PGN-DAÑO A LA VIDA DE RELACION Jurisprudencia de la corte constitucional

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. La responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible y también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo”, pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia La liberación de responsabilidad penal se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta encontró que las pruebas no tenían la fuerza probatoria para imputar conducta punible al investigado, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad sobre su conducta para hacer la imputación objetiva del delito. No puede decirse que tal decisión obedeció a la aplicación de alguna de las causales que desvirtúan la antijuridicidad del comportamiento o la culpabilidad del mismo. En consecuencia, opera el título de responsabilidad objetiva. La detención que padeció el demandante se tornó

injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad, la privación de la libertad implicó para el afectado directo un daño que no estaba en la obligación de soportar, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron la privación de la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho. RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado PRUEBAS-Valoración de las indagatorias y de los informes de policía judicial/ PRUEBAS-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Para el Ministerio Público la indagatoria no es medio de prueba toda vez que no se rinde bajo juramento, sino que los informes de policía judicial no tiene valor probatorio y en esa medida no pueden servir de fundamento para calificar la conducta del hoy demandante. La responsabilidad penal es personal y ésta no se deriva de los lazos de amistad o de consanguinidad, sino las conductas delictivas en que incurra el imputado. Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba, el legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los

sindicados, lo que se puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes. PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) PERJUICIOS MORALES-Aunque no se hayan probado pueden dictaminarse/ PERJUICIOS MORALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que si bien en el plenario no obran elementos de juicio concretos que acrediten directamente la existencia y entidad de tales sentimientos de tristeza y dolor, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa. El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO MATERIAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 33 / 2011

Bogotá, D.C., 9 de febrero de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 39.127 (470012331000 2009 00078 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: EMILIANO PÁEZ TARAZONA Y OTROS DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) 1.1. Demanda.- El 26 de febrero de 20091 (fl. 17 C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Emiliano Páez Tarazona (víctima directa) y Delvis Manga Lea (compañera permanente), en su nombre y en el de sus hijos menores Jessica Paola y Astrid Carolina Páez Manga; la señora Irene Tarazona Delgado (madre) y Ana Mercedes, Denis María e Isidro Tarazona Delgado (hermanos), demandaron a la Fiscalía General de la Nación para que se declarara responsable de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad del primero de ellos en la cárcel modelo de Barranquilla. Solicitaron que como consecuencia se le condenara a pagar a su favor perjuicios materiales, morales y a la vida de relación. 1.2. Contestación de la demandaLa Fiscalía General de la Nación hizo referencia al inicio de la actuación penal y afirmó que actuó ajustándose

estrictamente a la normatividad; que la privación no fue injusta porque existían los requisitos sustanciales para proferir medida de aseguramiento –por lo menos dos indicios graves-; la medida no fue desproporcionada, ni se violaron los procedimientos (fls. 318 a 328 C. 1). 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 26 de mayo de 2010 negó las pretensiones de la demanda. Se refirió a las providencias allegadas y sostuvo que el actor fue privado de la libertad y absuelto por falta de certeza, pero que no se probó que no tuviera la obligación de soportala, porque se acreditó la culpa exclusiva de la víctima, “toda vez que la actuación irresponsable del señor EMILIANO PÁEZ TARAZONA al tener conocimiento de las consecuencias que conllevaría el estar relacionado con personas imputadas y condenadas por los mismos delitos, e identificadas como integrantes de las AUC, tal como se desprende del análisis realizado en la sentencia de calenda 29 de abril de 2003, expedida por el Juzgado penal del Circuito Especializado de Santa marta (fl. 369-430), a cada uno de los compañeros del actor de esta demanda, le acarreaban posibles consecuencias jurídicas, asumiendo tal riesgo que deparó en las decisiones de los funcionarios 1 Dentro de los dos años siguientes a la sentencia de segunda instancia, de 11 de junio de 2008, que confirmó la absolución decretada el 17 de abril de 2006. 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) del instructivo penal”. Concluyó que el actor tenía el deber jurídico de soportar la carga procesal impuesta, pues la misma surgió de sus íntimas relaciones con aquellas personas identificadas como integrantes de las AUC. 1.4. Apelación.- La parte actora impugnó el fallo para que se revocara y en su lugar se acceda a las pretensiones (fls. 673 a 695 C. 2). Cuestionó los llamados indicios que refirió el a-quo y dijo que no se acreditó que el actor fuera integrante de las AUC; que a nadie se le condena porque tenga malas amistades o porque viva en un ambiente poco sano, a más que no se verificó que tales relaciones fueran ciertas.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En concepto del Ministerio Público la sentencia apelada se deberá revocar, para que en su lugar se declare la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad que padeció el señor Emiliano Páez, y se le condene a reparar los perjuicios ocasionados a todos los actores. 2.1. Problema Jurídico El problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación es responsable por la privación de la libertad del señor Emiliano Páez Tarazona o si se configuró una casual eximente de responsabilidad.

2.2. Precedente. De la responsabilidad por Privación injusta de la libertad Sobre el problema jurídico en estudio ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. En reciente concepto, el No. 012 del 21 de enero de 2011, se dijo: “Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades2, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita3. 2 Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de julio (178) Exp 38365. 3 Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895 4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó:

“En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones4, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19915 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias6, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19977 y reiterada recientemente8, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia9 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 4 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José

Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros.

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 5 [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 6 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de

2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 7 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 8 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 9 [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el

derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en

cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” 10 (resalto y subrayo) 2.3. Caso concreto En casos como el presente, corresponde a la parte actora acreditar la privación de la libertad y la posterior decisión que exonera de responsabilidad. Con ese fundamento procede la condena a indemnizar los perjuicios que sean debidamente acreditados si el demandante no demuestra que se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima. 2.3.1. Lo probado a) Privación de la libertad. - Diligencia de captura de Emiliano Páez Tarazona, ocurrida el 7 de abril de 2003

y Oficio de 8 de abril de 2008, por medio del cual el investigador de Policía judicial lo deja a disposición de la Fiscalía (fls. 366 y 367 C. 1). - Providencia de 29 de abril de 2003, por la cual el Fiscal Delegado Unidad de Derechos Humanos, al resolver la situación jurídica le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como coautor de los delitos de concierto para delinquir y extorsión (fls. 369 a 430 C. 1). - Resolución de acusación, de 2 de abril de 2004, proferida por el Fiscal delegado el 2 de abril de 2004 (fls. 431 a 535 C. 1). 10 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) - Boleta de libertad de 19 de abril de 2006, remitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Barranquilla al Director de la Cárcel Nacional para sumariados Modelo de Barranquilla (fl. 368 C. 1). b) Absolución por in dubio pro reo - Sentencia de 17 de abril de 2006, por medio de la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta absolvió de los delitos de concierto para

delinquir agravado y extorsión, entre otros, a Emiliano Páez Tarazona (fls. 39 a 205

C. 1). Expresó en la parte motiva (fl. 202 C. 1).

“62. José Edwin Gil Muñoz y 63 Emiliano Páez Tarazona. La Fiscalía se refiere a informes de policía judicial que los señalan a estos procesados como miembros de las autodefensas. El primero (…). El segundo relacionado con el informe de la central de la Dijin, fechado 4 de abril de 2003 donde lo sindica que Páez Tarazona, en compañía de Jorge Eliécer Paredes Carrascal pretendían cobrar la vacuna extorsiva. Estos informes como se ha dicho en anteriores casos, no son prueba sino un medio de orientación de la investigación, que si durante el proceso, no se nutrió de los medios suficientes para consolidar el proceso, deberá proferirse sentencia absolutoria. Partimos de la apreciación que si de los procesados se hubiera dado el estado de flagrancia, la judicialización de estos no se habría hecho esperar desde ese momento. Otro elemento más, los informes no son el resultado de la apreciación directa de que los procesados delinquieran en esos instantes, sino el resultado de inferencias que los oficiales hicieron no a manera de testigos. Compartimos el criterio del Ministerio Público que ha solicitado para estos dos procesados se dicte sentencia absolutoria” (Se subraya) 8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) - El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en providencia de 11 de julio de 2008, resolvió apelación contra el fallo del Juzgado que interpusieron otros procesados que fueron condenados, confirmando la decisión de absolución (fls. 207 a 376 C. 1). La absolución se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que el Juzgado tercero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta encontró que las pruebas no tenían la fuerza probatoria para imputar conducta punible al señor Emiliano Páez Tarazona, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad sobre su conducta para hacerle imputación objetiva de una conducta delictiva. No puede decirse que tal decisión obedeció a la aplicación de alguna de las causales que desvirtúan la antijuridicidad del comportamiento o la culpabilidad del mismo. En consecuencia, opera el título de responsabilidad objetiva. La detención que padeció Emiliano Páez Tarazona se tornó injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad, la privación de la libertad implicó para el afectado directo un daño que no estaba en la obligación de soportar, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron la privación de la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho. En consecuencia, la demandada solamente se liberaría de responsabilidad si acredita algún evento en virtud del cual pueda entenderse configurada una casual de exoneración: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima.

2.3.2. No se probó la eximente de culpa exclusiva de la víctima. En concepto del Ministerio Público no se probó la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues no hay evidencia que señale que la conducta del actor fuera causa eficiente de la privación de la libertad. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) La jurisprudencia de la Sala ha construido el concepto de culpa de la víctima con la teoría de la causalidad eficiente En sentencia de 2 de mayo de 2007.

Radicación número: 20001-23-31-000-1997-03423-01(15463), señaló: Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder  activo u omisivo  de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así, «... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para

establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo: “Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño... A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal

modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”11»12” En sentencia de 25 de marzo de 2010. Radicación: 17.741 (R-3813), precisó: “La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros con fundamento 11 (pie de página de la cita) Nota original de la sentencia citada: TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246. 12 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, Radicación número: 11981; Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez;

Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros. 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.127 (470012331000 2009 00078 01) en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Así, pues, en punto de los requisitos

para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado: «Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado: “… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las

obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”13 De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación también ha sostenido: “…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: -Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante d