demostrado efectividad en relación con ta infraestructura de tos niveles de educación de preescolar, básica y media. Lo anterior no solo persigue las finalidades dispuestas por el constituyente en los artículos 2, 44, 67, 69 y 70 de la Constitución, sino que también encuentran sustento en el artículo 209 superior, por cuanto el FFIE a pesar de regirse por normas fiduciarias de carácter privado, le resultan aplicables los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, celeridad, eficacia, publicidad y responsabilidad”, teniendo

en el artículo 209 superior, por cuanto el FFIE a pesar de regirse por normas fiduciarias de carácter privado, le resultan aplicables los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, celeridad, eficacia, publicidad y responsabilidad”, teniendo como propósito facilitar “la infraestructura educativa adecuada y necesaria para la prestación del servicio público de educación, bajo los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos a favor de la población social y económicamente vulnerable del territorio nacional”. c) Juicio de necesidad e incompatibilidad Entre enero y febrero tuvo lugar un hecho repentino e inesperado que, a pesar de inscribirse en el contexto del cambio climático, alteró de manera significativa el sistema hidrológico, y fue categorizado por la Corte Constitucional como un fenómeno meteorológico extremo, extraordinario y sobreviniente presentado en 181 municipios de los ocho departamentos declarados en emergencia”. En el análisis de constitucionalidad del Decreto Legislativo 150 de 2026, el Alto Tribunal verificó que el fenómeno impactó directamente el ejercicio de múltiples facetas de derechos, incluido el derecho a la educación, De conformidad con los reportes realizados por las Instituciones de Educación Superior al Ministerio de Educación Nacional, 42 Instituciones se vieron afectadas interrumpiendo el servicio frente a aproximadamente 68.000 estudiantes en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca?. No obstante, según el material probatorio allegado, fueron aproximadamente 15 instituciones de educación superior dentro de los territorios declarados en emergencia las que sufrieron daños severos en “estructuras y elementos

No obstante, según el material probatorio allegado, fueron aproximadamente 15 instituciones de educación superior dentro de los territorios declarados en emergencia las que sufrieron daños severos en “estructuras y elementos constructivos por inmersión prolongada, pérdida funcional de divisiones internas construidas con sistemas livianos, afectaciones en mamposterías por ascenso capilar y persistencia de humedad, deterioro de pisos y recubrimientos por expansión y contracción del terreno derivada de saturación hídrica, riesgo geotécnico por modificación temporal de condiciones del suelo portante, deterioro de cimentaciones, afectaciones críticas en redes eléctricas, sulfatación y oxidación de cableados, daño irreversible de subestaciones y tableros eléctricos, colapso o deterioro severo de sistemas sanitarios, afectaciones en cerramientos, cubiertas y accesos, pérdida total o parcial de mobiliario escolar, daño de equipos de cocina, deterioro de elementos pedagógicos y afectación directa de condiciones mínimas de seguridad y 2 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.9.1.3. 8 Decreto Legislativo 227 de 2026. Considerando 9. ?? Cir. Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 2026. 2 ibid. 2% Decreto Legislativo 227 de 2026. Considerando 13. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-2B j Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA habitabilidad”, así como “pérdida material de condiciones de acceso, incluyendo

Proceso: Documental | Código: DO-F-2B j Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA habitabilidad”, así como “pérdida material de condiciones de acceso, incluyendo colapso de puentes, aislamiento territorial, riesgos de movilidad y dificultades logísticas que impiden la operación ordinaria de los establecimientos educativos”, La diferencia entre la cifra preliminar de 42 instituciones y la base depurada de 15 instituciones se explica por la naturaleza progresiva del levantamiento de información?!. En concreto, las IES que necesitan intervenciones por afectaciones

ocasionadas por el frente frío son: Nombre IES Departamento Caracterización del Monto do daño requerido Universidad de Sucre Sucre Moderado $ 1.000.000 INFOTEP SAN JUAN La Guajira Moderado $ 200.000 Institución Universitaria Bellas 7 Artes y Ciencias de Bolivar, UNIBAC | _—_BOllvar pode $ 500.000 Institución Universitaria Colegio o Mayor de Antioquia Antioquia Leve $ 200.000 Institución Universitaria deSanta | magdalena Moderado $ 6.000.000 institución Universitaria ITM Antioquia Moderado $ 1.400.000 Institución Universitaria Mayor de Bolívar Moderado $700.000 Cartagena Politécnico Colombiano Jaime ÓN Isaza Cadavid o Antioquia Leve $ 50.000 _ UNAD _ Magdalena _ Leve $ 7.500.000 Universidad de Cartagena Bolívar __ Moderado $3.000.000 Universidad de Córdoba Córdoba Moderado $ 1.000.000 | _ Universidad de La Guajira La Guajira Moderado | $ 5.000.000

Universidad de Cartagena Bolívar __ Moderado $3.000.000 Universidad de Córdoba Córdoba Moderado $ 1.000.000 | _ Universidad de La Guajira La Guajira Moderado | $ 5.000.000 Universidad del Magdalena Magdalena Moderado _ $3.000.000 Universidad Nacional de Colombia a : Sede Medellin Antioquia | 7 Leve $ 320.000 Universidad Tecnológica del Choco "Diego Luis Córdoba" Choco Moderado $ 850.000 E Total $ 30.720.000 Tabla elaborada con base en las pruebas allegadas por el Ministerio de Educación Nacional“ La medida adoptada mediante el Decreto Legislativo 227 de 2026 es jurídicamente necesaria en tanto permite que las afectaciones reportadas por tas IES mencionadas puedan ser atendidas en debida forma por las autoridades gubernamentales de forma ágil, ante la insuficiencia de las medidas ordinarias frente a la magnitud de los hechos que llevaron a la expedición del Decreto Legislativo 150 de 2026. Medidas ordinarias como las dispuestas en la Ley 1523 de 2012%°, FODESEP o los proyectos de inversión ordinarios, no son suficientes en razón a que se configuran 30 Cfr. Expediente digital RE-401. Pruebas allegadas por el Ministerio de Educación el 13 de mayo de 2026, de asunto “Respuesta complementaria a los requerimientos formulados en los numerales quinto, sexto y séptimo del Auto del 30 de abril de 2026, en relación con la revisión de constitucionalidad del Decreto Legistativo 0227 del 5 de marzo de 2026”. Pág. 3.

4 Expediente digital RE-401. Pruebas allegadas por el Ministerio de Educación el 14 de jutio de 2026, de asunto “Respuesta a los requerimientos formulados en el

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