PGN - Concepto C-190 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto C-190 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA-Que se declarara administrativamente responsable a la entidad demandada por los perjuicios morales y materiales que, según afirmaron, les fueron ocasionados como consecuencia de la muerte violenta de

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Fundamento jurídico

REPARACION DEL DAÑO ANTIJURIDICO-El Estado debe reparar los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas

Se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política, conforme al cual el Estado debe reparar los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas

DAÑO ANTIJURIDICO-Daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica a la entidad demandada

En el medio de control de reparación directa, el análisis exige establecer la existencia de un daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica a la entidad demandada

DERECHO A LA VIDA-Impone al Estado deberes negativos de abstención y deberes positivos de protección e investigación

El derecho a la vida, reconocido en el artículo 11 constitucional y protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos, impone al Estado deberes negativos de abstención y deberes positivos de protección e investigación. La legitimidad constitucional de las Fuerzas Militares y de su misión no supone una habilitación irrestricta para emplear fuerza letal: su utilización debe encontrarse sometida a los principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad, así como a las reglas del Derecho Internacional Humanitario cuando resulte aplicable.

PRUEBA INDICIARIA-Requiere indicios graves, concordantes y convergentes, apreciados junto con el resto del material probatorio

GRAVE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS-la prueba indiciaria puede adquirir especial relevancia cuando los hechos ocurren bajo control de agentes estatales y la información esencial se encuentra principalmente en poder de la Administración

En casos relativos a graves violaciones de derechos humanos, la prueba indiciaria puede adquirir especial relevancia cuando los hechos ocurren bajo control de agentes estatales y la información esencial se encuentra principalmente en poder de la Administración. Ello no elimina la exigencia de motivación racional ni equivale a presumir automáticamente la responsabilidad: requiere indicios graves, concordantes y convergentes, apreciados junto con el resto del material probatorio.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Cuando su conducta aparece acreditada como causa determinante, exclusiva y jurídicamente ajena a la actuación estatal

La culpa exclusiva de la víctima solo exonera cuando su conducta aparece acreditada como causa determinante, exclusiva y jurídicamente ajena a la actuación estatal. La eventual participación de la persona fallecida en una actividad ilícita, la posesión de armas o la existencia de antecedentes penales no autorizan, por sí solas, la privación arbitraria de la vida ni reemplazan el examen de necesidad y proporcionalidad de la fuerza empleada.

IMPUTACION DEL DAÑO-No se encuentra acreditada una culpa exclusiva de la víctima que permita excluir la imputación del daño a la entidad demandada

Si bien los elementos invocados por la parte apelante aportan información sobre el contexto del operativo y la eventual presencia de armas, no permiten establecer de manera concluyente que la víctima hubiera desplegado una agresión actual e inminente que hiciera indispensable el uso de fuerza letal. Tampoco desvirtúan, por sí solos, las contradicciones y los indicios convergentes identificados por el Tribunal a quo. En consecuencia, de acuerdo con el material probatorio analizado, no se encuentra acreditada una culpa exclusiva de la víctima que permita excluir la imputación del daño a la entidad demandada.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Se deriva sino de la acreditación de los presupuestos jurídicos y fácticos que permiten imputar el daño al Estado

La responsabilidad administrativa no se deriva de la mera ocurrencia de una muerte durante una operación militar, sino de la acreditación de los presupuestos jurídicos y fácticos que permiten imputar el daño al Estado. En este caso, de acuerdo con el razonamiento expuesto por el Tribunal a quo, la conclusión de responsabilidad se sustenta en la valoración de los elementos probatorios relativos a las circunstancias de la muerte y al presunto uso ilegítimo de la fuerza. La misión constitucional de la Fuerza Pública debe ejercerse con sujeción a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico, por lo que la protección de la seguridad no constituye, por sí sola, una justificación suficiente para el uso letal de la fuerza.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-El Ministerio Público considera que los argumentos de la parte apelante no desvirtúan las conclusiones y decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, pues las inconsistencias probatorias y las circunstancias de la muerte de XXX permiten atribuir responsabilidad patrimonial al Estado.

En este orden de ideas, este Ministerio Público considera que el recurso de apelación no desvirtúa suficientemente los fundamentos probatorios centrales de la sentencia de primera instancia. Aunque las explicaciones alternativas planteadas por la entidad demandada deben ser examinadas, no cuentan, según la valoración expuesta, con fuerza demostrativa suficiente para acreditar que la muerte ocurrió necesariamente en el marco de un enfrentamiento legítimo o que la conducta de la víctima constituyó la causa exclusiva y determinante del daño. Por consiguiente, se considera procedente solicitar la confirmación de la sentencia apelada, siempre que esta conclusión sea concordante con el análisis integral del expediente y con las decisiones adoptadas en la providencia.

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