PGN - Concepto RE-425 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto RE-425 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA
Bogotá D.C., noviembre de 2026. Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
M.P. VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Ciudad
Expediente: RE-425
Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 1415 del 9 de septiembre de 2026 “[pjor el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional declarado mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de
2026” Concepto No. 7649 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia. I ANTECEDENTES En el marco de la emergencia económica y social declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026, el 09 de septiembre de 2026 expidió el Decreto Legislativo 1415, mediante el cual se adoptan medidas extraordinarias y alivios para garantizar la atención en salud y apoyar a los damnificados y prestadores de los servicios en la zona, cuyo texto puede consultarse en el Diario Oficial No. 53.630. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 24 de septiembre de 2026, avocó el conocimiento del proceso y ordenó el traslado al Procurador General de ta Nación para que emita el correspondiente concepto de acuerdo con su competencia
El magistrado sustanciador, mediante Auto del 24 de septiembre de 2026, avocó el conocimiento del proceso y ordenó el traslado al Procurador General de ta Nación para que emita el correspondiente concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Esto último se surtió mediante oficio 425 del 26 de octubre de 2026. ll COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para ejercer el control de constitucionalidad de los decretos legislativos, de conformidad con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución Política. Mi. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN En esta oportunidad el Ministerio Público rinde concepto respecto del Decreto Legislativo 1415 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó medidas relacionadas con el sector salud en el marco del estado de emergencia económica, Q
Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C j PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA social y ecológica por grave calamidad pública declarado con el Decreto Legistativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026.
El decreto bajo examen contiene una parte considerativa en ta que se exponen los fundamentos constitucionales y legales que habilitan su expedición, así como las razones que justifican la adopción de las medidas previstas. La parte resolutiva del decreto legislativo contiene diez disposiciones: Grupo 1
MEDIDAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 2
razones que justifican la adopción de las medidas previstas. La parte resolutiva del decreto legislativo contiene diez disposiciones: Grupo 1
MEDIDAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 2 Habilita al instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA] para suspender hasta por 4 meses los términos de las actuaciones administrativas en curso donde los solicitantes acrediten —según las condiciones fijadas en el parágrafo del artículo— que las afectaciones causadas por el sismo y que impactaron su establecimiento, planta o bodega, les impide atender los requerimientos dentro del término legal previsto. Consecuentemente, no correrán tos términos, no operará el desistimiento (art. 17, Ley 1437 de 2011) ni aplicará la prohibición impuesta a tos servidores públicos de resolver los trámites por fuera de los términos establecidos (art. 20, Ley 2052 de 2020"). Esto no implica que el INVIMA pierda sus competencias relacionadas con la inspección, vigilancia, control y medidas sanitarias de seguridad. Además, la suspensión no aplica en asuntos relativos a la seguridad sanitaria, la calidad o trazabilidad de productos, actuaciones sancionatorias, renovación de certificaciones de buenas prácticas ni alertas sanitarias.
Vigencia: 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art.7 Suspende por el término de 12 meses, la prescripción para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Suspende por el término de 12 meses, la prescripción para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud [ADRES]. En efecto, el artículo 73, literal a) de la Ley 1753 de 2015 dispone que, transcurridos 18 meses desde ta fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema. Esta suspensión transitoria opera respecto de los términos activos al 10 de agosto de 2026 y “los que comiencen a correr durante su vigencia”, sin que implique revivir términos o derechos que al 10 de agosto de 2026 hubiesen vencido o prescrito. Grupo 2
MEDIDAS DE FINANCIAMIENTO
Art. 3 La medida está orientada a permitir que las entidades territoriales acudan a los saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado y excedentes no comprometidos, para destinarlos al financiamiento de intervenciones urgentes de reparación, rehabilitación, reconstrucción, reposición, dotación, equipamiento y adquisición de equipos biomédicos de la red pública afectada por el sismo. Se prohibe utilizar estos recursos en compensaciones automáticas, cruces de cuentas, gastos administrativos generales, saneamiento de obligaciones o proyectos de expansión estructural ajenos al restablecimiento de la capacidad perdida por el fenómeno natural.
Vigencia: 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art. 4
generales, saneamiento de obligaciones o proyectos de expansión estructural ajenos al restablecimiento de la capacidad perdida por el fenómeno natural.
Vigencia: 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art. 4 | secretaría de salud competente certifique que la entidad beneficiaria perdió su capacidad resolutiva o Con el propósito de garantizar la permanencia y operación de los servicios de salud, permite que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales realicen transferencias directas de recursos que no tengan destinación específica y con cargo a saldos y excedentes autorizados a las empresas sociales del Estado [ESE] y a los administradores de infraestructura pública de propiedad de las entidades territoriales. Esta medida, destinada a financiar obligaciones laborales, remuneraciones, seguridad social y compromisos contractuales del talento humano en salud, aplicará cuando la sufrió una reducción de los ingresos por venta de servicios, comprometiendo la continuidad de la atención.
Vigencia: 6 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art.5 Habilita al Ministerio de Salud y Protección Social para que modifique o deje sin efecto las asignaciones de recursos no giradas con anterioridad al 19 de agosto de 2026. Los recursos liberados se podrán destinar a la ejecución de medidas que mitiguen los efectos de la emergencia en el sector salud y recuperar las capacidades de prestación y atención en las zonas impactadas. Expresamente se prohíbe destinar esas sumas dinerarias a gastos de funcionamiento del ministerio o a obligaciones ajenas al estado de excepción.
Vigencia: 6 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art. 6
Dispone que la ADRES podrá:
destinar esas sumas dinerarias a gastos de funcionamiento del ministerio o a obligaciones ajenas al estado de excepción.
Vigencia: 6 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Art. 6
Dispone que la ADRES podrá: (i) Administrar y ejecutar los recursos destinados a atender los efectos de la emergencia en el sector salud, independiente de la fuente de estos. 1 Ley 2052 de 2020, por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones.
Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
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(ii) Destinar los recursos que actualmente administra a mecanismos de compra de cartera a las entidades promotoras de salud [EPS] con cartera a favor de prestadores de servicios que sufrieron afectaciones o que recibieron afiliados que estaban internados en el momento del sismo. Asimismo, orientar esos recursos a la compensación de tasa de interés sobre líneas de crédito blandas a las instituciones prestadoras de servicios de salud [IPS] cuya infraestructura resuttó afectada.
Vigencia: 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social fijar las condiciones de la implementación de la segunda medida, y a la ADRES definir aspectos relacionados con la operación. Además, la destinación
Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social fijar las condiciones de la implementación de la segunda medida, y a la ADRES definir aspectos relacionados con la operación. Además, la destinación de los recursos obedecerá únicamente a la superación de la emergencia declarada, sin que se admitan compensaciones automáticas. Grupo 3 ALIVIOS PARA APORTANTES Y AFILIADOS Prevé que no causará intereses moratorios el pago extemporáneo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales causados en el periodo comprendido entre agosto de 2026 y durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto 1415. Lo anterior, únicamente en favor de los aportantes independientes y empleadores identificados por el Ministerio de Salud y Protección Social, acorde con el Registro Único de Damnificados [RUD] de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD] y con el tejido empresarial afectado según el reporte presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Establece una exención temporal según la cual no se cobrarán cuotas moderadoras ni copagos a los afiliados damnificados por el sismo, según el RUD y validados en la Base de Datos Única de Afiliados [BDUA]. Esto abarca la totalidad de servicios y tecnologías en salud que requieran e independientemente del lugar det territorio donde estos se presten. Como consecuencia de la medida, se impide a las entidades responsables de pago condicionar la prestación del servicio, la autorización o la entrega de tecnologías en salud al pago de los valores | respectivos, el traslado del cobro a los prestadores o proveedores, o el cobro de los servicios prestados |
prestación del servicio, la autorización o la entrega de tecnologías en salud al pago de los valores | respectivos, el traslado del cobro a los prestadores o proveedores, o el cobro de los servicios prestados | con posterioridad a la terminación de la medida; aunado a ello no podrán invocar el menor recaudo como causal para negar, demorar, restringir o fraccionar la prestación de servicios.
Vigencia: 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto 1415.
Grupo 4 ALCANCE Y VIGENCIA ] Se refiere al ámbito territorial en el que regirán las medidas, las cuales procederán respecto de las | personas, instituciones, servicios, municipios y distritos cuya afectación directa por el sismo haya sido Art.8 Art. 9 Art. 1 acreditada por tas autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) conforme a los registros oficiales vigentes o mecanismos complementarios establecidos. Art. Dispone que el decreto legislativo rige a partir de su publicación. Señala también que los compromisos 10 y actos administrativos expedidos dentro de los términos previstos en cada artículo, conservarán sus efectos hasta la ejecución y liquidación completa de los recursos, [Elaboración propia]
IV. CUESTION PREVIA La Corte Constitucional adelanta el estudio de constitucionalidad de los decretos 1261 de 2026, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, y 1348 de 2026, modificatorio?, en relación con tos cuales el Procurador General de la Nación rindió el concepto 7635 de 2026 y solicitó declarar su exequibilidad, “en el entendido de que el ámbito territorial de la declaratoria (...)
Procurador General de la Nación rindió el concepto 7635 de 2026 y solicitó declarar su exequibilidad, “en el entendido de que el ámbito territorial de la declaratoria (...) únicamente comprende (i) los 496 municipios que, según el Reporte Situacional No. 54 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registraron afectaciones por el sismo del 10 de agosto de 2026, y (ii) los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de la misma causa”. En ese contexto, el examen del Decreto Legislativo 1415 de 2026 se desarrollará en armonía con el sentido de la solicitud elevada por el Ministerio Público a la Corte Constitucional, y conforme a los requisitos formales y materiales previstos para los decretos legislativos expedidos en desarrollo del estado de excepción. 2 Procesos RE-409 y RE-410, acumulados.
Proceso: Documental] Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PAX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5] Fecha: 25//08/2026o PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico para resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 1415 del 17 de septiembre de 2026, se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994 y a la jurisprudencia constitucional. vi. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio Público valorará ta
establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994 y a la jurisprudencia constitucional. vi. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio Público valorará ta constitucionalidad del Decreto Legislativo 1415 de 2026, lo que abarca la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y el análisis de los presupuestos materiales a partir de tos juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional respecto de los cuatro grupos de medidas. Para concluir, se presentarán las conclusiones correspondientes.
A. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 1415 DE
2026 El Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo del estado de emergencia económica, ecológica y social por grave calamidad pública declarado mediante el Decreto Legislativo 1261 del de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 1348 en lo relacionado con el ámbito territorial, expidió el Decreto Legislativo 1415 de 2026, por medio del cual adoptó medidas aplicables al sector salud.
1. Análisis de los presupuestos formales del Decreto Legislativo 1415 de 2026
Para la Procuraduría General de la Nación, del análisis de los elementos probatorios incorporados al expediente digital RE-425 se desprende que el Decreto Legistativo 1415 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se
1415 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por ta totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición. En total, lo firmaron diecisiete (17) ministros titulares y uno (1) encargado®. Motivación”: se cumple de manera expresa. Se advierte que contiene una motivación en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su víncuto con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto Legislativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto Legislativo 1348 del mismo año. 3 Quien suscribe el Decreto Legislativo 1415 de 2026 en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público encargado es el señor Andrés Ricardo Quevedo Caro, en virtud de la comisión de servicios al exterior conferida al ministro titular señor Miguel Gómez Martinez, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1400 del 15 de septiembre del mismo año. Además, se advierte que el Ministerio de igualdad y Equidad se suprimió en cumptimiento de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. 4 En este punto del análisis no es necesario estudiar la suficiencia de la motivación, pues dicho análisis se realizará en la etapa del examen material det decreto. Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co XA
del examen material det decreto. Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co XA Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026CS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA En efecto, en la parte considerativa se reiteraron algunas de las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, específicamente las que aluden a las consecuencias de la calamidad sísmica en el sector salud. Con ello, el decreto identificó el objeto de las medidas normativas implementadas, su vigencia temporal, y su nexo con la situación excepcional que se pretende conjurar.
Delimitación temporal: se cumple con este requisito, pues el decreto bajo examen fue expedido el 17 de septiembre de 2026, esto es, dentro del término de 30 días de declaratoria de la emergencia.
Delimitación territorial: se cumple con esta exigencia, pues sigue ta línea fijada en los Decretos Legislativos 1261 y 1348 de 2026. Así, en coherencia con la extensión territorial de la declaratoria, la medida normativa aplica a los municipios enlistados en dichos decretos, así como a los que se agreguen con posterioridad acreditando lo pertinente ante las autoridades del SNGRD.
Remisión a la Corte Constitucional”: este requisito también se encuentra cumplido, toda vez que el 18 de septiembre de 2026, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día hábil siguiente posterior a su expedición. Así las cosas, el Decreto Legislativo 1415 de 2026 satisface los requisitos formales
República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día hábil siguiente posterior a su expedición. Así las cosas, el Decreto Legislativo 1415 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 215 superior y en la LEEE, por lo que a continuación se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos materiales.
2. Cumplimiento de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 1415 de 2026
A continuación, se agotarán los juicios definidos para revisar la constitucionalidad de las medidas, presupuestos que se estudiarán en el siguiente orden: en un primer bloque se hará referencia a los juicios de finalidad, conexidad, motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica respecto de la totalidad las medidas. Posteriormente, se agotará el análisis del juicio de necesidad, así como de los juicios de incompatibilidad, proporcionalidad y no discriminación respecto de cada grupo de medidas previamente identificadas.
- Juicio de finalidad Este juicio busca identificar si las medidas de desarrollo examinadas estan directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas del estado de excepción declarado mediante el Decreto 1261 de 2026 e impedir la extensión de sus efectos y, en particular, a garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y la superación de las afectaciones causadas por el sismo sucedido el 10 de agosto de
2026. Bajo esta premisa, visto el contenido de los artículos decretados por el Gobierno nacional y contrastado con el desarrollo normativo y jurisprudencial det derecho a ta salud, para la Procuraduría las disposiciones del Decreto 1415 de 2026 se dirigen a
2026. Bajo esta premisa, visto el contenido de los artículos decretados por el Gobierno nacional y contrastado con el desarrollo normativo y jurisprudencial det derecho a ta salud, para la Procuraduría las disposiciones del Decreto 1415 de 2026 se dirigen a conjurar los efectos de la declaratoria de emergencia en el sector salud, por lo que se cumple con el presupuesto de finalidad. $ Oficio OFI26-00036093 / AGEO 14000000 del 18 de septiembre de 2026, remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Q ta República.
Proceso: Documentat | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN En efecto, las medidas normativas excepcionales permiten atender de manera temporal las posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud ocasionadas por los daños a la infraestructura y la alteración de las condiciones materiales para la prestación del servicio provenientes de la calamidad pública y del correlativo incremento de la demanda por parte de los pacientes, así como a la necesidad de recursos para contener y mitigar los efectos del sismo. Es en este contexto en el que se emite el Decreto 1415, que contribuye a preservar la continuidad en la prestación del servicio de salud, evitando que la grave calamidad pública afecte a los pacientes, alos aportantes, alos trabajadores del sector, así como a las entidades e instituciones actoras dei sistema.
Conforme lo señalado en el artícuto 49 de la Constitución Política, la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado y un derecho de todas las personas para
alos aportantes, alos trabajadores del sector, así como a las entidades e instituciones actoras dei sistema. Conforme lo señalado en el artícuto 49 de la Constitución Política, la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado y un derecho de todas las personas para acceder a los componentes de promoción, protección y recuperación. Dado ese carácter de servicio público, le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar aquellos aspectos relacionados con su prestación. Muestra de ello es la Ley 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho a la salud en Colombia, caracterizándolo como un sistema universal, pro persona, progresivo, solidario e intercultural. Como derecho, se trata de una prerrogativa fundamental, autónoma e irrenunciable, que les permite a todas las personas, acceder a aquella, lo que incluye acciones afirmativas para sujetos de especial protección constitucional®. Asimismo, debe anotarse que la Corte Constitucionat declaró el estado de cosas inconstitucional con la Sentencia T-760 de 2008 por las falencias estructurales en la prestación del servicio de salud, cuyo cumplimiento es verificado por una sata especial de ta misma corporación. Esta ha proferido distintos autos con el propósito de constatar el acatamiento de la decisión y su incorporación en las políticas públicas que rigen en materia de salud. Sobre el particular, se advierte que las medidas incorporadas al Decreto Legislativo estudiado no tienen como objetivo ni cuentan con un alcance que las relacione con la solución de los problemas estructurales advertidos en dicho pronunciamiento ni en las providencias emitidas en el marco de su seguimiento, sino que se limitan a atender las necesidades urgentes derivadas del evento sísmico que produjo la declaratoria de emergencia.
advertidos en dicho pronunciamiento ni en las providencias emitidas en el marco de su seguimiento, sino que se limitan a atender las necesidades urgentes derivadas del evento sísmico que produjo la declaratoria de emergencia. De ahí que tas disposiciones contenidas en el Decreto 1415 en materia de flujo de recursos, remoción de barreras económicas en favor de quienes resultaron particularmente afectados, así como la modificación transitoria de los términos aplicables en los procedimientos administrativos del sector, estén orientadas a cumplir ese fin. Asimismo, se preserva el ámbito competencial del sector, manteniendo en el Ministerio de Salud y Protección Social, en las entidades territoriales y en la ADRES la toma de decisiones relacionadas con la implementación de tas medidas, sin anular las competencias que en materia de vigilancia, control y trazabilidad de los recursos se les han atribuido a distintos órganos del Estado. ii. Juicio de conexidad material En cuanto a la faceta interna de la conexidad, la Procuraduría considera que el Decreto Legislativo 1415 de 2026 la supera, dado que las medidas con él adoptadas guardan relación con los considerandos expuestos para motivarlas. En el texto del decreto $ Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2025.
Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co SW Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026oS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION legislativo estudiado se explicó el alcance de cada uno de los artículos, así como lo relacionado con su vigencia, las habilitaciones a las entidades territoriales y a las
legislativo estudiado se explicó el alcance de cada uno de los artículos, así como lo relacionado con su vigencia, las habilitaciones a las entidades territoriales y a las autoridades competentes, la flexibilización de la disponibilidad de recursos, las limitaciones y prohibiciones en la implementación y el vínculo con el sector salud. Asimismo, se cumple con la conexidad externa porque se acreditó el nexo existente entre las normas de excepción adoptadas en el decreto de desarrolto y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. Para cumplir con este juicio, en el Decreto Legislativo 1415 el Gobierno nacional aludió al Decreto Legislativo 1261, declaratorio de la emergencia, en el que se hizo mención expresa a las consecuencias del sismo, tales como los daños a la infraestructura hospitalaria, incluyendo la evacuación y suspensión de la operación, la afectación a equipos biomédicos, así como la demanda extraordinaria de la prestación de servicios de salud con una correlativa disminución en la capacidad de respuesta y el consecuente traslado interdepartamental de pacientes y servicios’. Esas circunstancias permiten avizorar un preocupante compromiso de la continuidad, oportunidad y suficiencia de la atención, con notorios riesgos de agravamiento y extensión de los efectos. Es por ello por lo que, en uso de sus facultades extraordinarias, el Gobierno nacional incorporó al ordenamiento jurídico las disposiciones bajo estudio, desde los tópicos de prestación del servicio, financiamiento y disponibilidad de recursos, alivios para aportantes y afiliados, y procedimientos administrativos, indispensables para proteger la vida y la salud de las personas, así como el interés general.
financiamiento y disponibilidad de recursos, alivios para aportantes y afiliados, y procedimientos administrativos, indispensables para proteger la vida y la salud de las personas, así como el interés general. De ahí que el Ministerio Público considere que el decreto de desarrollo bajo examen supera el juicio de conexidad material en sus facetas interna y externa, en tanto las medidas adoptadas están directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública y a impedir la extensión de sus efectos, dentro del ámbito material habilitado por el Decreto Legislativo 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026, así como también se acreditó una relación interna entre las medidas planteadas y las consideraciones expuestas en el Decreto Legislativo 1415 de 2026. iii. Juicio de motivación suficiente Para evaluar si el Gobierno nacional cumplió con este presupuesto, se debe verificar si se presentó una fundamentación de la declaratoria de emergencia y, en caso de limitarse derechos fundamentales, si se satisface la exigencia de mayor carga argumentativa?, Pues bien, para el Ministerio Público el Decreto Legislativo 1415 no contiene medidas que afecten o limiten derechos fundamentales, de manera que no se hace exigible una carga argumentativa especial. Por el contrario, propende por garantizar la salud, tanto ? Decreto Legistativo 1261 de 2026, p. 7 y 11. $ Corte Constitucional, Sentencia C-149 de 2003: el juicio de motivación suficiente está «dirigido a constatar que el gobierno haya apreciado “los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales” y expresado
$ Corte Constitucional, Sentencia C-149 de 2003: el juicio de motivación suficiente está «dirigido a constatar que el gobierno haya apreciado “los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales” y expresado razones suficientes para justificar tales limitaciones. Cuando la medida no limita en sí misma derechos, la carga es menos e
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