PGN - Concepto 286-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 286-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
NULIDAD ELECTORAL-De acuerdo No. 11 de 9 de marzo de 2026, por el cual se designó rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar, para el período 2026-2030.
NULIDAD ELECTORAL-Porque el elegido no acreditó experiencia académica
exigida, encontrándose incurso en causal de inhabilidad por infracción de normas
en que debía fundarse el acto, por su expedición irregular al igual que falta de
motivación y desviación de poder
INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR-Presupuestos para su configuración según
regulación legal
FALTA DE MOTIVACIÓN-Según sentencia del Consejo de Estado
PRUEBAS OBRANTES-Permiten inferir que está configurada la infracción de
normas aplicables en el sub examine, al igual que la falsa y falta de motivación/
DESVIACIÓN DE PODER-No está acreditada en el sub examine
De la valoración conjunta del marco normativo y del material probatorio se concluye que, al cierre de la inscripción.. acreditaba 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia académica en educación superior, término inferior a los cinco años exigidos. Además, el Acuerdo No. 009 del 17 de diciembre de 2025 no explicó el cómputo que sustentó su habilitación e incluyó experiencia certificada por una institución que no corresponde a una de educación superior. Por tanto, se configuraron la infracción de las normas aplicables y la falsa y falta de motivación. En contraste, no se acreditaron la desviación de poder, la inhabilidad alegada, las irregularidades atribuidas al procedimiento electoral, el impedimento del representante de los docentes, ni la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de elección.
NULIDAD ELECTORAL-Se debe declarar frente a acuerdo mediante el cual se
designó Rector de la Universidad Popular del Cesar, período 2026-2030 por incumplimiento del requisito de experiencia académica y por los vicios de falsa y falta de motivación que sustentaron su habilitación
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026
Concepto No. 2026-10-NE-286
Doctora
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2026-00109-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: ÁLVARO JAVIER IGLESIAS IBARRA
DEMANDADO: GUILLERMO ANDRÉS ECHAVARRÍA GIL, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, PERIODO 2026-2030.
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR.
Respetada Magistrada:
Dentro del término concedido por auto del 7 de septiembre de 2026, intervengo como Agente del Ministerio Público al interior del proceso que pretende la nulidad del Acuerdo No. 11 de 9 de marzo de 2026, por medio del cual se designó como rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar a Guillermo Andrés Echavarría Gil, para el período 2026-2030.
1. ANTECEDENTES 1. Hechos[[1]](#footnote-1)
1. Mediante el Acuerdo No. 017 del 21 de octubre de 2025, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar reglamentó la convocatoria y fijó el cronograma para la designación de Rector para el periodo 2026-2030.
2. El 26 de noviembre de 2025, el profesor Guillermo Andrés Echavarría Gil se inscribió en el proceso. Para acreditar la experiencia en educación superior aportó dos certificaciones: (i) una de la Universidad Popular del Cesar y (ii) otra de Centro Educativo de Sistemas UPARSISTEM (2020), que no corresponde a una institución de educación superior.
3. En la sesión No. 010 del 28 de noviembre de 2025, el Tribunal de Garantías Electorales verificó los requisitos habilitantes de los candidatos. Mediante el Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre de 2025[[2]](#footnote-2), se inadmitió su inscripción por no acreditar la experiencia mínima de cinco (5) años exigida en el numeral 3 del artículo 1 del Acuerdo 016 del 21 de octubre de 2025, pues solo registraba 49 meses.
4. El 16 de diciembre de 2025, el profesor Echavarría Gil interpuso recurso de reposición contra el Acuerdo No. 008 del 28 de noviembre de 2025.
5. Mediante el Acuerdo No. 009 del 17 de diciembre de 2025[[3]](#footnote-3), se habilitó al profesor Echavarría Gil por acreditar seis (6) años de experiencia y, por ende, cumplir los requisitos del Acuerdo 016 de 2025. Sin embargo, el acto no precisó el cómputo realizado ni qué certificación o certificaciones se tuvieron en cuenta.
6. El 26 de febrero de 2026 se realizó la consulta estamentaria y, mediante el Acuerdo No. 003 del 2 de marzo de 2026, se publicó la lista de elegibles para Rector de la UPC (periodo 2026-2030).
7. Mediante el Acuerdo No. 011 del 9 de marzo de 2026, el Consejo Superior Universitario (CSU) designó al profesor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030.
8. El 13 de marzo de 2026, el ciudadano Álvaro Javier Iglesias Ibarra interpuso recurso de reposición contra el acto de designación al considerar que Echavarría Gil no cumplía los requisitos para ser rector. Al día siguiente formuló una recusación contra el representante de los docentes ante el CSU Marlon Jose Bastidas Barranco (formula suplente del demandado ante el CSU) para evitar su intervención en la decisión del recurso.
9. El señor José Rafael Sierra Lafaurie[[4]](#footnote-4) aseguró que, ante las reclamaciones sobre la inscripción del rector, el Tribunal de Garantías Electorales, reunido el 9 de abril de 2026, aprobó por mayoría un acuerdo que anuló dicha inscripción. Así luego de su publicación produjo efectos jurídicos conforme al artículo 91.2 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la elección quedó sin fundamento legal. Aunque el presidente y el secretario se negaron a firmar el acta y desconocieron la legitimidad del acuerdo, se sostiene que el Consejo Superior Universitario quedó vinculado por el decaimiento del acto de inscripción.
10. Guillermo Andrés Echavarría Gil, elegido representante principal de los docentes ante el Consejo Superior Universitario para el período 2022-2026, presentó renuncia el 26 de noviembre de 2025 y la reiteró el 5 de diciembre. Como el Consejo Superior Universitario no la aceptó formalmente y el Tribunal de Garantías Electorales carecía de competencia para resolverla, continuó jurídicamente vinculado al cargo, pese a considerar que su dimisión había surtido efectos automáticos.
11. Como consecuencia de lo anterior, el demandante Álvaro Javier Iglesias Ibarra afirma que Echavarría Gil incurrió en la inhabilidad e incompatibilidad prevista en el Decreto 128 de 1976, incorporado al estatuto universitario, pues entre su renuncia y la elección como rector del 9 de marzo de 2026 transcurrieron apenas tres meses, y no el año exigido. Asimismo, la intervención del suplente Marlon José Bastidas Barranco en la sesión electoral habría viciado el trámite, al no declararse impedido ni tramitarse recusación, con afectación de los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad.
12. Contra el acto de elección, los señores Álvaro Javier Iglesias Ibarra[[5]](#footnote-5), Luis Fernando Padilla Pérez[[6]](#footnote-6), Carlos Mario Rojas Centeno[[7]](#footnote-7), José Rafael Sierra Lafaurie[[8]](#footnote-8) y Álvaro Luis Castilla Fragozo[[9]](#footnote-9), en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, solicitaron la nulidad de la elección del señor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, período 2026-2030, la cual está contenida en el Acuerdo 011 del 9 de marzo del 2026, expedido por el Consejo Superior.
13. Con auto del 25 de marzo de 2026, se admitió la demanda y, mediante decisión del 27 de julio de 2026 se decretó la acumulación de los procesos de nulidad electoral 11001-03-28-000-2026-00109-00, 11001-03-28-000-2026-00110-00, 11001-03-28-000-2026-00106-00, 11001-03-28-000-2026-00082-00 y 11001-03-28-000-2026-00079-00, promovidos contra la elección del señor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026-2030. Con auto del 7 de septiembre de 2026, se resolvieron los aspectos probatorios, se fijó el litigio, se anunció la sentencia anticipada y se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para alegar de conclusión. 2. Cargos de las demandas
En términos generales, los demandantes consideran que el acto de elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil vulneró la Constitución, la Ley 30 de 1992, la Ley 190 de 1995, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 128 de 1976 y diversas normas internas de la Universidad Popular del Cesar. En consecuencia, invocan como causales de nulidad la infracción de las normas superiores, la expedición irregular, la falsa y falta de motivación, la desviación de poder, el incumplimiento de requisitos e inhabilidades y la pérdida de fuerza ejecutoria.
Afirman que Guillermo Andrés Echavarría Gil no acreditó los cinco años de experiencia académica en educación superior exigidos, pues solo contaba con 3 años, 5 meses, 1 semana y 8 días. Pese a ello, el Tribunal de Garantías Electorales admitió su inscripción mediante el Acuerdo 009 del 17 de diciembre de 2025, aplicando por analogía el Acuerdo 027 de 2024, relativo a profesores docentes y ocasionales, en lugar del Acuerdo 038 de 2004, que regula específicamente los requisitos para rector.
También alegan falsa y falta de motivación porque la certificación de Centro Educativo de Sistemas UPARSISTEM solo acreditaría docencia en hotelería y turismo dentro de una institución de educación para el trabajo, no experiencia universitaria, y porque el Acuerdo 009 no explicó los períodos, entidades ni certificaciones utilizados para concluir que existían seis años de experiencia. A su juicio, la aplicación de una norma ajena al proceso de elección de rector evidencia desviación de poder orientada a favorecer indebidamente la candidatura.
Sostienen que el elegido estaba inhabilitado conforme al artículo 10 del Decreto 128 de 1976, pues renunció como representante docente ante el Consejo Superior Universitario el 5 de diciembre de 2025, menos de un año antes de la elección.
Asimismo, atribuyen la expedición irregular al Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026 por la participación y el voto favorable del representante suplente Marlon José Bastidas Barranco, pese a su presunto conflicto de intereses.
Finalmente aseguran que el acto de elección perdió fuerza ejecutoria al desaparecer su fundamento jurídico, dado que el Tribunal de Garantías Electorales anuló el acto de inscripción el 9 de abril de 2026, conforme al artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
- 1. Fijación del litigio
Con fundamento en los hechos y normas invocadas por los demandantes en su escrito, la señora Consejera Ponente mediante proveído del 7 de septiembre de 2026, resolvió las excepciones y fijó el siguiente problema jurídico para resolver el litigio, así:
“2.2.2. Fijación del litigio
“59. Así, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el inciso 2º del literal d), del numeral 1°, del artículo 182A de la Ley 1437 de 201130, el despacho fijará el litigio en los siguientes términos:
Determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de la elección del señor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, período 2026-2030, la cual está contenida en el Acuerdo 011 del 9 de marzo del 2026, expedido por el Consejo Superior Universitario.
Para ello, se deberá establecer si el acto demandado adolece de nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse, expedición irregular, falsa motivación, falta de motivación, desviación de poder en los actos preparatorios y el definitivo, por elegirse a personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales y que se encuentren incursas en causales de inhabilidad.
Además, por pérdida de fuerza ejecutoria del acto de elección, de conformidad con los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por los demandantes.
Igualmente, para el análisis de cada uno de los cargos propuestos, deberá tenerse en cuenta los fundamentos de defensa expuestos por quienes integran el extremo pasivo en cada uno de los pronunciamientos hechos al contestar las demandas.”.
- 1. Traslado para alegar de conclusión
En la providencia precitada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, se incorporaron los medios de prueba allegados por los sujetos procesales y se procedió a correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente.
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si el Acuerdo No. 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario designó a Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026-2030, se encuentra viciado de nulidad porque: i) el elegido presuntamente no acreditó la experiencia académica exigida; ii) se encontraba incurso en una causal de inhabilidad; iii) el procedimiento electoral habría estado afectado por expedición irregular; iv) los actos preparatorios o el acto definitivo adolecerían de falsa o falta de motivación; v) se habría configurado desviación de poder; y vi) el acto de elección habría perdido fuerza ejecutoria como consecuencia de la alegada desaparición de su fundamento jurídico.
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre: i) la infracción de las normas en que debía fundarse el acto; ii) la expedición irregular; iii) la falsa y la falta de motivación; iv) la desviación de poder; y v) posteriormente, analizará cada uno de los cargos en el caso concreto, teniendo en cuenta los fundamentos de las demandas y de las contestaciones.
2.1.2. La infracción a norma superior
Las causales de nulidad electoral no son únicamente las enlistadas en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues también resultan aplicables las causales genéricas consagradas en el artículo 137 ibidem, según la misma norma lo establece.
Se ha considerado que la causal de nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o -la nulidad por violación de una norma superior-, como se conoce de manera genérica, se configura bajo los siguientes presupuestos[[10]](#footnote-10):
(i). La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa.
(ii). Falta de aplicación de la norma. a). Se ignora su existencia; b) se conoce, pero no se aplica al caso concreto; c) se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio; o d) se examina la norma, pero se estima erróneamente que no es la aplicable.
(iii). Aplicación en indebida forma de la norma. Ocurre cuando se usa un precepto no pertinente para resolver el asunto. El error puede originarse por: a) equivocación al escoger la norma por una valoración inadecuada del supuesto de hecho; b) incorrecta identificación de la diferencia o semejanza entre la hipótesis legal y el caso concreto.
(iv). Interpretación errónea. Sucede cuando la norma aplicable se entiende y aplica de manera equivocada, asignándole un sentido o alcance que no le corresponde. Esta causal se configura por la inobservancia de normas que integran el marco jurídico del acto, lo cual surge de confrontar la norma presuntamente infringida con el acto administrativo, no con la conducta del administrado.
2.1.3. Falsa y falta de motivación[[11]](#footnote-11)
2.1.3. Falsa y falta de motivación[[11]](#footnote-11)
En lo que corresponde a la falta de motivación ha destacado esa Sala electoral lo siguiente:
“La validez de los actos administrativos también está atada a que su fundamento fáctico y jurídico sea claro, cierto, pertinente y suficiente para justificar su expedición, es decir, que debe existir un nexo de causalidad y proporcionalidad entre las razones de hecho y derecho que se invocan en su parte motiva y la decisión que se adopta en su parte resolutiva y, en tal virtud, “(…) se verifica cuando los fundamentos fácticos y/o jurídicos de la respectiva decisión se apartan de la verdad, como cuando el acto administrativo está apoyado en disposiciones jurídicas que no existen, ya porque no han sido expedidas, ora porque fueron retiradas del ordenamiento jurídico, pues se derogaron, se subrogaron, se abrogaron o se declararon nulas (siendo reglamentos) o inconstitucionales, o cuando ha sido construido con base en hechos que no han ocurrido. Este vicio afecta el elemento causal del acto administrativo”[[12]](#footnote-12).
Al respecto, se debe aclarar que el presente vicio de nulidad se configura cuando no hay correspondencia entre la justificación que se aduce en el acto y la realidad, bien por falsedad en los hechos y normas invocados; por su apreciación o interpretación errónea -respectivamente-; o por la omisión de su mención expresa por parte de la autoridad obligada a hacerlo, siempre y cuando tales circunstancias afecten el sentido de la decisión, por lo que aquellas falencias que no repercuten en lo resuelto -tales como las puramente formales o mecánicasno acarrean su ilegalidad. En este orden, la presente causal admite dos modalidades distintas: la falsa motivación (aspecto material probatorio) y falta de motivación (aspecto formalprocedimental), tal como lo ha explicado esta Sección[[13]](#footnote-13) al señalar que:
(…) la falsa motivación implica que no hay correspondencia entre los motivos plasmados en el acto y la realidad fáctica y jurídica, supuesto diferente a la falta de motivación que supone que se desconoce la forma del acto, es decir, “Cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, por lo menos, en forma sumaria en el texto del acto administrativo, se está condicionando el modo de expedirse, esto es, la forma del acto administrativo[[14]](#footnote-14).
Así las cosas, bien puede suceder que un mismo acto cumpla con el criterio formal de exponer las razones que motivaron su decisión, pero no con el material de que aquellas se ajusten a la realidad, de modo tal que si bien por lo primero sería legal, por lo segundo sería inválido”.
2.1.4. De la desviación de poder
En cuanto al vicio genérico de desviación de poder, aquel se edifica cuando el órgano que se encuentra ejerciendo función administrativa, luego de tramitar el correspondiente procedimiento para la expedición de una determinación que en ejercicio de sus competencias le corresponde adoptar, emplea sus atribuciones para lograr una finalidad ajena a los intereses públicos, sociales y en general a motivos distintos a los propósitos establecidos por el legislador. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha indicado:
“(…) la desviación de poder ha sido definida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse10 .
De igual forma, ha advertido esta Sala que la demostración de una desviación de poder impone un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse a la esfera estrictamente subjetiva de las personas que llevan la representación de la Administración, lo que a su turno implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de anulación, en el sentido de que debe aparecer acreditado fehacientemente que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar11”.
La Sección Quinta ha sido enfática en quela causal “desviación de poder”, procede cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley. “De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan”.
2.3. Análisis del caso concreto
Como se indicó, el problema jurídico consiste en determinar si el Acuerdo No. 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario designó a Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026-2030, se encuentra viciado de nulidad porque el elegido presuntamente no acreditó la experiencia académica exigida y se encontraba incurso en una causal de inhabilidad; el procedimiento electoral habría estado afectado por expedición irregular, falsa o falta de motivación y desviación de poder; y el acto de elección habría perdido fuerza ejecutoria como consecuencia de la alegada desaparición de su fundamento jurídico.
2.3.1. De la experiencia profesional y específica acreditada durante el proceso de elección
Debe recordarse que el Acuerdo 017 de 2025, «POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO ELECTORAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PARA EL PERÍODO 2026-2030», tuvo como fundamento jurídico, en su orden, la Ley 30 de 1992 —artículos 28, 60 y 65— y los Acuerdos 01 de 1994, 008A de 2008, 036 de 2004 y 038 de 2004.
El Acuerdo No. 001 de 1994, “Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar”. definió, entre otros aspectos, su naturaleza jurídica, el Consejo Superior Universitario, el rector y el régimen de inhabilidades, así:
“ARTÍCULO 4°. La Universidad Popular del Cesar es un ente universitario autónomo, con régimen especial, y vinculado al Ministerio de Educación Nacional… creada según la Ley 34 de noviembre 19 de 1976 y reconocida institucionalmente como universidad por la Resolución N.° 3272 del 25 de junio de 1993.
(…)
ARTICULO 12°. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, y estará integrado por:
a) El Ministro de Educación Nacional o su Delegado, quien lo presidirá.
b) El gobernador del Departamento del Cesar.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario.
d) Un representante de los directivos académicos.
e) Un representante de los docentes.
f) Un representante de los egresados.
g) Un representante de los estudiantes.
h) Un representante del sector productivo.
d) Un representante de los directivos académicos.
e) Un representante de los docentes.
f) Un representante de los egresados.
g) Un representante de los estudiantes.
h) Un representante del sector productivo.
- Un ex–rector de la Universidad Popular del cesar
j) El Rector, con voz y sin voto.
(…)
ARTICULO 21°. El Rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad Popular del Cesar y el responsable de su dirección académica y administrativa. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional y con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado.
(…)
ARTICULO 103°. Los miembros del Consejo Superior Universitario que tuvieran la calidad de empleados públicos y el Rector estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidos por el Decreto Ley 128 de 1976, las demás normas concordantes, el Estatuto General y los Reglamentos de la Universidad Popular del Cesar. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten”. Este artículo fue derogado expresamente por el Acuerdo 065 de 2016[[15]](#footnote-15)
El Acuerdo 036 del 14 de julio de 2004, “Por medio del cual se reglamenta el proceso de escogencia de la lista de elegibles al cargo de rector y se dictan otras disposiciones” en el artículo tercero, señaló textualmente, que, “Al momento de la inscripción, el aspirante deberá acreditar las calidades y los requisitos exigidos por el Artículo 2º del Acuerdo No. 033 del 15 de junio de 2004, presentar su Propuesta de Gobierno y manifestar bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, para ocupar el cargo de Rector” (Destacado fuera del texto)
El Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, “Por medio del cual se deroga el acuerdo 033 del 15 de junio de 2004, se reglamenta el proceso de designación rectoral y se dictan otras disposiciones”, consta de doce artículos, pero en el artículo 2, estableció nuevamente las calidades y requisitos que se debían exigir para ser rector de la Universidad Popular del Cesar. Seguidamente en el artículo 3, determinó que los documentos y soportes expedidos por las autoridades competentes de los aspirantes al cargo debían ser presentados al momento de la inscripción
“ARTÍCULO 2°.- Calidades y requisitos. Para ser Rector de la Universidad Popular del Cesar se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargo de nivel directivo o ejecutivo, o haber ejercido el cargo de Rector por lo menos durante un (1) año. 4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos, o sancionado disciplinariamente con destitución, ni excluido del ejercicio de su profesión. 5. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley o en los estatutos de la Universidad Popular del Cesar. 6. Acreditar residencia en el Departamento del Cesar durante los últimos cinco (5) años”.
Parágrafo. - No podrá ser candidato a Rector de la Universidad Popular del Cesar quien haya ejercido funciones de dirección, administración o gobierno durante los tres (3) meses anteriores a la fecha prevista para la designación”. (Destacado es nuestro).
ARTÍCULO 3º. Cada aspirante deberá presentar ante la Secretaria General de la Universidad Popular del Cesar en el momento de la inscripción, la hoja de vida con los respectivos soportes y los certificados actualizados sobre antecedentes penales, fiscales y disciplinarios expedidos por las autoridades competentes. Así mismo, deberá anexar la respectiva propuesta programática. Las hojas de vida y propuestas de los aspirantes serán incluidas en la página Web de la universidad, de manera que puedan ser consultadas por todos los miembros de la comunicad académica”. (Destacado es nuestro)
Aquí conviene destacar, que verificado el contenido del Acuerdo 033 de 2004[[16]](#footnote-16) (derogado), se constató que si bien el artículo 2º establecía las calidades y requisitos para ocupar el cargo en términos similares a los transcritos, esta disposición no reguló el momento en que los aspirantes debían presentar los soportes de los documentos acreditando tales requisitos. Con ello precisar, que dicha exigenciafue prevista autónomamente por el artículo 3.º del Acuerdo 036 de 2004.
El Acuerdo 016 del 21 de octubre de 2025, “Por medio del cual se acata decisión del Consejo de Estado en el proceso de nulidad 1101-03-25-000-2019-00613-00 y se distan otras disposiciones, modificó el numeral sexto del artículo 2 del Acuerdo 038 de 2004” dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO: Acatar decisión del Consejo de Estado en el proceso de nulidad 11001-03-25-000-2019-00613-00, Sentencia del 27 de junio de 2024, y en consecuencia modifíquese el artículo 2° del Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004 emanado del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 2°.- Calidades y requisitos. Para ser Rector de la Universidad Popular del Cesar se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargo de nivel directivo o ejecutivo, o haber ejercido el cargo de Rector por lo menos durante un (1) año. 4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos, o sancionado disciplinariamente con destitución, ni excluido del ejercicio de su profesión. 5. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley o en los estatutos de la Universidad Popular del Cesar. 6. Acreditar residencia en el Departamento del Cesar durante cinco (5) años”.
Parágrafo. - No podrá ser candidato a Rector de la Universidad Popular del Cesar quien haya ejercido funciones de dirección, administración o gobierno durante los tres (3) meses anteriores a la fecha prevista para la designación”. (Destacado es nuestro).
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”. (Subrayas del despacho)
Ahora bien, según el acta No. 24 de inscripción del candidato Guillermo Andres Echavarria Gil, del 26 de noviembre de 2025, aquel aportó entre otros documentos, copia de su cédula de ciudadanía, copia de los diplomas que acreditaban su formación profesional (abogado y administrador público), certificad
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