PGN - Concepto 285-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 285-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
NULIDAD ELECTORAL-En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, aduciendo infracción de norma superior
… Considera el demandante, que la elección enjuiciada contraviene los artículos 107 y 262 de la Constitución Política; y, 7º y 28 de la Ley 1475 de 2011, en los siguientes términos:
En primer lugar, reclama que la lista en coalición por la cual se inscribió el accionado desconoció[[1]](#footnote-1) los resultados de la consulta popular que tuvo lugar el 26 de octubre de 2025, y por ende afectó flagrantemente su carácter obligatorio, en tanto se incluyeron candidatos que no participaron en la misma…
CONSULTA POPULARLas normas que se invocan como trasgredidas, son los artículos 107 Constitucional y 7º de la Ley 1475 de 2011 -obligatoriedad de los resultados de la consulta.
…sea lo primero poner de presente, que la reclamación del accionante no versa estrictamente sobre irregularidad alguna respecto de la inscripción y elección del demandado, puesto que este (i) participó en la Consulta Popular de 2025, (ii) su inscripción se dio con ocasión de esta, y (iii) resultó vencedor en las elecciones del Congreso de la República, obteniendo una de las 2 curules dispuestas para el departamento de Putumayo.
Conforme lo anterior, de manera anticipada, esta Delegada considera que los cargos formulados por la parte demandante no tienen vocación de prosperidad, pues no se acreditó irregularidad frente al cumplimiento de los resultados de la consulta ni en la conformación de la lista…
CONCEPTOS-Se solicita negar las pretensiones de nulidad del acto de elección de MIGUEL ÁNGEL RUBIO BRAVO como Representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, para el periodo 2026-2030.
… toda vez que no se presentó incumplimiento a los resultados de la Consulta Popular celebrada en 2025, sumado a que no se superó el porcentaje establecido en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución…
DOCUMENTO ANONIMIZADO-Hace referencia a la actividad de reemplazar datos personales al igual que información sensible íntima personal y familiar en aras de garantizar derechos fundamentales de las personas tanto en las actuaciones administrativas iniciales como en la publicación/DOCUMENTO ANONIMIZADO-Dando cumplimiento a la Resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del Grupo de Relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxx, yyy o sucesivas
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026
Concepto No. 2026-10-NE-285
Doctora
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2026-00122-00
DEMANDANTE: JOSÉ MAURICIO RIVERA ESTRADA
DEMANDADO: MIGUEL ÁNGEL RUBIO BRAVO, COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL PERIODO 2026-2030
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
TRÁMITE: SENTENCIA
ASUNTO DE INTERÉS: OBLIGATORIEDAD DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS / CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 262 CONSTITUCIONAL
Respetada magistrada:
TRÁMITE: SENTENCIA
ASUNTO DE INTERÉS: OBLIGATORIEDAD DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS / CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 262 CONSTITUCIONAL
Respetada magistrada:
Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso en que se discute la elección de MIGUEL ÁNGEL RUBIO BRAVO como Representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, para el periodo 2026-2030.
1. ANTECEDENTES
1. Hechos
1. El 17 de septiembre de 2025, mediante la Resolución No. 09673, el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico como resultado de la fusión de las organizaciones políticas: Partido Unión Patriótica, Partido Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, “bajo la condición de que culminen en debida forma todos los procesos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas iniciados hasta la fecha de esta decisión, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a constituir partidos y movimientos políticos, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política”, por lo que, solo se surtirían efectos a partir de ese momento.
2. El 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo una consulta interpartidista convocada por los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, en proceso de fusión, con el objeto de seleccionar y ordenar las listas al Congreso de la República para el período 2026-2030.
3. Como resultado de esta consulta, el 12 de noviembre de 2025, la Comisión Escrutadora Nacional del Pacto Histórico, mediante Acta No. 002, declaró los resultados de dicho certamen, y puntualmente para el departamento de Putumayo, determinó que el accionado había obtenido la mayor votación, en los siguientes términos:
[image]
- - 1. El 5 de diciembre de 2025, los partidos Alianza Verde y Partido Ecologista Colombiano, junto al Movimiento Político Pacto Histórico, suscribieron acuerdo de coalición programática denominado “Pacto-Verde Putumayo”, presentando la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento de Putumayo, en la que aparece el accionado.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- - 1. El 8 de diciembre de 2025, la coalición “Pacto-Verde Putumayo” realizó la inscripción correspondiente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual se mantuvo en iguales términos al establecido en el acuerdo de coalición.
2. Por medio de Resoluciones de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral Nos. 0846[[2]](#footnote-2) y 0854[[3]](#footnote-3) de 2026, se negaron solicitudes de revocatoria de inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Territorial del Putumayo, avalada por la Coalición “Pacto-Verde Putumayo”.
3. El 8 de marzo de 2026 se celebraron las elecciones para escoger a los Senadores y Representantes a la Cámara que integrarían el Congreso de la República para el periodo 2026-2030.
4. El 15 de marzo de 2026 se declararon electos los representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo para el período 2026-2030, siendo uno de ellos MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO, de conformidad con el Formulario E-26 CAM.
5. Contra dicha elección se presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, aduciendo infracción de norma superior.
1.2 Cargo de la demanda
Considera el demandante, que la elección enjuiciada contraviene los artículos 107 y 262 de la Constitución Política; y, 7º y 28 de la Ley 1475 de 2011, en los siguientes términos:
1.2 Cargo de la demanda
Considera el demandante, que la elección enjuiciada contraviene los artículos 107 y 262 de la Constitución Política; y, 7º y 28 de la Ley 1475 de 2011, en los siguientes términos:
En primer lugar, reclama que la lista en coalición por la cual se inscribió el accionado desconoció[[4]](#footnote-4) los resultados de la consulta popular que tuvo lugar el 26 de octubre de 2025, y por ende afectó flagrantemente su carácter obligatorio, en tanto se incluyeron candidatos que no participaron en la misma.
En segundo lugar, invoca que el Pacto Histórico participó en las elecciones a Congreso celebradas en 2022, obteniendo una votación superior al 15% que refiere los artículos 262 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 2011, motivo por el cual no podía inscribir candidatos en coalición en el año 2026.
- 1. Fijación del Litigio.
La magistrada ponente, mediante providencia del 12 de agosto de 2026, fijó el litigio en los siguientes términos:
“69. Así, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el inciso 2º del literal d), del numeral 1°, del artículo 182A de la Ley 1437 de 201116, el despacho fijará el litigio en los siguientes términos:
- Determinar si es nulo el formulario E-26 CAM del 15 de marzo de 2026, mediante el cual se declaró electo al señor Miguel Ángel Rubio Bravo como representante a la Cámara por el departamento de Putumayo para el período 2026-2030.
70. Concretamente se deberá establecer lo siguiente:
- ¿Se vulneraron los artículos 107 de la Constitución y 7 de la Ley 1475 de 2011, por no haberse respetado el resultado de la consulta interna que realizó el movimiento político Pacto Histórico al momento de inscribirse la lista de la coalición «Pacto Verde Putumayo»?
- ¿Se vulneraron los artículos 262 de la Constitución y 28 de la Ley 1475 de 2011, por haberse conformado la coalición «Pacto Verde Putumayo» con agrupaciones políticas que obtuvieron más del 15% de los votos válidos en las elecciones del año 2022?”
1.4 Traslado para alegar de conclusión.
En la misma providencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, se incorporaron los medios de prueba allegados por los sujetos procesales y se procedió a correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente.
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO.
2.1. Problema jurídico.
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es nulo o no, el acto de elección de MIGUEL ÁNGEL RUBIO BRAVO como Representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, para el periodo 2026-2030.
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre (i) la causal de nulidad de infracción de norma en que debía fundarse; y, subsiguientemente procederá con (ii) el análisis del caso concreto.
2.1.1 Infracción de norma en que debía fundarse
Se ha considerado que la causal de nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o, mejor, la nulidad por violación de una norma superior, como se conoce de manera genérica, se entiende configurada bajo los siguientes presupuestos[[5]](#footnote-5):
(i). La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa.
(ii). Falta de aplicación de la norma. a). Se ignora su existencia; b) porque a pesar de
que se conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa; sin embargo, no la aplica a la
solución del caso concreto; c) se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio; y; d) se examina la
norma, pero se cree equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que se resuelve.
(iii). Aplicación en indebida forma de la norma. El precepto o preceptos jurídicos que
se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por
(iii). Aplicación en indebida forma de la norma. El precepto o preceptos jurídicos que
se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por
dos circunstancias: a) existe equivocación al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y b) porque no se establece
de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
(iv). Interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero se entienden equivocadamente y de manera errónea se aplican. Es decir, ocurre cuando se le asigna a la norma un sentido
o alcance que no le corresponde.
Se ha cualificado esa causal de nulidad, en el entendido que se entiende configurada
por la inobservancia de las normas que constituyen el marco jurídico del acto, lo cual surge de la confrontación entre la previsión invocada como infringida y el acto administrativo infractor, y no, entre la norma y la conducta de quien es sujeto del acto
administrativo. Lo anterior puede ir aparejado a la expedición irregular del acto.
Conforme los anteriores elementos, se entrará a analizar de fondo la discusión entorno del acto de elección atacado y los fundamentos en que se soporta la demanda.
2.1.2. Análisis del caso concreto
Conforme los anteriores elementos, se entrará a analizar de fondo la discusión entorno del acto de elección atacado y los fundamentos en que se soporta la demanda.
2.1.2. Análisis del caso concreto
De conformidad con los criterios establecidos en la fijación del litigio, el asunto objeto de debate se centra en abordar 2 planteamientos diferentes. En primer lugar, determinar si con la inscripción de la lista del “Pacto-Verde Putumayo” se violaron los resultados de la Consulta Popular del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025. En segundo ítem, si se traspasó el porcentaje establecido en el artículo 262 constitucional, referente a la colación antes mencionada.
Conforme lo anterior, se abordarán por separado cada uno de los temas antes mencionados, esto a fin un mejor análisis.
2.1.2.1. Resultado Consulta Popular – Obligatoriedad
El accionante afirma que la elección enjuiciada desconoció la obligatoriedad de los resultados obtenidos en la consulta popular celebrada en octubre de 2025, toda vez que, en la lista finalmente inscrita por la coalición, se postularon personas que no habían participado en el certamen democrático inicial.
Conforme lo anterior, sea lo primero poner de presente, que la reclamación del accionante no versa estrictamente sobre irregularidad alguna respecto de la inscripción y elección del demandado, puesto que este (i) participó en la Consulta Popular de 2025, (ii) su inscripción se dio con ocasión de esta, y (iii) resultó vencedor en las elecciones del Congreso de la República, obteniendo una de las 2 curules dispuestas para el departamento de Putumayo.
Conforme lo anterior, de manera anticipada, esta Delegada considera que los cargos formulados por la parte demandante no tienen vocación de prosperidad, pues no se acreditó irregularidad frente al cumplimiento de los resultados de la consulta ni en la conformación de la lista.
Las normas que se invocan como trasgredidas, son los artículos 107 Constitucional y 7º de la Ley 1475 de 2011 -obligatoriedad de los resultados de la consultalos cuales establecen que:
| | | | --- | --- | | Artículo 107 Constitucional | Artículo 7º Ley 1475 de 2011 |
| ARTÍCULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Los partidos, movimientos políticos o la Organización Electoral deberán llevar el registro de los militantes y afiliados de cada partido o movimiento político; los cuales sólo podrán renunciar seis (6) meses después de afiliarse al partido o movimiento político. Los partidos, povimientos (sic) políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán organizarse democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad y la paridad de género, siendo su deber de presentar y divulgar sus ideas y programas políticos. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, deberán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, con la participación exclusiva de sus afiliados y militantes de cada partido político o movimiento ciudadano respectivamente; que podrán coincidir o no con las elecciones a Corporaciones Públicas o cualquier otro mecanismo de democratización interna, incluido el consenso, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, deberá acreditar
una militancia mínima de seis (6) meses en la correspondiente organización política y no podrá inscribirse o participar por otro partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio para todos los candidatos, partidos y movimientos participantes. (…) | El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas. Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado cómo precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse cómo candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta. La inscripción, en todo caso, a solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de inscripción. En caso de incumplimiento
de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuáles serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos.” |
Leídos los preceptos anteriores, se evidencia que desarrollan varios mandatos, entre los cuales se destacan:
- El resultado de las consultas es obligatorio tanto para (i) el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las convocó, así como para (ii) los precandidatos que hubieren participado en ella; - Se considera que el precandidato participó en la consulta cuando su inscripción quedó en firme; - Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, solo podrán inscribir candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, en casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato que hubiese sido seleccionado; - La sanción para el candidato inscrito o apoyado que no hubiese participado en la consulta, es la nulidad o revocatoria de su inscripción; - La sanción para el partido o el movimiento, por incumplir los resultados de las consultas o por que el candidato hubiese renunciado, es el reintegro proporcional de los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral.
Al analizar la disposición que se alega trasgredida, en relación con el caso en concreto, se advierte que ninguna de las variables que desglosa, son aplicables al accionado, puesto que las mismas van dirigidas (i) al candidato inscrito irregularmente o en contravía de las consultas; o, (ii) al partido que incumplió los resultados de esta.
Se debe reiterar entonces, que, en el presente asunto, por lo menos, frente al accionado, no se encuentra configurada ninguna irregularidad, en tanto este cumplió con todas las etapas que el demandado extrañó frente a los demás integrantes de la lista, y quienes no resultaron electos.
Ahora, si en gracia de discusión se pudiesen extrapolar los “posibles fallos” en la inscripción de terceros a la del hoy accionado, se debe tener en consideración, que las fuerzas que ahora convergen en el Movimiento Político Pacto Histórico, en virtud de su autonomía, previo a su participación en la consulta popular, acordaron poder celebrar a posteriori de esta, acuerdos de coalición con otros partidos o movimientos políticos.
Se destaca que, revisado el acuerdo de coalición, esta fue una de las razones expuestas para poder suscribirlo. Así quedó sentado:
[image]
Considera esta Agencia del Ministerio Público, que de forma errada se ha venido sosteniendo o entendiendo en diferentes procesos, que la lista resultante de la Consulta Popular era la única que podía presentar el Pacto Histórico, obviando que dicha fuerza predeterminó la posibilidad suscribir acuerdos de coalición, con lo cual habilitó que el resultado de la consulta pudiese variar en sus integrantes.
Así las cosas, la posibilidad de realizar un acuerdo de coalición con posterioridad habilitaba a que las fuerzas que se coaligaran pudiesen postular sus propios candidatos, de conformidad con sus estatutos,
En otras palabras, el listado resultante de la Consulta, estableció el orden de preferencia de la lista del Pacto Histórico, pero ese resultado era únicamente obligatorio para dicha fuerza, mas no le era oponible a otros partidos o movimientos políticos.
De no entenderlo de esa forma, se estaría restringiendo la posibilidad que algún partido o movimiento político pudiese avalar candidatos propios, dándole prelación – de forma impositivaa aspirantes provenientes de otra fuerza política.
Por lo anterior, se considera que este cargo no está llamado a prosperar.
2.1.2.2. Porcentaje para inscribir listas en coalición - artículo 262 constitucional
Considera el demandante que la coalición “Pacto-Verde Putumayo” por la cual se inscribió el accionado superó el porcentaje establecido en el inciso 5º del artículo 262 constitucional.
Sobre el particular, se advierte que la norma en comento tiene dos componentes: el primero señala que la ley debe regular las campañas y partidos políticos, las condiciones para presentar coaliciones a cargos uninominales y plurinominales. El segundo, determina las condiciones específicas de rango constitucional para que un partido o movimiento político pueda presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, teniendo como parámetro de fijación los resultados electorales de los colectivos políticos en las elecciones anteriores ante las corporaciones respectivas.
Sobre el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución, la Sala Electoral del Consejo de Estado[[6]](#footnote-6), al responder el problema jurídico: ¿Cuál es la interpretación que debe darse al inciso 5º artículo 262 de la Constitución Política?, hizo una ponderación entre lo exegético y lo histórico finalista.
Sobre la primera parte, quedó claro que se le ordenó al Legislador la regulación sobre algunos aspectos de las coaliciones, sin que sea la génesis de esa institución, puesto que, ya se encontraba su regulación y/o mención en el último inciso del artículo 13 de la Ley 130 de 1994[[7]](#footnote-7), el inciso 4 del artículo 107[[8]](#footnote-8) constitucional y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011[[9]](#footnote-9).
Sobre la segunda parte, la Sección tenía claro que:
“En efecto, la norma en comento independiente al hecho de imponer un deber al Legislador, reconoce de manera clara el derecho de “presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”, bajo ciertas condiciones, por cuanto:
1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos
2. Exige la verificación de la personería jurídica
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.
(…).
Conforme con lo anterior, desde el punto de vista exegético es evidente que del contenido gramatical de la norma constitucional bajo estudio se tiene que, por una parte, se ha impuesto el deber al legislador en materia de coaliciones de regular, aspectos propios de su funcionamiento y, por otra parte, de manera autónoma y específica se consagra y regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones, dispuestas de manera específica por el Constituyente derivado”.
Siendo entonces uno de los derroteros para identificar la referencia a la circunscripción, el uso que le dio al término el constituyente de 1991. Al revisar el texto de la Carta Política, ese concepto tiene como punto de acción las corporaciones públicas, en particular el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Así se deriva de los artículos constitucionales 108, 134, 171, 176, 179, 262, 299, transitorio 12 y los adicionados del Acto Legislativo 03 de 2017[[10]](#footnote-10).
Todo lo cual permite colegir que, el inciso 5º del artículo 262 de la Carta Política consagra dos aspectos distintos e independientes en materia de coaliciones, por cuanto, por un lado, le impone al legislador el deber de regular asuntos propios del funcionamiento de las coaliciones y, por el otro, de manera autónoma e independiente consagra el derecho a presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo condiciones específicas, siendo ellas:
1. Que se trate de partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos[[11]](#footnote-11).
2. Que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos.
3. Que esos votos se hayan obtenido en la respectiva circunscripción en la que van a presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
4. Que las votaciones para tener en cuenta el 15% se hayan presentado para elegir miembros de corporaciones públicas, no así, las provenientes de cargos uninominales.
La propuesta de coalición se generó bajo el argumento que la medida aplicaría únicamente a movimientos y partidos políticos pequeños, con el propósito de permitirles aunar esfuerzos para lograr superar el umbral requerido y, así, acceder como mínimo a una curul en su respectiva circunscripción, con la idea de robustecer el principio de soberanía popular y, por ende, ampliar y profundizar el abanico democrático mediante la representación del mayor número de sectores de la sociedad.
En efecto, la intención del constituyente derivado quedó reflejada en reiteradas ocasiones durante la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo 02 de 2015, en el que se expuso el interés por parte de los ponentes para vigorizar las instituciones del Estado colombiano, tomando en cuenta que de dicho fortalecimiento se robustece el sistema de pesos y contra pesos que le da vida al concepto de República.
“El proyecto de mérito parte de la idea fundamental que el fortalecimiento institucional pasa necesariamente por la concepción del fortalecimiento de los partidos políticos los cuajes son considerados agrupaciones de quienes comparten una aspiración en distintos órdenes, y sobre todo en la vida pública y en el Gobierno de los pueblos”[[12]](#footnote-12).
Asimismo, desde una perspectiva axiológica, el propósito o finalidad constitucional, no fue otro que el de profundizar el espíritu democrático en términos reales de la sociedad colombiana, teniendo como mecanismo la fortaleza de las minorías a partir de la coalición, con lo cual se les auguraba verdaderas posibilidades de ser alternativa de poder.
Esa consideración hermenéutica surge, no solo del criterio histórico del precepto constitucional que hizo tránsito en el Congreso de la República para convertirse en el Acto Legislativo 02 de 2015, sino también, del contenido de la norma que resultó aprobada y de su finalidad.
Por consiguiente, en el marco de una interpretación original, sistemática, exegética y finalista, se advierte que, el artículo 262, inciso 5 constitucional, en cuanto a las condiciones específicas, se refiere al desarrollo de las elecciones para ocupar corporaciones públicas, por lo que el 15% del que trata esa disposición, se tuvo que haber obtenido en las elecciones previas para elegir a miembros de los colectivos deliberantes, en relación con la circunscripción a la que se aspira con la respectiva coalición; esto es, Senado de la República y Cámara de Representantes, más no, en las votaciones a cargos uninominales.
Empero, surge un interrogante en relación con las coaliciones, por lo que la Sala Electoral[[13]](#footnote-13) se inquirió por: ¿cómo debe realizarse dicho cálculo si uno o varios de esos partidos participaron en la elección anterior formando parte de una coalición?, lo cual respondió haciendo una analogía entre recursos y votos[[14]](#footnote-14). Determinó que la ley ha reconocido a las agrupaciones políticas que deciden conformar una coalición, en ejercicio de su autonomía y libertad, la facultad de determinar cómo se distribuirán entre ellas los recursos públicos destinados a la financiación de las campañas electorales, por lo tanto, “frente a la imposibilidad de saber, de los votos válidos obtenidos por la coalición, cuántos le corresponden de manera individual a cada uno de los partidos coligados, serán ellos mismos los que lo decidan”.
Esgrimió de manera explícita que, en el acuerdo de coalición es donde se determina, entre otros, “cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos”, lo cual serviría de parámetro par
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