PGN - DEFENSA TECNICA En materia disciplinaria es discrecional del investigado

PROCESO DISCIPLINARIO-Quien tiene licencia temporal no puede ejercer como defensor del disciplinado El marco jurídico del ejercicio de la abogacía está determinado por el Decreto 196 de 1971 y, últimamente, por la ley 1123 de 2007; sin embargo, como quiera que en ésta solamente se reguló el régimen disciplinario aplicables a los profesionales del derecho, la única norma de referencia es la primera. En los artículos 31 y 32 del Decreto Ley en mención se dispuso en que tipo de procesos podía ejercerse pero siempre con la respectiva licencia temporal. Tenemos entonces una sentencia de la Corte Constitucional que respalda la posibilidad de que los abogados con licencia temporal intervengan en los procesos penales y otra que avala la taxatividad del listado de materias en que es admisible dicha intervención. Sin embargo, en ninguna de ellas se hace mención a la posibilidad de que los egresados de las facultades de derecho, aún no graduados, pero con licencia provisional, ejerzan como defensores en procesos disciplinarios. CAMPO DE ACCIÓN DE LOS ABOGADOS CON LICENCIA TEMPORALAlcances de la figura/CAMPO DE ACCIÓN DE LOS ABOGADOS CON LICENCIA TEMPORAL Jurisprudencia de la Corte Constitucional En principio, pudiera concluirse que la autorización genérica para que los abogados no graduados, titulares de una licencia provisional, intervengan como defensores de oficio “en los procesos penales en general”, los está autorizando también para ejercer en materia disciplinaria, bajo el entendido de que ésta es una modalidad de la atribución punitiva del Estado.

En respaldo de ésta interpretación, pudiera decirse que si pueden actuar como defensores de oficio los estudiantes, que hagan parte de los consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho, con mayor razón podrían hacerlo aquellos egresados de dichas Facultades que no hubieren obtenido su grado pero estuvieren habilitados para el ejercicio profesional mediante una licencia provisional. Sin embargo, la interpretación que se acaba de hacer justifica solamente la intervención de los titulares de licencias provisionales, en calidad de defensores de oficio, lo cual se estima tanto más procedente, en aquellas ciudades en que no funcionen facultades de derecho legalmente reconocidas o en las cuales no funcionaren aún los Consultorios Jurídicos de aquellas. La situación de estas personas como defensores de confianza, es decir, designados por el implicado, es bien distinta: Las normas legales que autorizan el ejercicio de la profesión de abogado, teniendo como título habilitante una licencia provisional son restrictivas, limitando dicha atribución a casos específicos dentro de los cuales no se encuentra el de los procesos disciplinarios (literal a del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971). DEFENSA TÉCNICA-En materia disciplinaria es discrecional del investigado Respecto a las consecuencias derivadas de la aceptación de la intervención, como defensor de confianza, de un abogado titular de licencia provisional, es necesario empezar por advertir que en materia disciplinaria la defensa técnica es potestativa, es decir, discrecional del investigado. Con todo, en el momento en que el investigado decide dar poder a alguien para que lo represente en el trámite del proceso, se entiende que prefiere el ejercicio de una defensa

técnica a la defensa material que él mismo pudiera hacer. En lo que atañe a las razones que tiene para otorgar poder, éstas se pueden resumir en que estima idónea, a la persona designada, para defender sus intereses. La idoneidad, sin embargo, es un concepto que para efectos de la escogencia del defensor, es de carácter subjetivo, en cuanto es expresión de la convicción íntima de que la persona escogida posee los conocimientos jurídicos necesarios para asegurar la defensa técnica. Dicha convicción puede derivarse del conocimiento de las capacidades de la persona, merced a sus logros académicos o profesionales. Sin embargo, hay un componente objetivo que determina la idoneidad del abogado, que por regla general escapa a la valoración de su poderdante: Se estima idóneo a un abogado para asumir defensas en materia disciplinaria como apoderado de confianza, por el simple hecho de tener tarjeta profesional. Ésta idoneidad es la que interesa o debe interesar al investigador disciplinario; la otra, al investigado. CAMPO DE ACCIÓN DE LOS ABOGADOS CON LICENCIA TEMPORALIncidencias de su intervención en los procesos disciplinarios Pues bien, las incidencias de la intervención procesal del defensor de confianza que careciere objetivamente de idoneidad (por no tener tarjeta profesional sino licencia provisional), deberán mirarse desde la perspectiva de la afectación material que dicha intervención hubiere podido tener en el derecho de defensa del investigado; esto significa que se impone valorar si su falta de idoneidad objetiva no fue contrarrestada por su idoneidad subjetiva, es decir, por la suficiencia, pertinencia y ponderación de los actos de

defensa que hubiere propuesto. Se debe tener en cuenta, adicionalmente, que si el investigador optare por invalidar las actuaciones en que hubiere intervenido el defensor en dichas condiciones, o decretar la nulidad de las decisiones que se hubieren fundado en tales actuaciones “viciadas”, deberá considerar que la nulidad es un remedio procesal extremo para cuyo decreto se deben observar los principios que en el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), estableció el legislador para tales efectos. Otra consecuencia que se podría derivar del hecho de permitir la intervención en un proceso disciplinario de un defensor de confianza, que no tuviere tarjeta profesional de abogado sino una simple licencia provisional, es que objetivamente podría haberse permitido la violación de la reserva de la investigación, lo que impone, a su vez, una verificación en sede disciplinaria, de la responsabilidad del servidor público que permitió dicha situación. Lo anterior, sin perjuicio de las implicaciones que pudiere tener lo que en el Decreto 196 de 1971 se denomina “ejercicio ilegal de la abogacía”, respecto de la responsabilidad, no solamente de quien la ejerce, sino también de quien lo permite (artículos 41 y 42). Bogotá D.C., 14 de junio de 2011 PAD

C-034-2011

Doctora LEONILA E. ATENCIO BUSTILLO Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Universidad del Atlántico Km 7 Vía a Puerto Colombia Barranquilla, Atlántico Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co

Ref.: Su oficio CD-0160-11, radicado en ésta oficina el 14 de marzo de 2011.

Respetada Doctora: En el escrito de la referencia, formula usted los siguientes interrogantes: 1° “¿Puede ejercer en un proceso disciplinario como Defensor del Disciplinado aquella persona que tiene Licencia Temporal vigente al momento de la actuación y que fue designado por el disciplinado?” 2° “En caso de ser negativa la respuesta, ¿qué pasa con las actuaciones y notificaciones en las cuales hizo parte como Defensor del Disciplinado el licenciado temporalmente?

Al respecto, he de advertirle que la función consultiva asignada a este Despacho, (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no permite absolver casos particulares o concretos, de acuerdo con lo señalado en la Resolución número 127 de 3 de abril de 2008, proferida por el señor Procurador General de la Nación, por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en este organismo de control, menos aún si los hechos son susceptibles de procesos disciplinarios; por lo tanto, las respuestas en estos casos se deben limitar a suministrar elementos de juicio de carácter general y abstracto que sirvan para ilustrar el tema que interesa al peticionario. Respecto al primer tema de consulta, ha de tenerse en consideración que el marco jurídico del ejercicio de la abogacía está determinado por el Decreto 196 de 1971 y, últimamente, por la ley 1123 de 2007; sin embargo, como quiera que en ésta solamente se reguló el régimen disciplinario aplicables a los profesionales del derecho, la única norma de referencia es la primera.

En los artículos 31 y 32 del Decreto Ley en mención se dispuso: "ARTÍCULO 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos: a) En la instrucción criminal, y en los procesos penales, civiles y laborales, de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero; b) De oficio, como apoderado o defensor, en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación, y Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía. ARTICULO 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la fecha de su caducidad. Para este efecto, elevará solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio, acompañada de certificación expedida por la correspondiente Universidad, en que conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho”. Los literales a y b del artículo 31, fueron demandados en cuanto autorizan la

intervención de los abogados licenciados, en las defensas penales, pero la Corte encargada de velar por la integridad de la Constitución avaló las normas demandadas con los argumentos que a continuación se transcriben, por considerarlos pertinentes para el tema que nos ocupa: “1. La defensa técnica constituye un derecho fundamental que hace parte del conjunto de garantías que integran el debido proceso.

2. La configuración legislativa del derecho a la defensa técnica es susceptible de variaciones, dependiendo del tipo de procesos o de actuaciones en que deba observarse, sin que en ningún caso se altere su núcleo esencial. La misma Constitución defiere al legislador el señalamiento de los eventos en los que se puede acceder a la administración de justicia "sin la representación de abogado" (C.P. art. 229).

3. El derecho a la defensa técnica adquiere singular relevancia en el ámbito penal, ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 superior, "Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento..."

4. La aplicación del debido proceso a "toda" clase de actuaciones judiciales o administrativas, indica que el derecho en comento es predicable de "todo el itinerario en que se vierte la actuación judicial en el campo penal", pues "en toda la actuación procesal previa de instrucción, juzgamiento y ejecución de pena, debe prevalecer como garantía mínima la asistencia del defensor habilitado profesionalmente para dicho fin". A su turno, la referencia que en la norma constitucional citada se hace al "sindicado" ha de

entenderse "receptora de aquellas que en la misma normatividad aluden a los imputados, procesados y aún a los condenados"

5. El Constituyente dejó plasmada en la Carta la voluntad de asegurar el respeto pleno al derecho a la defensa técnica en el ámbito penal, mediante una "regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior", que "compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces"

6. Lo anterior significa que "dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la regulación legal o reglamentaria que lo permita"

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7. Así pues, "en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su derecho de defensa"

8. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica es difícil que siempre se

cuente con profesionales del derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales en que ello ocurra, la ley "puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, (Decreto 196 de 1971, arts. 30, 31 y 32, Decreto 765 de 1977) pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica" A la regulación de la situación excepcional a la que se acaba de aludir apunta el artículo 31 del decreto 196 de 1971, que autoriza a la persona "que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida" para ejercer la profesión de abogado, "sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios" entre otros asuntos, en la instrucción criminal o etapa investigativa y en ciertos procesos penales, así como de oficio, en calidad de apoderado o defensor, "en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación..."; hipótesis contenidas en los literales a) y b), que son tachados de inconstitucionales por la actora, bajo el entendimiento de que permiten al abogado sindicado de un delito atender los requerimientos de su propia defensa. Claramente surge de lo hasta aquí expuesto que la interpretación que la demandante vierte en su libelo no corresponde al supuesto regulado por el legislador ni al alcance de la norma, que se limita a establecer algunos asuntos en los que se admite que los

egresados de las facultades de derecho, "en trance de obtención del título profesional o del cumplimiento de requisitos especiales para el mismo como el de la judicatura, pongan sus conocimientos especiales adquiridos y actúen como abogados en la defensa de los intereses de los sindicados en los proceso penales, durante las etapas de investigación y juzgamiento" (…) Para la Corte los apartes acusados del artículo 31 del decreto 196 de 1971 no quebrantan la Constitución y, en consecuencia, se impone declararlos exequibles en la parte resolutiva de esta providencia”.1 El mismo año, a instancias del derecho reconocido a los ciudadanos en el numeral 6° del artículo 40 de la Norma Superior, la misma Corte hubo de pronunciarse sobre la delimitación del campo de acción de los abogados con licencia temporal, en los siguientes términos: “En lo que respecta al ejercicio de las profesiones, esta Corte debe reiterar que, a la luz del artículo 26 de la Carta y sin perjuicio del derecho fundamental en cuya virtud toda persona es libre de seleccionar la actividad que estime más adecuada a su vocación y aptitudes, la ley puede exigir títulos de idoneidad. El Estado, por conducto del legislador, asegura de ese modo el interés colectivo, que puede verse afectado por falta de niveles 1 Corte Constitucional; Sentencia C-025 de 1998; M.P.: Fabio Morón Díaz Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 5 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co mínimos de preparación y formación académica en quien ofrece sus servicios

profesionales. En el campo específico del Derecho, el articulo 229 de la Constitución ha dejado también en manos del legislador atribuciones suficientes para señalar los casos en que puede cualquier persona acceder a la administración de justicia sin la representación de un abogado. De la Constitución no resulta, como parece entenderlo el demandante, una regla que autorice a quien ha terminado estudios de abogacía para principiar a ejercer de una vez, por ese sólo hecho, en todo tipo de procesos, y para asumir en todas las instancias la representación judicial de las personas. Esa es una materia que corresponde definir a la ley, la que exige por regla general el título de abogado para desempeñar las funciones inherentes a la profesión, y si las normas legales señalan excepcionalmente que en ciertos procesos puede actuar quien carezca de título pero tenga determinado nivel de preparación, están apenas desarrollando la competencia constitucional otorgada. En consecuencia, a menos que se plasme una regla manifiestamente irrazonable, hace parte de la discrecionalidad del legislador la de establecer los tipos de procesos y las instancias en que puede actuar una persona todavía no graduada, y no por contemplar distinciones -que son necesarias en todo régimen excepcionalse vulnera el derecho a la igualdad alegado en esta ocasión por el actor. Sobre esa autorización legal ya dijo la Corte: "De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, es la ley la que puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y, por lo tanto, mientras no contravenga preceptos constitucionales ni desconozca los elementos mínimos de los derechos

fundamentales (como ocurre, según lo ha destacado la jurisprudencia, cuando se permite que cualquier persona sin aptitud ni preparación en el campo jurídico, asuma la defensa de un procesado), el legislador está autorizado para establecer los requisitos exigibles para el desempeño de las distintas actividades profesionales así como para estatuir grados o escalas de condiciones académicas según la naturaleza, contenido e importancia de los servicios que se presten en el ámbito de cada una de ellas. Del mismo modo, será el propio legislador el que defina cuándo determinados rangos de la gestión profesional no hacen exigible un título, dando lugar a la validez de las actuaciones correspondientes si se cumplen otros requisitos que la misma legislación consagre". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-626 del 21 de noviembre de 1996.

M.P: José Gregorio Hernández Galindo).

La Corte halla perfectamente ajustado a la Carta Política que el legislador delimite el campo de acción permitido a los titulares de licencias temporales y que ellas sean admitidas sólo en los trámites procesales taxativamente señalados por la ley. Con tales precisiones no se contravienen las cláusulas de los tratados internacionales invocados por el demandante (artículos 23 de la Declaración Universal de los Derechos Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 6 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co Humanos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los cuales se limitan a recalcar la

obligación estatal de permitir a las personas el libre ejercicio de su derecho fundamental al trabajo, el cual -se repiteno es incompatible con la exigencia legal de títulos de idoneidad. El legislador, si tiene entre sus facultades la de establecer los títulos de idoneidad, puede, dentro de nuestro sistema jurídico, señalar los asuntos para los cuales no son indispensables, es decir, los que exceptúa de su exigencia, autorizando por tanto que corran a cargo de personas no tituladas. Puede, por supuesto, entonces, estipular niveles intermedios de títulos, reconociendo idoneidad a quienes todavía no poseen el definitivo, pero siendo excepcionales tales niveles -como el de las licencias temporales y el de los estudiantes de consultorios jurídicos-, es lógico que la ley establezca para ellos ciertas limitantes. Eso explica que señale taxativamente los procesos y las instancias en que pueden intervenir los portadores de licencias temporales y que, en materia de recursos, no permita que se ejerza la actividad litigiosa en relación con el de casación, que es extraordinario y que exige un más alto nivel de preparación académica. Tampoco ha sido desconocido el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución, que confía al Estado la función de velar por los fines de la educación y por la calidad de la preparación de quienes han estudiado. La norma examinada procura precisamente asegurar la idoneidad de quienes hayan de ejercer como abogados, exigiendo el título que acredita un rango mínimo de preparación académica y excepcionalmente la licencia temporal, con un nivel inferior, lo que explica las limitaciones que para ese documento han sido previstas.

En cuanto a los numerales 21 y 22 del artículo 189 de la Carta Política, que incluyen dentro de las funciones del Presidente de la República las de ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza y la de la prestación de los servicios públicos, ambas son atribuciones administrativas que se desarrollan por aquél funcionario con arreglo a la ley, y lo que se estudia en el presente proceso no es si el Presidente está obrando adecuadamente en los indicados asuntos -ello no es de competencia de esta Corte en el ámbito del juicio de constitucionalidadsino si las disposiciones legales relativas a una determinada profesión son constitucionales. El cargo al respecto está mal formulado. Y, además, no es cierto -como lo afirma el impugnanteque corresponda al Gobierno expedir una Ley General o Marco en materia de servicios públicos, pues esa competencia es de naturaleza legislativa.2 Tenemos entonces una sentencia de la Corte Constitucional que respalda la posibilidad de que los abogados con licencia temporal intervengan en los procesos penales y otra que avala la taxatividad del listado de materias en que es admisible dicha intervención. Sin embargo, en ninguna de ellas se hace mención a la posibilidad de que los egresados de las facultades de derecho, aún no graduados, pero con licencia provisional, ejerzan como defensores en procesos disciplinarios. Ahora bien, en el Código Disciplinario Único expedido en 2002, el legislador autorizó por primera vez en el ordenamiento disciplinario, la intervención de los estudiantes de derecho que hicieren parte de los Consultorios Jurídicos de sus 2 Corte Constitucional, Sentencia C-744 del 2 de diciembre de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández

Galindo. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 7 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co respectivas Universidades, como defensores de oficio en los procesos disciplinarios (artículos 17 y 93). Con este marco normativo, pudiera concluirse que la autorización genérica para que los abogados no graduados, titulares de una licencia provisional, intervengan como defensores de oficio “en los procesos penales en general”, los está autorizando también para ejercer en materia disciplinaria, bajo el entendido de que ésta es una modalidad de la atribución punitiva del Estado. En respaldo de ésta interpretación, pudiera decirse que si pueden actuar como defensores de oficio los estudiantes, que hagan parte de los consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho, con mayor razón podrían hacerlo aquellos egresados de dichas Facultades que no hubieren obtenido su grado pero estuvieren habilitados para el ejercicio profesional mediante una licencia provisional. Sin embargo, la interpretación que se acaba de hacer justifica solamente la intervención de los titulares de licencias provisionales, en calidad de defensores de oficio, lo cual se estima tanto más procedente, en aquellas ciudades en que no funcionen facultades de derecho legalmente reconocidas o en las cuales no funcionaren aún los Consultorios Jurídicos de aquellas. La situación de estas personas como defensores de confianza, es decir, designados por el implicado, es bien distinta: Las normas legales que autorizan el ejercicio de la profesión de abogado, teniendo como título habilitante una licencia provisional son restrictivas,

limitando dicha atribución a casos específicos dentro de los cuales no se encuentra el de los procesos disciplinarios (literal a del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971). Respecto a las consecuencias derivadas de la aceptación de la intervención, como defensor de confianza, de un abogado titular de licencia provisional, es necesario empezar por advertir que en materia disciplinaria la defensa técnica es potestativa, es decir, discrecional del investigado. Con todo, en el momento en que el investigado decide dar poder a alguien para que lo represente en el trámite del proceso, se entiende que prefiere el ejercicio de una defensa técnica a la defensa material que él mismo pudiera hacer. En lo que atañe a las razones que tiene para otorgar poder, éstas se pueden resumir en que estima idónea, a la persona designada, para defender sus intereses. La idoneidad, sin embargo, es un concepto que para efectos de la escogencia del defensor, es de carácter subjetivo, en cuanto es expresión de la convicción íntima de que la persona escogida posee los conocimientos jurídicos necesarios para asegurar la defensa técnica. Dicha convicción puede derivarse del conocimiento de las capacidades de la persona, merced a sus logros académicos o profesionales. Sin embargo, hay un componente objetivo que determina la idoneidad del abogado, que por regla general escapa a la valoración de su poderdante: Se estima idóneo a un abogado para asumir defensas en materia disciplinaria como Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 8 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co

apoderado de confianza, por el simple hecho de tener tarjeta profesional. Ésta idoneidad es la que interesa o debe interesar al investigador disciplinario; la otra, al investigado. Pues bien, las incidencias de la intervención procesal del defensor de confianza que careciere objetivamente de idoneidad (por no tener tarjeta profesional sino licencia provisional), deberán mirarse desde la perspectiva de la afectación material que dicha intervención hubiere podido tener en el derecho de defensa del investigado; esto significa que se impone valorar si su falta de idoneidad objetiva no fue contrarrestada por su idoneidad subjetiva, es decir, por la suficiencia, pertinencia y ponderación de los actos de defensa que hubiere propuesto. Se debe tener en cuenta, adicionalmente, que si el investigador optare por invalidar las actuaciones en que hubiere intervenido el defensor en dichas condiciones, o decretar la nulidad de las decisiones que se hubieren fundado en tales actuaciones “viciadas”, deberá considerar que la nulidad es un remedio procesal extremo para cuyo decreto se deben observar los principios que en el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), estableció el legislador para tales efectos. Otra consecuencia que se podría derivar del hecho de permitir la intervención en un proceso disciplinario de un defensor de confianza, que no tuviere tarjeta profesional de abogado sino una simple licencia provisional, es que objetivamente podría haberse permitido la violación de la reserva de la investigación, lo que impone, a su vez, una verificación en sede disciplinaria, de la responsabilidad del servidor público que permitió dicha situación.

Lo anterior, sin perjuicio de las implicaciones que pudiere tener lo que en el Decreto 196 de 1971 se denomina “ejercicio ilegal de la abogacía”, respecto de la responsabilidad, no solamente de quien la ejerce, sino también de quien lo permite (artículos 41 y 42). Por último, téngase en cuenta que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Atentamente,

JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-034-2011

JCNB/MDCR

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