PGN - Concepto re-418 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto re-418 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

Bogotá D.C., noviembre de 2026. Honorables magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. CARLOS CAMARGO ASSIS

Ciudad

Expediente: RE-418

Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 1386 del 09 de septiembre de 2026 “Por el cual se adiciona el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y se adoptan medidas transitorias para la prestación del servicio educativo en espacios físicos alternos o mediante modalidades remotas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional (...)”.

Concepto No. 7650 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES En el marco de la emergencia económica y social declarada mediante Decreto Legislativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 1348 de 2026, el presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 1386 del 09 de septiembre de

2026. El magistrado sustanciador, mediante Autos del 16 de septiembre y 16 de octubre de 2026, ordenó correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Dicho traslado se surtió mediante el Oficio No. 434 del 28 de octubre de 2026.

He COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Dicho traslado se surtió mediante el Oficio No. 434 del 28 de octubre de 2026. He COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para ejercer control de constitucionalidad sobre los decretos legistativos, de conformidad con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución Política. il. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN El Decreto Legislativo 1386 de 2026 adiciona un parágrafo transitorio al artículo 138 de la Ley 115 de 1994”, en el cual se define la naturaleza y se fijan las condiciones que Y Por la cual se expide la ley general de educación Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601)5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026“S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA deben cumplir los establecimientos educativos privados, de economia solidaria y del sector oficial para su adecuado funcionamiento. El parágrafo tiene por objeto permitir, previa autorización de la Entidad Territorial Certificada — ETC, que las instituciones educativas con reconocimiento de carácter oficial que lo requieran presten los servicios educativos en instalaciones ajenas a las del establecimiento, en aras de garantizar la continuidad en la prestación de este derecho y la seguridad de la comunidad educativa. En concreto, el parágrafo transitorio establece: “Parágrafo transitorio. Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación comprendidas en el ámbito territorial del artículo 10 del Decreto número 1261 del 19 de

transitorio establece: “Parágrafo transitorio. Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación comprendidas en el ámbito territorial del artículo 10 del Decreto número 1261 del 19 de agosto de 2026, modificado por el Decreto número 1348 de 2026, podrán autorizar, mientras subsistan las condiciones de afectación derivadas del terremoto del 10 de agosto de 2026, que la prestación del servicio educativo se realice en los espacios que se consideren idóneos para tal fin, incluso fuera de las sedes de los establecimientos educativos que cuentan con reconocimiento de carácter oficial, siempre que presenten condiciones seguras para el aprendizaje. Lo anterior, previa solicitud debidamente motivada en donde el respectivo establecimiento acredite ante la Entidad Territorial Certificada en Educación competente la imposibilidad o restricción para la prestación presencial del servicio educativo en sus espacios físicos”? De igual manera, el Decreto delimita el ámbito de aplicación para atender la emergencia declarada mediante Decreto 1261 de 2026 e impedir la extensión de sus efectos tanto en los territorios incluidos en el Reporte Situacional No. 54 de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- (con corte 06:30 del 28 de agosto de 2026), como aquellos que acrediten afectaciones directas con ocasión del terremoto del 10 de agosto de 2026°.

IV. — CUESTIÓN PREVIA La Corte Constitucional adelanta et estudio de constitucionalidad de los decretos 1261 de 2026, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, y 1348 de 2026, modificatorio, en relación con los cuales el

La Corte Constitucional adelanta et estudio de constitucionalidad de los decretos 1261 de 2026, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, y 1348 de 2026, modificatorio, en relación con los cuales el Procurador General de la Nación rindió el concepto 7635 de 2026 y solicitó declarar su exequibilidad, “en el entendido de que el ámbito territorial de la declaratoria (...) únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacional No. 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registraron afectaciones por el sismo del 10 de agosto de 2026, y (ii) los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”. En ese contexto, el examen del Decreto Legislativo 1386 de 2026 se desarrollará en armonía con el sentido de la solicitud elevada por el Ministerio Público a la Corte Constitucional, y conforme a los requisitos formates y materiales previstos para los decretos legislativos expedidos en desarrollo del estado de excepción. ? Decreto Legislativo 1386 de 2026. Artículo 2. 3 Ibid. Artículo 1. 4 Procesos RE-409 y RE-410, acumulados. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Ne Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: § | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Vv. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: § | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Vv. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico por resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 1386 de 2026, se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia constitucional.

  1. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio realizará el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1386 de 2026, comenzando (1) por la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y continuando (2) con el análisis de los presupuestos materiales a partir de los juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, se presentarán las conclusiones correspondientes.

EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 1386 DE 2026

1. Análisis de los presupuestos formales La Procuraduría General de la Nación considera que el Decreto Legislativo 1386 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el Decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por la totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición.

Motivación": este requisito se cumple de manera expresa. Esta norma contiene una motivación en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que

de su expedición. Motivación": este requisito se cumple de manera expresa. Esta norma contiene una motivación en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de la medida adoptada y su conexidad con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto Legislativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 1348 de 2026. En ese sentido, en la parte considerativa de la norma analizada se exponen las causas que dieron lugar a la emergencia" y los efectos que el terremoto ocurrido el 10 de agosto produjo en relación con la infraestructura educativa y el impacto en la prestación del servicio público de educación”, señalando la necesidad de permitir que se pueda garantizar el desarrollo de las clases en otros lugares asegurando el derecho a la educación y la integridad de la comunidad educativa?. De manera general, en la parte considerativa se menciona la finalidad de la medida, la necesidad jurídica, la proporcionalidad de la misma y su conexidad con la emergencia respectiva?.

Delimitación temporal: este requisito también se cumple, en tanto este Decreto Legislativo fue expedido el 09 de septiembre de 2026, es decir, dentro del término de $ En este punto del análisis no es necesario estudiar la suficiencia de la motivación, pues dicho análisis se realizará en la etapa del examen material del decreto. $ Decreto 1386 del 09 de septiembre de 2026. Considerandos 5 y 11. 7 Ibid. Considerandos 13, 14, 15 y 20. 8 Ibid. Considerandos 16, 18, 19, 20y 21. Ibid. Considerandos 17, 22, 23, 24, 25 y 26

7 Ibid. Considerandos 13, 14, 15 y 20. 8 Ibid. Considerandos 16, 18, 19, 20y 21. Ibid. Considerandos 17, 22, 23, 24, 25 y 26 Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601)5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/20269% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la Emergencia Económica y Social, pues esta se declaró el 19 de agosto de 2026, por un término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto.

Delimitación territorial: La norma bajo estudio respeta este requisito en la medida que permite únicamente a las ETC ubicadas en el ámbito territorial delimitado en el Decreto Legislativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto Legistativo 1348 de 2026, autorizar a las instituciones y establecimientos educativos que lo soliciten, la prestación del servicio educativo fuera de sus sedes, siempre que se presenten condiciones idóneas y seguras para su aprendizaje.

Remisión a la Corte Constitucional: este requisito también se encuentra cumplido, toda vez que el 10 de septiembre de 2026 (3:59 pm), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de ta República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día siguiente posterior a su expedición””. Así las cosas, el Decreto Legislativo 1386 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 214 superior y en la LEEE.

2. Análisis de los requisitos materiales

al día siguiente posterior a su expedición””. Así las cosas, el Decreto Legislativo 1386 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 214 superior y en la LEEE.

2. Análisis de los requisitos materiales El Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 1386 de 2026 cumple con los juicios materiales, tal como se indica a continuación. — z a z o E 38 2 3 3 8§ 48 & 2 0 3 a 5 A MEDIDAS 55028045 = 6 25 S= & E o CONCLUSIÓN 3 3 2e Y E 2 El áR£ 9 ES 2 S 65 4 2 8 €6 25 @ = i > =a z = a em 20 = ro) ii a $ o < & z po] 3 9 É 9g =“ 2 Ó z a Zz Artículo 1. Ambi Artículo 2. Adición de un parágrafo transitorio al Constitucional art. 138 de la Ley 115 de 1994 a) Juicios de finalidad, conexidad material y motivación suficiente En el decreto legislativo de declaratoria, el Gobierno nacional identificó de manera preliminar la afectación de 3.470 centros educativos", lo cual condujo a la interrupción o restricción en la prestación del servicio educativo, impactando de forma negativa a la población infantil y los hogares en general'?, Estas circunstancias conllevaron a que el Ejecutivo planteara como una necesidad urgente permitir disponer de forma inmediata, de bienes inmuebles y activos logísticos ubicados en las zonas con afectaciones acreditadas, para garantizar la materialización del derecho a la educación, ante los daños sufridos en la

urgente permitir disponer de forma inmediata, de bienes inmuebles y activos logísticos ubicados en las zonas con afectaciones acreditadas, para garantizar la materialización del derecho a la educación, ante los daños sufridos en la infraestructura digital y física de los establecimientos educativos”?. 1 Oficio OFI26-00026451 / AGEO 14000000 del 10 de septiembre de 2026. Expediente RE-418. 1 Decreto Legislativo 1261 de 2026. Considerandos 10 y 21. 12 Ibid. Considerandos 22, 30, 51 y 107. Y Ibid. Considerandos 23, 44, 45. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601)5878750 | www.procuraduria.gov.co Nu Proceso: Documentat | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Asimismo, en el Decreto Legislativo 1261 dispuso que las medidas ordinarias resultaban insuficientes puesto que para permitir que se pudieran realizar clases en espacios físicos alternos y modalidades remotas, se debía establecer una excepción al artícuto 138 de la Ley 115 de 1994, la cual no podría establecerse a partir del marco de competencias reglamentarias del Gobierno nacional, al estar contenida en una norma de rango legal". En ese sentido, el Decreto Legislativo 1386 de 2026 adiciona un parágrafo transitorio al artículo 138 de la Ley 115 de 1994, que permite a las ETC autorizar que los establecimientos educativos presten sus servicios en instalaciones alternas con el fin de asegurar la continuidad del derecho a la educación de los estudiantes ubicados en

al artículo 138 de la Ley 115 de 1994, que permite a las ETC autorizar que los establecimientos educativos presten sus servicios en instalaciones alternas con el fin de asegurar la continuidad del derecho a la educación de los estudiantes ubicados en las zonas afectadas, en condiciones seguras (artículo 2). Asimismo, dispone que esta autorización será procedente en los territorios mencionados en el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026 y respecto de aquellas ETC cuya afectación directa por el sismo del 10 de agosto de 2026 haya sido acreditada por las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (artículo 1). En general, el decreto bajo estudio cumple con el juicio de finalidad y conexidad externa en la medida que tiene por objeto suplir las necesidades identificadas en el decreto de declaratoria y por los medios contemplados en el mismo instrumento?, en razón a que por el terremoto presentado el 10 de agosto un aproximado de 5.738 sedes educativas oficiales'? localizadas en 47 ETC comprendidas dentro del ámbito territorial del Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026 resultaron afectadas, impactando en aproximadamente 1.324.402 estudiantes”. De allí que 'se acredite un nexo entre la norma bajo estudio que habilita a las ETC en educación a permitir la prestación de los servicios de educación en infraestructuras alternas, y los objetivos del Decreto 1261 que proponía la adopción de una herramienta provisional, que asegurara la continuidad de la prestación del servicio en las zonas afectadas por el terremoto, al tiempo que salvaguardara la integridad de docentes, personal administrativo y estudiantes.

herramienta provisional, que asegurara la continuidad de la prestación del servicio en las zonas afectadas por el terremoto, al tiempo que salvaguardara la integridad de docentes, personal administrativo y estudiantes. De igual manera, las disposiciones del decreto analizado cumplen el requisito de conexidad interna del decreto y la motivación suficiente. El Ministerio Público concluye que dichos juicios se superan en la medida que los artículos se encuentran soportados en la parte considerativa de la norma analizada. Sobre el particular, dentro de tos considerandos del decreto se expone cómo la afectación e inhabilitación de los espacios físicos de los establecimientos educativos destinados al aprendizaje pueden poner en riesgo la prestación del servicio de educación, razón por la cual, para atender las condiciones particulares derivadas de la calamidad y evitar que la afectación de la infraestructura educativa se traduzca en la suspensión o deterioro del derecho, se hace necesaria la flexibilización del requisito contemplado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 de disponer de una planta física adecuada?, con el fin de que las instituciones educativas que sufrieron daños con “Ibid. Considerando 99. 15 Cfr. Ibid. Considerandos 21 y 99. 16 Expediente RE-418. Pruebas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional de Radicado No. 2026-1E-038574 del 2026-1014. “Cfr. Decreto Legislativo 1386 de 2026. Considerando 13 y Expediente RE-418. Pruebas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional de Radicado No. 2026-1E-038574 del 2026-10-14. 18 Decreto Legistativo 1386 de 2026. Considerandos 16 y 17

Nacional de Radicado No. 2026-1E-038574 del 2026-10-14. 18 Decreto Legistativo 1386 de 2026. Considerandos 16 y 17 Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Procase: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026S&S PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA ocasión del terremoto puedan continuar sus labores en otras instalaciones que aseguren la idoneidad de la educación y la seguridad de los estudiantes. De lo anterior, el Ministerio Público considera que el Decreto 1386 de 2026 cumple las exigencias derivadas de los juicios de finalidad, conexidad material y motivación suficiente. b) Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica El decreto legislativo bajo estudio no vulnera principios constitucionales, ni desconoce los derechos fundamentates ni los derechos intangibles contemplados en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria 137 de 1994, en la medida que tiene como propósito garantizar y restablecer los servicios de educación de prescolar, básica y media en tos territorios afectados por la emergencia. Acorde con el artículo 44 de la Constitución Política, “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social”. Asimismo, establece una protección especial y prevalente de sus derechos y dispone la obligación a cargo de la familia, la sociedad y del Estado de asistir y garantizar los derechos fundamentales de este grupo poblacional. Esto implica que, a la luz del

establece una protección especial y prevalente de sus derechos y dispone la obligación a cargo de la familia, la sociedad y del Estado de asistir y garantizar los derechos fundamentales de este grupo poblacional. Esto implica que, a la luz del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, todas las autoridades públicas y las personas están concernidas en la garantía de la satisfacción integral y simultánea de sus derechos a partir de un enfoque orientado al logro de su integridad física, psicológica, moral y espiritual". La cláusula de interés superior de los menores de edad, además de guardar armonía con todo el catálogo de derechos fundamentales, es acorde con la Convención sobre tos Derechos del Niño?”. Este instrumento internacional, entre otros mandatos, asigna alos Estados el deber de reconocer el derecho a ta educación y adoptar las medidas apropiadas para que los menores de edad puedan acceder al mismo en condiciones de igualdad (artículo 28). Así, exige la enseñanza primaria obligatoria y gratuita respetuosa de unos criterios orientadores como el desarrollo de la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física de los estudiantes hasta el máximo de sus posibilidades (artículo 29.1.a). En sentido similar, el artículo 67 de la Constitución le otorga a la educación el doble carácter de derecho y servicio público. En su dimensión de derecho, “la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política”?”.

concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política”?”. Desde su connotación de servicio público, “la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional en cumplimiento de los 1 Corte Constitucional. Sentencia T-384 de 2018, reiterada en las sentencias T-332 de 2024 y T-003 de 2026. 2 Ratificada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2022 Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www. procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-28 | Versión: S | Fecha: 26//08/202659 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable”. Por tal razón, la educación impone deberes del Estado de respeto, protección y cumplimiento por lo que debe (i) evitar acciones que impidan u obstaculicen el acceso a la educación; (ii) tomar medidas para prevenir que terceros interfieran en su disfrute y, (iii) garantizar el ejercicio pleno de este derecho mediante recursos adecuados y desarrollo normativo, La jurisprudencia constitucional ha identificado los contenidos que comprende el derecho a la educación, con base en los parámetros establecidos en la Observación General No. 13 del Comité DESC, que señala como componentes estructurales la asequibilidad o disponibilidad del servicio; la accesibilidad, para que todos puedan

derecho a la educación, con base en los parámetros establecidos en la Observación General No. 13 del Comité DESC, que señala como componentes estructurales la asequibilidad o disponibilidad del servicio; la accesibilidad, para que todos puedan ingresar al servicio educativo; la adaptabilidad de la educación a las demandas y necesidades de los educandos; y la aceptabilidad que implica la impartición de una educación de calidad”. En esa medida, el Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 1386 de 2026 supera los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica puesto que se enfoca en la salvaguarda del derecho y servicio público de educación en sus diferentes dimensiones, principalmente las de asequibilidad y accesibilidad, al procurar que los procesos educativos de los niveles de prescolar, básica y media que se hayan visto interrumpidos por el impacto de la emergencia respecto de las 5.738 sedes afectadas, sean asegurados mediante ia prestación provisional del servicio en edificaciones alternas a las de las sedes autorizadas que sean seguras, si las sedes respectivas se encuentran colapsadas, en riesgo inminente de colapso, con afectaciones parciales o afectaciones menores. Asimismo, el decreto legislativo asegura el componente de igualdad real en ta medida que dispone que podrán acceder a esta flexibilización las instituciones educativas ubicadas en zonas que, sin hacer parte del tistado de entidades territoriales declaradas en la emergencia, acrediten de forma concreta afectaciones directas ocasionadas por las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. En ese sentido, de las 5.738 sedes reportadas con afectaciones, 427 se encuentran por fuera de los reportes de los territorios declarados en estado de emergencia”,

directas ocasionadas por las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. En ese sentido, de las 5.738 sedes reportadas con afectaciones, 427 se encuentran por fuera de los reportes de los territorios declarados en estado de emergencia”, situación que no debe impedir su atención, pues tal como fue abordado en ta Sentencia C-191 de 20267, el ámbito territorial de las emergencias, puede abarcar “los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción”. Por este motivo, la Procuraduría considera importante reiterar el concepto 7635 de 2026 para definir con claridad el ámbito territorial de la declaratoria, de modo que se entienda que “únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacional No. 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2 Corte Constitucional. Sentencia C-172 de 2014, 2 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 2024 24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 2022 2 Cfr. Constitución Política. Artículo 13. 2 Expediente RE-418. Pruebas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional de Radicado No. 2026-1E-038574 del 2026-1014.Pág. 6. 2 Corte Constitucional. Comunicado de Prensa No. 22 del 24 de junio de 2026. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601)5878750 | www.procuraduria.gov.co

Proceso: Documental | Código; DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/20269 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

(UNGRD), registraron afectaciones por el sismo del 10 de agosto de 2026, y (ii) los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”. Por último, el Decreto Legislativo bajo estudio resulta respetuoso de la autonomía territorial en materia educativa. Lo anterior en la medida que, si bien el artículo 67 superior dispone que le corresponde a la Nación y a tas entidades territoriales participar en la dirección, financiación y administración de tos servicios educativos estatales, a partir del articulo 356 de la Carta Política que define la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones ~ SGP, son las entidades territoriales las primeras llamadas a atender, entre otros servicios, la educación preescolar, básica, media. En efecto, las competencias de cada uno de los niveles de la administración en materia educativa fueron definidas en ta Ley Orgánica 715 de 2001, destacándose que la dirección y fijación de políticas le corresponde al nivel central, mientras la gestión operativa y administrativa le compete al nivel local, en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”, En armonía con lo anterior, el artículo 2 establece como responsable de las autorizaciones a las entidades territoriales certificadas competentes, a partir de los lineamientos que brinda el Ministerio de Educación Nacional, a través de actos administrativos como ta Directiva 005 del 24 de julio de 2026 y la Circular 48 del 10 de septiembre de 2026, en las que se establecieron reglas de flexibilización curricular que

lineamientos que brinda el Ministerio de Educación Nacional, a través de actos administrativos como ta Directiva 005 del 24 de julio de 2026 y la Circular 48 del 10 de septiembre de 2026, en las que se establecieron reglas de flexibilización curricular que permitan garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad educativa, especialmente cuando existen situaciones que pueden interrumpir el proceso escolar, y las orientaciones para la adopción e implementación de medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en los territorios afectados por la emergencia, respectivamente. De lo expuesto, el Ministerio Público considera que se superan los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica, en la medida que el Decreto Legislativo 1386 de 2026 responde a los postulados constitucionales en materia de educación, igualdad y autonomía territorial. c) Juicio de necesidad e incompatibilidad La necesidad fáctica del Decreto Legislativo 1386 de 2026 se encuentra soportada en tas cifras discriminadas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional en el marco del proceso. Así, esta Cartera informa de las 5.738 sedes afectadas por la emergencia, un total de 18.70% equivalente a 1.073 sedes se encuentran en estado crítico (colapso total, parcial y riesgo inminente de colapso); el 37.17% que corresponde a 2.133 sedes, se encuentran en nivel moderado con afectaciones parciales; y un 44.13% que abarca 2.532 sedes se encuentran con alertas preventivas por afectaciones menores”. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación número: 11001-03-252.532 sedes se encuentran con alertas preventivas por afectaciones menores”. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación número: 11001-03-25000-2018-01378-00 (4578-18) Expediente RE-418. Pruebas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional de Radicado No. 2026-IE-038574 del 2026-1014, Pág. 6. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601)5878750 | www.procuraduria.gov.co Ñ Proceso: Documentat| Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Así las cosas, del total de 1.324.102 estudiantes afectados, 201.833 se encuentran matriculados en instituciones educativas con afectaciones críticas, 455.773 en sedes con afectaciones moderadas y 666.796 en sedes con alertas preventivas. Ante estas cifras, las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 1386 de 2026 resultan indispensables para evitar la extensión de los efectos de aquellas circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, en la medida que permite que tas instituciones que no puedan prestar sus servicios en las sedes autorizadas para ello puedan optar por espacios alternos idóneos y seguros, salvaguardando los derechos de los menores de edad. Por su parte, en relación con la necesidad jurídica del Decreto, la Procuraduría encuentra que se debe analizar el alcance de la disposición desde dos escenarios distintos: i) Que las ETC autoricen a los establecimientos educativos, de manera d

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