PGN - DELITO DE CONCUSION Definición

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2007 Doctor

MAURO SOLARTE PORTILLA

H. Magistrado Corte Suprema de Justicia

Sala Penal

H. Corte Suprema de Justicia

Ciudad

Ref.: 19528

Contra: Leonardo Caicedo Portura

Ex Representante a la Cámara

Asunto: Alegato precalificatorio Julio Ospino Gutiérrez, Procurador Segundo para la Investigación y Juzgamiento Penal, como representante del Ministerio Público dentro del trámite de la referencia y en atención a lo previsto en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, inciso segundo, expongo mis alegatos con la pretensión de que sean tenidos en cuenta al momento de calificar el mérito sumarial.

Hechos El señor Enrique Castro Rincón fue vinculado como Asesor II para el año de 1998 a la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces Representante a la Cámara por el Departamento del Vaupés, Leonardo Caicedo Portura, miembro de la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, quien fue promovido por gestión de éste último al cargo de Asesor V en la misma dependencia en el mes de marzo de 2000. El 8 de mayo de 2000, el ex Congresista le propuso a su subalterno que sería ascendido al cargo de Asesor VIII con la condición de que la diferencia de sueldo tenía que entregársela a él. Ante la exigencia, Enrique Castro Rincón le manifestó a su Jefe que no aceptaba el ascenso en esas condiciones, prefiriendo quedarse en el mismo grado, ante lo cual 1 le respondió que la condición para que permaneciera en ese cargo era la cancelación de una cuota de $500.000 que debía deducirse de su sueldo, la cual abarcaría desde

el mes en que empezó a devengar el sueldo en ese grado, o sea desde marzo, propuesta que si no era aceptada tenía como consecuencia la perdida del empleo. Ante la inminencia de quedarse sin empleo ó aceptar la exigencia, Castro Rincón aceptó el trato y a partir de tal fecha, hasta el 3 de octubre de 2001, canceló la suma impuesta, con el retroactivo respectivo, el cual fue cubierto el 8 y 9 de mayo de 2000. Para el pago de la respectiva cuota, en ocasiones cancelaba la totalidad de la cifra mencionada, y otras veces esta última era fraccionada según los gastos que al entonces Representante se le presentaban tanto en esta capital como en Mitú, lo que arrojó un total de $9.500.000. Para el mes de noviembre de 2001, el señor Enrique Castro Rincón le manifestó al doctor Leonardo Caicedo Portura que no podía seguir pagando la cuota mencionada por motivo de un embargo del sueldo que le habían reportado, lo cual menguaría en todo caso su salario; ante esto, el hoy procesado le solicitó la renuncia, con la amenaza de que si no renunciaba, haría que lo declaran insubsistente. Ante tal advertencia, el señor Castro Rincón condicionó su renuncia a la entrega del dinero que por su exigencia le había pagado, proposición aceptada por el ex Parlamentario al punto que le giró tres cheques al primero por las sumas de $3.000.000, $3.000.000 y $3.500.000, haciéndose efectivo los dos primeros, pues el último fue devuelto por insuficiencia de fondos en la cuenta corriente; con fundamento, en tal acuerdo el señor Castro Rincón expidió al ex Representante un

paz y salvo por todo concepto con fecha 14 de diciembre de 2002, fecha en la cual presentó la renuncia al cargo. Sin embargo, fue declarado insubsistente por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes a través de la resolución 0224 del 5 de febrero de 2002 a solicitud del ex Congresista. Problema Jurídico 2 ¿Leonardo Caicedo Portura, en su condición de Representante a la Cámara constriñó al señor Enrique Castro Rincón, exigiéndole dinero a cambio de continuar en el cargo que desempeñaba en la UTL adscrita al primero citado, o bien para su ascenso dentro de dicha Unidad? Tesis Leonardo Caicedo Portura, como Representante a la Cámara, si constriñó a Enrique Castro Rincón al exigirle dinero a cambio de su permanencia en el cargo que desempeñaba en la UTL adscrita a dicho Congresista.

Consideraciones

1. Se acreditó dentro de la instrucción que el doctor Leonardo Caicedo Portura ostentó la calidad de congresista para el período constitucional de 1998 a 2002, desempeñando tal dignidad para el momento en que se formuló la denuncia1 y registraron los hechos estudiados, aspecto que le permitió a esa Corporación conocer y decidir la apertura de la investigación de la referencia, conforme el artículo 74, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

A pesar de haber perdido la calidad enunciada por cumplimiento del período legislativo, acorde con el parágrafo del artículo 235 de la Carta Política, la Corporación retiene la competencia para conocer de este asunto, dado que los

hechos se encuentran dentro de la órbita funcional del Congresista. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, veremos si los presupuestos allí exigidos para dictar resolución acusatoria se encuentran presentes.

2. El doctor Leonardo Caicedo Portura fue elegido Representante a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Vaupés, durante el periodo legislativo comprendido entre 1998 a 2002.

Dentro de la legislatura mencionada y concretamente para el año 2000, gestionó ante la Mesa Directiva de la Célula Legislativa a la que pertenecía, el nombramiento 1 23 de mayo de 2002 3 como Asesor V en la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) que le asesoraba, del señor Enrique Castro Rincón; dicho nombramiento se produjo mediante resolución nro. MD-0282/2000. Es de aclarar, que dicho ciudadano se venía desempeñando de tiempo atrás como empleado en esa misma Unidad, en el cargo de Asesor II. Hecho importante de resaltar para mejor comprensión de lo planteado, es que el 9 de mayo de 2000, fecha en la que asegura el denunciante le hizo el Congresista la propuesta de ascenderlo a Asesor VIII a cambio de que le entregara la diferencia del sueldo, el hoy procesado, doctor CAICEDO, relacionó a través de oficio, al Jefe de la Sección de Registro y Control de la Cámara de Representantes la conformación de su Unidad de Trabajo Legislativo, reportando como novedad el ascenso del mencionado en la forma manifestada anteriormente, solo que tal propuesta fue corregida de su puño y letra, conforme lo reconoció el citado, para enmendar lo

anotado a fin de indicar que CASTRO RINCÓN no sería ascendido a Asesor VIII; en consecuencia, dicho ciudadano siguió en el cargo de Asesor V, hasta que se produjo su declaratoria de insubsistencia por la mentada Mesa Directiva, a través de la resolución MD 224 del 5 de febrero de 2002, obviamente a solicitud de CAICEDO

PORTURA.

3. Para dar claridad a la situación denunciada, se trajo la declaración de la señora GLORIA EDILMA BENJUMEA CORDERO, quien conoció de tiempo atrás al ex Representante, pues fue su jefe en la administración municipal de Mitú y quien asegura que ‘el disgusto de los dos (Congresista y Asesor) se debió a que el primero le pedía plata de su sueldo al segundo’, y que esa situación aunque no le consta directamente si le fue comentada por el señor Castro Rincón luego de que fuera declarado insubsistente.

Es cierto que esa manifestación por si sola no prueba la imputación, pero si se analiza en su entorno, verifica su consistencia y espontaneidad, se puede tener como un soporte importante de las conclusiones a que llegaremos en este caso. Digamos desde ya, que dicha señora agrega como dato de interés para esta investigación, que ‘el doctor Caicedo Portura si pedía en algunas ocasiones favores económicos a su personal subalterno’. Esta situación incluso es reconocida por el mismo procesado, aunque señala que en todo caso siempre cancelaba esos favores 4 No existe evidencia de que esta ciudadana tenga razones bien para mentir o hacer señalamientos amañados al hoy procesado, antes por el contrario, su conocimiento es franco, no deliberado y producto del devenir en las relaciones a que tuvo que

asistir; de manera que si ellos como se verá a continuación, resultan confirmados por otros medios de convicción, sólo resta creerle. Gloria Edilma Benjumea Cordero abiertamente manifestó que de su sueldo como Asistente IV del ex Representante dispuso de sumas de dinero en forma repetida y constante (alude a un espacio de dos años y medio) para entregársela a otra persona previamente señalada por el aquí procesado, aseverando, como si ello fuera normal, que se trataba de un mutuo acuerdo, que se manifestó en la solicitud del primero para que ayudara a ciertos jóvenes que provenían del Departamento de Vaupés y que concurrían a la oficina del ex Congresista, pues como líder político de la región debía ayudarlos en su sostenimiento en esta ciudad, aunque aclara que el efectivo nunca se lo daba a su superior sino que era entregado a quien lo solicitaba, auxilio que oscilaba entre $80.000 y $150.000. Aun cuando tal circunstancia la relata como si fuera un compromiso de quienes integraban en esa época la Unidad de Trabajo Legislativo del representante procesado, ante la pregunta concreta del funcionario comisionado respecto de si tal compromiso era cumplido por sus otros compañeros de trabajo, manifestó que no sabía nada al respecto; pero no se debe perder de vista que la modalidad a la que alude la testigo se ajusta a la mecánica que el denunciante implementaba para la entrega del dinero exigido por el entonces Congresista para que el denunciante permaneciera en el cargo de Asesor V. Concretamente, la señora Gloria Edilma Benjumea Cordero adujo que tal

‘colaboración’ se daba dentro del contexto de acuerdos celebrados entre las bases del electorado que apoyó al doctor Caicedo Portura en su pretensión de llegar al Congreso, tal como aconteció con ella, pues representaba a las madres de los estudiantes de su pueblo, agremiación que la postuló ante el Congresista para ocupar el cargo para el cual fue nombrada. Y si bien podría aducirse que a ella no le consta la entrega del dinero por parte del denunciante al ex Parlamentario, ello es lógico, porque en esa modalidad de 5 conducta delictiva su autor no deja testigos; sin embargo, de su dicho se advierte que aunque desconoce tal aspecto, ‘no sabe a que acuerdos llegarían los dos’ lo que muestra que si existían ‘acuerdos’ entre el nominador y sus subalternos.

4. Aunado el dicho de la declarante al del denunciante, conforme a las inferencias que ellos permiten, podemos ir concluyendo: para ocupar un cargo en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces Congresista investigado, había que hacer arreglos entre el ex Congresista y la persona nombrada, que el denunciante señala escuetamente como solicitud impositiva de una cantidad de dinero y que la señora Benjumea Cordero define como ‘colaboraciones’ que en todo caso se traducían en la práctica en la entrega de unas sumas de dinero a otras personas, todo lo cual en últimas venía a beneficiar electoralmente al procesado por cuanto detrás de los mismos estaban las bases de las organizaciones que lo apoyaban electoralmente, situación que significa simples ‘pagos por favores políticos’.

Por tanto, la declaración mencionada conduce a tener como creíbles los puntos

centrales de la denuncia del señor Castro Rincón a saber: (i) La exigencia de una suma de dinero tanto para su ascenso como para la permanencia en su cargo en la UTL por parte del investigado; (ii) La motivación de su declaración de insubsistencia que se originó en el no pago de la suma impuesta por el ex Representante.

5. Lo anterior permite valorar contextualmente las circunstancias en que se llevó a cabo la conducta delictiva mencionada, de la que existen claros hechos indicadores que no han sido desvirtuados hasta este momento procesal. Estos son: 5.1. En primer lugar, a pesar de que la vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo mencionada, data del año 1998, anualidad en la que resultó electo el investigado, el denunciante aduce que la exigencia del dinero solo se realizó a partir del mes de mayo de 2001, con retroactividad a los meses de marzo y abril; es decir, desde la fecha en que el procesado lo ascendió de Asesor II a Asesor V. Si la idea o ánimo del denunciante fuera la de perjudicar simplemente al ex Congresista, bien hubiera podido omitir tal circunstancia para aducir, contrariando la realidad, pero haciendo más gravosa la situación del acriminado y de alguna manera dando mayor consistencia al comportamiento, señalar que la exigencia dineraria se hizo desde el mismo momento de su vinculación laboral.

6 Adicionalmente, con esta inferencia lógica se contrarresta la afirmación del procesado en el sentido de advertir que si su intención era la de exigir el dinero, lo hubiera hecho desde el primer día en que se le vinculó a la UTL y no después.

Frente a ello, la Procuraduría Delegada considera a más de lo explicitado, que el acto de exacción arbitraria del funcionario público en provecho propio o de un tercero no requiere un momento determinado y concretamente, en tratándose de una relación laboral, para su configuración, no es requisito que el acto corruptor sea concomitante con la vinculación, pues bien puede devenir después, como el caso estudiado. 5.2. Segundo, el hecho de que no haya testigos del cumplimiento del trato propuesto, del cual dependía el ascenso a Asesor VIII, así como su permanencia en el cargo que ocupaba para el mes de mayo de 2000 (Asesor V), no quiere decir que el procesado no haya obrado de tal forma. Es necesario resaltar, frente al punto, que una empleada de la misma Unidad (quien fungía como secretaria del Congresista), afirma que en la dinámica interna de la oficina existían acuerdos o tratos entre el nominador y sus subalternos que le concernían específicamente a estos, razón para que a nadie le constara los convenios privados que regían la contratación de cada uno de ellos, pues no es razonable, desde la dinámica del infractor y del comportamiento marginal, dejar constancia de sus acciones ilícitas. Además, nótese que tanto denunciante como denunciado hablan de una relación personal dentro de la cual se enmarcó la exigencia mencionada, que éste último, desbordó. Ante tal circunstancia, resulta perfectamente creíble y acorde con esa dialéctica que el señor Castro Rincón afirme que jamás se enteró de un hecho igual dentro de la oficina o que alguno de sus compañeros haya salido por tal motivo, pero ello si existía como

queda demostrado. Su caso no fue el único. 5.3. Tercero, dentro de ese ‘trato’, al cual accedió el denunciante por la posición subordinada frente a su superior, se encuentra que éste valiéndose de su posición se hacía servir del subalterno al punto que para él era normal que el denunciante asumiera gastos elementales como fotocopias, gasolina del carro, papelería, propaganda política, etc., conforme a la relación sucinta que en su momento hizo quien estaba siendo víctima, y cuyas fotocopias fueron aportadas en la ampliación de denuncia. 7 Frente a estas circunstancias, es bueno reflexionar sobre el punto pues quien se da a la tarea de hacer una relación de gastos tan pormenorizada como lo hizo el denunciante, no es solo para inventarse ciertas presiones. Pero en todo caso, no interesa frente a la exigencia del dinero y su prueba, cuales fueron las razones que motivaron a Castro Rincón a dejar constancia de todos esos gastos. De otra parte, nótese como la mecánica utilizada por el ex Representante es coherente con quien se cree el dueño de los cargos, al punto que puede hacer exigencias a sus subalternos como si fueran siervos de su feudo, tal como se puede deducir de la declaración de quien fungía como su secretaria. 5.4. Cuarto, el origen del giro de tres cheques suscritos por el ex Representante aparece frente al dicho del denunciante no solo consistentes con éste, sino también coherente con el desarrollo del comportamiento, pues una vez que le pidió la renuncia a su subalterno, la que fue motivada por la falta de pago de la suma acordada, éste le exigió que le pagara todas las cuotas que le había deducido

durante el lapso indicado del año 2002, previo a la presentación de la renuncia, a lo que accedió el procesado, tal vez creyendo que pagando tal suma evitaría una denuncia subsiguiente ante la irregularidad de la que había sido objeto el asesor mencionado. No pudo advertir el procesado que a futuro, en el momento en que no se hizo efectivo el tercer cheque, y ante la renuencia al pago de la última cuota, ese hecho originaría la denuncia que hoy se estudia. Por el contrario, las afirmaciones del procesado devienen frente a lo anotado, falaces en cuanto pretenden hacer creer sin ningún soporte probatorio y contradiciendo la mecánica y realidad aquí demostrada, que le giró unos cheques al denunciante en calidad de préstamo; cuando todo muestra que era siempre lo contrario; y que la declaratoria de insubsistencia se debió a su libre disposición sobre tal cargo, cuando existen hechos indicadores que señalan que el origen de aquellos se debe a un acuerdo previo, el cual incumplido, generó la desvinculación en comento.

6. Pero lo anterior no es todo, aparecen además otras circunstancias que encajan perfectamente en el contexto mostrado; en efecto, nótese como sumados los tres cheques, los cuales son reconocidos por su emisor, estos dan justamente la cifra que 8 dice el denunciante tuvo que pagar como garantía de su permanencia en el cargo, y cuya contabilización específica elaboró, coincidiendo exactamente entre la fecha en fue nombrado como Asesor V y su insubsistencia, costumbre por demás atípica de cualquier ciudadano del común, percibida claramente por la señora Gloria Edilma Benjumea quien se refiere al denunciante como una persona muy ordenada que

anotaba todo en una agenda. Además, el investigado al reconocer como suyos tales cheques no logra justificar su emisión. Por tanto, el argumento de que estos son producto del dinero que le prestó al mencionado, contraria toda lógica, porque quien presta una gruesa suma, como la analizada, deja al menos un título valor en garantía, fija intereses, da un plazo y no actúa ‘al descubierto’ como pretende hacerlo creer ingenuamente el procesado. Por ello, no resulta creíble la versión del ex Congresista respecto a lo anotado y tampoco en relación con el origen de la denuncia formulada en su contra, la que considera una estrategia del señor Castro Rincón para no pagar el dinero prestado, cuando la evidencia indica que los cheques emitidos fueron un reconocimiento de que las cifras anotadas por el señor Castro Rincón tienen como origen la exigencia de dinero que desde el mes de mayo de 2000 se le exigió y entregó al procesado por permanecer en el cargo citado.

7. De otra parte, resultan creíbles las circunstancias que rodearon la renuncia del denunciante, la que formalizó a través de carta de fecha 14 de diciembre de 2002, recibida por el procesado conforme consta de su con su puño y letra, hecho reconocido por el mismo en su indagatoria, por lo siguiente.

Nótese como a pesar de tal situación, el ex Representante no formalizó la aceptación de la renuncia inmediatamente, como era su deber, documento entregado aún dentro de las sesiones ordinarias del Congreso, las cuales se extienden hasta el 16 de diciembre de cada año. Contrario a lo que se espera de tal trámite, pasó un oficio a la

Mesa Directiva de la Cámara con fecha 1° de febrero de 2002 en el que solicitó la declaratoria de insubsistencia del señor Enrique Castro Rincón. Por esa razón, resultan contradictorias las explicaciones que dio el procesado frente a tal aspecto, pues aunque aduce que recibió el escrito de renuncia, su secretaria lo refundió. Por el contrario, la señora Benjumea Correa afirmó que para el 28 o 29 de 9 enero de 2002, ya el Asesor no laboraba en el Despacho del procesado, constándole tan solo que en diciembre de 2001, si laboró, aclarando que la carta de renuncia le fue pedida a todos los que integraban la Unidad de Trabajo Legislativo, pero que en definitivas de la existencia o no de la renuncia no tuvo conocimiento. Conclusión, el entonces representante la guardó y procedió a lo reseñado.

8. De manera adicional, frente a los ‘pequeños favores económicos’ que el ex Representante aceptó haber pedido al señor Castro Rincón, considera esta Delegada del Ministerio Público, que los mismos tienen ciertas similitudes con los ‘tratos’, ‘acuerdos’ o ‘convenios’ que el mencionado tenía con su personal subalterno para solventar las necesidades de diversa índole, que los particulares que concurrían a su oficina le solicitaban, las cuales, conforme lo manifiesta en su indagatoria, eran suplidas por los mismos, en sus ausencias en esta ciudad, argumento con el que pretende justificar los envíos que aparecen en los folios 10 y siguientes del cuaderno nro. 1 de la Corte, que fueron aportados con la denuncia como prueba de los giros

que obligatoriamente tenía que hacer Castro Rincón a su Jefe, cuando estaba en su región, para que lo mantuviera laboralmente activo. En todo caso, de las devoluciones que dice haber realizado el acriminado de dichos ‘favores’, ninguna prueba se tiene o siquiera se ha insinuado. Igual predicamento merece la explicación que dio el procesado en relación con la factura de venta que aparece a nombre de los dos, y que trató sobre el pago de unos plegables que serían entregados dentro de un Congreso Indígena, suma que afirmó fue devuelta al señor Castro Rincón, pero de cuya prueba ni siquiera se ha hecho mención.

9. Así las cosas, esos ‘créditos internos’ de subalternos para con su superior no encuadran dentro de la lógica de la relación laboral, ni de la realidad aquí demostrada, pues dada la condición de Congresista de quien lo solicitó, bien puede inferirse que buscaban favorecer sus intereses personales, en cuanto a sus aspiraciones políticas, siendo por todo lo anotado, al parecer una costumbre por parte del investigado.

De manera que con base en estas reflexiones podemos colegir que las aseveraciones del señor Castro Rincón se tengan como conformes a la verdad en lo 10 que tiene que ver con las exigencias del cual fue víctima, así como de la sui generis modalidad de pagar favores políticos a través del mecanismo de ‘créditos internos’ o como se le quiera llamar. Tipicidad De lo indicado y cabalmente acreditado, dada su pluralidad, convergencia y congruencia así como su fuerza persuasiva, se evidencia la efectiva realización de la

conducta materia de investigación, la que se enmarca en el artículo 140 del Código Penal de 1980, modificado por la Ley 190 de 1995, en su artículo 21, vigente para la época de su realización, pues fue precisamente su condición de Representante a la Cámara, la que le permitió abusar de su cargo para constreñir a su subalterno con la finalidad de que le diera una suma de dinero de su sueldo para su propio provecho y el de terceros. Dicho precepto establece: “Art. 140. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8 ) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.”. La norma transcrita, al ser la vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos punibles (8 de mayo de 2000), y no observándose que normas posteriores sea favorables o permisivas2, es la aplicable en desarrollo del principio de legalidad. Se hace claridad, que si bien, conforme está acreditado en el expediente, la consumación de la conducta delictiva ocurrió en vigencia de la norma mencionada, los efectos de la misma se extendieron hasta el 3 de octubre de 2001, fecha en la que ya estaba rigiendo la última normatividad mencionada, sin que ello importe a la hora de aplicar el principio citado y en todo caso si existiere alguna hesitación, ello

queda solventado por el principio de favorabilidad. Ahora bien, la norma mencionada que reprime el delito de concusión, permite establecer que tal modalidad delictiva consiste en un abuso de autoridad, al punto que promueve en la víctima un temor inusual que la determina a dar o prometer algo que no debe, en el presente caso a dar, conforme quedó demostrado. 2 Ley 599 de 2000 11 De todas formas, a partir de la descripción típica transcrita se tiene que para la configuración de la misma han de estar presentes los siguientes requisitos, que a su vez, se encuentran probatoriamente establecidos en esta oportunidad a saber: (i) La calidad de servidor público del sujeto activo del delito, en este evento la del ex Congresista Leonardo Caicedo Portura. Igualmente la relación que tienen los hechos estudiados con las funciones que desempeñó como Representante a la Cámara el mencionado, al ostentar la facultad de hacer nombrar y desvincular los miembros de su grupo de trabajo. (ii) El abuso del cargo o de las funciones de este. En el presente caso, el comportamiento del investigado es ejemplo de lo que constituye un abuso de la función pública, pues con la exigencia del dinero, desbordó indebidamente los límites de las facultades que la ley otorga a quien es elegido Congresista de la República, el cual si bien tiene facultad nominadora para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, ello no es razón suficiente para que perversamente viole tales límites. (iii) El empleo de actos de constreñimiento, inducción o de solicitud. En el caso que se estudia, el análisis de las pruebas, establecen que los actos ejecutivos del ex

Congresista se adecuan a la modalidad del constreñimiento, pues si bien no aparece constancia de haberse utilizado, para mover la voluntad de la víctima, medios claramente coactivos, si se aportaron medios de prueba que muestran como el denunciante fue intimidado por un acto de poder de quien tenía la facultad de vincularlo a la función pública o hacerlo declarar insubsistente. De ahí que Castro Rincón tenía una disyuntiva frente a la exigencia: pagaba la suma exigida o se iba del cargo. (iv) La entrega o promesa indebida de dineros o de otra utilidad hecha al funcionario o un tercero. En la situación que se analiza, hubo una entrega física de varias sumas de dinero, que se exigieron con retroactividad a los meses de marzo y abril de 2000, correspondientes a $500.000 mensuales, los cuales se podían fraccionar, utilizándose varios mecanismos: la asunción por parte de la víctima de ciertos gastos del sujeto activo, conforme se analizó, o la entrega de dinero a terceros, quienes acudían al ex Representante para solicitar diversos favores, hacen parte de esa modalidad. 12 (v) Relación de causalidad entre el acto del funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o utilidad indebidos. Este elemento se observa en el caso analizado en cuanto la investidura de Congresista produjo en la víctima un temor fundado, consistente en que si no cumplía la exigencia sería expulsado de la Unidad de Trabajo Legislativo por quien tenía la facultad de así disponerlo. Ello le impedía asumir, ante la inminencia de la pérdida del empleo, las consecuencias de su

negativa de acceder al acto arbitrario y marginal del investigado. En otras palabras, dada la potestad del nominador para disponer del cargo de la víctima, muestra el nexo entre el acto de poder y la condición que tuvo que cumplir el denunciante para evitar ser declarado insubsistente, tal como aconteció finalmente cuando se negó a cumplir la exigencia. Ahora bien, conforme a criterios de la jurisprudencia de esa Corporación3, el delito de concusión como el que se imputa al procesado es de mera conducta y no exige para su configuración la satisfacción de la utilidad pretendida, bastando para ello con el despliegue del acto de inducción , constreñimiento o de solicitud del servidor público en abuso de su cargo o de sus funciones, lo que significa que queda consumado en el mismo instante de la violencia moral , como fue la propuesta que manifestó el ex Congresista para que el señor Enrique Castro Rincón, cumpliera a cambio de su permanencia en el cargo. Ello significa que hay consumación del delito independientemente de que el dinero o la utilidad indebidos que se exigen hayan penetrado o no a la esfera de disponibilidad del actor, según se deriva tanto del alcance de los verbos que el legislador consagró en ese tipo penal como del bien jurídico que resulta lesionado con la comisión de esa clase de conductas, esto es, la administración pública que resultó quebrantada. En el presente caso, como quedó dicho, existen pruebas que permiten inferir que el dinero si entró a la órbita del servidor público investigado; la antijuridicidad está entonces también presente. Por tanto, lo que el proceso revela es que el doctor Leonardo Caicedo Portura,

abusando de su función de Congresista, constriñó al señor Enrique Castro Rincón al exigir una suma de dinero tanto para ascenderlo como para mantenerlo 3 Radicación 24237, Sentencia de Segunda Instancia de fecha 26 de enero de 2006, Magistrada Ponente, Marina Pulido de Barón. 13 laboralmente. Dicho de otra manera, incurrió en un acto de corrupción hasta lograr la ilícita entrega de parte del salario de su subalterno. Por lo demás el accionar del procesado en todo tiempo fue consciente y voluntariamente quiso su realización, pues no se otra forma se explica el procedimiento desplegado por el citado; de manera que el aspecto de la culpabilidad igualmente se encuentra presente. Si lo analizado es así, como en efecto lo es, debemos concluir que se encuentran reunidos los requisitos contenidos en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 para proferir resolución de acusación en contra del ex Representante a la Cámara Leonardo Caicedo Portura por la tipicidad en comento. PETICIÓN Conforme a lo anterior, solicito que se profiera Resolución de Acusación contra el doctor Leonardo Caicedo Portura, por el delito de Concusión, conforme al contenido del artículo 140 del Decreto 100 de 1980, de acuerdo a lo analizado. Atentamente, Julio Ospino Gutiérrez, Procur