PGN - Concepto D-17732 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17732 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

Bogotá D.C., noviembre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Ciudad Expediente: D - 17732

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 469 (parcial) del

Código Sustantivo del Trabajo. Concepto No. 7652 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en el proceso de revisión de la constitucionalidad del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES El 27 de julio de 2026, el ciudadano Carlos Alberto Ballesteros Barón, presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 469 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que desconoce el derecho de negociación colectiva del artículo 55 de la Constitución Política. A continuación, se resaltan y subrayan las expresiones demandadas: “ARTÍCULO 469. FORMA. La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto.” En la demanda inicial, el accionante formuló varios cargos contra la expresión contenida en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero, por la presunta vulneración del derecho de negociación colectiva, previsto en el artículo 55 de la

En la demanda inicial, el accionante formuló varios cargos contra la expresión contenida en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero, por la presunta vulneración del derecho de negociación colectiva, previsto en el artículo 55 de la Constitución Política, en tanto la disposición acusada permitiría que la falta o tardanza en el depósito de la convención colectiva produzca su ineficacia. El segundo, por la presunta vulneración del principio de prevalencia del derecho sustancial, previsto en el artículo 228 superior. El tercero se dirigió contra ta disposición por la presunta vulneración de los principios protectores del trabajo, derivados de los artículos 25 y 53 de la Constitución. Asimismo, el accionante invocó los artículos 1, 2, 39 y 93 superiores, este último en relación con los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Sentencia C-465 de 2008 como precedente relevante. El Magistrado sustanciador, mediante Auto del 1 de septiembre de 2026, admitió la demanda respecto del cargo por la presunta vulneración del artículo 55 de la Constitución Política. En particular, señaló que el reproche se dirigía a cuestionar que el depósito de la convención colectiva fuera comprendido entre los requisitos cuya omisión priva de todo efecto al acuerdo, pues ello podría implicar una injerencia estatal incompatible con el derecho de negociación colectiva y con el deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. En el59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mismo auto, el Magistrado sustanciador inadmitió tos cargos relacionados con los

y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. En el59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mismo auto, el Magistrado sustanciador inadmitió tos cargos relacionados con los artículos 1, 2, 25, 39, 53, 93 y 228 de la Constitución Politica, al considerar que no cumplían las cargas argumentativas necesarias para adelantar el juicio de constitucionalidad. Dentro del trámite correspondiente, el accionante presentó un escrito de corrección y subsanación de la demanda. No obstante, mediante Auto del 21 de septiembre de 2026, el Magistrado sustanciador determinó que el escrito de corrección había sido presentado de manera extemporánea. Por lo tanto, rechazó los cargos relacionados con tos artículos 1, 2, 25, 39, 53, 93 y 228 de la Constitución. En consecuencia, en la misma providencia se dispuso la continuación del trámite respecto del cargo admitido, para lo cual se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que rinda concepto en los términos del artículo 7 del Decreto 2067 de

1991. Lo que se materializó mediante oficio 352 del 30 de septiembre de 2026. tl. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 469 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de un decreto con fuerza de ley.

tl. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

469 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de un decreto con fuerza de ley. tl. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO En atención al cargo admitido, el problema jurídico consiste en determinar si el aparte demandado, desconoce el derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución, al establecer el depósito de la convención colectiva como requisito cuya omisión o cumplimiento tardío priva de efectos el acuerdo celebrado.

IV. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará un análisis sobre: a) la garantía constitucional de la negociación colectiva; b) la convención colectiva como acto solemne; para, finalmente, d) fijar la postura en el caso concreto.

A. La garantía constitucional de la negociación colectiva El artículo 55 de la Constitución Política reconoce el derecho a la negociación colectiva como un mecanismo para regular las relaciones laborales y establece, a su vez, el deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. La Corte Constitucional ha señalado que este derecho debe entenderse en armonía con los instrumentos internacionales sobre la libertad sindical y negociación colectiva incorporados al ordenamiento colombiano.

La negociación colectiva tiene un contenido amplio, pues no se limita a la presentación de pliegos de peticiones o a la celebración de convenciones colectivas. Comprende, en general, las distintas formas de negociación entre trabajadores y empleadores dirigidas a EN

La negociación colectiva tiene un contenido amplio, pues no se limita a la presentación de pliegos de peticiones o a la celebración de convenciones colectivas. Comprende, en general, las distintas formas de negociación entre trabajadores y empleadores dirigidas a EN 1 Corte Constitucional. Sentencia C— 288 de 2024.54 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION regular las condiciones de trabajo, mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes de las partes, la garantía de que sus representantes sean escuchados y la consolidación de la justicia social en las relaciones laborales?. En este sentido, la negociación colectiva constituye un mecanismo de concertación orientado a la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. La Corte ha señalado que este derecho se hace efectivo mediante la celebración de acuerdos y convenios de trabajo, entre ellos tos pactos y las convenciones colectivas, que constituyen instrumentos destinados a concretar la concertación y a solucionar pacíficamente los conflictos colectivos de trabajo?. Ahora bien, la garantía constitucional de la negociación colectiva conlleva también un deber estatal de promoción y fomento. A partir de una lectura sistemática de la Constitución y de los Convenios 87,98 y 154 de la OIT, la Corte ha señalado que el Estado colombiano no solo debe garantizar la libertad y la asociación sindical, sino también promover y fomentar la concertación entre las partes involucradas en los conflictos laborales, con el propósito de favorecer su solución pacífica. Las medidas dirigidas a cumplir este deber no pueden ser concebidas o aplicadas de manera que obstaculicen la libertad de negociación colectiva‘.

laborales, con el propósito de favorecer su solución pacífica. Las medidas dirigidas a cumplir este deber no pueden ser concebidas o aplicadas de manera que obstaculicen la libertad de negociación colectiva‘. En relación con los límites del Legislador en la regulación del derecho a la negociación colectiva, la Corte Constitucional?, reconoció que este derecho no tiene carácter absoluto, por lo que su ejercicio admite limitaciones derivadas de su propia naturaleza, de sus finalidades y del marco jurídico que lo regula. En ese sentido, el reconocimiento constitucional de este derecho no excluye la intervención del Legislador para establecer las condiciones jurídicas dentro de las cuales puede desarrollarse. Sin embargo, la Corte? precisó que la negociación colectiva no puede estar sometida a una regulación tan inflexible o rígida que haga impracticable el ejercicio del derecho. Por el contrario, su desarrollo debe mantenerse dentro de limites razonables y armonizarse con los fines y la policía social y económica del Estado social de derecho. De esta manera, la posibilidad de establecer restricciones legales debe entenderse en el marco de la coexistencia entre la garantía de la negociación colectiva y las competencias estatales para regular las materias comprendidas en el ámbito de dicha negociación. En consecuencia, la jurisprudencia permite distinguir entre la posibilidad de regutar legalmente ta negociación colectiva y el establecimiento de restricciones que hagan impracticable su ejercicio. El carácter no absoluto del derecho admite su sujeción a límites jurídicos, pero la regulación debe preservar la posibilidad de que la negociación se desarrolle efectivamente, sin desconocer las finalidades que justifican su reconocimiento constitucional.

límites jurídicos, pero la regulación debe preservar la posibilidad de que la negociación se desarrolle efectivamente, sin desconocer las finalidades que justifican su reconocimiento constitucional. En particular, el artículo 4 del Convenio 98 de la OIT establece el deber de adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales que sean necesarias para estimular y fomentar entre empleadores y organizaciones de empleadores, por una parte, y organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo mediante ? Corte Constitucional. Sentencia C - 009 de 1994. 3 Corte Constitucional. Sentencia C - 288 de 2024. ‘Ibid. $ Corte Constitucional. Sentencia C ~ 112 de 1993. 5 Ibid.69 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN contratos colectivos. Por su parte, el artículo 2 del Convenio 154 define la negociación colectiva como las negociaciones entre empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores dirigidas, entre otros propósitos, a fijar las condiciones de trabajo y empleo y a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores” La Corte ha precisado, además, que el Convenio 154 de la OIT deja un margen a los Estados para determinar los mecanismos mediante los cuales desarrollan el deber de fomentar la negociación colectiva. Tales mecanismos pueden ser diversos, pero deben estar orientados a posibilitar, universalizar, extender progresivamente y fomentar la negociación colectiva. Al mismo tiempo, las medidas de fomento no pueden concebirse o aplicarse de manera que obstaculicen la libertad de negociación colectiva”.

estar orientados a posibilitar, universalizar, extender progresivamente y fomentar la negociación colectiva. Al mismo tiempo, las medidas de fomento no pueden concebirse o aplicarse de manera que obstaculicen la libertad de negociación colectiva”. En cuanto a su concreción normativa, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la negociación colectiva se materializa, entre otros instrumentos, mediante las convenciones colectivas, las cuales constituyen fuentes de derecho laboral. La Corte ha señalado que estos instrumentos tienen por finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia y que poseen tanto un carácter normativo como un elemento obligacional?. Finalmente, ha reiterado que las convenciones y los pactos colectivos constituyen instrumentos o mecanismos de negociación colectiva destinados a solucionar y poner fin alos conflictos colectivos de trabajo. En esa medida, la negociación colectiva se configura constitucionalmente como un espacio de concertación voluntaria entre trabajadores y empleadores, cuya protección se articula con la libertad sindical y con el deber estatal de promover mecanismos que permitan la solución pacífica de los conflictos laborales.

B. La convención colectiva como acto solemne La convención colectiva de trabajo constituye un acuerdo de voluntades de carácter bilateral y una fuente formal del derecho laboral, mediante la cual trabajadores y empleadores regulan las condiciones que rigen sus relaciones de trabajo. En este sentido, la Corte Constitucional'? ha reconocido que la convención colectiva constituye una manifestación de la negociación colectiva y que sus cláusulas adquieren carácter normativo, en cuanto establecen reglas destinadas a regular las relaciones laborales.

La convención es uno de los diferentes instrumentos que existen para la negociación

manifestación de la negociación colectiva y que sus cláusulas adquieren carácter normativo, en cuanto establecen reglas destinadas a regular las relaciones laborales. La convención es uno de los diferentes instrumentos que existen para la negociación colectiva, se trata de una norma jurídica proferida por empleadores y trabajadores que materializa un acuerdo de voluntades de carácter formal. Es decir, se trata de una fuente autónoma y formal de derecho que regula las condiciones individuales de trabajo con sujeción a los derechos mínimos ciertos e indiscutibles de los trabajadores”. A su vez, la Corte ha caracterizado la convención colectiva como un acto solemne. Esta naturaleza se deriva del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que establece que la convención debe constar por escrito y que una copia debe ser depositada ante la autoridad laboral dentro de los quince días siguientes a su firma. La misma norma dispone que, sin el cumplimiento de tales requisitos, la convención no produce ningún efecto. A partir de esta regulación, la Corte Constitucional sostuvo que el Legislador 7 Ibid. 8 Ibid. Y 2 Ibid. 1 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. " Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 2008.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sometió la convención colectiva a determinadas formatidades que integran su solemnidad”?. En particular, la convención colectiva produce efectos jurídicos siempre que conste por escrito y se cumpla con el depósito oportuno de una de sus copias ante la autoridad laboral. Por ello, consideró que la escritura y el depósito constituyen formalidades ad substantiam actus, cuyo incumplimiento impide que la convención produzca efectos jurídicos",

laboral. Por ello, consideró que la escritura y el depósito constituyen formalidades ad substantiam actus, cuyo incumplimiento impide que la convención produzca efectos jurídicos", La calificación de estas formalidades como requisitos ad substantiam actus significa que la ley les atribuye una función esencial en la producción de los efectos jurídicos del acto, de manera que no constituyen simples exigencias instrumentales o medios destinados únicamente a probar su existencia. En este sentido, cuando una formalidad tiene este carácter, la voluntad de las partes, por sísola, no sustituye el cumplimiento de la exigencia tegal, pues ta posibilidad de que el acto despliegue los efectos que le son propios queda condicionada a la observancia de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. De ello se desprende que el incumplimiento de una formalidad ad substantiam actus puede impedir que el acto produzca los efectos jurídicos que la ley supedita a su cumplimiento. No obstante, la consecuencia concreta depende de la regulación aplicable y del alcance que el ordenamiento atribuya a la formalidad, por lo que no debe equipararse automáticamente todo incumplimiento formal con la nulidad o la inexistencia del acto. Es necesario identificar, en cada caso, si la exigencia condiciona su formación, su validez, su eficacia o algún otro efecto jurídico específico. Esta caracterización se encuentra igualmente recogida en la jurisprudencia constitucional posterior. El Tribunal constitucional reiteró que ta convención colectiva, como acto creador de derechos, está sometida a determinadas formalidades legales para su eficacia, entre ellas su celebración por escrito y el depósito oportuno ante la autoridad

posterior. El Tribunal constitucional reiteró que ta convención colectiva, como acto creador de derechos, está sometida a determinadas formalidades legales para su eficacia, entre ellas su celebración por escrito y el depósito oportuno ante la autoridad laboral'. En esa medida, la jurisprudencia ha vinculado el depósito con la eficacia jurídica de la convención colectiva y con la posibilidad de acreditar su existencia y contenido. Ahora bien, la exigencia de que la convención colectiva conste por escrito y sea depositada ante la autoridad laboral también cumple finalidades de certeza jurídica, publicidad y transparencia en las relaciones laborales. La forma escrita permite dejar constancia del acuerdo alcanzado, identificar a las partes que lo suscriben y delimitar el contenido de las cláusulas convenidas. De esta manera, facilita la determinación de las condiciones pactadas y contribuye a prevenir controversias sobre ta existencia y el alcance de los compromisos asumidos por empleadores y trabajadores”?. Por su parte, el depósito permite poner la convención en conocimiento de la autoridad laboral y facilita su registro y acreditación. Esta formalidad contribuye a la publicidad del acuerdo, al permitir contar con una constancia institucional de su contenido, y favorece la transparencia de la negociación colectiva al facilitar su conocimiento y verificación. Así, mientras la escritura permite establecer con certeza qué fue acordado, el depósito facilita la publicidad y la acreditación del acuerdo ante la autoridad laboral y frente a quienes tengan interés legítimo en conocerlo. 1 Corte Constitucional. Sentencia T-1253 de 2005. 1 ibid. 1 Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 2014.

tengan interés legítimo en conocerlo. 1 Corte Constitucional. Sentencia T-1253 de 2005. 1 ibid. 1 Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 2014. $ Corte Constitucional, Sentencia T-1253 de 2005.S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Es necesario distinguir entre las formalidades que condicionan la existencia o validez de un acto jurídico y aquellas que cumplen funciones de publicidad y determinan su oponibilidad frente a terceros. Estas últimas permiten que la existencia y el contenido del acto sean conocidos y verificables, y contribuyen a establecer el alcance de sus efectos frente a quienes no participaron directamente en su celebración. En este sentido, la publicidad constituye una garantía de certeza y seguridad jurídica, pues facilita el conocimiento del acto y permite acreditar su contenido!. Estas finalidades deben distinguirse de la naturaleza jurídica de los requisitos y de las consecuencias que la ley atribuye a su incumplimiento. Que la escritura y el depósito contribuyan a la certeza, la publicidad y la transparencia no determina, por sí solo, si ambas formalidades constituyen requisitos de existencia, validez o eficacia de la convención, o si alguna de ellas cumple principalmente una función de publicidad y oponibilidad frente a terceros. Desde esta perspectiva, la solemnidad de la convención colectiva comprende las exigencias formales establecidas por el Legislador para su configuración y producción de efectos jurídicos. Así, la jurisprudencia constitucional ha identificado la forma escrita y el depósito oportuno ante ta autoridad laboral como requisitos previstos en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y ha atribuido a su cumplimiento consecuencias

depósito oportuno ante ta autoridad laboral como requisitos previstos en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y ha atribuido a su cumplimiento consecuencias respecto de la eficacia jurídica de la convención colectiva.

C. Postura en el caso concreto El artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular tas relaciones laborales, y establece el deber del Estado de promover ta concertación y los demás medios de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Esta garantía comprende la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores y los empleadores, mediante un proceso de negociación voluntaria, alcancen acuerdos destinados a establecer las condiciones que regirán sus relaciones laborales. En ese sentido, la convención colectiva constituye uno de los instrumentos a través de los cuales se concreta el resultado de la negociación y se establecen compromisos con efectos sobre las relaciones de trabajo.

La facultad del Legislador para regular el ejercicio de este derecho no es ilimitada. La regutación de la negociación colectiva debe ser compatible con su garantía constitucional y no puede introducir restricciones que, por sus consecuencias, comprometan injustificadamente su ejercicio. En particular, las medidas estatales destinadas a organizar y promover la negociación deben valorarse no solo a partir de la finalidad que persiguen, sino también de su incidencia sobre tos acuerdos alcanzados por las partes. El artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la convención colectiva debe celebrarse por escrito, extenderse en los ejemplares correspondientes y depositarse ante la autoridad laboral dentro de los quince días siguientes a su firma. A su vez, la expresión cuestionada dispone que, sin el cumplimiento de todos estos requisitos, la

debe celebrarse por escrito, extenderse en los ejemplares correspondientes y depositarse ante la autoridad laboral dentro de los quince días siguientes a su firma. A su vez, la expresión cuestionada dispone que, sin el cumplimiento de todos estos requisitos, la convención no produce ningún efecto. El examen constitucional se concentra en determinar si resulta compatible con el artículo 55 de la Constitución que la falta de depósito dentro del término legal impida definitivamente la eficacia de una convención escrita y suscrita, incluso cuando el documento sea depositado posteriormente. Ñ 16 Corte Constitucional. Sentencias SU-1185 de 2001 y T-661 de 2011.eS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA Al respecto, se debe precisar que el depdsito cumpie funciones de publicidad, conservación y certeza, pues permite que el texto de la convención permanezca ante la autoridad laboral y pueda ser consultado y acreditado. Asimismo, el establecimiento de un término para realizarlo favorece la disponibilidad oportuna del instrumento y permite identificar la fecha en que se cumplió la actuación. Por consiguiente, la exigencia de depósito no carece de justificación constitucional. Se trata de una formalidad que contribuye a la seguridad jurídica de las partes y de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la convención. Sin embargo, que el requisito persiga finalidades legítimas no conduce, por sí solo, a que cualquier incumplimiento del término deba producir una ineficacia definitiva del acuerdo. En este punto, resulta pertinente efectuar un juicio de proporcionalidad que permita determinar si la consecuencia prevista en la expresión acusada guarda un equilibrio constitucionalmente admisible entre la facultad de configuración normativa del

En este punto, resulta pertinente efectuar un juicio de proporcionalidad que permita determinar si la consecuencia prevista en la expresión acusada guarda un equilibrio constitucionalmente admisible entre la facultad de configuración normativa del Legislador y la garantía del derecho a la negociación colectiva. Este examen no supone desconocer la competencia legislativa para establecer formalidades destinadas a asegurar la certeza y publicidad de las convenciones colectivas, sino establecer si la consecuencia de privar de todo efecto al acuerdo por la falta de depósito oportuno resulta necesaria y proporcionada para alcanzar tales finalidades. En primer lugar, la medida persigue una finalidad constitucionalmente legítima. La exigencia de depositar oportunamente la convención colectiva busca asegurar que ta autoridad laboral disponga del instrumento y que su contenido pueda ser conocido, consultado y acreditado. Estas finalidades contribuyen a la seguridad jurídica y a la transparencia de las relaciones laborales, especialmente porque las estipulaciones convencionales pueden producir efectos respecto de trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación que no necesariamente participaron de manera directa en la negociación. En consecuencia, el Legislador puede establecer mecanismos que promuevan el cumplimiento oportuno de esta obligación. En segundo lugar, la medida resulta idónea, en cuanto asociar el incumplimiento del depósito con la pérdida de efectos jurídicos puede incentivar a las partes a cumplir el trámite dentro del término legal. Sin embargo, la idoneidad de la medida no basta para justificar constitucionalmente la consecuencia prevista, pues es necesario establecer si la privación absoluta de efectos constituye una restricción indispensable y si sus beneficios justifican la afectación que produce sobre el derecho a la negociación colectiva.

justificar constitucionalmente la consecuencia prevista, pues es necesario establecer si la privación absoluta de efectos constituye una restricción indispensable y si sus beneficios justifican la afectación que produce sobre el derecho a la negociación colectiva. En tercer lugar, ta medida no supera el juicio de necesidad. Aunque el depósito oportuno contribuye a la publicidad y certeza de la convención, la ineficacia total del acuerdo no constituye la única alternativa para garantizar esas finalidades. Existen medidas menos restrictivas, como mantener la obligación de efectuar el depósito, reconocer la posibilidad de cumplirla posteriormente y establecer consecuencias diferenciadas frente a la falta de publicidad durante el periodo en que el depósito no se ha realizado. Estas alternativas permiten conservar el control documental y la posibilidad de conocer el contenido de la convención sin que la tardanza subsanada conduzca necesariamente a desconocer el acuerdo celebrado. En este análisis resulta relevante la distinción entre la falta absoluta de depósito y su realización extemporánea. En el primer supuesto, la formalidad continúa pendiente de Q59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA cumplimiento; en el segundo, aunque se ha desconocido el término legal, el documento finalmente queda a disposición de la autoridad laboral y puede cumplir las finalidades de publicidad y certeza que justifican el trámite. Por ello, equiparar ambas situaciones y atribuirles invariablemente la misma consecuencia de ineficacia definitiva supone prescindir de una diferencia relevante para valorar ta necesidad de la restricción. En cuarto lugar, ta medida tampoco supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. La consecuencia prevista en la disposición puede impedir que se exijan las

prescindir de una diferencia relevante para valorar ta necesidad de la restricción. En cuarto lugar, ta medida tampoco supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. La consecuencia prevista en la disposición puede impedir que se exijan las condiciones laborales acordadas, incluidos beneficios salariales, prestacionales o de otra naturaleza, y afectar a los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la convención. Esta afectación puede recaer sobre personas que no participaron directamente en la gestión del depósito y que, portanto, no necesariamente tienen control sobre el cumplimiento oportuno de esa obligación. En contraste, cuando el documento ya está escrito y suscrito, y el depósito se realiza posteriormente, la pérdida definitiva de todos los efectos del acuerdo no representa una ventaja equivalente en términos de publicidad y certeza, pues estas finalidades pueden alcanzarse mediante el cumplimiento efectivo del trámite. En consecuencia, la afectación que genera la ineficacia absoluta resulta excesiva frente a la finatidad perseguida cuando el único incumplimiento consiste en la tardanza en realizar un depósito que posteriormente se efectúa. La protección de la seguridad jurídica no exige necesariamente sacrificar el resultado de la negociación colectiva, especialmente cuando es posible conservar la obligación formal y su término legal sin atribuir a la extemporaneidad subsanada la consecuencia más gravosa para las partes y los trabajadores beneficiarios. En efecto, aunque el depósito dentro del término legal favorece la disponibilidad oportuna del documento, su realización posterior permite que la convención sea recibida y conservada ante la autoridad laboral, de manera que pueda cumplir las finalidades de publicidad y certeza que justifican esta exigencia. Por ello, la tardanza en la presentación

del documento, su realización posterior permite que la convención sea recibida y conservada ante la autoridad laboral, de manera que pueda cumplir las finalidades de publicidad y certeza que justifican esta exigencia. Por ello, la tardanza en la presentación y la falta de depósito constituyen situaciones diferentes, cuyas consecuencias deben examinarse de manera diferenciada. En

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