PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La privación injusta de la libertad se produjo por la actuación de

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Elementos que la configuran RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad Los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se encuentran demostrados en el plenario toda vez que hubo una detención de aproximadamente un año, que devino de una medida de aseguramiento que terminó con una preclusión de investigación al establecerse que el investigado no cometió la conducta endilgada, circunstancia que determinó que su inocencia quedara incólume. DAÑO ANTIJURÍDICO-La privación injusta de la libertad se produjo por la actuación de la Fiscalía General de la Nación/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Acreditada de manera objetiva La actuación de la Fiscalía General de la Nación produjo un daño (privación injusta de la libertad) que contravino el artículo 28 de la Constitución Política que es un derecho fundamental que le impone al Estado preservar la libertad de las personas, que no atendió en el caso que nos ocupa, resolución del 21 de octubre de 2005, dentro del radicado, lo que hace concluir que ese daño se torna en antijurídico y por ende, indemnizable a la luz del artículo 90 de la C. P., máxime si entre éste y el hecho generador existe un nexo causal. Corolario de lo expuesto, a juicio de esta Delegada, se encuentra acreditada de manera objetiva la responsabilidad a cargo del Estado. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Quedó demostrada en cabeza de la Fiscalía General de la Nación con relación a la privación de la libertad

De conformidad con los lineamientos arriba referidos y teniendo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente, para ésta Agencia del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso, se encuentra demostrada la responsabilidad del Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación respecto a la privación de la libertad del señor demandante, como quiera que sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar, al haber permanecido detenido desde el 12 de noviembre de 2004, al 25 de octubre de 2005, como consta en la constancia expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 21 de Julio de 2011 Doctora ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634)

Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla

RUTH STELLA CORREA

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 11-146

Expediente: 11-001-3331-000-2007-0026901(39.634) Demandante(s): Jorge Abraham Garnica White y otros Demandado(s): Fiscalía General de la Nación.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la

Parte Demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca del 12 de mayo de 2010, que negó las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Jorge Abraham Garnica White ( victima), Arnevis López Ortega (compañera permanente), Gaby Daniel López Jiménez , José Joaquín Jiménez López, Uber Jiménez López (Hijos de su actual compañera permanente), de otra parte la señora Eneida Tordecilla Herrera, e hijos Ruth Graciela Garnica Tordecilla, Jorge Armando Garnica Tordecilla, hermanos Ruby Esthela Garnica Tordecilla, Abram Garnica Withe y el señor Fredy Garnica White, representado oficiosamente a través de apoderado judicial, solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar patrimonial, y solidariamente responsables a la Nación - Fiscalía

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IUS 2011-251578 2 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla General de la Nación, de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, por la detención arbitraria e ilegal de que fue objeto el señor Jorge Abraham Garnica White, en hechos ocurridos entre el 26 de octubre de

2004 al 25 de octubre de 2005. Como fundamento de sus pretensiones se presentaron los que se sintetizan a continuación: El señor JORGE ABRAHAM GARNICA WHITE, fue vinculado a una investigación penal, mediante resolución del 25 de octubre de 2004, expedida por la Fiscal 13 Delegada de la UNAIM, dentro de la cual se ordenó su captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir tráfico fabricación y porte de estupefacientes, detención que se hizo efectiva el 26 de octubre de 2004, en la ciudad de BuenaventuraValle del Cauca, donde fue trasladado inmediatamente a la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá. Medida de aseguramiento que perduró hasta el 21 de octubre de 2005, cuando la Fiscal 10 Delegada de la UNAIM, precluyó la investigación adelantada contra JORGE ABRAHAM GARNIUCA WHITE, por considerar que éste no cometió la conducta imputada ordenando de inmediato su libertad.  La Contestación Fiscalía General de la Nación. Si bien al inicio del escrito de contestación de la demanda, en la parte superior, se identifica a la demanda como la No 2007-0269 de Reparación Directa, contra la Nación -Fiscalía General demandante Jorge Garnica y otros, el contenido de la contestación no se refiere para nada a los hechos de la presente, sino a otra demanda presumiblemente, razón por la cual se tiene por no contestada. Concepto del Ministerio Público.

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IUS 2011-251578 3 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634)

Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla La Procuraduría 50 Judicial Administrativa, ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del concepto emitido el 23 de abril de 2010, expuso lo siguiente: “Los documentos probatorios relacionados, dan cuenta del proceso que se le adelantó al hoy demandante, la manera y las causas por las cuales finalizó, para lo cual se hace necesario precisar y recalcar por parte de este despacho que aunque estos folios no posean el sello de autenticación en cada uno, si obra en el expediente el oficio D10-352 de diciembre 7 de 2009, por medio del cual la Fiscalía Décima de UNAIM, instructora del respectivo proceso penal certifica: “remito a esa secretaría copias auténticas en 118 folios de las siguientes decisiones, adoptadas dentro del radicado No 71.2732” y de igual manera la certificación que en el mismo sentido expide la Secretaría Administrativa, UNAIM, por lo cual no hay duda que estas piezas procesales son auténticas y expedidas por funcionario competente, debiéndoseles dar el valor probatorio correspondiente a la hora de decidir el sub lite( ver folios 67,68 y 69 C-3). Por otro lado, obra también en el expediente ( Fls89 y 90 C.3), oficio signado por la Asesora Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en el que se certifica que: El señor JORGE ABRAHAM GARNICA WITHE, identificado con la cédula

de ciudadanía No 16.478.835, estuvo recluido en este establecimiento carcelario desde el 12 de noviembre de 2004, hasta el 25 de octubre de 2005, sindicado de los delitos de Concierto para delinquir y Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, a ordenes de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima; así, para esta agencia, el hecho efectivamente ocurrió y se encuentra debidamente probado. La legitimación en la causa por activa de los demandantes, se encuentra debidamente probada, pues obran aportados en copia auténtica los registros civiles a través de los cuales claramente se establece el parentesco que los une al señor Jorge Abraham García Withe. Corolario de lo anterior, como quiera que mediante la providencia de preclusión de investigación se determinó que el sindicado no cometió el delito, es indudable que el caso en concreto enmarca en el supuesto de responsabilidad de que trata el Art.68 de la ley 270 de 1996, cual es el de la privación injusta de la libertad, por lo que el daño antijurídico se consolida inmediatamente al igual que la imputación del mismo a cargo del Estado pues es la misma Fiscalía la que mediante resolución judicial declara la no comisión del delito por parte del sindicado y ordena su libertad definitiva, por lo que el Estado deberá responder por los daños irrogados a los accionantes.

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IUS 2011-251578 4 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla En consecuencia, por estar debidamente probados dentro del expediente, tanto el hecho, el daño y la imputación de este al Estado, y por no haber causal alguna de justificación de responsabilidad, este Despacho solicitara al Honorable Tribunal se declare administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los daños y perjuicios causados a los demandantes a raíz de la privación injusta de la libertad de que fuera objeto el ciudadano Jorge Abraham Garnica Withe.” ( fls 179 a 186 C3).

La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 12 de mayo de 2010 declaró de oficio la Falta de legitimación en la causa por activa de la señora Eneida Tordecilla Herrera y niega las pretensiones de la demanda, bajo las siguientes consideraciones: Sobre la privación injusta de la libertad “La Sala encuentra que en efecto, se demostró que el señor Jorge Abraham Garnica Peña, estuvo privado de la libertad por el término comprendido entre el 12 de noviembre de 2004 y el 25 de octubre de 2005 en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá sindicado de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a órdenes de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de Bogotá, con No de radicado 886 de conformidad con la certificación enviada por la Asesora Jurídica del centro penitenciario, visible a folio 89

del cuaderno No 2. Por otra parte, para que se demuestre que la privación ha sido injusta, el demandante debe probar que la investigación penal terminó a su favor, sin que hubiere sido condenado, salvo que se demuestre culpa exclusiva de la víctima. Revisado el material probatorio obrante en el expediente, encuentra la Sala que si bien obran copias de la resolución de reclusión de la investigación del 21 de octubre de 2005, de la UNAIM Fiscalía 10 remitida por el Fiscal 10 UNAIM, mediante oficio allegado a este Tribunal el 7 de diciembre de 2009, no obra dentro del expediente prueba alguna que demuestre la ejecutoria de la mencionada resolución, razón por la cual no puede existir certeza de la firmeza de la misma.

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IUS 2011-251578 5 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla La falta de dicha prueba, de la constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión conlleva necesariamente a que no se haya demostrado el daño antijurídico y en consecuencia, deberán denegarse las pretensiones.

Así mismo, revisada minuciosamente la actuación encuentra la Sala que la parte actora incumplió el deber de la carga probatoria que le establece el Art. 177 del C.P.C, y que en las circunstancias en las que se ha

tramitado el proceso, no es procedente decretar prueba de oficio para suplir la carga probatoria del demandante, por las razones que se expondrán a continuación: Por auto del 15 de junio de 2009, se resolvió el recurso de reposición y se admitió la demanda de la referencia, en cuanto a la constancia de ejecutoria de la resolución de acusación se le advirtió al apoderado de la parte demandante que debía allegarla. Textualmente se señaló lo siguiente: Con respecto a la solicitud de la constancia de ejecutoria de la sentencia del 21 de octubre de 2005, proferida por la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima y la constancia del establecimiento carcelario en el cual estuvo recluido, encuentra la sala que el accionante cumplió con la carga procesal impuesta al solicitar mediante derecho de petición la expedición de las copias y cómo estas fueron solicitadas en el acápite de pruebas, el accionante dentro del periodo probatorio podrá allegar las mismas, o en su defecto se ordenarán los oficios correspondientes en la etapa probatoria. En conclusión, la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, por cuanto no allegó la constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión, aún cuando ésta le fue solicitada en múltiples ocasiones y así mismo se le advirtió la importancia de que obrara en el expediente. En la etapa probatoria, el apoderado de la parte accionante no manifestó la ausencia de la constancia en cuestión aún cuando él mismo tramitó el oficio ante la Fiscalía General de la Nación, así como tampoco recurrió el

auto que cerró la etapa probatoria y corrió traslado para alegar de conclusión en vista de que no obraba la mentada constancia” La apelación. La parte demandante, en memorial presentado el 26 de noviembre de 2010, sustentó el recurso en los siguientes términos: “El Tribunal Administrativo desconoció el derecho de petición formulado y radicado por el señor Garnica White, ante la Fiscalía General de la Nación, con anterioridad a la presentación de la demanda de reparación

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IUS 2011-251578 6 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla directa ante el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, a través del cual solicitaba copia íntegra auténtica con la constancia de ejecutoria de dichas providencias, petición a la cual se hizo alusión dentro del recurso de queja resuelto desfavorablemente por la misma sala y en la acción de tutela del Consejo de Estado que protegió los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia y la primacía del derecho sustancial de los aquí demandantes.

En igual sentido desconoció otra petición formulada el 10 de marzo de 2009 (fl 100. C3), mediante la cual el aquí demandante solicitó nuevamente la expedición de copia íntegra , auténtica con la constancia de ejecutoria de la resolución del 21 de octubre de 2005, que precluyo la

investigación y ordenó la libertad de éste procesado. Ante la ausencia del requisito de autenticidad de la mencionada prueba allegada en copia simple, dentro del numeral 11.1, denominado “Documentos que se solicitan” de la demanda obrante a folios 20 y 21 del cuaderno 3 C, le solicite al despacho. Que se oficie a la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional antinarcóticos y de interdicción marítima UNAIM de la ciudad de Bogotá; (previniéndole que en el evento que la documentación solicitada no se encuentre en esa dependencia la remita a la autoridad competente para los fines pertinentes) para que expida copia íntegra, legible y auténtica y sus constancias de ejecutoria de la investigación penal adelantada en contra del señor Jorge Abraham Garnica, identificado con la cédula de ciudadanía No 16.478.835 y otros, con el radicado No 71273, en donde se incluyan las siguientes actuaciones: Resolución de apertura de instrucción, medida de aseguramiento, ordenes de captura, Resolución calificación situación jurídica. Con el fin de seguir insistiendo ante la Fiscalía General de la Nación, para obtener dicha providencia con el cumplimiento de los requisitos legales para tenerla como prueba; el ciudadano Jorge Abraham Garnica Withe, mediante derecho de petición fechado el 03 y radicado en dicha entidad el 10 de marzo de 2009 ( Fl 100. C-3), le solicitó lo siguiente: Se me expida a mi consta, copia íntegra, legible y auténtica con las respectivas constancias de ejecutoria de la investigación penal adelantada en mi contra durante el año 2004 y 2005, dentro del radicado

7127, en el cual se incluyan las siguientes actuaciones: Resolución de apertura de instrucción, medida de aseguramiento, orden de captura, resolución de calificación jurídica, Resolución de Preclusión de la investigación y Orden de libertad inmediata. La entidad demandada a través de apoderado judicial, nunca manifestó que dicha providencia no se encontraba ejecutoriada; por el contrario

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IUS 2011-251578 7 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla encausó se defensa en la obligación legal y constitucional que le asiste al ente investigador para adelantar la acción penal y que la libertad del procesado se verificó una vez valorado el material probatorio para declarar que éste no cometió la infracción penal endilgada.

Esa actitud negativa por parte de la Fiscalía General de la Nación, de no expedir la constancia de ejecutoria de la decisión solicitada mediante derechos de petición debió tomarla como un indicio en contra de esta y no de los actores, por cuanto éstos no están obligados a lo imposible frente a la renuencia de la demandada a suministrar la información requerida. No puede el Tribunal desconocer la actuación asumida por los actores y por éste apoderado frente a la obtención de la prueba, toda vez que de conformidad con el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución política, en concordancia con el artículo 177 del C.P.C, pues hicimos todo lo que

estaba a nuestro alcance sin tener respuesta favorable por parte de la demandada; razón por la que solicita la revocación d el sentencia impugnada” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿En el caso en concreto, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado? ¿Se puede afirmar que el cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible y no incurrir en vías de hecho o error jurisdiccional por las Entidades Demandadas – Fiscalía General de la Nación – exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le

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IUS 2011-251578 8 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no

estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

LEGALIDAD DE LA ACTUACION

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IUS 2011-251578 9 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634)

Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática2. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal3 y la presunción de inocencia4, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede 1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión

o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." 3 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 4 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 5 Ratificado mediante la ley 74 de 1968

6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972

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IUS 2011-251578 10 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634) Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”7 .

Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni

razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la 7 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Néstor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar.

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IUS 2011-251578 11 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110013331000-2007-00269-01(39.634)

Demandante(s): Jorge Armando Garnica Tordecilla libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia8; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que

toda limitación a éste deba ser excepcional9, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales10, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención11.” Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 19