PGN - Concepto 283-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 283-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL-Previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, por desconocimiento del artículo 275-5 del CPACA, alegando indebida participación en política de la electa, con solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado.
INHABILIDAD DE CONGRESISTA-En perspectiva constitucional y legal, no es admisible derivar por vía hermenéutica una causal de inhabilidad adicional a las expresamente consagradas para integrar la Cámara de Representantes.
PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Esa prohibición no fue diseñada por el constituyente como una condición de inelegibilidad ni como un impedimento para acceder a cargos de elección popular
Si bien la participación de los servidores públicos en controversias o actividades de partidos y movimientos políticos se encuentra proscrita por el ordenamiento jurídico, esa prohibición no fue diseñada por el constituyente como una condición de inelegibilidad ni como un impedimento para acceder a cargos de elección popular.
ELECCION DE REPRESENTANTE A LA CAMARA-Fundamento legal y constitucional
como exigencia de requisitos, el artículo 177 constitucional,prescribe que, para ser elegido representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad a la fecha de la elección.
CALIDADES, CUALIDADES O ATRIBUTOS POSITIVOS-Aquellas que debe poseer una persona para entrar a desempeñar un cargo, tales como la edad, profesión, experiencia, o nacionalidad/INHABILIDADES-Impedimentos de origen político, ético o moral, para ser elegido o nombrado, en determinado cargo, que provienen de circunstancias externas, tales como el parentesco, los antecedentes, el ejercicio de algunas actividades, celebración de contratos, etc.
En ese contexto, se encuentra debidamente acreditado que, YOLANDA SILVA ROMERO resultó elegida como Representante a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Santander para el período constitucional 2026-2030. Tal circunstancia permite concluir que reunía las condiciones constitucionales habilitantes para acceder al cargo de elección popular referido, en la medida en que, para la fecha de la elección, era mayor de 25 años y ejercía plenamente sus derechos de ciudadanía. En consecuencia, se verificó el cumplimiento de los requisitos positivos previstos por la Constitución Política para su elección como miembro de la Cámara de Representantes. En esa medida, no puede atribuírsele el alcance de un presupuesto negativo de acceso al cargo, ni utilizarse para limitar el derecho político a ser elegido o el desempeño de la función legislativa. En definitiva, no se advierte que los planteamientos formulados en la demanda tengan vocación de prosperidad respecto de la declaratoria de nulidad del formulario E-26 CAM, elección de de YOLANDA SILVA ROMERO como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, período constitucional 2026-2030.
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026
Concepto No. 2026-10-NE-283
Doctora
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada Ponente
Consejo de Estado - Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN No.: 11001-03-28-000-2026-00148-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A, ARTÍCULOS 139 Y 275-5).
DEMANDANTE: KAROLL YESID BUENO CÁCERES
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A, ARTÍCULOS 139 Y 275-5).
DEMANDANTE: KAROLL YESID BUENO CÁCERES
DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE YOLANDA SILVA ROMERO COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE SANTADER, PERÍODO 2026-2030
TRÁMITE: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN -CONCEPTO
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: INTERVENCIÓN EN POLÍTICA DE SERVIDOR PÚBLICO
Respetada Magistrada:
Dentro del término concedido mediante auto del 1 de septiembre de 2026[[1]](#footnote-1), procedo a intervenir como Agente del Ministerio Público, con el propósito de presentar concepto dentro del proceso en el que se discute la nulidad del acto de elección de YOLANDA SILVA ROMERO como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, período constitucional 2026-2030.
1. ANTECEDENTES
2. Hechos - 1. El 8 de marzo de 2026 se llevaron a cabo las elecciones para elegir el Congreso de la República, período 2026-2030.
2. El 15 de marzo de 2026 se declararon electos los representantes a la Cámara por el Departamento de Santander para el período 2026-2030, entre quienes figura YOLANDA SILVA ROMERO, de conformidad con el Formulario E-26 CAM.
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- - 1. Contra la elección precitada se presentó demanda, en el ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, por desconocimiento del artículo 275-5 del CPACA, alegando indebida participación en política de la electa, con solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado.
2. La solicitud de suspensión de los efectos del acto demandado fue resuelta de manera negativa por la Sala Electoral mediante providencia del 18 de junio de 2026[[2]](#footnote-2). 1. Normas violadas y concepto de violación
Se arguye como argumentos contra el acto demandado por parte del extremo activo, los siguientes[[3]](#footnote-3):
Que el acto de elección estaba viciado de nulidad, por trasgredir los artículos 1, 2, 13, 29, 40, 83, 123, 127, 179, 209 y 237 de la Constitución Política, 139, 149, 163, 164 y 275 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011; el 280 de la Ley 5 de 1992; el 38 de la Ley 996 de 2005; y el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019.
De igual manera, por el desconocimiento de la doctrina administrativa emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, particularmente, los conceptos 078401 de 2023 y 234871 de 2021; relativos a la participación en política de servidores públicos y el alcance de la nulidad electoral por ausencia de calidades o por presencia de causales de inhabilidad:
- En cuanto al desconocimiento del artículo 275.5 del CPACA, para el demandante el acto es nulo cuando se elijan candidatos que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales o que se hallen incursos en causales de inhabilidad derivadas del principio de separación entre la función pública y la participación partidista activa. - En este caso, a su juicio, al existir una superposición temporal inequívoca entre la vinculación de la accionada al servicio público como docente y el desarrollo de actos políticos propios de una precandidata y candidata a la Cámara de Representantes, la hace inelegible por estar inhabilitada. - Ello lo sustentó en el artículo 127 de la Constitución, que dispuso que los empleados del Estado sólo pueden participar en política en las condiciones que señale la ley estatutaria, por lo que mientras se ostente la condición de servidor público no se puede desarrollar militancia electoral activa, ni hacer campaña, ni intervenir abierta y materialmente en controversias partidistas, salvo el derecho al sufragio. - En el Concepto 078401 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública se dijo que el servidor público docente que aspire a ser elegido debe presentar renuncia antes de iniciar cualquier actividad que denote participación en política, incluyendo el día de la inscripción en la consulta o como candidato. A su turno, citó el Concepto 234871 de 2021 que reiteró que los docentes oficiales, aun cuando no ejerzan autoridad administrativa o civil, no pueden tomar parte en actividades de partidos y movimientos políticos mientras conserven el vínculo con el Estado.
- Alegó que si bien la jurisprudencia ha señalado que el docente de aula, por regla general, no ejerce autoridad civil, política o administrativa, de suerte que no siempre queda comprendido en la inhabilidad del numeral 2 del artículo 179 Superior; no obstante, se encuentra imposibilitado para participar de forma pública, abierta y continuada como precandidata y candidata de una colectividad política sin haberse separado oportunamente del cargo. - La Resolución SEM-0070 de 2026, expedida por la Secretaría de Educación de Floridablanca demuestra la superposición indebida entre el servicio público y la campaña, porque no solo se aceptó la renuncia de Yolanda Silva Romero a partir del 4 de marzo de 2026, sino que además se dejó constancia que tenía permiso sindical hasta el 29 de marzo de 2026. - Este documento, expedido por la autoridad nominadora competente, prueba que la accionada siguió vinculada al Estado durante casi toda la campaña y hasta unos días antes de la elección, esto es, el 8 de marzo de 2026. - Agregó que, las fuentes públicas y enlaces incorporados como prueba en el escrito inicial corroboran que la señora Silva Romero ya figuraba como precandidata desde el 1° de octubre de 2025, pues participó en la consulta interna del 26 de octubre de ese año y luego desarrolló una campaña abierta hacia el Congreso. Así pues, la ilegalidad del acto electoral se enmarca en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 porque la norma no exige que toda irregularidad de elegibilidad «esté rotulada exclusivamente con la palabra ‘inhabilidad’ en un texto literal y aislado. Basta con que la restricción derive de una exigencia constitucional o legal de acceso al cargo».
- Destacó que la ley de garantías y el régimen disciplinario refuerzan la tesis de nulidad, pues el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los empleados del Estado incidir en campañas y controversias políticas en concordancia con el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019 que tipifica como falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos y movimientos políticos y en controversias de esa índole. - Aunque dichas disposiciones tienen una dimensión sancionatoria disciplinaria, su relevancia no se agota allí porque expresan una regla estructural del orden constitucional, como lo es que, la administración pública debe permanecer separada del proselitismo partidista por ello cuando esa frontera se rompe y si el candidato resulta elegido, la jurisdicción electoral no puede desentenderse del vicio ni tratarlo como si fuese inocuo. 1. Fijación del litigio
En la providencia del 1 de septiembre de 2026 se fijó el litigio en los siguientes términos:
“Determinar si la elección de la señora Yolanda Silva Romero como representante a la cámara por el departamento de Santander para el periodo constitucional 2026-2030, contenida en el formulario E-26 CAM del 15 de marzo de 2026, está viciada de nulidad por configurarse la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por presuntamente incurrir en las inhabilidades consagradas en el artículo 179 de la Constitución Política.
En particular, deberá establecerse si la demandada:
- Estaba incursa en las inhabilidades previstas en los artículos 179 de la Constitución Política y 280 de la Ley 5 de 1992, por la imposibilidad de que una persona siendo servidora pública actúe al mismo tiempo de forma abierta y continuada como precandidata y candidata de una colectividad política sin haberse separado oportunamente del cargo, teniendo en cuenta que desde la inscripción y en la campaña ya se materializa una participación política incompatible con el servicio público.
- Si trasgredió el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, al desconocer la prohibición del artículo 127 de la Constitución, que dispuso que los empleados del Estado sólo pueden participar en política en las condiciones que señale la ley estatutaria, por lo que mientras se ostente la condición de servidor público no se puede desarrollar militancia electoral activa, ni hacer campaña, ni intervenir abierta y materialmente en controversias partidistas, salvo el derecho al sufragio, en concordancia con los artículos 38 de la Ley 996 de 2005 y 60 de la Ley 1952 de 2019.”.
- 1. Traslado para alegar de conclusión
Luego de surtir los trámites pertinentes, se procedió con el traslado para que los sujetos procesales presenten los alegatos de conclusión y el Ministerio Público su concepto, por escrito, en virtud de lo cual se procede.
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad del acto de elección de YOLANDA SILVA ROMERO, como representante a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Santander, para el período constitucional 2026-2030.
Para ello, el Ministerio Público procederá a dar respuesta al caso concreto con base en los medios de prueba allegados al proceso.
2.1.1. Situación concreta
Se interpreta que el cuestionamiento se dirige contra el acto contentivo de la elección de la accionada, Formulario E26 CAM, por cuanto aquella desplegó actividad proselitista al participar en la consulta interna del Pacto Histórico e inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes y resultar elegida, cuando aún ostentaba la condición de servidora pública, al ser docente del municipio de Floridablanca (Santander), por lo que incurrió en la causal de nulidad consagrada en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y 38 de la Ley 996 de 2005, lo que equivale a no cumplir con las exigencias constitucionales y legales de elegibilidad.
Las inhabilidades son, por defecto, incapacidades o ineptitudes que le impiden a una persona ser elegida o ser designada en un cargo público, o, en algunos casos, le impiden a un ciudadano mantenerse en su empleo por tratarse de vicios sobrevinientes. En últimas, se trata de circunstancias que les impiden a los ciudadanos ejercer su derecho a ser elegidos o ser nombrados en el ejercicio de lo público[[4]](#footnote-4).
Desde el plano institucional, se trata de restricciones fijadas por el constituyente o por el legislador para acceder al ejercicio de cargos o funciones públicas[[5]](#footnote-5). Son requisitos negativos para ejercer, con los cuales se busca tener un servicio público transparente, imparcial, moralmente legítimo y socialmente igualitario. Se debe destacar que, las inhabilidades parten de “circunstancias objetivas que impiden que una persona sea nombrada o elegida en un determinado cargo público”[[6]](#footnote-6).
Las inhabilidades, “en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gracia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.)”[[7]](#footnote-7).
En la sentencia del 11 de julio del 2019[[8]](#footnote-8), retomada en el fallo de 22 de abril de 2021[[9]](#footnote-9), “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva[[10]](#footnote-10)”.
El criterio de interpretación restrictiva se ha entendido como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos[[11]](#footnote-11). El juzgador al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, debe limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la eleccióny a las calidades respecto de quienes se predican”[[12]](#footnote-12).
Ese marco permite dar cuenta de los interrogantes construidos en la fijación del litigio:
Estaba incursa en las inhabilidades previstas en los artículos 179 de la Constitución Política y 280 de la Ley 5 de 1992, por la imposibilidad de que una persona siendo servidora pública actúe al mismo tiempo de forma abierta y continuada como precandidata y candidata de una colectividad política sin haberse separado oportunamente del cargo, teniendo en cuenta que desde la inscripción y en la campaña ya se materializa una participación política incompatible con el servicio público.
Si trasgredió el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, al desconocer la prohibición del artículo 127 de la Constitución, que dispuso que los empleados del Estado sólo pueden participar en política en las condiciones que señale la ley estatutaria, por lo que mientras se ostente la condición de servidor público no se puede desarrollar militancia electoral activa, ni hacer campaña, ni intervenir abierta y materialmente en controversias partidistas, salvo el derecho al sufragio, en concordancia con los artículos 38 de la Ley 996 de 2005 y 60 de la Ley 1952 de 2019.”.
En ese orden, es imperativo establecer si YOLANDA SILVA ROMERO está incursa en la causal de nulidad prevista en el numeral 5° del artículo 275-5 de la Ley 1437 de 2011, precepto superior que dispone:
“Artículo 275.Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…).
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.
En primer lugar, en materia de inhabilidades, el artículo 179 de la Constitución Política establece un catálogo taxativo de restricciones para acceder al ejercicio de la función congresional. Dicho régimen fue reproducido por el artículo 280 de la Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso de la República, tal como se aprecia a continuación.
“ARTÍCULO280.Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas:
1. Quienes hayan sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
“ARTÍCULO280.Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas:
1. Quienes hayan sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
2. Quienes hayan ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de Congresista.
5. Quienes tengan vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.
7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos de nacimiento.
8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente.
Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente.
8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente.
Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. […]”.
Para el caso, se debe destacar, que no pueden ser legisladores, entre otras cosas, quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, o, quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva designación.
De los documentos aportados al expediente se desprende que la cuestionada ejerció funciones como docente de aula en el Colegio Técnico Vicente Azuero, establecimiento educativo adscrito a la Secretaría de Educación de Floridablanca, Santander, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 3 de marzo de 2026.
Sobre el cargo y la función desempeñada, el Decreto Ley 178 de 2002, «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente», los conceptualiza en el artículo 5 de manera expresa:
ARTÍCULO5o. DOCENTES. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación.
Bajo esa premisa normativa, es claro que las funciones de los docentes no implican el ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar como empleados públicos, en tanto orgánicamente no cumplen esa labor y de su relación laboral no se deriva de la facultad para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
En lo que respecta al eventual incumplimiento de la prohibición prevista en el artículo 127[[13]](#footnote-13) de la Constitución Política para determinados servidores públicos en materia de participación en actividades o controversias políticas, así como a la eventual configuración de las conductas descritas en el artículo 38[[14]](#footnote-14) de la Ley 996 de 2005 o en los numerales 1 y 2 del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, se advierte que tales supuestos no hacen parte del catálogo de inhabilidades previsto por el Constituyente ni por el legislador como límite para el acceso o ejercicio del cargo de congresista. En consecuencia, aun cuando dichas conductas pudieran dar lugar a reproches de naturaleza disciplinaria o a otras formas de responsabilidad jurídica, su eventual ocurrencia con anterioridad al proceso electoral no constituye una circunstancia inhabilitante para la elección o posesión en el cargo de legislador.
En otras palabras, la controversia planteada puede ser objeto de análisis desde la perspectiva de la potestad disciplinaria del Estado -ius puniendi-, pero resulta ajena al ámbito del derecho electoral. Ello, por cuanto no se erige como un requisito habilitante o impeditivo para el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido, ni comporta una limitación jurídica que hubiera impedido a la accionada acceder a su investidura como congresista.
En segundo lugar, como exigencia de requisitos, el artículo 177 constitucional, prescribe que, para ser elegido representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad a la fecha de la elección.
Las calidades o las condiciones -cualidades o atributos positivos-, son aquellas que debe poseer una persona para entrar a desempeñar un cargo, tales como la edad, profesión, experiencia, o nacionalidad. Es un concepto diferente al de las inhabilidades, que son impedimentos de origen político, ético o moral, para ser elegido o nombrado, en determinado cargo, que provienen de circunstancias externas, tales como el parentesco, los antecedentes, el ejercicio de algunas actividades, celebración de contratos[[15]](#footnote-15), etc.
En ese contexto, se encuentra debidamente acreditado que, YOLANDA SILVA ROMERO resultó elegida como Representante a la Cámara por la Circunscripción Territorial de Santander para el período constitucional 2026-2030. Tal circunstancia permite concluir que reunía las condiciones constitucionales habilitantes para acceder al cargo de elección popular referido, en la medida en que, para la fecha de la elección, era mayor de 25 años y ejercía plenamente sus derechos de ciudadanía. En consecuencia, se verificó el cumplimiento de los requisitos positivos previstos por la Constitución Política para su elección como miembro de la Cámara de Representantes.
Por consiguiente, no resulta jurídicamente procedente agregar, mediante ejercicios interpretativos extensivos o analógicos, requisitos adicionales o causales de inhabilidad que el constituyente no consagró de manera expresa para el acceso a la Cámara de Representantes. Aunque la participación en controversias o actividades de los partidos y movimientos políticos constituye una prohibición dirigida a los servidores públicos y puede generar consecuencias en otros ámbitos de responsabilidad estatal, dicha conducta no fue diseñada por el constituyente como una incapacidad o inelegibilidad para aspirar o acceder a una corporación pública de elección popular. De ahí que no sea posible convertir una prohibición funcional en una restricción al derecho fundamental de participación política, ni en un requisito negativo para el ejercicio de la representación democrática y de la función legislativa.
Bajo ese marco, en respuesta al problema jurídico y lo alegado por el recurrente, lo acreditado da cuenta que, no se configuró la causal de nulidad contenida en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por el desconocimiento de los artículos 1, 2, 13, 29, 40, 83, 123, 127, 179, 209 y 237 de la Constitución Política, 280 de la Ley 5 de 1992; 38 de la Ley 996 de 2005, y 60 de la Ley 1952 de 2019, pues como bien lo resaltó la Sala Electoral al momento de resolver la medida cautelar[[16]](#footnote-16), “lo que pretende por el accionante es mutar un presunto ejercicio de participación en política a un eventual incumplimiento de requisitos para el cargo, que no se advierte procedente dado que fueron establecidos de forma taxativa en la Constitución Política”.
Bajo esas consideraciones, se advierte que los elementos de juicio traídos a colación por el actor no están llamados a prosperar, en lo que respecta a la nulidad del formulario E-26 CAM, elección de YOLANDA SILVA ROMERO como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, período constitucional 2026-2030.
2.2. Síntesis
De lo expuesto en el libelo introductorio, de los medios de prueba allegados y de la valoración normativa y jurisprudencial, se puede concluir que:
En perspectiva constitucional y legal, no es admisible derivar por vía hermenéutica una causal de inhabilidad adicional a las expresamente consagradas para integrar la Cámara de Representantes. Si bien la participación de los servidores públicos en controversias o actividades de partidos y movimientos políticos se encuentra proscrita por el ordenamiento jurídico, esa prohibición no fue diseñada por el constituyente como una condición de inelegibilidad ni como un impedimento para acceder a cargos de elección popular. En esa medida, no puede atribuírsele el alcance de un presupuesto negativo de acceso al cargo, ni utilizarse para limitar el derecho político a ser elegido o el desempeño de la función legislativa.
En definitiva, no se advierte que los planteamientos formulados en la demanda tengan vocación de prosperidad respecto de la declaratoria de nulidad del formulario E-26 CAM, elección dede YOLANDA SILVA ROMERO como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, período constitucional 2026-2030.
III. CONCLUSIÓN
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Procuradora Séptima Delegada solicita que se NIEGUEN las pretensiones de nulidad del acto de elección de YOLANDA SILVA ROMERO como representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, período constitucional 2026-2030, de conformidad con el análisis desarrollado en precedencia.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
1. El traslado para conceptuar se hace efectivo entre el 2 y el 16 de octubre de 2026, según la anotación 75 en el SAMAI. ↑
2. M.P. Gloria María Gómez Montoya. ↑
3. Se tiene en cuenta y se trae a colación lo dispuesto en el auto del 1 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. ↑ 4. “…en tanto limitan la libertad y los derechos de las p
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