PGN - Concepto OG-171 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto OG-171 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
Bogotá, D.C., octubre de 2026.
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad
Expediente: OG-172
Referencia: Revisión de constitucionalidad de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley No. 244 de 2024 Senado - 429 de 2025 Cámara “Por medio de la cual se crea la Política de Estado de Familias Guardabosques y se establece el marco normativo para su implementación en todo el territorio nacional”.
Concepto No.: 7647
De conformidad con los artículos 278, numeral 5, de la Constitución Política y 32 del Decreto 2067 de 1991, rindo concepto en el asunto de la referencia, en los siguientes términos.
I. ANTECEDENTES
El 29 de julio de 2026, el Gobierno nacional objetó por inconstitucionalidad el Proyecto de Ley número 244 de 2024 Senado - 429 de 2025 Cámara “Por medio de la cual se crea la Política de Estado de Familias Guardabosques y se establece el marco normativo para su implementación en todo el territorio nacional”, cuyo texto puede ser consultado en las Gacetas del Congreso No. 657 y 695 de 2026.
Para el Gobierno nacional, el Proyecto de Ley número 244 de 2024 Senado - 429 de 2025 Cámara es inconstitucional porque contraria el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera – Acuerdo de Paz, desborda la cláusula de competencia del Legislador delimitada por el Acto Legislativo 02 de 2017 y desconoce las reglas sobre impacto fiscal y protección de los
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera – Acuerdo de Paz, desborda la cláusula de competencia del Legislador delimitada por el Acto Legislativo 02 de 2017 y desconoce las reglas sobre impacto fiscal y protección de los recursos públicos. En concreto, el Gobierno desarrolla cuatro argumentos principales:
- El proyecto de ley crea una política pública autónoma y adicional que se impone sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso IlícitoPNIS y compite con los programas creados en torno al punto 4 del Acuerdo Final de Paz, lo que a juicio del Gobierno nacional desconoce el mandato constitucional de coherencia normativa dispuesto en el artículo transitorio 27 de la Carta Política.
- Los artículos 24 y 25 del proyecto de ley de igual manera desconocen este precepto superior en tanto incumplen los principios de progresividad y no regresividad al disponer que la política de familias guardabosques se financie con los recursos destinados a los programas de cultivos ilícitos vigentes, lo que significa una posible reducción de los recursos públicos destinados a cubrir los compromisos pendientes del PNIS, sin establecer una regla de preservación presupuestal.iii. Con el proyecto de ley el Congreso excedió su competencia porque debilita materialmente el PNIS como medida de implementación del Acuerdo Final de Paz, al desplazar los recursos para su cumplimiento y desarticular sus instancias a través de una política paralela. Estas implicaciones contrarían la obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo, derivada del Acto Legislativo 02 de 2017.
- El artículo 24 del proyecto de ley incide de manera imperativa en las rentas
obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo, derivada del Acto Legislativo 02 de 2017.
- El artículo 24 del proyecto de ley incide de manera imperativa en las rentas nacionales sin los avales técnicos correspondientes, por lo que desconoce a su vez, el parámetro de racionalidad legislativa y de análisis de impacto fiscal exigido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.
De conformidad con el informe de objeciones presidenciales aprobado por el Senado de la República el 22 de septiembre de 20261 y por la Cámara de Representantes el 23 de septiembre de 20262, se rechazan las objeciones y se insiste en el referido proyecto de ley.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 2067 de 1991 3, mediante correo electrónico, el Senado de la República remitió el enlace que contiene el expediente legislativo del Proyecto de 244/2024 Senado - 429/2025 Cámara a la Procuraduría General de la Nación para proceder con el concepto de su competencia, radicación que quedó efectuada tanto en la Corte Constitucional como en esta entidad4 el 16 de octubre del año en curso.
II. COMPETENCIA
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 8, de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por inconstitucionalidad por parte del Gobierno nacional.
Al respecto, el Ministerio Público advierte que el Gobierno nacional también objetó el referido proyecto de ley por razones de inconveniencia. Sin embargo, ese análisis no es competencia de la Corte, en tanto los reproches no están dirigidos a demostrar
Al respecto, el Ministerio Público advierte que el Gobierno nacional también objetó el referido proyecto de ley por razones de inconveniencia. Sin embargo, ese análisis no es competencia de la Corte, en tanto los reproches no están dirigidos a demostrar una contradicción con el texto superior y por ende escapan de la órbita del análisis de constitucionalidad5.
III. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
En relación con el alcance del control que realiza la Corte Constitucional en el marco de las objeciones por inconstitucionalidad, se ha precisado que no sólo se limita al análisis material de los reproches presentados por el Gobierno nacional, sino que también se ha extendido a razones no invocadas en las objeciones 6, en virtud del numeral 8 del artículo 241 constitucional. De igual forma, se verifica la conformidad 1 Según consta en Acta de sesión plenaria No. 15 del 22 de septiembre de 2026, previo su anuncio en sesión plenaria del 16 de septiembre de 2026, correspondiente al Acta No. 14. 2 Según consta en Acta de sesión plenaria No. 13 del 23 de septiembre de 2026, previo su anuncio en sesión plenaria del 16 de septiembre de 2026, correspondiente al Acta No. 11. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-767 de 2010 y C-196 de 2009. 4 La notificación de traslado del presente asunto se realizó mediante el correo electrónico procurador@procuraduria.gov.co. No obstante, es preciso indicar que dicho traslado se hizo sin oficio remisorio por parte del secretario general del Senado de l a
4 La notificación de traslado del presente asunto se realizó mediante el correo electrónico procurador@procuraduria.gov.co. No obstante, es preciso indicar que dicho traslado se hizo sin oficio remisorio por parte del secretario general del Senado de l a República, pues solo envió el enlace que contiene el trámite legislativo del referido proyecto de ley. 5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-767 de 2010 y C-196 de 2009. 6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1404 de 2000.con la Carta Política del procedimiento impartido a las objeciones7. Por consiguiente, el concepto del Ministerio Público se referirá sobre ambos aspectos.
En este sentido, el Ministerio Público examinará, en primer lugar, el trámite legislativo de las objeciones y, en segundo lugar, el contenido material de estas.
A. Análisis formal de las objeciones gubernamentales
De conformidad con lo establecido en los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Política se ordena la presentación y el trámite de las objeciones gubernamentales. Con fundamento en ello, y las demás reglas de procedimiento legislativo contenidas en la Carta Política8, en Sentencia C-633 de 2016, la Corte Constitucional explicó que el control formal de las objeciones gubernamentales implica examinar:
“(i) Que las objeciones se formulen en los tiempos dispuestos en la Constitución; (ii) que sean radicadas de acuerdo con las solemnidades previstas para el efecto; (iii) que su formulación se efectúe como acto de gobierno; (iv) que hayan sido discutidas y resueltas por el Congreso en el plazo dispuesto para tal fin; (v) que se
(iii) que su formulación se efectúe como acto de gobierno; (iv) que hayan sido discutidas y resueltas por el Congreso en el plazo dispuesto para tal fin; (v) que se haya publicado el escrito de objeciones con anterioridad a su conocimiento por las plenarias; (vi) que se haya ordenado la integración de una comisión especial para su estudio; (vii) que en ambas cámaras se cumpla con la obligación de rendir el informe de objeciones; (viii) que dicho informe sea debidamente publicado; (ix) que se acredite la realización del anuncio previo de votación y (x) que la discusión y aprobación de la iniciativa se haga en la fecha previamente anunciada. Por último, al momento en que se produzca la votación, (xi) se debe contar con el quórum y las mayorías exigidas, (xii) para lo cual se impone que se haga de forma nominal y pública”.
Pues bien, con base en la información contenida en las pruebas allegadas al expediente de la referencia, el Ministerio Público considera que el trámite parlamentario de las objeciones se adelantó conforme a las exigencias establecidas en la Constitución y en los artículos 79.4, 196 a 201 de la Ley 5ª de 19929.
En efecto: (i) las objeciones por inconstitucionalidad se formularon en los tiempos previstos por la Constitución Política, es decir, diez días hábiles10 siguientes a la fecha de remisión de la iniciativa para sanción11, porque se trata de un proyecto de ley conformado por 29 artículos12.
Fecha de remisión para Sanción Presentación objeciones Días hábiles transcurridos
de remisión de la iniciativa para sanción11, porque se trata de un proyecto de ley conformado por 29 artículos12.
Fecha de remisión para Sanción Presentación objeciones Días hábiles transcurridos 14 de julio de 2026 29 de julio de 2026 10 7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1249 de 2001 y Auto 505 de 2018. 8 De manera subsidiaria, son aplicables al trámite de las objeciones gubernamentales también las disposiciones de las leyes 5ª de 1992 y 1431 de 2002, así como del Decreto Ley 2067 de 1991. 9 Al respecto, la jurisprudencia constitucional establece que las objeciones hacen parte del proceso legislativo ordinario, por lo que en su definición se deben agotar las exigencias de trámite que, en segundo debate, se imponen a las plenarias, sin perjuicio de las reglas especiales derivadas de las características que le son propias. En tal sentido, la Corte sostuvo que “[a]l prescribir que se realizará nuevamente el segundo debate, la Constitución establece claramente que la insistencia de las cámaras hace parte del procedimiento legislativo, puesto que equivale a un segundo debate, por lo que se entiende que al trámite de las objeciones se aplican las normas constitucionales generales sobre el trámite de las leyes, salvo en aquellos puntos específicos en que las disposiciones especiales prevean reglas distintas a la normatividad general”( Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C069 de 2004 y C-633 de 2016) 10 Sobre el particular, el término fijado por la norma se contabiliza en días hábiles por cuanto en virtud del artículo 62 de la Ley 4
069 de 2004 y C-633 de 2016) 10 Sobre el particular, el término fijado por la norma se contabiliza en días hábiles por cuanto en virtud del artículo 62 de la Ley 4 de 1913, “los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario”. 11 Cfr. Oficio SLE-781-2026 (Folio 469 del expediente legislativo). 12 Cfr. Artículo 166 de la Constitución.(ii) Las objeciones fueron presentadas ante la Cámara en que tuvo origen la iniciativa. En concreto, se observa que el trámite inició en el Senado de la República el 18 de septiembre de 2024, siendo la misma Corporación a la que se dirigió la devolución del proyecto, a partir de la formulación de las objeciones de la referencia.
(iii) Las objeciones fueron radicadas por el Gobierno nacional, en tanto el documento fue suscrito por el presidente de la República y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
(iv) Las objeciones fueron publicadas en la Gaceta del Congreso No. 888 del 29 de julio de 2026, antes de ser puestas en consideración de las Plenarias de cada Corporación.
(v) Las objeciones gubernamentales fueron discutidas y resueltas por el Congreso en menos de dos legislaturas, por lo cual se respetó la exigencia temporal derivada del artículo 162 de la Constitución13 y del artículo 190 de la Ley 5a de 1992.
Instancia legislativa Legislatura Fecha aprobación 2026-2027 Presentación objeciones 20/07/26 a 20/06/27
artículo 162 de la Constitución13 y del artículo 190 de la Ley 5a de 1992.
Instancia legislativa Legislatura Fecha aprobación 2026-2027 Presentación objeciones 20/07/26 a 20/06/27 29/07/2026
Plenaria – Senado 22/09/202614 Plenaria – Cámara 23/09/202615
(vi) En la Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes se conformó la Comisión Accidental para el estudio de las objeciones. Por el Senado la Comisión estuvo integrada por el senador Enrique Cabrales, y por la Cámara por el Representante Andrés Felipe Guerra Hoyos.
(vii) La Comisión Accidental presentó el informe de objeciones, que propuso rechazarlas, el cual (viii) fue debidamente publicado en las Gacetas del Congreso 1291 del 15 de septiembre de 2026 (Senado) y 1331 del 21 de septiembre de 2026 (Cámara).
(ix) El informe fue anunciado de forma previa (x) antes de su discusión y votación, así:
Instancia legislativa Fecha anuncio Fecha discusión Sentido de la Votación Plenaria – Senado 16/09/202616. 22/09/202617 Aprobado18 Plenaria – Cámara 16/09/202619 23/09/202620. Aprobado21
Por último, de conformidad con la constancia de la Secretaría General del Senado de la República del 22 de septiembre de 2026 y de la constancia de la Cámara de 13 En virtud de lo expuesto en Sentencia C-633 de 2016, el término máximo previsto en el artículo 162 superior, resulta aplicable al
la República del 22 de septiembre de 2026 y de la constancia de la Cámara de 13 En virtud de lo expuesto en Sentencia C-633 de 2016, el término máximo previsto en el artículo 162 superior, resulta aplicable al trámite que se le ha de dar a las objeciones gubernamentales. 14 Expediente OG-172. Constancia de sustanciación de la Secretaría General del Senado de la República del 22 de septiembre de
2026. Folio 488. 15 Expediente OG-172. Constancia de sustanciación de la Secretaría General de la Cámara de Representantes del 28 de septiembre de 2026. Folio 501. 16 Cfr. Acta 14 correspondiente a la sesión del 16 de septiembre de 2026. 17 Cfr. Acta 15 correspondiente a la sesión del 22 de septiembre de 2026. 18 Expediente OG-172. Constancia de sustanciación de la Secretaría General del Senado de la República del 22 de septiembre de
2026. Folio 488. 19 Cfr. Acta 011 correspondiente a la sesión del 16 de septiembre de 2026. 20 Cfr. Acta 013 correspondiente a la sesión del 23 de septiembre de 2026. 21 Expediente OG-172. Constancia de sustanciación de la Secretaría General de la Cámara de Representantes del 28 de septiembre de 2026. Folio 501.Representantes del 28 de septiembre de 2026, el informe (xi) fue aprobado con las mayorías exigidas en la Constitución y la ley, es decir, la mitad más uno de los miembros de cada Corporación22, (xii) en votación nominal y pública, como consta en las Actas de sesión Plenaria No. 15 y 13, respectivamente23.
Por lo demás, el Ministerio Público resalta que la Corte Constitucional ha señalado que
las Actas de sesión Plenaria No. 15 y 13, respectivamente23.
Por lo demás, el Ministerio Público resalta que la Corte Constitucional ha señalado que las actas y las certificaciones de los secretarios de las cámaras son los elementos probatorios idóneos para demostrar los acontecimientos que se presentaron en el trámite legislativo, puesto que “es el Secretario de cada Cámara quien da fe de todo lo que ocurre en el debate y votación de los Proyectos de Ley”24.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Ministerio Público estima que el trámite de las objeciones por inconstitucionalidad adelantado por el Congreso de la República fue ajustado a la Constitución.
B. Análisis material de las objeciones gubernamentales
Para efectos de adelantar la revisión material de las objeciones gubernamentales, el Ministerio Público realizará un análisis sobre (A) la obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final y sus implicaciones en las normas de implementación, (B) implementación de la solución al problema de las drogas ilícitas propuestas en el Acuerdo de Paz, (C) alcance del proyecto de ley, (D) análisis de impacto fiscal en el trámite de normas legales, para finalmente, (E) abordar la solución de las objeciones propuestas.
A. La obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final y sus implicaciones en las normas de implementación
Con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y los delegados de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, el artículo primero del Acto Legislativo 02 de 2017 dispuso que los contenidos d el
entre el Gobierno Nacional y los delegados de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, el artículo primero del Acto Legislativo 02 de 2017 dispuso que los contenidos d el Acuerdo, que correspondan a normas de derecho internacional Humanitario – DIH o a derechos fundamentales, y conexos con los anteriores, serían “parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final” .
Asimismo, dispuso como obligación de las instituciones y autoridades del Estado cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, por lo que sus actuaciones y desarrollos normativos, debían guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
En Sentencia C-630 de 2017, la Corte Constitucional expuso el alcance de dicha disposición superior en los siguientes términos:
22 Inciso 2, artículo 167 de la Constitución Política. 23 En el expediente no se adjuntaron las gacetas correspondientes a las sesiones plenarias de cada una de las cámaras. 24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-786 de 2012. Al respecto, la Corte Constitucional ha exigido que en las actas y certificaciones se debe dejar de manera “expresa, clara y concreta la información acerca del transcurso de las sesiones y en torno al quórum y a las votaciones, con el fin de permitir que se ejerza a cabalidad por esta Corporación el control de constitucionalidad
que le corresponde en los términos de las disposiciones fundamentales pertinentes” (Sentencia C-393 de 2000).- El Acuerdo de Paz es parámetro de interpretación y referente de desarrollo únicamente respecto de las normas que desarrollan el Acuerdo, sea que se hayan adoptado a partir del procedimiento legislativo especial para la paz, o por la vía ordinaria, en el entendido que “entre varias interpretaciones de una disposición normativa producto de la implementación del Acuerdo, y cuando todas ellas sean constitucionales, se deberá preferir aquella que se ajuste de mejor manera al contenido del Acuerdo Final” .
- La “validez” de las normas que implementan el Acuerdo de Paz, hace referencia a la conexidad de doble vía que debe existir entre las normas legales y el Acuerdo, y a su vez, entre las normas de implementación, las cuales no pueden ser contradictorias entre sí, razón por la cual, las normas anteriores gozan de una “razonable pretensión de intangibilidad”.
- La obligación del legislativo de cumplir de buena fe el Acuerdo de Paz y que los desarrollos normativos que adelante guarden coherencia con lo acordado implican para el Congreso libertad para decidir las opciones de regulación, con la limitante de que las vías elegidas estén dirigidas a facilitar la labor de implementación del acuerdo.
Sobre este último aspecto, el Alto Tribunal dispuso que la obligación establecida en el Acto Legislativo 02 de 2017 es de medio, es decir, “los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con lo pactado, en el marco de los principios de integralidad y no regresividad” , como una forma de armonizar “la
de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con lo pactado, en el marco de los principios de integralidad y no regresividad” , como una forma de armonizar “la autonomía legislativa y la separación de poderes, con la obligación de actuar de buena fe y colaborar armónicamente al propósito de lograr una paz estable y duradera” .
En efecto, la jurisprudencia ha concluido el mandato de preservación de contenidos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo de Paz al momento de adoptar las normas que lo implementan, implica el respeto por los principios de progresividad y no regresividad25. Estos principios cuyo desarrollo se ha adelantado principalmente en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, hacen referencia a la obligación del Estado de adoptar medidas que le permitan de manera gradual obtener la consecución del goce pleno de las garantías correspondientes, sobre la base de seguir adelante en su realización26.
De lo anterior, y aplicando dichos postulados al desarrollo del Acuerdo de Paz, los mandatos de este instrumento se someten a (i) un criterio de gradualidad, en la medida que dichos compromisos implican obligaciones de hacer que no pueden ser alcanzados de forma inmediata; y (ii) a la prohibición que “una vez alcanzado un determinado y preciso nivel de protección, todo retroceso que exista al respecto se presume inconstitucional”, salvo que “se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, en el cual se demuestre que tal medida es imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente imperioso”27.
presume inconstitucional”, salvo que “se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, en el cual se demuestre que tal medida es imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente imperioso”27.
En consecuencia, el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 no otorgó una naturaleza jurídica concreta al Acuerdo de Paz, sino que fijó las condiciones sustantivas y 25 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2023. 26 Corte Constitucional. Sentencia C-135 de 2018. 27 Cfr. Ibid.temporales de estabilidad y seguridad jurídica del mismo, para que pudiera ser implementado a través de los causes definidos en el mismo ordenamiento superior28. Así, para “la incorporación normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales”29.
B. Implementación de la solución al problema de las drogas ilícitas propuestas en el Acuerdo de Paz
El Acuerdo de Paz aborda el problema de las drogas ilícitas desde tres dimensiones: la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la prevención del consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Dispone que si bien los cultivos de uso ilícito de gran escala son ajenos a las causas que dieron lugar al conflicto armado, dichos cultivos si lo han alimentado y financiado,
Dispone que si bien los cultivos de uso ilícito de gran escala son ajenos a las causas que dieron lugar al conflicto armado, dichos cultivos si lo han alimentado y financiado, persistiendo la presencia de los mismos en zonas donde existen condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, entre otros.
En concreto, en el marco del Acuerdo de Paz se consideró que “muchas regiones y comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia en razón del género y en su falta de desarrollo”30, y profundizando el menoscabo de los valores y la convivencia pacífica, como un factor “que desfavorece la posibilidad de avanzar en la inclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres y expandir la democracia”31.
De lo anterior, en el Acuerdo se identificó la necesidad de diseñar una nueva visión que atienda a las causas y consecuencias del fenómeno de las drogas ilícitas a través de alternativas orientadas a “mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades –hombres y mujeresen los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”, que brinde un tratamiento diferenciado a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico32.
Identifican como una de las condiciones para que las políticas tengan éxito, optar por enfoques territoriales basados “en la participación ciudadana y en la presencia y fortalecimiento (…) de las instituciones responsables de la atención social y de las
Identifican como una de las condiciones para que las políticas tengan éxito, optar por enfoques territoriales basados “en la participación ciudadana y en la presencia y fortalecimiento (…) de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades” 33, así como la preferencia por optar por procesos de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, sin desconocer “el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan”34. 28 Cfr. Gaceta del Congreso 175 del 28 de marzo de 2017. 29 Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017. 30 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Pág. 98 31 Ibid. Pág. 99 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Ibid. Pág. 100.El Acuerdo de Paz, establece como solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito la adopción del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, como un mecanismo para generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito que deriva su subsistencia de estos cultivos. Las características generales del PNIS, según el Acuerdo de Paz, son las siguientes:
- Se rige por los principios de la Reforma Rural Integral, de la construcción conjunta participativa y concertada, enfoque diferencial de acuerdo a las
del PNIS, según el Acuerdo de Paz, son las siguientes:
- Se rige por los principios de la Reforma Rural Integral, de la construcción conjunta participativa y concertada, enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio, respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana y de sustitución voluntaria35.
- Dentro de sus objetivos se encuentran superar las condiciones de pobreza, promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, generar políticas y oportunidades productivas para los cultivadores y cultivadoras, contribuir al cierre de la frontera agrícola, recuperación de los ecosistemas y desarrollo sostenible, fortalecer las organizaciones campesinas y de mujeres y fortalecer la presencia institucional del Estado36.
- Como elementos integrantes del mecanismo se encuentran las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, acuerdos con las comunidades, tratamiento penal diferencial, construcción participativa, y los componentes de los planes integrales de sustitución de los que se resaltan los planes de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, obras de infraestructura social de ejecución rápida, componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental, formalización de la propiedad, planes para zonas apartadas y con baja concentración de población y cronogramas, metas e indicadores.
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades especiales conferidas por el artículo 02 del Acto Legislativo 01 de 2016, expidió el Decreto-Ley 896 de 2017 “Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)” , a cargo de la Dirección para la
Decreto-Ley 896 de 2017 “Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)” , a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos ilícitos. El cual estableció lo siguiente en relación con el PNIS:
- Cuenta con instancias nacionales (Junta de Direccionamiento Estratégico, la Dirección General y el Consejo Permanente de Dirección) y territoriales
(consejos asesores territoriales, comisiones municipales de planeación participativa y consejos municipales de evaluación y seguimiento) de ejecución.
- Son beneficiarias (i) las familias campesinas, (ii) en situación de pobreza, (iii) cuya subsistencia dependía de los cultivos de uso ilícito, (iv) que voluntariamente se comprometan con el programa, (v) no resiembren ni estén involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, y (vi) que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2026.
35 Ibid. Págs. 102 a 103 36 Ibid. Págs. 104 a 105El Programa está compuesto por los siguientes elementos: i) Las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, (ii) Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), (iii) los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades, (iv) priorización de territorios y (v) tratamiento penal diferencial.
- Si bien el PNIS tiene cobertura nacional, se priorizan
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