PGN - DEBER DE SELECCION OBJETIVA Cumplimiento para los funcionarios de la sede central bo

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública

Radicación: 162-81064/03

Disciplinado: JAIME ALFONSO BERMUDEZ NUÑEZ

Cargo: Secretario General de Santa Marta Quejoso: De oficio Fecha hechos: 3 de diciembre de 2001

Asunto: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Bogota, D.C. 28 de noviembre de 2006 ASUNTO Se procede a FALLAR EN PRIMERA INSTANCIA el proceso disciplinario adelantado contra el doctor JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, en su condición de Secretario General del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, cumplidos como se encuentran, los presupuestos consagrados en el Código Disciplinario Único y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación. LA QUEJA Y SU TRÁMITE Mediante auto de febrero 19 de 2003 el Procurador General de la Nación conformó comisión especial y ordenó investigar de oficio la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 065/01, suscrito por el Municipio de Santa Marta (FL. 63). Con auto de fecha octubre 18 de 2005, desintegró la comisión y asignó la competencia para conocer del asunto a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública hasta la culminación del proceso en primera instancia (FL. 233). Con auto de febrero 25 de 2003, se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra el doctor JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, Secretario General de la Alcaldía de Santa Marta (Fl. 64); y con auto de junio 9 de 2003 se adicionó y aclaró

el auto de apertura ordenando investigar en el mismo proceso a los señores HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES y LICELYS ORTIZ CARRILLO, Alcalde titular y encargada de la misma ciudad (FL. 28). Con providencia de junio 12 de 2006 se formuló auto de cargos a JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ y se dispuso el archivo de las diligencias contra los demás investigados (FL.113 Cuad. 2). El auto de cargos se notificó personalmente al investigado (FL. 129 Cuad. 2), quien no presentó descargos (FL. 130); y con auto de agosto 31 de 2006 se cerró la etapa probatoria y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión antes del fallo de primera instancia, término que también transcurrió en silencio (FL. 145 Cuad. 2). La condición de servidor público del investigado JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 12.541.976 de Santa Marta, Secretario General del Distrito de Santa Marta, entre el 1 de enero de 2002 y el 27 de enero de 2003, se acreditó con los documentos que obran a folios 88, 89 y 91 cuad. 1 del proceso. CARGOS La conducta imputada como falta disciplinaria es la siguiente: a) Usted doctor JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, en su condición de Secretario General del Distrito de Santa Marta, pudo haber infringido el deber de selección objetiva del contratista contemplado en el artículo 29

de la Ley 80/93 al celebrar el Contrato de Prestación de Servicios 065 el 3 de diciembre de 2001, con el abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo, sin observar el procedimiento señalado por el artículo 3 del Decreto 855/94 vigente para la época de los hechos, que en concordancia con el artículo 24, numeral 1, literal d) permitía contratar directamente la prestación de servicios profesionales, publicando previamente un aviso claro y preciso sobre las condiciones y términos de referencia de la contratación y calidades de los oferentes y obtener dos ofertas de personas interesadas en la contratación, situación que impidió la comparación de ofertas, para escoger la más favorable a la entidad. b) De igual forma, celebró el Contrato 065/01, sin contar previamente a la selección del contratista, con la certificación expedida por el Alcalde Distrital sobre la inexistencia de personal en la planta de la entidad que estuviera en capacidad de adelantar el objeto del contrato, como le imponía el Decreto 2209 de 1998 artículo 1°, vigente para la época de los hechos investigados. c) También probablemente constituye falta disciplinaria la forma como estipuló el pago de los honorarios, pues al parecer lesiona los intereses de la administración gravemente y sólo beneficia al contratista, como quiera que se pactó en la cláusula 5 que el valor a cancelar era la suma de 10 millones de pesos y por tratarse de un contrato de resultado también tendría derecho el contratista a recibir honorarios equivalentes al 10% del recaudo, si se producía en la etapa prejurídica; el 15% de honorarios si el recaudo se producía en el proceso de jurisdicción coactiva

y el 20% si el recaudo se obtenía en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los cuales serían pagados de las sumas que efectivamente recibiera la entidad. Este acuerdo quebranta los artículos 24 numeral 8 y 28 de la Ley 80/93 y 83 de la Constitución Política, pues denota abuso del poder conferido mediante la delegación de funciones para contratar y ejercicio de su competencia exclusivamente para el favorecimiento de los intereses del contratista y no en procura del interés general o público. d) Finalmente, también incurrió probablemente en falta disciplinaría, al celebrar el contrato de prestación de servicios No. 065 el 3 de diciembre de 2001 con el abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo, persona que se encontraba inhabilitada para contratar con el Distrito de Santa Marta, como quiera que el contratista PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, tiene vinculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con la secretaria privada de la alcaldía LYCELIS ORTIZ CARRILLO, inhabilidad contemplada en el artículo 8 numeral 2 literal b) de la Ley 80 de 1993, conducta con la que probablemente incurrió en falta disciplinaria por violación de las normas mencionada y de los deberes constitucionales y legales establecidos para los servidores públicos en los artículos 4 inciso 2, 6 y 123 inciso 2 de la Constitución Política y 38, 40 numerales 1, 2, 13 y 2 22 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos investigados.” Las faltas imputadas que se enunciaron en los literales a), b) y d) fueron calificadas

en forma provisional como GRAVES; y GRAVISIMA la señalada en el literal c) por tipificar la conducta señalada en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200/95, obtener para si o para otro incremento patrimonial. Y se atribuyeron a título de responsabilidad con DOLO, porque el investigado conocía cuales eran sus deberes y escogió voluntariamente actuar en forma contraria. CONSIDERACIONES Analizados los cargos y las pruebas que obran en el expediente, el Despacho considera que las conductas elevadas a faltas disciplinarias, tuvieron real ocurrencia y que el investigado es responsable de ellas, como pasa a señalarse: Respecto a la conducta cuestionada en el literal a) del auto de cargos relativa a haber celebrado el Contrato 065 el 3 de diciembre de 2001 con el abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo, infringiendo el deber de selección objetiva del contratista, puesto que omitió adelantar el trámite contemplado en los artículos 2 y 3 incisos 1 y 2 del Decreto 855 de 1994, vigente para la época de los hechos investigados, en consonancia con el artículo 24 numeral 1 de la Ley 80/93. Las normas mencionadas establecen que en la contratación directa el jefe representante de la entidad o el funcionario en quien se hubiere delegado la contratación, en este caso, el investigado JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ en quien el Alcalde de Santa Marta, delegó la competencia para la contratación pública de la entidad, mediante Decreto 474 de mayo 11 de 2001 (FL. 161), debía tener en cuenta que la selección del contratista debe garantizar el cumplimiento de

los principios de economía, transparencia y en especial el deber de selección objetiva del contratista establecidos en la Ley 80/93. En este caso, a efecto de dar cumplimiento del deber de selección objetiva, los artículos 2 y 3 del Decreto 855 de 1994, mencionados señalan que debía fijar aviso en lugar público de la entidad, por un término no menor de dos días que contuviera la información básica sobre las características generales y particulares de los servicios requeridos, condiciones de pago, término para la presentación de ofertas y demás aspectos y referencias de la contratación; y debía obtener por lo menos dos ofertas. Las visitas especiales practicadas a la Secretaría General y Secretaria Ejecutiva del alcalde del Distrito de Santa Marta, visibles a folios 156, 158 Cuad. 1, diligencias en las cuales se ubicó la carpeta de antecedentes administrativos y de ejecución del contrato, al ser revisada no encontró prueba de haberse efectuado ninguna convocatoria, ni de haberse obtenido las dos ofertas, por ello las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por el contratista Pedro Luis Ortiz Carrillo (FL. 2 4 Cuad. 1) en el sentido de que a principios de noviembre de 2001 vio la convocatoria publicada por el Distrito de Santa Marta, en una cartelera, en donde se invitaba a profesionales del derecho, para que presentaran sus hojas de vida, si estaban interesados en realizar los cobros persuasivos del impuesto predial de la entidad y que por ello se presento y fue contratado; y de la doctora Alicia Mejia Martínez (FL. 27), que dijo que se habían presentado tres hojas de vida, que no

3 encontró para exhibir en la visita especial practicada a la Secretaria General, ni estuvo en condiciones de suministrar ningún nombre de los presuntos oferentes, no son de recibo por el despacho, pues la primera proviene del directamente beneficiado con la contratación, la cual le permitió hacerse al pago de honorarios en cuantía de $1.051.484.137,50; y la segunda, no fue firmada por la declarante, por lo que carece de validez. En consecuencia, el Despacho considera probado el hecho y la responsabilidad del investigado, pues no hay prueba siquiera sumaria que demuestre cumplimiento del deber de selección objetiva del contratista, ni de la observancia del principio de transparencia al seleccionar al contratista. En relación con la falta imputada en el literal b), esto es, no haber obtenido en forma previa la certificación del Alcalde Distrital sobre la inexistencia de personal en la planta de la entidad que estuviera en capacidad de adelantar el objeto del contrato, como se lo imponía el Decreto 2209 de 1998 artículo 1°, vigente para la época de los hechos investigados, se tiene que, el mencionado documento tampoco fue encontrado al revisar la carpeta de antecedentes administrativos del contrato. Por su parte, la declaración rendida por la señora Cecilia Zapata Amado, secretaria de la oficina de jurisdicción coactiva adscrita a la Tesorería, permite inferir que tal documento no fue emitido por el alcalde distrital, porque en la nómina de la entidad existía personal para desarrollar la actividad a contratar y la venia realizando, afirma la declarante que el abogado Arturo Simón Jaruffe trabajó en esa oficina hasta enero

de 2002, que luego fue nombrada la abogada América Flórez Torres y con posterioridad Fabiola Gutiérrez (FL. 2). Para el Despacho es clara la irregularidad cometida por cuanto el Estatuto de Contratación de la Administración Pública entratándose de la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, sólo autoriza su celebración en dos casos, para la realización de fines específicos o cuando no hubiere personal de planta suficiente para ejecutar el servicio a contratar, se entiende que no existe personal de planta cuando no hay servidores con capacidad para realizar las actividades que se contratarán y se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, cuando es imposible atender la actividad con el personal adscrito, que de acuerdo con los manuales específicos, permita determinar que no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste sea insuficiente. Y establece la manera de probar esta situación, esto es, mediante la obtención previa de la certificación del jefe de la entidad sobre la necesidad que se tiene, el funcionario no puede dar de manera caprichosa la certificación, sino precedida de la sustentación de las especiales características y necesidades técnicas que justifiquen las contrataciones a realizar, en este caso, se reitera la certificación no fue expedida y sin embargo, el investigado procedió a celebrar el contrato de prestación de servicios 065 el 3 de diciembre de 2001 con el abogado Luis Ortiz Carrillo.

4 Adicionalmente, el cobro coactivo en el Distrito de Santa Marta venía siendo realizado por la Tesorería y el cobro persuasivo lo realizaba el Secretario de Hacienda, como lo declaró bajo la gravedad del juramento y en presencia del apoderado del investigado, la señora Alicia Mejia Martínez (FL. 149 Cuad. 1). En consecuencia, se considera acredita la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del investigado, quien optó por guardar silencio frente a las graves acusaciones formuladas por el Despacho. Con relación a la conducta categorizada como falta disciplinaria en el literal c) del auto de cargos, que considera irregular la forma de estipular el pago de los honorarios con el contratista, dado que en la cláusula 5 del contrato se pactó, que el valor a cancelar al contratista era la suma de 10 millones de pesos y además, por ser un contrato de resultado también tendría derecho a percibir honorarios equivalentes al 10% del recaudo, si éste se producía en la etapa prejuridica; el 15% de honorarios si el recaudo se producía en el proceso de jurisdicción coactiva y el 20% si el recaudo se obtenía en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los cuales serían pagados de las sumas que efectivamente recibiera la entidad. Estipulación de honorarios que se considera lesiva de los intereses del distrito de Santa Marta, pues las sumas acordadas rebasan los montos que normalmente se pactan por este tipo de operaciones, como se demostró en el proceso con el aporte de documentos que permiten determinar la forma en que entidades como el Banco

Popular y el Banco de Colombia reconoce honorarios a los profesionales que contrata para el cobro ejecutivo de sus acreencias. El Banco Popular reconoce honorarios a los apoderados sólo cuando se ha presentado demanda; y si el monto del recaudo excede los 300 millones, el honorario a reconocer será del 2% y si el valor del recaudo es superior puede ser incluso inferior el porcentaje, porque se sujeta a lo que se pacte con el gerente de la entidad (Fl. 31 Cuad. 2). Y el Banco de Colombia, reconoce honorarios a sus abogados externos a partir de que se profiera el mandamiento de pago, el abogado debe obtener el pago de sus honorarios de los deudores que ejecute (FL. 167). En éste caso, el contratista obtuvo para sí un ingreso de $1.051.484.137,50, por ejecutar una actividad profesional que no justifico la labor realizada, como quiera que el recaudo se produjo en jurisdicción coactiva, en donde el profesional contratado no tenía parte a la cual representar, ni por quien actuar, pues la administración no requería ninguna defensa de sus intereses, ella misma adelantaba el proceso de jurisdicción coactiva y tampoco existe prueba de que el abogado hubiera adelantado alguna gestión para obtener el pago antes del proceso. Pero además, en este caso sus emolumentos los obtuvo directamente del Distrito, que fue quien canceló la cuenta de cobro presentada por el contratista, como se observa de los documentos a folios 4 y 5 cuad. 1. Con este comportamiento el investigado ocasionó perjuicio al patrimonio público, pues la gestión del contratista no guarda una adecuada proporción con la retribución

acordada, por adelantar unas gestiones que podían ser desplegadas por los 5 empleados de planta, como en efecto sucedió, pues fue la Tesorera del Distrito quien expidió el mandamiento de pago y además, al advertirse que el Distrito no obtuvo ningún beneficio derivado de la actuación del contratista, que no satisfizo el interés público. La conducta se considera acreditada con el aporte del contrato de Prestación de Servicios 065/01 suscrito por el investigado con el abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo, la cuenta de cobro presentada por el abogado Ortiz Carrillo para el pago de honorarios al distrito de Santa Marta, por valor de $1.051.484.137,50 (FL. 5); la orden de pago 1056 de agosto 2 de 2002 dada a favor de Pedro Luis Ortiz Carrillo, por valor los mismos $1.051.484.137,50, por concepto de honorarios profesionales originados en la gestión de cobro coactivo del impuesto predial, según Contrato 065/01 (FL. 4) y las pólizas de garantía del contrato, acto de aprobación, constancia de publicación y pago de impuestos (Fls. 11 a 16); copia del acto de liquidación del crédito y agencias en derecho, efectuado por la Tesorera de Santa Marta dentro del proceso de jurisdicción coactiva, adelantado contra el Fondo Aeronáutico Nacional, por valor de $7.009.894.250, incluidas las agencias en Derecho (FL. 217); y copia del depósito efectuado el 25 de julio de 2002, por el Fondo Aeronáutico Nacional a favor del Distrito de Santa Marta en el Banco Agrario de Colombia, por valor de

$7.009.894.250 (FL. 171). En consecuencia, se considera acreditada la falta y la responsabilidad del investigado, pues conocía las normas que rigen la contratación estatal, conforme a las cuales el fin era la satisfacción del interés común y las necesidades de la comunidad y no la satisfacción o el beneficio del interés particular del contratista. No obstante, optó por actuar en contra de la Constitución y la Ley. Sobre la conducta relacionada en el literal d) como falta disciplinaria, relativa a la contratación del abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo hermano de la Secretaria Privada del Distrito LYCELIS ORTIZ CARRILLO, quien se encontraba inhabilitado para realizar negóciales con el Distrito de Santa Marta, por expresa prohibición del artículo 8 numeral 2 literal b) de la Ley 80/93 que limita la actividad contractual de las personas naturales, que tengan parentesco de consanguinidad en el segundo grado con los servidores públicos de la respectiva entidad, que desempeñen cargos directivos, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta directiva o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal. En este caso, la persona seleccionada por el investigado para suscribir el Contrato 065/01, era el hermano de la secretaria privada del Distrito, de su compañera de trabajo, como se acredita con los registros civil de nacimiento de Pedro Luis Ortiz Carrillo y Lycelis Ortiz Carrillo (FL. 92 y 54), las partidas de nacimiento de sus padres Pedro Esteban Ortiz y Laydis Maria Carrillo (Fls. 90 y 91); y el certificado de desempeño del cargo de la doctora Lycelis como Secretaria Privada del Distrito, con

lo cual se configuraba la inhabilidad que para contratar tenía el abogado Pedro Luis Ortiz Carrillo. El investigado transgredió la limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales, que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas y que estableció el legislador para salvaguardar en las operaciones 6 contractuales la imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. El Consejo de Estado ha señalado sobre el particular que: “De conformidad con la filosofía inspiradora de la normatividad contenida en la Ley 80 de 1993 y particularmente en lo relacionado con la razón de ser de la normativa de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, se tiene que indudablemente han sido intereses públicos de carácter general los que han evidenciado la necesidad de que los procesos de selección de los contratistas que establecen vínculos para con la administración se adelanten dentro de parámetros de transparencia, moralidad e igualdad, para todos aquellos que concurren al proceso de selección. Esta es la razón de ser de la existencia de causales especificas de inhabilidad e incompatibilidad, que buscan impedir que tanto en la etapa del proceso licitatorio o de concurso, como en el acto mismo de contratación se permita la participación de aquellas personas que por sus condiciones de cercanía, afecto o alianza filial para con quienes ostentan posiciones directivas en la administración puedan participar en los procesos de selección pues dichas circunstancias no resulta conveniente ni sana para la correcta ejecución de los cometidos estatales de la contratación.”1 La Constitución Política y la ley establecen responsabilidad disciplinaria para los

servidores públicos cuando infrinjan la Constitución y las Leyes, incurran en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, no ejerzan su actividad en beneficio de los fines del Estado y del intereses general, tal como se señala en los artículos 4, 2, 6 y 123 inciso 2, de la Constitución Política, que establece el principio de responsabilidad de los servidores públicos conforme al cual responden por infringir la Constitución, la Ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; 123 parágrafo 2 ibidem, que establece los fines de la administración pública y el deber del servidor de ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución. La Ley 200 de 1995 erige como falta disciplinaria que da lugar a la imposición de la sanción correspondiente, en su artículo 38 y en el 40 numerales 1, 12, 13, 18 y 22 como deberes de los servidores públicos los de observar la Constitución y la ley, cumplir con imparcialidad el servicio encomendado, abstenerse de ejecutar actos que impliquen abuso del cargo, ejercer sus funciones consultando el bien común, vigilar y salvaguardar los bienes encomendados y cuidar de que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines para los que han sido destinados. De suerte que, las cuatro conductas ejecutadas por el investigado, son constitutivas de faltas disciplinarias y merecen ser sancionadas disciplinariamente, toda vez, que con ellas se quebrantaron no sólo las normas sustantivas señaladas en cada caso, sino también los artículos 38 de la Ley 200 de 1995, por incumplimiento de los

deberes, en este caso, los establecidos en los numerales 1, 2, 13 y 22 del artículo 40 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera. Sentencia de agosto 28 de 1997. C.P. Daniel Suárez exp. 10760. 7 del Código Disciplinario Único, de observar la Constitución y la Ley, cumplir con imparcialidad las funciones de su cargo y ejercer su función consultando el bien común. Pues se repite actuó con desconocimiento de los artículos 24 numeral 1 literal d),29 de la Ley 80/93; y 2 y 3 incisos 1 y 2 del Decreto 855 de 1994, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, que le imponían el deber seleccionar al contratista en forma objetiva; previa publicación de aviso en lugar público del Despacho y luego de obtener dos ofertas; del artículo 1 del Decreto 2209 de 1998, vigente para la época de los hechos investigados, que le imponía el deber de contar previamente a la contratación de servicios profesional con la certificación del jefe de la entidad sobre la inexistencia de personal para cumplir la labor a contratar; de los artículos 24 numeral 8 y 28 de la Ley 80/93 y 83 de la Constitución Política, que le imponían el deber de adecuar el cumplimiento de la función a la satisfacción del interés general y de los principios de la contratación administrativa y función públicas; y del artículo 8 numeral 2 literal b) de la Ley 80 de 1993, le prohibía celebrar contratos con una persona inhabilita.

CALIFICACION DEFINITIVA DE LAS FALTAS

El Despacho considera acreditadas y no desvirtuadas las cuatro faltas imputadas en el auto de cargos al investigado JAIME ALFONSO BERMUDEZ NUÑEZ y su responsabilidad, conforme se señaló en precedencia. Las faltas señaladas en los numerales a), b), y d) se califican en forma definitiva como GRAVES, y como GRAVISIMA la señalada en el literal d), por cuanto con esta se tipifica la falta que como tal señalada el artículo 24 numeral 4 de la Ley 200 de 1995, esto es, la obtención de incremento patrimonial para sí o para otro con el ejercicio de las funciones encomendadas, como ocurrió en éste caso en donde con el servidor público celebró un contrato de prestación de servicios que sólo benefició al contratista, quien obtuvo más de mil millones de pesos del erario del Distrito de Santa Marta, sin haber ejecutado una sola actuación en defensa de la entidad. Por lo que a efectos de graduar la sanción se consideran finalmente como GRAVISIMAS. La imputación definitiva se hace a título de responsabilidad con DOLO, pues cada una de las faltas cuestionadas fue cometida por el investigado con el pleno conocimiento de que ese era el resultado que buscaba, para asegurar el pago al contratista de la gruesa suma de dinero. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN Las faltas gravísimas se sancionan con destitución e inhabilidad al tenor del artículo 32 de la Ley 200/905. En este caso, se impondrá como medida disciplinaria al

investigado la DESTITUCIÓN Y UNA INHABILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE

FUNCIONES PÚBLICAS POR EL TERMINO DE 5 AÑOS, habida consideración de los criterios establecidos en el artículo 27 ibidem, para determinar la gravedad de la falta, esto es, el grado de culpabilidad, la naturaleza, efectos; y las modalidades y circunstancias en que cometió los hechos. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en ejercicio de la asignación especial efectuada por el Procurador General de la Nación mediante auto de octubre 18 de 2005, 8

RESUELVE: PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al Doctor JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ identificado con la cédula de ciudadanía 12.541.976 de Santa Marta, en su condición de Secretario General del Distrito de Santa Marta, como autor responsable de las faltas disciplinarias imputadas en el proceso, calificadas en forma definitiva como GRAVÍSIMAS e imputadas a título de responsabilidad con DOLO, cometidas en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en este fallo, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se le impone sanción de DESTITUCIÓN y UNA INHABILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PUBLCIAS POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, como se señaló en la parte motiva.

TERCERO: Notificar personalmente al sujeto procesal la determinación tomada en esta providencia, con la advertencia que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, que deberán interponer dentro de los

tres días siguientes a la notificación personal o por edicto y sustentar dentro del mismo término. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario CUARTO: En firme la decisión remitir a la División de Registro, Control y Correspondencia los formularios para el registro de la sanción disciplinaria y enviar copia de los fallos de primera y segunda instancia si lo hubo, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción.

QUINTO : Comisionar a la Procuraduría Regional del Magdalena, para que notifique la presente decisión al investigado, que puede ser citado a la Diagonal 34 No.

10C-13 Villa Ely (FL. 129 Cuad. 2) de Santa Marta o a su apoderado Calle 23 No. 4-27 Oficina 401 Edificio Centro Ejecutivo (FL. 127 Cuad. 2).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado PD Moralidad Pública Exp. 162-81064-03 IJVP 9