PGN - Concepto 291-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 291-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Suspensión provisional de la elección como Contralor General de la República
MEDIDA CAUTELAR-Improcedente dar lugar con noticia de prensa
FACULTAD REGLAMENTARIA-Mesa Directiva del Congreso al fijar las reglas de la convocatoria pública.
PROPORCIONALIDAD-Experiencia profesional general vs. Específica, implica que la distinción es un criterio válido de ponderación
PUBLICACION-La diferencia es verificable y guarda relación con la atribución de la producción académica y no acreditan incompatibilidad temporal
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2026
Concepto No. 2026-10-MC-291
Doctor
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Ponente
Consejo de Estado - Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN No.: 11001-03-28-000-2026-00513-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: INGRITH TATIANA RODRÍGUEZ LEÓN
DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS COMO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PERÍODO 2026-2030
TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: REGLAS DE VALORACIÓN DEL MÉRITO Y PUNTAJE POR PUBLICACIONES
Respetado Magistrado:
TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: REGLAS DE VALORACIÓN DEL MÉRITO Y PUNTAJE POR PUBLICACIONES
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido mediante auto del 9 de octubre de 2026[[1]](#footnote-1), procedo a intervenir como Agente del Ministerio Público, con el propósito de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS comoContralor General de la República para el período 2026-2030.
1. ANTECEDENTES
2. Hechos - 1. El 12 de agosto de 2026 el Congreso de la República en pleno eligió, como Contralor General de la República, a JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS con 269 votos.
2. Contra la designación precitada se presentó demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. La actora consideró que se presentó el exceso de la facultad de reglamentación de la Mesa Directiva del Congreso al establecer las reglas de la convocatoria pública; y una indebida acreditación y valoración de las publicaciones académicas atribuidas al elegido, cuyo puntaje incidió en su calificación y en la conformación de la lista de diez elegibles.
3. Con fundamento en lo anterior, mediante escrito independiente, se solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto electoral cuestionado. 3. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de medida cautelar
La actora solicita suspender los efectos jurídicos de la elección con fundamento en dos cargos que incorpora expresamente desde la demanda.
El primero, atribuye a la Mesa Directiva del Congreso un exceso de competencia al regular la valoración de la docencia, la experiencia específica, la autoría y coautoría de publicaciones, los títulos de posgrado y la acreditación de títulos obtenidos en el exterior. Invoca los artículos 6, 84, 121, 125, 209 y 267 de la Constitución y los artículos 2, 4, 5 y 6 de la Ley 1904 de 2018.
El segundo, cuestiona la acreditación y valoración de los libros Inteligencia Artificial aplicada al control fiscal y El control fiscal desde el Congreso de la República: una responsabilidad constitucional, atribuidos al elegido y editados por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ILAE. Alega inconsistencias entre la entrega de los manuscritos, la fecha de determinadas referencias bibliográficas y el trámite editorial, y sostiene que el puntaje reconocido pudo afectar la conformación de la lista de diez elegibles. La solicitud aclara que los cuestionamientos periodísticos y el derecho de petición no se presentan como prueba concluyente de invalidez de las publicaciones y que la decisión cautelar no se supedita a futuras respuestas del ILAE.
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2. Problema Jurídico
En el presente asunto, corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si resulta procedente decretar la suspensión provisional de los efectos del acto mediante el cual fue elegido JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS como Contralor General de la República para el período 2026-2030, porque las reglas de evaluación excedieron la competencia de la Mesa Directiva o porque se asignó puntaje a publicaciones que no reunían las condiciones exigidas para su valoración
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre el mecanismo de la suspensión provisional y dará cuenta del caso concreto.
- - 1. El mecanismo de la suspensión provisional
La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control.
El Consejo de Estado, de manera concreta la Sección Quinta[[2]](#footnote-2), ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. Tiene dispuesto que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA.
Ha dejado claro que el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar; empero, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, dispuso que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto.
Distinguió que al demandado debe corrérsele traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano[[3]](#footnote-3) y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio.
En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral, están[[4]](#footnote-4):
1. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA)
2. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad[[5]](#footnote-5).
3. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud
4. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma.
5. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación.
6. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda.
7. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza.
8. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad.
9. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.[[6]](#footnote-6)
Así mismo, ha consagrado que, las características más destacadas se encuentran en el título XI del CPACA, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; esto es, que: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo[[7]](#footnote-7).
- - 1. Del caso concreto
Se debe establecer si es procedente la suspensión provisional de la elección del demandado como Contralor General de la República, pues en criterio de la parte actora, se presentó un exceso de la facultad de reglamentación de la Mesa Directiva del Congreso al establecer las reglas de la convocatoria pública y, una indebida acreditación y valoración de las publicaciones académicas atribuidas al elegido, cuyo puntaje incidió en su calificación y en la conformación de la lista de diez elegibles.
Como sustento de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 del CPACA, según la remisión a las disposiciones del juicio ordinario y lo dispuesto en el precepto 231 ibídem, en el sentido que el escrito de medidas cautelares debe estar acompañado de “pruebas allegadas con la solicitud”, la accionante solicitó que se tuvieran como medios de prueba los siguientes:
- Copia de la Resolución 004 del 30 de enero de 2026, mediante la cual se abrió la convocatoria pública y se seleccionó a la Universidad de Cartagena. - Copia de la Resolución 005 del 6 de marzo de 2026, que modificó parcialmente la convocatoria. - Circular CCG 001 del 14 de mayo de 2026, sobre la audiencia pública y entrevista de aspirantes habilitados. - Citación del 13 de abril de 2026 para presentar la prueba de conocimientos. - Resolución 0210 del 11 de mayo de 2026, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para designar la Comisión Accidental encargada de definir la lista de elegibles. - Formato de inscripción a la convocatoria, sin diligenciar. - Guía de orientación para la presentación de la prueba de conocimientos. - Comunicación S.G.2-1212-2026 del 21 de julio de 2026, que convocó a los aspirantes elegibles a la entrevista del 27 de julio. - Lista de admitidos, correspondiente a la revisión del 7 de abril de 2026. - Lista definitiva de admitidos, posterior a la resolución de reclamaciones del 10 de abril de 2026. - Comunicación de la Universidad de Cartagena del 4 de mayo de 2026, que remitió los resultados de valoración de estudios y experiencia e informó los canales para presentar reclamaciones. - Comunicación de la Universidad de Cartagena del 30 de abril de 2026, que remitió los resultados definitivos de la prueba de conocimientos.
- Comunicación de la Universidad de Cartagena del 7 de mayo de 2026, que remitió la lista definitiva de habilitados y el consolidado de conocimientos y valoración de estudios y experiencia. - Cuadros de resultados de valoración de estudios y experiencia, anteriores a los definitivos. - Resultados definitivos de valoración de estudios y experiencia, con las fichas de evaluación, incluida la correspondiente a Jorge Eliécer Laverde Vargas. - Resultados preliminares de la prueba de conocimientos. - Resultados definitivos de la prueba de conocimientos. - Consolidado de la prueba de conocimientos y valoración de estudios y experiencia, en el que el demandado figura con 65,35 puntos. - Comunicado del 20 de mayo de 2026, suscrito por los secretarios generales del Senado y de la Cámara, que publicó la lista de diez elegibles. - Copia del libro «Inteligencia artificial aplicada al control fiscal», atribuido a Jorge Eliécer Laverde Vargas. - Copia del libro «El control fiscal desde el Congreso de la República: una responsabilidad constitucional», atribuido al mismo autor. - Derecho de petición dirigido al ILAE, del 18 de septiembre de 2026, sobre la trazabilidad editorial de las dos obras. - Derecho de petición dirigido al Congreso de la República, sobre los antecedentes de la convocatoria y de la elección. - Derecho de petición dirigido a La Silla Vacía, para obtener el reportaje sobre las publicaciones y sus soportes.
- Derecho de petición dirigido a la Universidad de Cartagena, sobre el expediente de evaluación y la valoración de publicaciones. - Derecho de petición dirigido a la UNAD, sobre la trazabilidad y disponibilidad pública de la tesis de maestría citada en uno de los libros. - Correos electrónicos de remisión de esas cinco peticiones, que incluyen el acuse de recibo del ILAE, comunicaciones de recepción y remisión interna del Congreso y comunicaciones de trámite de la UNAD. - Gaceta del Congreso 1413 del 29 de septiembre de 2026, que contiene el acta de la sesión del Congreso en pleno del 12 de agosto de 2026, en la cual consta la elección. - Certificación del secretario general del Senado del 14 de agosto de 2026, sobre la elección del demandado y los 269 votos obtenidos. - Acta de Posesión 0047 del 25 de agosto de 2026, correspondiente a Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general. - Comunicación SGE-CS-4370-2026 del 14 de agosto de 2026, dirigida al presidente de la República para informar la elección.
Antes de examinar los cargos que sustentan la solicitud de suspensión provisional, debe precisarse que los artículos 5 y 6 de la Ley 1904 de 2018[[8]](#footnote-8) atribuyen a la Mesa Directiva del Congreso la competencia para adelantar la convocatoria pública previa a la elección del Contralor General de la República y definir los factores de evaluación y sus criterios de ponderación, con sujeción al mérito y a la igualdad de oportunidades. Esta competencia comprende la fijación del valor de los estudios y la experiencia que supere los requisitos del cargo, sin que ello autorice la adopción de reglas arbitrarias.
La demanda reconoce esa competencia, aunque cuestiona la justificación de las reglas adoptadas; por ello, el examen debe establecer si las disposiciones controvertidas desconocen los límites normativos invocados o introducen diferencias incompatibles con la igualdad. La sola existencia de escalas, categorías o topes que el legislador no cuantificó, no acredita un exceso de competencia, como tampoco lo demuestra la afirmación de que una ponderación distinta valoraría mejor la trayectoria de los aspirantes.
- De la facultad reglamentaria de la Mesa Directiva del Congreso
El examen de este cargo exige establecer si de la confrontación de las reglas cuestionadas con las normas invocadas y del estudio de las pruebas aportadas surge una infracción que justifique suspender los efectos de la elección, conforme al artículo 231 del CPACA. Este análisis permite interpretar las disposiciones y valorar los documentos disponibles, sin exigir una demostración definitiva de la ilegalidad ni anticipar la decisión de fondo.
En relación con la actividad docente, el numeral 6.2.2 de la Resolución 004 del 30 de enero de 2026[[9]](#footnote-9) exige que la educación continuada verse sobre gerencia pública, control fiscal, responsabilidad fiscal, proceso fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República o relaciones entre el ente de control y la administración pública. Esta delimitación se integra a la valoración prevista en el numeral 6.5.2 y no se extiende en los mismos términos a la docencia de pregrado o posgrado, por lo que el reproche debe examinarse respecto de la modalidad específicamente restringida.
La Ley 1904 de 2018 reconoce la actividad docente como factor de mérito y permite definir su ponderación en la convocatoria, sin imponer un puntaje uniforme para todas las experiencias de enseñanza. Aunque esa habilitación no autoriza a excluir actividades sin una justificación compatible con la igualdad, la relación de las materias admitidas con las funciones del cargo ofrece un criterio de pertinencia que debe considerarse al evaluar la restricción, sin que el reconocimiento legal de la docencia conduzca necesariamente a valorar toda educación continuada con independencia de su contenido.
El máximo de diez puntos asignado a la docencia equivale a 3,5 puntos de la calificación global, dada la ponderación del 35 % prevista para el componente de experiencia profesional, docencia y publicaciones. La ausencia de un mínimo legal no demuestra por sí sola la razonabilidad de ese valor, pero su menor peso frente a otros factores tampoco acredita la desnaturalización alegada; aun examinados conjuntamente el tope y la delimitación temática, los argumentos de la solicitud no permiten advertir que la actividad docente hubiera perdido su reconocimiento como criterio de mérito.
La ficha del elegido registra diez puntos por tres cátedras en seis períodos, dato que acredita la aplicación del factor a su evaluación. Sin embargo, el cuestionamiento recae sobre la configuración de la regla general, por lo que ese resultado individual no basta para establecer su validez ni para descartar una eventual afectación de otros aspirantes.
En cuanto a la experiencia profesional, la resolución distingue entre general y específica relacionada con el cargo, con máximos de treinta y veinticinco puntos, respectivamente, dentro de la valoración de la trayectoria de los participantes. La pertinencia de la experiencia frente a las funciones por desempeñar constituye un criterio susceptible de ponderación, de modo que la creación de esa categoría no implica, por sí misma, incorporar un requisito adicional de admisión o excluir otras formas de experiencia reconocidas por la convocatoria.
La actora cuestiona la delimitación de la experiencia específica frente a la aptitud para el cargo y plantea que una misma circunstancia podría recibir puntaje en ambos componentes; no obstante, las reglas examinadas contemplan formas distintas de evaluación, pues una atiende a la trayectoria acreditada y la otra a la aptitud valorada mediante entrevista. Esa distinción no permite deducir, de la sola coexistencia de los factores, una duplicidad contraria a la ley, mientras que los documentos aportados tampoco muestran la doble valoración alegada; el registro de cero puntos por experiencia específica en la ficha del elegido se limita a su situación individual y no resuelve la legalidad de la categoría.
Respecto de las publicaciones en el ámbito fiscal, el numeral 6.5.2 reconoce veinte puntos por libro cuando el aspirante es autor único y diez cuando es coautor, con un máximo acumulado de treinta y cinco puntos. La modalidad de autoría ofrece una diferencia verificable para atribuir mérito académico, aunque la competencia para ponderarla sigue sujeta a la igualdad y no convierte cualquier proporción numérica en una regla necesariamente justificada.
La demandante objeta que la coautoría reciba uniformemente la mitad del puntaje previsto para la autoría individual, sin atender a la contribución efectiva de cada participante. Sin embargo, la ausencia de una medición particular de los aportes no permite concluir, en este examen preliminar, que la escala general desconozca el mérito, pues la ley no impone ese método de evaluación y la diferencia entre autoría exclusiva y compartida guarda relación con la atribución de la producción académica; los argumentos expuestos no ofrecen elementos suficientes para advertir que la proporción adoptada excediera los límites de la ponderación.
En la valoración de los títulos de posgrado, la escala asigna veinte puntos a una especialización, y hasta treinta puntos cuando se acrediten dos o más; asimismo, adjudica treinta puntos a una maestría, y hasta treinta y cinco cuando se acrediten dos o más; por su parte, a la acreditación del doctorado se le otorgan treinta y cinco puntos. Los artículos 11 a 13 de la Ley 30 de 1992 describen las características y finalidades de esos programas, pero no establecen una correspondencia numérica obligatoria para su calificación en esta convocatoria.
La posibilidad de acumular títulos y la fijación de máximos por nivel deben examinarse frente a la finalidad de valorar la formación adicional, sin que la existencia de distintos niveles académicos determine, por sí sola, una única distribución admisible de puntajes. La solicitud cuestiona la justificación de los valores, pero no desarrolla una confrontación que permita advertir por qué las diferencias concretas desconocen los criterios legales o introducen un trato incompatible con la igualdad, más allá de considerar preferible otra ponderación.
Frente a los títulos obtenidos en el exterior, el numeral 6.2.2 exige aportar copia del diploma y del acto de convalidación durante la inscripción, mientras que la Ley 1904 de 2018 dispone la presentación de los soportes en las condiciones de la convocatoria y excluye su valoración cuando se allegan extemporáneamente. La regla general de oportunidad documental no resuelve por sí misma la legalidad de la exigencia de convalidación, pero tampoco la dependencia del trámite respecto de otra autoridad demuestra que deba aceptarse un título pendiente de reconocimiento.
La actora sustenta el reproche en esa dependencia administrativa, sin identificar una disposición del régimen de convalidación que permita presentar el reconocimiento después del cierre o que impida exigirlo durante la inscripción. En esas condiciones, el argumento expuesto y las normas invocadas no permiten advertir una contradicción que justifique la suspensión, pues la eventual duración del trámite no acredita, por sí sola, que la condición haya desconocido la igualdad de oportunidades o excedido la competencia de la Mesa Directiva.
Con el alcance propio de esta etapa, la confrontación normativa y los documentos aportados no ofrecen elementos suficientes para advertir que las reglas cuestionadas excedieran la habilitación legal o desconocieran los límites invocados, por lo que no procede suspender provisionalmente la elección con fundamento en este cargo. Esta conclusión responde a los argumentos y pruebas disponibles para resolver la solicitud cautelar y no constituye una declaración definitiva sobre la legalidad de las disposiciones aplicadas durante la convocatoria.
- De valoración de las publicaciones académicas
La convocatoria exige que los libros versen sobre las materias admitidas, cuenten con registro ISBN y hayan sido publicados después de la obtención del título profesional y hasta el cierre de las inscripciones. Para su acreditación deben identificarse el título, los autores, la editorial, el año de publicación y la edición, cuando corresponda, así como aportarse copia de la portada y de la hoja de créditos, condiciones frente a las cuales debe examinarse la procedencia del puntaje cuestionado.
Los ejemplares incorporados identifican a JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS como autor y al Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ILAE, como editor, consignan el año 2026 e incluyen números ISBN para sus versiones digital e impresa. En «Inteligencia artificial aplicada al control fiscal» figuran los registros 978-628-7661-82-0 y 978-628-7661-81-3, mientras que en «El control fiscal desde el Congreso de la República: una responsabilidad constitucional» aparecen 978-628-7661-83-7 y 978-628-7661-84-4; estos datos permiten constatar las características consignadas en las copias, pero no establecen, por sí solos, la fecha exacta de publicación ni la oportunidad en que esos mismos soportes fueron presentados a la convocatoria[[10]](#footnote-10).
La ficha definitiva del demandado registra dos publicaciones y treinta y cinco puntos por ese concepto, mientras que el consolidado atribuye al elegido 88 puntos por conocimientos, equivalentes a 17,60 ponderados; 100 por títulos, equivalentes a 25; y 65 por experiencia profesional, docencia y publicaciones, equivalentes a 22,75, para un total de 65,35 puntos. Aunque la ficha no individualiza los títulos de las obras, permite establecer la puntuación reconocida al factor y calcular, bajo las condiciones que se precisarán, el efecto de una eventual exclusión, sin que ello implique validar los demás componentes de la evaluación[[11]](#footnote-11).
La demandante sostiene que los manuscritos se entregaron en mayo de 2025, pese a que las versiones publicadas contienen referencias a fuentes difundidas en octubre y noviembre siguientes, entre ellas la tesis de Beblin Lorena Bagui Mina sobre participación ciudadana y presupuestos participativos, cuya cita se verifica en el libro sobre control fiscal desde el Congreso[[12]](#footnote-12). El cuestionamiento recae, por tanto, sobre la correspondencia entre la fecha de entrega inicial y el contenido de la versión publicada, aspecto que debe distinguirse de la oportunidad de publicación y acreditación exigida por la convocatoria.
Aun si se acogieran provisionalmente las fechas expuestas en la demanda, la diferencia temporal suscitaría un interrogante sobre el momento en que se incorporaron las referencias, pero no demostraría que las obras se publicaron después del 18 de marzo de 2026[[13]](#footnote-13). Las fuentes situadas en octubre y noviembre de 2025 son anteriores tanto a la publicación, que la demanda ubica en febrero de 2026, como al cierre de las inscripciones, de modo que su inclusión no acredita una incompatibilidad temporal con el plazo de la convocatoria ni permite deducir, sin otros elementos, la falsedad de los soportes utilizados para obtener puntaje.
La recepción de un manuscrito y la publicación de su versión definitiva corresponden a momentos distintos, por lo que la cronología alegada debe examinarse considerando las eventuales revisiones del texto. Esta consideración no supone afirmar que efectivamente se produjo una actualización regular, sino reconocer que las fechas señaladas no permiten establecer, con el alcance necesario en esta etapa temprana del proceso, que las obras incumplieran las condiciones de valoración.
Los reparos sobre una extensión inicial de ochenta y dos páginas, un mínimo editorial de ciento veinte y períodos de revisión entre seis y dieciocho meses tampoco muestran, por sí mismos, el desconocimiento de una condición de la convocatoria, pues la resolución no exige una extensión mínima ni un tiempo determinado de evaluación editorial. Para atribuir efectos a esas circunstancias sería necesario establecer cuáles políticas resultaban aplicables y de qué manera su eventual inobservancia comprometió la existencia, publicación o acreditación oportuna de las obras, relación que no se encuentra suficientemente sustentada con los elementos disponibles.
La demanda identifica la investigación de La Silla Vacía del 19 de agosto de 2026 y proporciona un enlace de consulta, por lo que la ausencia de una copia separada entre los anexos no basta para prescindir de su examen. El reportaje recoge declaraciones atribuidas al autor y referencias a documentos editoriales, y plantea cuestionamientos sobre la cronología, los requisitos aplicados y la incidencia de los libros en la calificación; sin embargo, esos contenidos deben contrastarse con las condiciones de la convocatoria y con los demás elementos aportados, sin asumir que toda inconsistencia editorial comporta la improcedencia del puntaje[[14]](#footnote-14).
La información periodística debe apreciarse junto con los demás medios de prueba, sin que su divulgación acredite, por sí sola, la veracidad de los hechos narrados. En este asunto, el contraste del reportaje con las copias de los libros y las fichas de valoración no ofrece elementos suficientes para inferir que las obras se publicaron después del cierre de las inscripciones o que el puntaje se reconoció con desconocimiento de las condiciones de la convocatoria.
Por tanto, los argumentos y las pruebas disponibles no permiten advertir la infracción alegada con sustento suficiente para suspender provisionalmente la elección por este cargo. Esta conclusión se limita al examen cautelar y no supone declarar que las publicaciones cumplieron todas las condiciones para su valoración, cuestión que deberá resolverse al decidir el fondo de la controversia.
- 1. Síntesis
Lo expuesto lleva a afirmar que lo allegado hasta el momento no tiene la claridad ni la contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico. La confrontación efectuada no demuestra que las reglas cuestionadas excedieran la habilitación de la Ley 1904 de 2018. Las pruebas sobre las publicaciones tampoco permiten establecer el incumplimiento de las condiciones para su valoración. Lo que persiste, de manera preliminar, es una apreciación particular de los hechos que, por sí sola, resulta insuficiente para demostrar una infracción normativa con incidencia en la legalidad de la declaratoria de la elección demandada.
En ese sentido, esta delegada del Ministerio Público considera que en esta etapa preliminar no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada.
III. CONCLUSIÓN
En ese sentido, esta delegada del Ministerio Público considera que en esta etapa preliminar no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS comoContralor General de la República para el período 2026-2030.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
1. El traslado para conceptuar se hace efectivo entre el 14 hasta el 20 de octubre de 2026, según la anotación 17 en el SAMAI. ↑
2. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad N
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