PGN - DEBER DE LA ADMINISTRACION De corregir los errores encontrados

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Irregularidades en el proceso de actualización catastral Hay Irregularidades presentadas en el proceso de actualización catastral, tales como no estar identificados ni tener certeza sobre las personas que efectuaron el reconocimiento, ni de quienes realizaron la supervisión por parte del consorcio, su idoneidad, si en realidad lograron la visita física al predio, suplantación de personal de reconocimiento y de supervisión. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Objeto Pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" a que hace referencia la Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que - por contrapartida lógicason entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia.

RESPONSABILIDAD FISCAL-Objeto/RESPONSABILIDAD FISCALCaracterísticas Se declara a través del trámite del proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que adelantan las contralorías con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los servidores públicos y a los particulares, por la administración o manejo irregulares de los dineros o bienes públicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa. Es decir, conforme a lo anterior tiene como características, que es de naturaleza administrativa por estar orientado hacia al establecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos; es igualmente de naturaleza patrimonial, porque como consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal; no tiene un carácter sancionatorio ni penal, siendo en consecuencia una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos y está regido por el debido proceso, o sea en el juicio de responsabilidad fiscal también se deben observar las garantías sustanciales y procesales.

COMISIÓN POR OMISIÓN Y OMISIÓN FUNCIONAL-Diferencias/OMISIÓN FUNCIONAL PROPIA-Definición/COMISIÓN POR OMISIÓN-Definición/COMISIÓN POR OMISIÓN-Tipos de responsabilidad Es pertinente efectuar una precisión conceptual en el sentido que una cosa es el compromiso disciplinario derivado de una omisión funcional propia y otra distinta, la derivada con base en la denominada comisión por omisión, pues en el primer caso, el agente del comportamiento típico, omite el cumplimiento de un deber funcional propio y directo, exigible de él sin relación funcional con otro funcionario o persona, mientras que en la comisión por omisión, el disciplinado se aparta de un deber objetivo de cuidado frente a la conducta funcional de otra persona, respecto de la cual le es exigible el despliegue de las labores de control y vigilancia en razón de una particular potestad de tutela o señorío que efectivamente le permitiría evitar la incursión en falta disciplinaria por parte del controlado o vigilado. En los casos de omisión propia, la acción disciplinaria bien puede adelantarse contra un único implicado, que es llamado a rendir explicaciones por haberse apartado del cumplimiento de sus deberes funcionales. Entre tanto, en los casos de comisión por omisión, la acción se emprende necesariamente contra un número plural de disciplinados, que están llamados a responder por un mismo contexto de hechos pero en razón del despliegue de roles funcionalmente distintos: uno de ellos comprometerá su responsabilidad disciplinaria por incurrir en una falta propia, al paso que el otro responderá por las omisiones de control y vigilancia respecto de la conducta funcional del primero.

DOLO-Elementos Se ha considerado que para efectos de la configuración del dolo tanto para conductas omisivas y aún con mayor razón para conductas activas, sí se requiere el elemento de la voluntad o la intención de desconocer la norma y no solo basta el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud. DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN-De corregir los errores encontrados Una concepción amplia de la facultad oficiosa que tiene la administración de corregir los errores encontrados en desarrollo de sus funciones, no se puede colegir que este conocimiento de las fallas detectadas tengan que provenir de determinada fuente, sino que en cumplimiento de los principios que rigen la función pública consagrados en el artículo 209 de la constitución Política, es su deber corregir los errores o fallas encontradas en cumplimiento de sus funciones misionales, ya sea porque estas hayan llegado a su conocimiento de forma directa, a través de los medios de comunicación, por petición ciudadana, etc, sin que se configure irregularidad disciplinaria alguna por actuar conforme a la ley por petición en este caso particular de un contratista. Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co

Dependencia DESPACHO PROCURADOR GENERAL DE LA

NACIÓN Radicación 156-158576-2007 Investigados Hernando Maldonado Pachón, William Cardenas Ovalle, Manuel Tiberio Bolívar Ospina, Edgar Ernesto Torres Caicedo y Sandra Marcela Vega Pinilla Cargo y entidad Director, Subdirector Técnico, Responsable del Área de Actualización, Responsable del Área de

Conservación y Técnico Operativo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, respectivamente Quejoso De oficio Fecha de los hechos Abril de 2007 Tema Irregularidades en contrato de actualización catastral. Trámite procesal Fallo de segunda instancia (Articulo 171 de la Ley 734 del 2002.) Bogotá D. C., 20 de septiembre de 2011

1. ASUNTO POR TRATAR Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por los disciplinados Hernando Maldonado Pachón, William Cárdenas Ovalle, Manuel Tiberio Bolívar Ospina, Edgar Ernesto Torres Caicedo y Sandra Marcela Vega Pinilla, contra el fallo de primera instancia proferido el 18 de diciembre de 20091 por el despacho de la señora Viceprocuradora General de la Nación, dentro del trámite del proceso disciplinario con radicado 156-158576 de 2007, decisión que, tras declararles responsables de algunos de los cargos a ellos imputados, les impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses a los señores Hernando Maldonado Pachón y William Cárdenas Ovalle y destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de diez años a los disciplinados Manuel Tiberio Bolívar Ospina y Sandra Marcela Vega Pinilla y doce años a Edgar Ernesto Torres Caicedo.

En cuanto a la vigencia de la acción y teniendo en cuenta que algunos de los hechos materia de investigación tuvieron su origen a finales del año 2006, debemos

expresar que esta Jefatura mediante Directiva 010 de 12 de mayo de 2010, acogió como posición jurisprudencial aplicable en esta materia, la fijada por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia unificadora del 29 de septiembre de 2009, donde se expresó que el término legal de cinco años de prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe con la notificación del fallo de primera o única instancia, actuación que conforme consta en el folio 765 del cuaderno original No 9 del 1 Ver en folios 608 a 712 del cuaderno original No 9 del expediente. Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 3 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co expediente se surtió el 1 de febrero de 2010, razón para considerar que la acción disciplinaria se encuentra vigente y se entrara a resolver de fondo en esta instancia.

2. ANTECEDENTES 2.1 Los hechos materia de investigación.

La presente actuación disciplinaria se inició oficiosamente y recae sobre las presuntas irregularidades en el proceso de reconocimiento predial y de digitalización catastral de 452.564 predios de la ciudad de Bogotá D.C., más los realizados a través de los contratos 454 y 473 de 2006. 2.2 De los cargos formulados Mediante providencia del 13 de marzo de 2008,2 se formularon a los investigados los siguientes señalamientos: 2.2.1 Cargo formulado a Hernando Maldonado Pachón, en su calidad de director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital: No ejerció el control y seguimiento de la actuación administrativa del

Subdirector Técnico y de los responsables de las Áreas de Actualización y Conservación de la entidad que se desempeñaron como tal en su administración, frente a la ejecución de los contratos Nos. 454 y 473 de 2006 suscritos para el reconocimiento predial y la digitalización para la Actualización de la formación catastral de ciertos sectores. 2.2.2 Cargos formulados a William Cárdenas Ovalle, en su calidad de subdirector técnico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital: Primer Cargo: No ejerció el control y seguimiento de la actuación administrativa de los responsables de las Áreas de Actualización y Conservación, frente a la ejecución de los contratos Nos. 454 y 473 de 2006 suscritos para el reconocimiento predial y la digitalización para la actualización de la formación catastral de ciertos sectores, lo que trajo como consecuencia que el primero de ellos no ejerciera una supervisión eficaz de los contratos y el segundo tuviera actuaciones antijurídicas sin autorización alguna, entre otras irregularidades.

Segundo Cargo: Habiéndole correspondido la evaluación técnica del proceso licitatorio 004 y de la contratación directa 004 de 2006, no rechazó la oferta que incumplió con lo exigido en el pliego de condiciones en el numeral 2.2.8

(Recursos Humanos), referida a que el proponente debería adjuntar cartas de compromiso debidamente firmadas por cada una de las personas relacionadas en los formatos Nos. 7 y 8, a excepción del personal administrativo, siendo ello constitutivo de rechazo. (Desvirtuado en el fallo de primera instancia)

2 Vista en folios 1 a 23 del cuaderno original No 7 del expediente. Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 4 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co 2.2.3 Cargo formulado a Manuel Tiberio Bolívar Ospina, en su calidad de responsable del Área de Actualización de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y de supervisor de los contratos 454 y 473 de 2006: No controló ni vigiló con eficiencia la ejecución de los contratos mencionados referidos a la actualización catastral 2006, en orden a que se diera cumplimiento a los fines de la contratación estatal. 2.2.4 Cargos formulados a Edgar Ernesto Torres Caicedo, en su calidad de responsable del Área de Conservación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital: Primer Cargo: Recepcionó correspondencia enviada a su nombre por el director del proyecto consorcio Actualización 2006 con las correcciones solicitadas por el Área de Actualización de varios predios sectorizados a fin de que se realizara en el sistema, sin que previamente se cumpliera el trámite previsto en el reglamento, en el sentido de proceder a la revisión pertinente por el área de actualización, dependencia solicitante de tales correcciones y al mismo tiempo supervisor del proyecto.

Segundo Cargo: Permitió que personal de la firma contratista Consocio Actualización 2006 tuviera acceso al sistema y documentación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para subsanar inconsistencias del proceso de actualización 2006, sin que ello haya sido ordenado o autorizado

por funcionario alguno (Director-Subdirector Técnico-Responsable Área de Actualización) de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 2.2.5 Cargo formulado a Sandra Marcela Vega Pinilla, Técnica Operativa en el Área de Conservación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital: Haber desarrollado actividades ajenas a su función, al introducir correcciones en las fichas elaboradas por los reconocedores del Consorcio Actualización 2006 que adelantaba labores de reconocimiento y actualización predial, con el agravante de haber suplantado al particular que no estaba vinculado con el mencionado contratista, para desarrollar tales tareas.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Fue proferido el 18 de diciembre de 2009 y en el se resolvió respecto a cada uno de los disciplinados lo siguiente: 3.1Hernando Maldonado Pachón, a quien en su calidad de director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se le declaró disciplinariamente responsable del único cargo formulado y se le impuso sanción de suspensión por un término de seis meses, por considerarse que hubo de su parte una ausencia de control y seguimiento efectiva de la actuación administrativa del Subdirector Técnico y de los responsables de las áreas de actualización y conservación que llevó a la ocurrencia de las inconsistencias en el proceso de actualización. 3.2 William Cárdenas Ovalle, a quien en su condición de subdirector técnico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se le declaró demostrado el primero de los dos cargos formulados y se le impuso una sanción de suspensión Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 5

Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co por un término de seis meses, por considerarse que al omitir el ingeniero Cárdenas el control, vigilancia y seguimiento de la actuación administrativa de los responsables del área de actualización y conservación, ocasionó omisiones y actuaciones por parte de estos que generaron el incumplimiento de los fines contractuales, lo que se concretó en los cargos que a ellos se endilgó y que fueron probados. 3.3Manuel Tiberio Bolívar Ospina, a quien en su calidad de responsable del Área de Actualización de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y de supervisor de los contratos 454 y 473 de 2006 se le declaró demostrado el cargo formulado y se le sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por un término de diez (10) años, indicándose, luego de transcribir apartes de los informes rendidos por la Contraloría y Universidad Distrital que a pesar de la existencia de los documentos mencionados, el ejercicio de la vigilancia y control por parte de la supervisión en cabeza del disciplinable no fue eficiente, esto es, no logró la obtención de resultados de un determinado nivel de calidad, con la connotación de que no se cumplieron los fines estatales. El proceso no cumplió con los fines contractuales y fue suspendido en virtud de las inconsistencias encontradas que fueron plasmadas en el informe de la Contraloría Distrital. 3.4Edgar Ernesto Torres Caicedo, a quien como responsable del Área de Conservación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se le

declararon demostrados los dos cargos formulados y se le sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por un término de doce (12) años, indicándose respecto al primer cargo que las correcciones a las que se hace alusión en el mismo obedecieron a requerimientos de la supervisión de los contratos 454 y 473 de 2006, es decir, fruto de una actividad contractual y no fueron efectuadas de oficio, ni mucho menos a petición de parte como lo dispone el articulo 96 de la Resolución 255 de 1988, lo que lleva a inferir que dichas correcciones no hacían parte del proceso de conservación catastral sino aún del de actualización y, que por lo mismo el contratista “Consorcio 2006” en ningún momento debió dirigir la correspondencia relacionada con correcciones al disciplinable, ni éste haberla recepcionado para proceder a efectuar las citadas rectificaciones. Respecto al segundo cargo se afirmó que lo cuestionado no es otro hecho que el haber permitido –no encontrándose su actuar prescrito dentro de sus deberes funcionalesque personal de la firma contratista “Consorcio Actualización 2006” hubiera tenido acceso al sistema y documentación de la UAECD para subsanar inconsistencias del proceso de actualización 2006. 3.5Sandra Marcela Vega Pinilla, en su condición de Técnica Operativa en el Área de Conservación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se le declaró demostrado el cargo endilgado y se le sancionó disciplinariamente con destitución del cargo e inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por el termino de diez (10), expresando que el reproche se encuentra en el hecho que

la señorita Vega Pinilla desarrolló actividades ajenas a su función al introducir correcciones en las fichas elaboradas por los reconocedores del contratista Consorcio Actualización 2006, la cual cuenta con un agravante que es el haber suplantado al particular que no estaba vinculado con el mencionado contratista para desarrollar tales tareas, lo cual surge de la propia versión libre y espontánea Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 6 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co rendida ante este ente de control por la disciplinable al manifestar que ante la imposibilidad de que los señores Ronald Contreras y César Clavijo se comunicaran, habían acordado que le harían llegar el trabajo al señor Clavijo por su intermediación y así mismo, que por las múltiples ocupaciones del señor Clavijo se acordó que ella realizaría la revisión de los documentos, haría las anotaciones pertinentes y colocaría el sello con el nombre de él en los formatos de supervisión y en las fichas prediales, labor que dijo haber realizado los fines de semana.

4. RECURSOS DE APELACIÓN Notificada la decisión de primera instancia los sancionados interpusieron en tiempo recurso de apelación así: 4.1Hernando Maldonado Pachón, quien a través de apoderado judicial y mediante escritos de fecha 2 de febrero de 2010 y 10 de mayo de 2011, obrante de folio 1271 a 1304 y 1839 a 1856 del cuaderno original No 12 del expediente luego de señalar los fines del derecho disciplinario y los principales elementos

constitutivos del derecho al debido proceso, enunciados en el artículo 29 constitucional, indica que el juicio de reproche por parte de la Procuraduría se centra en las conclusiones emitidas por un arquitecto y que solo se limitan a repetir lo enunciado por los distintos entes a los que ha acudido en aras de verificar el proceso de actualización, sin ningún análisis de su propio peculio, tal vez por no contar con los conocimientos catastrales que se necesitan para pronunciarse respecto de un proceso tan complicado como el que nos ocupa, lo que conllevó a que se den conceptos ligeros de los informes del IGAC, la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. Todos los análisis efectuados al proceso de actualización catastral del año 2006 han concluido que el mismo pasa la prueba y es el soporte técnico para poner en vigencia procesos de actualización posteriores, tomando la información técnica de ese momento, indicándose solamente que hubo unas pequeñas inconsistencias en el proceso, pero sobre las cuales la Universidad Distrital aclaró que dada las características y complejidad de los procesos de actualización, el término inconsistencia no necesariamente debe asimilarse al termino error. Este informe indica que de 705.427 posibilidades de comparación hubo 54.071 inconsistencias (para predios con ficha abierta por la UAECD en 2006), en diferentes capítulos y subcategorías, equivalentes al 7.67% de inconsistencias y tomando como base de análisis varios de los ítems de estudio, tales como área construida, área terreno, área uso, puntaje, uso y destino, obteniendo un 18,65% de predios con inconsistencias. Lo anterior fue corroborado por el Dr. Cesar Caballero, quien actuó

como articulador de los informes de las Universidades. El informe del IGAC es contradictorio, pues en la introducción se establece unas posibles inconsistencias en un porcentaje de 35% y con base en unos cuadros se habla de un 2.7%, por lo cual presentó a la Procuraduría un escrito con el cual buscaba que se aclaran dichas contradicciones pero no se logró este objetivo. Igual situación se presentó con el informe de la Contraloría Distrital, quien con base al Informe de la Universidad Distrital dice que los escenarios de dicho estudio ubican unas inconsistencias que van desde un 8.84%, sin tener en cuenta la dinámica inmobiliaria, hasta un 18.68% si se tiene en cuenta esta. Todo lo cual conduce a que existe por lo menos una duda razonable sobre la calidad del trabajo de la actualización 2007, a favor de los disciplinados. Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 7 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co Existen pruebas trascendentales que no se evacuaron, como fueron las respuestas y comentarios que al informe del IGAC hiciera Hernando Maldonado y otro en 31 páginas que entregó en marzo al IGAC, lo mismo que el contentivo de la respuesta del IGAC a estos informes. Tampoco se oficio al Dr. Caballero para que se pronunciara respecto al proceso de actualización. Expresa que anexa estas pruebas que no fueron evacuadas en su oportunidad para que sean valoradas por esta instancia, lo mismo que copia de las actas, los email enviados, los documentos aportados, los boletines etc., pues son elementos que denotan seguimiento y

control y no se han tenido hasta ahora en cuenta. El disciplinado además de levantar actas cuando ello estuvo establecido, utilizó igualmente otros procedimientos acordes con los procesos estatuidos o manejados culturalmente por el grueso de funcionarios. Ya se le entregó a la comisión las evaluaciones que se hacían sobre sus colaboradores y en ellas consta el seguimiento puntual al proceso de actualización. El despacho de forma errónea pretende soportar su decisión en el hecho de no haber encontrado en los informes de gestión del catastro algún tipo de inconsistencia y, por ende, los respectivos llamados de atención para corregir a tiempo, para concluir que esto constituye ineficiencia del ejercicio de supervisión ya que no tomó precisamente las medidas correctivas. El anterior razonamiento desconoce que las normas de actualización y procesos masivos en efecto deben tener inconsistencias y que las mismas prevén la alternativa de corregir cuando el ciudadano o dueño del predio así lo haga notar o, de suyo, si en la instancia de revisión que funciona con varios peritos, se detecta, como de seguro se hizo en su debido momento, sin que por esto se deba acudir en cada caso a enterar al Director. Existe prueba testimonial que muestra que si hubo seguimiento y control, sin embargo aunque la instancia acepta que convocó a reuniones, comités orientando el proceso, deja entrever que eso no fue suficiente. No hubo ningún control de advertencia, salvo el de la Contraloría Distrital, que se produjo el día 10 de Abril de 2007, 24 horas antes de la renuncia al cargo del disciplinado, entonces que medidas correctivas podía el haber tomado. Debe recordarse que desde el punto

de vista legal no se le puede endilgar a mi defendido situaciones que escapan a su ámbito de control pues nadie puede evitar actuaciones delictivas provenientes de quien aprovechando su condición de servidor público orienta su voluntad a contravenir la ley. Luego hace el disciplinado un amplio y sustentado estudio de los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad configurativos de la responsabilidad disciplinaria y los cuales considera fueron mal valorados en su caso, pero que por economía procesal y dado el resultado que tendrá el presente fallo respecto al disciplinado este despacho se abstendrá de transcribir. Por último expone lo relativo a la graduación de la sanción y solicita le sea reconocida la causal de exclusión de responsabilidad contemplada en el numeral 6 del artículo 28 del Código Disciplinario Único, de haber actuado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, por cuanto aunque se mencionaron en los comités algunas dificultades, nunca se informó por parte de los Subdirectores encargados del mismo, circunstancias de especial trascendencia, por lo cual le era imposible tomar medidas sobre algo que Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 8 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co desconocía. Se demostró que si hubo seguimiento al proceso contractual en lo que el disciplinado tuvo conocimiento, pero no podía desarrollar ninguna acción frente a los actos delictuales de algunos funcionarios o sobre los que nunca fue informado,

lo que conlleva a que el error se torne en invencible, condición suficiente para configurarse la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria a plenitud. En el escrito de 10 de mayo de 2011, aporta copia y hace algunas consideraciones sobre el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal que por los mismos hechos adelantaba la Contraloría de Bogotá. 4.2William Cárdenas Ospina quien a través de apoderado judicial y mediante escritos de fecha 2 de febrero de 2010 y 4 de febrero de 2010 obrante de folios 768 a 789 del cuaderno original No 10 y 1786 del cuaderno original No 12 del expediente asegura que sí ejerció el debido control y seguimiento al proyecto con las reuniones, correos, actas y citaciones a su oficina del coordinador de actualización y de sus colaboradores para que le informaran sobre los avances del mismo. Enuncia algunas pruebas que denotan el control y seguimiento que realizó (folios 770 a 772). Aclara que en las actas del arquitecto Alonso Agudelo, en las que nombra los atrasos permanentes, no están muchas de las soluciones debido a que éstas se encuentran en los controles de validación de la información que llevaba el ingeniero Bolívar. También precisa los conceptos contenidos en las conclusiones del informe presentado por el arquitecto Agudelo, argumentando que no existe en los informes de gestión, ni en las actas de los comités técnicos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en las que la Subdirección Técnica participó en la elaboración de algunas, el tipo de inconsistencia con relación al tema de

reconocimiento predial encontrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Contraloría y la Universidad Distrital, debido a que dicha inconsistencia no existió. Agrega que el objeto contractual del contrato 454 de 2006 y del contrato 473 de 2006 se cumplió, demostrando que en principio los fines contractuales sí se cumplieron, y que prueba de esto son las actas de aprobación de los trabajos y las resoluciones de vigencia No. 998 y 997 del 28 de diciembre de 2006, las cuales anexa (folios 959 a 973). Considera que el investigador solo vio los atrasos, los llamados de atención del interventor y las recomendaciones de mejoramiento, pero nunca vio que la información trabajada no podía entrar en vigencia y por lo tanto no podía impedir un resultado que no era visible (inciso 2º del artículo 27 del CDU). Asegura que respecto de la coordinación y control de los trabajos de las Áreas de Actualización, en cabeza del ingeniero Bolívar y los trabajos de coordinación y control con el Área de Conservación, en cabeza del ingeniero Torres, se evidencia en los oficios y correos citados. En seguida, hace una aclaración sobre la labor de mantenimiento de la base de datos realizada por el jefe del Área de Conservación con base en la Resolución 2555 de 1988 y establece que es autónomo en la modificación de la misma y que por ley responde por su propia actuación. Sobre este mismo tópico insiste y lo amplia en escrito de 4 de febrero de 2010, anexando el documento “informe cualitativo de gestión ficha resumen año 2008”. Indica que el proceso llevado a cabo por el consocio Actualización 2006 nunca tuvo

el nivel de inconsistencias para declarar la suspensión de la vigencia 2007 y que las pruebas de esto están en el informe presentado por el Instituto Geográfico Despacho del Procurador General - Procuraduría Auxiliar Para Asuntos Disciplinarios 9 Carrera 5 No. 15 –80 Piso 23 Conmutador: 5878750 www.procuraduría.gov.co Agustín Codazzi, la Contraloría y la Universidad Distrital e inclusive en el acuerdo transaccional, por lo que manifiesta su desacuerdo con la Resolución No. 219 de 2007 y asegura demostrar que se cumplió con los fines contractuales y con el objetivo final del contrato. Explica la metodología utilizada en los informes realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Contraloría y la Universidad Distrital y en el acuerdo transaccional para