PGN - DAÑO ANTIJURIDICO El procesado no estuvo privado de la libertad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DETENCIÓN PREVENTIVA-Existió medida de aseguramiento pero el proceso no ha culminado/FALLA EN EL SERVICIO-Se debe precisarse el injusto La privación injusta de la libertad es una de las tantas eventualidades de falla en el servicio pero debe precisarse el injusto, por lo que incumbe demostrar a la parte que la alega en qué consistió fehacientemente la misma, la existencia del daño y la relación de causalidad; por lo tanto, no siempre que una persona haya sido privada de la libertad como consecuencia de una orden de captura, una medida de aseguramiento y que posteriormente sea puesta en libertad, configure la falla en la prestación del servicio como fuente de responsabilidad administrativa. En ningún momento se evidencia error en la providencia que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva por parte del Juzgado 106 de Instrucción Criminal Cuerpo de Justicia Penal Militar, quien al proferir la providencia se basó en pruebas que satisfacían, en su momento, los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal Militar vigente para la época. Así las cosas, se concluye que no está demostrada la falla en el servicio por detención injusta ni error judicial, dado que la medida de aseguramiento impuesta consistía en una carga que el actor debía soportar por el hecho de existir circunstancias que eran necesarias de investigar, esclarecer y buscar la verdad, teniendo en cuenta el criterio de valoración del funcionario de primera instancia a la hora de imponer la medida, lo que hace en cumplimiento de una obligación constitucional de asegurar la comparecencia del

presunto infractor al proceso penal. Surge de lo anterior, que no se estructura la responsabilidad estatal, por cuanto en el caso que nos ocupa no se ha proferido a favor del demandante sentencia absolutoria, o cualquier otra decisión equivalente. En otras palabras no se ha concretado el antijurídico del cual se pueda derivar responsabilidad extracontractual en cabeza del Estado. DAÑO ANTIJURÍDICO-El procesado no estuvo privado de la libertad La responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico, por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta por que nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. No obstante, decimos que el daño no es imputable a la demandada, ya que esta Delegada, al igual que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, evidencian que, contra el procesado, exista en el material probatorio allegado al proceso, constancia escrita de la institución carcelaria sobre la detención del actor. Se concluye que al no haberse probado la efectiva privación de la libertad, no se acreditó el daño aducido por el demandante. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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Rzo De otro lado, resulta ser un verdadero hecho notorio, que en Colombia a muchas personas le son impuestas medidas de aseguramiento de detención preventiva, sin que signifique que éstas se hagan efectivas, en razón a que evaden de múltiples maneras su ejecución, de forma que el pretendido daño no se hace efectivo, por cuanto la privación tampoco se hace efectiva y goza de libertad, de forma tal que el daño no se materializa. Por lo tanto, al no demostrarse el daño que adujo haber sufrido, consistente en la privación de la libertad, obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes.

CONCEPTO No. 217 /2012

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE DOCTOR CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012331000201000532 01 (43359)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: MANUEL JACOB SALINAS ZURA y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

ARMADA NACIONAL.

Sentido del Concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño. Se presentaron dos situaciones: 1.- Existió medida de aseguramiento de detención preventiva pero el proceso no ha culminado. 2. Existió proceso penal, el procesado no estuvo privado de la libertad, por lo tanto no se

produjo el daño antijurídico/ solicitud de condena en costas contra el recurrente/ solicitud de oficiar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Nariño. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los señores: Manuel Jacob Salinas Zura, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija María Camila Salinas Vanegas, Jacob Salinas Tovar

(padre), Thais Eugenia Zura Bacca (madre) y Karen Andrea Salinas Zura (hermana), por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, formularon demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional para que previo los trámites de un proceso ordinario y con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, en sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada, se acojan las siguientes pretensiones :

1. Solicita, de manera especial, que se declare y condene la responsabilidad

de la entidad demandada por perjuicios morales ocasionado a Manuel Jacob Salinas Zura al haber sido retirado de su cargo, privado injustamente de la libertad y procesado y absuelto por los delitos de abandono del cargo, abandono del servicio y del puesto en su calidad de suboficial de la Armada Nacional de Colombia. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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2. Solicita se declare y condene a la demandada por los perjuicios tipo moral a favor de María Camila Salinas Vanegas, hija de la víctima; Jacob Salinas Tovar, padre bilógico de la víctima; Thais Eugenia Zura Bacca, madre bilógica de la víctima y Karen Andrea Salinas Zura, hermana de la víctima. 1.2. La contestación. 1.2.1. La Nación –Ministerio de DefensaArmada Nacional, a través de apoderada, presentó contestación de la demanda dentro del término legal, se pronunció con relación a cada uno de los hechos indicando que no les constan y que deberán probarse.

Indica que el Estado responderá patrimonialmente por los daños ocasionados por sus agentes, éstos deben ostentar la calidad de antijurídicos, pues de ahí parte la estructuración de la responsabilidad estatal en armonía con los demás elementos que han de acreditarse

cuando se cuestione una posible imputabilidad, ya sea por acción o por omisión de las autoridades públicas. La privación injusta de la libertad prevista en el artículo 414 del anterior C.P.P., no puede mirarse desde la prospectiva de la responsabilidad objetiva del Estado, sino que debe analizarse, en cada caso específico, a la luz de los principios y criterios que informan la falla del servicio. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Nariño no accedió a las pretensiones de la demanda. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo Basó la sentencia en que los presupuestos que se exigieron para la prosperidad en el caso de marras el daño antijurídico producido por la privación injusta de la libertad, no fueron debidamente acreditados; toda vez que en el presente asunto se avizoran dos situaciones que difieren el estudio: en primer lugar, el demandante fue detenido preventivamente por orden del Juzgado 106 de Instrucción CriminalCuerpo Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión de una investigación por la presunta comisión de un delito de “Abandono del Puesto” y, en segundo lugar, otra investigación por el presunto delito de “Abandono del Servicio” . Continúa el Tribunal diciendo “ que de las pretensiones de la demanda se infieren

a una privación de la libertad, de entrada se diría que la decisión a cuestionarse es la ateniente a la primera investigación antes referida, y de la que solamente se da cuenta a modo de referencia y probatoriamente deficiente, inconclusa e indeterminable, constituyéndose en óbice para examinar otros aspectos relevantes al tema en concreto, pues si bien el actor propendió en probar la existencia de unas actuaciones penales, las mismas obedecen a la segunda investigación, dentro de la cual no hubo privación de libertad alguna, lo cual repercute en ocasionar que se denieguen las peticiones incoadas”. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia que negó las pretensiones, en donde en términos generales dijo lo siguiente (fls 155 a 157 cuadernos del Consejo de Estado): El señor Manuel Salinas Zura fue procesado por los delitos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo 1.4.1. 1) Abandono del cargo. Dicho Señor fue procesado penalmente por hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2003, por parte del Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar de Puerto Leguizamo, Putumayo, (fls 33 a 45co). El día 27 de febrero de 2004, se resolvió la situación jurídica consistente

en detención preventiva (fls 47 y 48 co) se le concedió la libertad provisional el día 12 de agosto de 2004, se observó la causación de la pérdida de la libertad y la absolución de dicho cargo 1.4.2. 2) Abandono del servicio. El señor Manuel Salinas Zura fue procesado por hechos ocurridos el día 18 de diciembre de 2004, por parte del Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar de Puerto Leguizamo, Putumayo, dejando claro la persecución penal, la absolución de cargo y cesación de procedimiento y su respectivo archivo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La NaciónMinisterio de DefensaArmada Nacional, es responsable administrativamente, por la privación de la libertad del señor Manuel Jacob Salinas Zura, por orden del Juzgado 106 de Instrucción Criminal Cuerpo Justicia Penal Militar, detención que se produjo desde el 27 de febrero al 12 de agosto de 2004, donde no existe sentencia definitiva, como ocurre en el proceso por abandono del puesto? 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo 2.1.2. ¿Se pude reclamar Judicialmente perjuicios en un proceso de Reparación

Directa cuando en el proceso penal no existió detención física de una persona? 2.1.3. ¿Es posible deprecar responsabilidad, por dos hechos diferentes y en tiempo distinto, considerando que ello es constitutivo de persecución por la Justicia Penal Militar? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por

el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (.) no prueba, per

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520012331000201000532 01 Rzo se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta

imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994, Ex. 9734. -Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Ex. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Ex. 11601. La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Ex. 13606, porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto

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520012331000201000532 01 Rzo porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar. Detención preventiva - Supuestos para la declaración de responsabilidad del Estado. El Consejo de Estado ha dicho además: “El estudio del artículo 414 del C. P. P. muestra que la responsabilidad patrimonial del Estado por detención preventiva procede cuando se cumplen los siguientes supuestos: -que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad; -que sea exonerado mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; -que la decisión absolutoria se haya fundado en que el hecho no existió, en que el sindicado no lo cometió o en que el hecho que realizó no era punible; y -que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños. -que el sindicado no haya determinado su detención con su conducta dolosa o gravemente culposa. Según el artículo que se comenta, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima. Cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la

conducta no constituía hecho punible la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar. En el caso concreto la Sala encuentra cumplidos los supuestos legales para que se configure la responsabilidad del Estado, contenidos en el artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991, puesto que al señor Jorge Elkin Mejía Figueroa se le precluyó la investigación en la cual se le sindicó de la comisión del delito de concierto para delinquir, con fundamento en que el hecho no existió.” 2.2.3. La importancia de aducir pruebas conducentes y pertinentes. La prueba es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso, es el que nos permite a través de un proceso judicial confirmar que el Derecho en realidad nos pertenece o estamos usurpando el Derecho de otro. Existe diferencia entre los conceptos de conducencia y pertinencia de la prueba. "La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. La

pertinencia es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso."3 Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que ese medio probatorio solicitado no esté prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar." (Subrayado y negrilla fuera del texto) De conformidad con lo anteriormente expuesto se tiene que la Ley otorga libertad en cuanto a los medios de prueba que pueden ser aportados por las partes dentro de un proceso, siempre que sean útiles para la formación del convencimiento del Juez, toda vez que la decisión que tome este último debe fundarse en las pruebas que se alleguen. Prueba Judicial – Acto procesal que lleva al juez al convencimiento de los hechos objeto del proceso / Requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad / Conducencia– Definición / Pertinencia – Concepto / Utilidad – Concepto – En la solicitud debe explicarse cuál es el objeto de la prueba “El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o

ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley. En cuanto a los testimonios, la Sala debe precisar que el artículo 219 del C. de P.C. señala que cuando se pida este tipo de pruebas se deberá expresar el nombre, domicilio y residencia de los testigos y, además, se deberá

enunciar sucintamente el objeto de la prueba, esto es, la parte que pida el testimonio debe explicar de manera breve y sumaria lo que pretende demostrar con la prueba testimonial, pues de esta forma el juez puede determinar si este medio probatorio es conducente, pertinente y útil. En el caso concreto, es indudable para la Sala que en la demanda no se explicó cuál era el objeto de la prueba testimonial. De hecho, en el acápite de pruebas la actora se limitó a indicar el nombre y domicilio de los testigos, pero nada dijo acerca del fin perseguido con la prueba testimonial. De manera que no cumplió con el requisito exigido para el decreto de la prueba y, por ende, era procedente que el a quo no los decretara.” 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son: 2.3.1. Con respecto al Abandono del Cargo: - A fls 33 a 45: Copia simple de la providencia de fecha 27 de febrero de 2004, suscrita por el Juez 106 de Instrucción Penal Militar, en la cual se resuelve la situación jurídica del señor Manuel Jacob Salinas Zura, decretando medida de aseguramiento consistente en detención

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520012331000201000532 01 Rzo preventiva sin beneficio de excarcelación, por la presunta comisión del delito de “Abandono del Puesto”. - A fls 47 y 48: Copia simple de la providencia de fecha 12 de agosto de 2004, suscrita por la Juez 106 de Instrucción Penal Militar, en la cual concede la libertad provisional a Manuel Jacob Salinas Zura por el punible de “Abandono del Puesto”. 2.3.2. Con respecto al delito de abandono del cargo. - Oficio de fecha 13 de abril de 2010 en el cual el Secretario de Fiscalía, ante el Tribunal Superior Militar, da cuenta sobre la situación jurídica del señor Manuel Jacob Salinas Zura, manifestando que el 29 de mayo de 2008 se emitió providencia de segunda instancia, en la cual se revoca la resolución de acusación proferida por la Fiscalía ante el Juzgado de Primera Instancia Brigadas de Infantería de Marina, por el delito de abandono del servicio ocurrido el 18 de diciembre de 2004 (fl 57) - A fl 58: oficio suscrito por el Secretario de Fiscalías ante el Tribunal Superior Militar, que da cuenta sobre la cesación de todo procedimiento respecto de la investigación seguida contra el señor Manuel Jacob Salinas Zura, por el delito de abandono del servicio en hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2004. - Constancia de ejecutoria de fecha 13 de abril de 2010, en el cual el Secretario de Fiscalías, ante el Tribunal Superior Militar, da cuenta de que

el proceso de abandono del servicio contra el señor Manuel Jacob Salinas 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo Zura quedó debidamente ejecutoriado el 17 de junio de 2008, por los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2004. - A (fls 60 a 72) Copia auténtica de la providencia de fecha 29 de mayo de 2008, suscrita por el señor Fiscal Segundo ante el Tribunal Superior Militar en el cual se resuelve revocar integralmente la Resolución de Acusación contra el señor Manuel Jacob Salinas Zura, por los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2004. 2.4. Caso concreto En el presente caso se observa que existen dos (2) situaciones:

1. El proceso Penal por la presunta conducta punible de Abandono del Cargo, es decir, por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2003. En el presente caso no se estructuran los supuestos que permiten establecer una responsabilidad patrimonial contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional- (Armada Nacional), por cuanto el proceso penal radicado bajo el número 862 J-I.P.M. con el que se inició la investigación penal por la presunta conducta punible de Abandono del Cargo no ha culminado, y como lo manifestó el apoderado actor en el escrito de apelación “A LA FECHA: el

mencionado proceso se encuentra reposando en el JUSGADO (sic) DE

CONOCIMIENTO 106 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR de Puerto

Leguizamo, Putumayo”. Así las cosas, se presenta una inexistencia de la alegada privación injusta de la libertad del señor Manuel Jacob Salinas Zura, por cuanto la actuación del 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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520012331000201000532 01 Rzo Juzgado 106 de Instrucción CriminalCuerpo de Justicia Penal Militar se ha surtido de conformidad con los lineamientos fijados en la Constitución Política y en las disposiciones sustanciales y procesales vigentes para la época de los hechos, por lo cual no es ajustado a derecho predicar una privación injusta de la libertad. En la demanda se persigue una declaración de responsabilidad patrimonial de la administración, específicamente de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional (Armada Nacional), por que funcionarios adscritos a ésta entidad, dispuso la detención