PGN - Concepto 292-2026 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto 292-2026 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
MEDIDA CAUTELAR-Negar la solicitud provisional porque se apoya en una premisa temporal no acreditada (convocatoria autónoma), y por eso no hay violación manifiesta que justifique la medida cautelar
CONSULTA POPULAR-Desconocimiento del término mínimo de 3 meses para la consulta popular
CONSULTA POPULAR-La fecha de la consulta no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 5 meses desde que se decrete la convocatoria y se publique en la página web de la RNEC
AREAS METROPOLITANAS-Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa
AREAS METROPOLITANAS-Entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial
AREA METROPOLITANAS-Conjunto de municipios (del mismo o distintos departamentos) integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, que requieren administración coordinada
ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Garantizar la participación adecuada de las autoridades municipales en sus órganos de administración y señalar la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios
ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Esquema asociativo territorial
COMPUTO DEL TERMINO-Antes de concluir que se violó el mínimo de 3 meses, hay que determinar desde cuándo se computa el término y qué efectos tuvieron las suspensiones y reanudaciones, con apoyo en el expediente administrativo y las constancias de publicación
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2026
# Concepto No. 2026-10-N-292
Doctor
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2026
# Concepto No. 2026-10-N-292
Doctor
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
1. S. D.
EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2026-00529-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD
DEMANDANTE: JULIANA ALVARÁN OSORIO Y OTROS
DEMANDADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – RNEC
TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR.
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido mediante auto del 9 de octubre de 2026, intervengo como Agente del Ministerio Público para descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se convoca a los ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, del departamento de Antioquia, a consulta popular para constituir el Área Metropolitana “Valle de San Nicolás”.
1. ANTECEDENTES 1. Hechos[[1]](#footnote-1)
1. Los alcaldes municipales de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer del Departamento de Antioquia, suscribieron un acuerdo de voluntades para impulsar la creación del Área Metropolitana denominada “Valle de San Nicolás” ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante comunicación del 13 de abril de 2024.
2. A través de la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a los habitantes de los mencionados entes territoriales a la celebración de la consulta popular del 9 de noviembre de 2025, para que decidieran si estaban o no de acuerdo con la creación del área metropolitana.
3. Mediante la Resolución 6870 del 10 de junio de 2025, se estableció el calendario electoral de la consulta, sin embargo, con la Resolución 13.599 del 27 de octubre de 2025 se suspendió la convocatoria y el calendario por falta de recursos, cuando el proceso estaba en la etapa de sorteo y designación de jurados.
4. La Sentencia de Tutela 337 del 19 de diciembre de 2025, de la Sala Primera de Familia del Tribunal Superior de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Registraduría gestionar coordinadamente los recursos para la consulta dentro de los tres meses siguientes.
5. Mediante la Resolución 1846 del 18 de febrero de 2026, la Registraduría Nacional convocó nuevamente la consulta para el 26 de julio de 2026. Con la Resolución 2420 del 4 de marzo de 2026, levantó la suspensión y reanudó el calendario electoral, y con la Resolución 3640 del 13 de abril de 2026 trasladó la fecha de votación al 2 de agosto de 2026.
6. Con sentencia del 28 de mayo de 2026, el Consejo de Estado negó la nulidad de la Resolución 6866 de 2025.
7. Con la Resolución 6580 del 25 de junio de 2026, la Registraduría Nacional nuevamente suspendió la convocatoria y el calendario en la etapa de sorteo y designación de jurados.
8. Mediante Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026, se convocó la consulta para el 29 de noviembre de 2026 y ordenó reanudar el calendario desde la etapa de sorteo de jurados de votación.
9. Los ciudadanos JULIANA ALVARÁN OSORIO, DAVID ALEXANDER URIBE GÓMEZ, DIEGO ARMANDO LÓPEZ CARDONA, JUAN DAVID ECHEVERRI RUIZ, ALEJANDRO LOPERA LÓPEZ, LUZ PATRICIA ZULUAGA VILLEGAS y JUAN SEBASTIÁN DÍAZ OCAMPO, en ejercicio de la acción pública de nulidad contemplada en el artículo 137 del C.P.A.C.A, demandaron la Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026.
10. Dentro del mismo escrito de la demanda, solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026. 2. Argumentos y normas en los que se sustenta la solicitud de medida cautelar
Los demandantes solicitaron la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 de 2026, que fijó la consulta popular para el 29 de noviembre de 2026, bajo el argumento que, entre la fecha de expedición del acto y la realización de la consulta transcurren solo ochenta (80) días, lapso inferior al término mínimo de tres (3) meses previsto en el literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013.
Afirmaron que esta infracción surge de la confrontación directa entre el acto y la norma superior, conforme al artículo 231 del CPACA, y que la proximidad de la votación genera urgencia porque podría consolidar efectos jurídicos y administrativos difíciles de revertir, haciendo ineficaz una eventual sentencia de nulidad. Añadieron que la medida no restringiría la participación ciudadana, sino que suspendería temporalmente una convocatoria cuya legalidad cuestionan.
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
1. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 10.272 de 2026, “Por la cual se convoca a los ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer del departamento de Antioquia a consulta popular con fines de constituir el Área Metropolitana denominada: ‘Valle de San Nicolás”, por el presunto desconocimiento del término mínimo previsto en el literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013; en particular, deberá establecerse si la infracción alegada surge manifiestamente de computar dicho término desde la expedición del acto demandado, pese a los antecedentes que indican la continuidad del procedimiento iniciado mediante la Resolución 6866 de 2025.
Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) el mecanismo de la suspensión provisional; ii) el marco normativo de las áreas metropolitanas y, finalmente iii) los fundamentos de la medida cautelar en el presente caso.
2.2. El mecanismo de la suspensión provisional y requisitos para su procedencia
En el Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se consagró la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esa jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno.
En materia de suspensión provisional, en su artículo 231 la Ley 1437 de 2011 fijó una serie de requisitos en los siguientes términos:
“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos…”
La Sección Quinta[[2]](#footnote-2) ha aceptado que no necesariamente la medida cautelar debe presentarse en el texto mismo de la demanda, sino que puede ser presentada en escrito anexo a esta, pero siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad.
De manera concreta, la Sala Electoral del Consejo de Estado, en posición de 2016 – reiterada en 2021[[3]](#footnote-3) - estableció:
“Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos en la demanda y que se encuentre en término para accionaro en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
(…)
(…)
En este sentido, según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado[[4]](#footnote-4)”.
Conforme con lo anterior, de la interpretación armónica de las normas que rigen la figura, se concluye que para que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto administrativo, debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay una violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente en ese momento procesal.
Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez o sala encargada de su estudio, realice un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas con la solicitud para determinar la viabilidad o no de la medida.
No obstante, resulta del caso precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado por cuanto es claro que debe analizarse en cada caso concreto la implicación de este, con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y sobre todo su legalidad.
Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar de manera alguna implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.
En este orden de ideas, corresponde analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y los documentos allegados, para determinar su procedencia, en aras de garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo.[[5]](#footnote-5)
2.3. Marco normativo de las áreas metropolitanas
El artículo 319 de la Constitución Políticaseñala que cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.
Igualmente establece que la ley de ordenamiento territorial adoptará, para las áreas metropolitanas, un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios.
Asimismo, dispone que, cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales deben protocolizar la conformación del área y definir sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo con la ley.
Por último, la referida norma superior señala que las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos en los términos indicados en la ley.
Ahora bien, la Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” se refiere a las áreas metropolitanas como una forma de esquema asociativo territorial, -artículo 10-, que tiene como propósito impulsar el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades.
Dicha ley estableció un régimen fiscal especial para las áreas metropolitanas, -artículo 25-, y dispuso que la competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un área metropolitana corresponde a estas, -literal f, numeral 2, artículo 29-.
Además, impuso al Gobierno Nacional el deber de presentar al Congreso varias iniciativas de reformas legislativas, entre ellas, la reforma de la legislación en materia de áreas metropolitanas. En ese orden, le otorgó el término de 6 meses a partir de la vigencia de dicha ley, para, entre otros, radicar el proyecto de un código de Régimen de Área Metropolitana, en su artículo 37.
El Congreso de la República profirió la Ley 1625 de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas” cuyo objeto, definido en el artículo 1º, es dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, que, dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones.
Según esta ley, las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial. Están formadas por un conjunto de 2 o más municipios -del mismo o de distintos departamentosintegrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que, para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada, artículos 2, 3 y 4.
En esta norma se determinó sus competencias, -artículo 6-, y funciones, -artículo 7-, así como los parámetros para su conformación, lo que es relevante en el presente caso.
El artículo 8 se refiere a los siguientes aspectos:
- Iniciativa para promover la creación: - Los alcaldes de los municipios interesados. - La tercera parte de los concejales de dichos municipios. - El 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los mismos municipios. - El Gobernador o los Gobernadores de los departamentos a los que pertenezcan los municipios que se pretendan integrar a un Área Metropolitana. - Iniciativa para la anexión a un área metropolitana existente - El alcalde o los alcaldes de los municipios interesados. - El respectivo presidente o presidentes de los concejos municipales correspondientes. - La tercera parte de los concejales. - El 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral de dichos municipios. - Iniciativa para ciudades capitales y sus municipios circunvecinos[[6]](#footnote-6) - Los alcaldes de los municipios interesados - La tercera parte de los concejales de dichos municipios, el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los mismos municipios - El Gobernador o los gobernadores de los departamentos a los que pertenezcan los municipios que se pretendan integrar a un Área Metropolitana. - Requisitos mínimos del proyecto de constitución - Municipios que la integrarán, (deberán indicar la ciudad capital cuando corresponda) - El municipio núcleo
- Las razones que justifican su creación - Trámite del proyecto - Los promotores deben remitir el proyecto a la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. - Dichas comisiones, en un término no mayor a un mes, deben emitir un concepto sobre la conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes de la constitución de un área metropolitana o anexión de uno o varios municipios. Según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 2014, este concepto no obliga. - Debe radicarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. - Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recibo, la RNEC debe verificar de una parte, la iniciativa y, de otra, el cumplimiento de los requisitos mínimos del proyecto. - Si la propuesta supera dicha verificación, la RNEC procederá a convocar la consulta popular y proveerá los medios necesarios para la organización de la consulta popular. - La fecha para la realización de la consulta popular en ningún caso será inferior a 3 meses, ni superior a cinco (5) meses a partir de que fecha en que se decrete la convocatoria y sea publicada en la página web de la RNEC.
- Aprobación del proyecto[[7]](#footnote-7) - Se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de los votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el 5% por ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes. - En el evento de la anexión a un área metropolitana existente la aprobación se hará por mayoría absoluta de votos en cada uno de los municipios vecinos - Protocolización - En cada uno de los municipios en donde fuera aprobado el proyecto, los respectivos alcaldes y los presidentes de los concejos municipales protocolizarán en la Notaría Primera del municipio núcleo, la conformación del Área Metropolitana o el ingreso a una ya existente en un plazo no mayor de 30 días calendario.
Bajo estos parámetros, esta Delegada del Ministerio Público analizará la procedencia o no de la suspensión de los efectos del acto acusado.
2.4. Análisis del caso concreto
El reproche de la parte actora frente al acto acusado consiste en que el intervalo entre la fecha de expedición de la Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026 y el domingo 29 de noviembre de 2026, fecha allí establecida para la realización de la consulta, es de (80) días, inferior al mínimo legal de tres (3) meses establecido en el artículo 8, literal d), de la Ley 1625 de 2013.
Ahora bien, los hechos expuestos en la demanda como fundamento de la solicitud de medida cautelar coinciden plenamente con los antecedentes fácticos consignados en las tres (3) primeras páginas de la Resolución 10.272 de 2026. No obstante, la parte actora calcula el término previsto en el literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013 como si el acto demandado hubiera iniciado una convocatoria autónoma, aunque su propio relato[[8]](#footnote-8) describe la continuidad del procedimiento iniciado mediante la Resolución 6866 de 2025. Esta divergencia entre la premisa fáctica y la conclusión jurídica debe resolverse antes de tener por configurada la infracción alegada.
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En otras palabras, aunque entre la expedición del acto demandado y la fecha fijada para la consulta transcurren ochenta (80) días, ese cálculo parte de una premisa no demostrada, esto es: que la Resolución 10.272 de 2026, constituye una convocatoria autónoma y que con su expedición comenzó un nuevo término legal. Esta premisa contradice los hechos relatados en la propia solicitud y los antecedentes incorporados en el acto demandado.
En efecto, tales antecedentes evidencian una actuación única iniciada con la Resolución 6866 de 2025, relativa a la misma iniciativa, los mismos municipios, el mismo objeto y la misma consulta. Durante su desarrollo se suspendieron y reanudaron la convocatoria y el calendario electoral, conservándose la etapa de sorteo y designación de jurados. De hecho, la Resolución 10.272 ordenó expresamente reanudar el calendario desde esa etapa, circunstancia incompatible con el inicio de un procedimiento autónomo.
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La continuidad del procedimiento destacada no demuestra, por sí sola, que el término previsto en el literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013 se haya cumplido o suspendido válidamente. Sin embargo, impide considerar el intervalo de ochenta (80) días como prueba suficiente de una infracción manifiesta o evidente. Para establecerla es necesario determinar desde cuándo se computa el término, precisar los efectos jurídicos de las suspensiones y reanudaciones y examinar los actos antecedentes, constancias de publicación y el expediente administrativo. Como ese material no aparece incorporado ni valorado suficientemente en la solicitud, la violación alegada no surge, en esta etapa procesal, de la confrontación entre el acto demandado, la norma invocada y las pruebas allegadas, sin perjuicio del análisis integral que corresponda durante el proceso.
La coincidencia entre los antecedentes del acto y los hechos expuestos por los solicitantes impide tener por acreditada, en esta etapa, la autonomía jurídica que sustenta el cómputo temporal con el que se pretende demostrar la infracción del literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013. En consecuencia, no aparece demostrada preliminarmente una infracción manifiesta que justifique suspender los efectos del acto demandado. De igual forma, resulta necesario valorar el objeto de la litis a partir de los elementos de juicio que se alleguen al proceso por la totalidad de los sujetos procesales, antes de establecer en forma definitiva si el acto administrativo cuestionado desconoció las normas superiores invocadas.
Por lo expuesto, se solicita negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 de 2026, sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la legalidad del acto.
2.5. Síntesis del concepto
Por lo expuesto, se solicita negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 de 2026, sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la legalidad del acto.
2.5. Síntesis del concepto
La solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 de 2026, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe ser negada. En esta etapa procesal, el intervalo de ochenta (80) días invocado por la parte actora no demuestra por sí solo una infracción manifiesta del literal d) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, pues dicho cómputo presupone, sin acreditarlo, que el acto demandado inició una convocatoria autónoma. Los antecedentes reseñados tanto en la solicitud cautelar como en la propia resolución evidencian, en cambio, la continuidad del procedimiento iniciado mediante la Resolución 6866 de 2025. Establecer los efectos jurídicos de las suspensiones y reanudaciones sobre el término legal exige examinar integralmente los antecedentes contenidos en el expediente administrativo, valoración propia de la decisión de fondo.
1. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 10.272 del 10 de septiembre de 2026, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que esta conclusión implique prejuzgamiento sobre la legalidad del acto demandado.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado