PGN - DELITO El ilícito de omisión de agente retenedor o recaudador es una forma especial

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JORGE LUÍS QUINTERO MILANÉS

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 27.525) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la sola modificación de la pena de multa, confirmó la condena que profirió el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad contra Álvaro Enrique Almanza Pradilla por el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, en concurso homogéneo y sucesivo.

Su defensor interpuso el recurso extraordinario de casación y admitida como fue la demanda por el Magistrado Sustanciador, el Agente ordinario del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación procede a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1. HIPÓTESIS DELICTIVA En su condición de Notario 58 de Bogotá, Álvaro Enrique Almanza Pradilla, declaró sin pago el recaudo de retención en la fuente e impuesto a las ventas entre los meses de abril de 1998 y julio de 2001 por un total de $677.610.0001, así que vencido el plazo para consignar esa suma a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) omitió hacerlo.

2. SINOPSIS PROCESAL Denunciado lo anterior, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y la Eficaz y Recta Impartición de Justicia de Bogotá decretó la apertura formal de la

instrucción, declaró persona ausente a Álvaro Enrique Almanza Pradilla y admitió la demanda de constitución de parte civil. Agotado el ciclo instructivo dispuso su cierre y el mérito probatorio del sumario lo calificó con Resolución de Acusación del 7 de octubre de 2002 contra el citado por el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, en concurso homogéneo y sucesivo. La etapa procesal de la causa la adelantó normalmente el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, que rituó el juicio oral público y finalmente dictó la sentencia del 1 Cfr. f. 155 y 156 c. instrucción. 2 19 de enero de 2006, por medio de la cual condenó al encartado como autor responsable del delito por el que se lo acusó y le impuso la pena principal de 46 meses de prisión y multa de $1.395.202.000, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Tras negarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad se la sustituyó por la prisión domiciliaria, y lo obligó a pagar por concepto de perjuicios materiales $697.601.000, más los intereses moratorios. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del recurso de apelación conoció de dicha determinación, y con la suya del 1° de diciembre de 2006 redujo la pena de multa a $697.601.000 y la confirmó en todo lo demás.

3. LA DEMANDA Contra la expresada sentencia de segundo grado, en nombre y representación del

procesado Álvaro Enrique Almanza Pradilla, con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, se formula un sólo cargo, por errores de apreciación probatoria. Cargo Único (violación indirecta) Se sostiene que se incurrió en errores de hecho derivados de falsos raciocinios, los cuales a juicio del demandante condujeron a la aplicación indebida de los artículos 402 (inciso 1°) del actual Código Penal y 133 (inciso 1°) del anterior (modificado por los artículos 22 de la Ley 383 de 1997 y 19 de la 190 de 1995), así como a la correlativa exclusión evidente del artículo 42 (parágrafo único) de la Ley 633 de 2000, reformatorio del 665 del Estatuto Tributario, en concordancia con el 814, 814-2, 814-3 y 839 del igual cuerpo normativo. Tras recordar las reformas al artículo 665 del Estatuto Tributario, aclara que su “parágrafo” no contradice lo previsto en el inciso segundo del artículo 402 del actual Código Penal, según añade por cuanto la Corte Constitucional en sentencia C-009 de 2003 resolvió la antinomia al hacer prevalecer aquél con la modificación introducida por el artículo 42 de la Ley 633 de 2000. Con fundamento en lo anterior afirma entonces, que contrario a lo entendido por el Tribunal, el “acuerdo de pago” celebrado por el procesado con la DIAN “tenía la capacidad de extinguir la acción penal”, sin importar la modificación que le sobrevino al parágrafo en cuestión a través del artículo 21 de la Ley 1066 del 29 de

julio de 2006, con el cual se derogó lo relativo a la posibilidad de eximir de responsabilidad penal al agente recaudador si se producía un acuerdo de pago, 3 En su opinión, debió establecerse el sentido de la expresión “acuerdo de pago” con apoyo en el artículo 814 del Estatuto Tributario, a partir del cual concluye que ”podía consistir en la entrega de bienes para su embargo y secuestro que cubrirían el monto total de la obligación, incluidos sus intereses y sanciones, elemento este imprescindible del acuerdo, tal como lo dispone la norma [en cita] de manera expresa”. En concreto el falso raciocinio que le achaca al Tribunal dice que ocurre cuando estimó que la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 dejaba sin vigencia el “acuerdo de pago” contenido en la Resolución No. 900126 del 29 de junio inmediatamente anterior, cuando en realidad esa decisión se adoptó con la No. 000241 del “21 de junio de 2000”1 (sic), la cual “nunca” se aportó al proceso. Agrega que respecto de este último acto administrativo, bien podría predicarse de él un falso juicio de existencia por suposición, pero sólo constituye el comienzo de un conjunto de conclusiones a partir de las cuales se quiebra la unidad jurídica inescindible del fallo impugnado. En este sentido alega que el Juez Plural concedió mayor poder suasorio a la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 y menospreció “el valor de otros [elementos de convicción] que apuntalan el acuerdo de pago —y su cumplimiento — contenido en la número 900126 del 29 de junio de 2001”, como los folios de

matrícula inmobiliaria que acreditan la observancia de lo previsto en el artículo 814 del Estatuto Tributario. Refiere entonces que en la consideración tercera de la Resolución No. 900126 del 29 de junio de 2001 se mencionó la “entrega” que el procesado hizo de sus bienes embargados por la Dirección de Impuestos y en el numeral primero de su parte resolutiva, que se comprometió a completar la garantía a satisfacción de esa entidad, así como a allegar los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles en los que constara el registro de la medida cautelar que la DIAN en desarrollo del mismo ACUERDO decretara sobre los bienes ofrecidos en garantía”. Pone de presente por tanto que en efecto la medida cautelar “se registró” en los folios de matrícula inmobiliaria números 50C-434156, 50C-434130 y 50N20199484. De otro extremo, sostiene que el Tribunal también se equivocó al concluir del Oficio No. 24360 del 21 de septiembre de 2001 que no hacía referencia al acuerdo de pago, pues según su entendimiento lo precavido allí era que el procesado no había cancelado ninguna de las obligaciones que tenía para con el Estado, “ignorando que precisamente por ello [se] llegó al acuerdo de pago tantas veces alegado, hecho que conforme a las reglas de la experiencia es incontestable”. 1 En la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 se cita una fecha en la parte considerativa (29 de junio de 2001) y otra en la resolutiva (29 de junio de 2000). 4 A su vez indica que de haberse confrontado el contenido de ese oficio con los

restantes elementos de persuasión se habría concluido que “de ninguna manera constituye un documento que se confeccionó para acreditar una situación determinada, sino que es un modelo que se envía a todas las personas que en la base de datos de la división de cobranzas de la DIAN aparecen como deudores”. Aduce que de aceptarse la conclusión del Tribunal, la comunicación en cuestión no contendría una nueva invitación para celebrar un acuerdo de pago por cuanto él ya se habría incumplido. De otro lado, con fundamento en el artículo 814-2 del Estatuto Tributario, discute que si la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 “no revoca el acuerdo de pago”, porque allí se alude a la No. 000241 del 29 de junio de 20001, la cual no tiene ninguna importancia frente al sub judice pues no fue objeto de valoración, así nuevamente se observa cómo se faltó a los postulados de la sana crítica por cuanto no se puede oponer a los medios de prueba que demuestran que el acuerdo de pago fue una realidad y se cumplió. También critica al Iudex a quo porque con fundamento en el Oficio No. 85-32175/025947 el 30 de julio de 2004 arribó a la conclusión de que el acuerdo de pago no existía, desconociendo por tanto la prueba obrante y las “reglas de la experiencia” que surgen del contenido del mismo. Afirma de él que “para nada menciona la existencia del acuerdo de pago y menos el incumplimiento”, por cuanto lo que enseña es que el procesado “no ha cancelado ninguna de sus obligaciones tributarias que tiene para con el Estado y

esa fue la razón por la que entregó sus bienes dentro del acuerdo de pago”. Por último, menciona que contrario a lo señalado por la prueba, el Juez Colegiado descartó la aplicación del artículo 42 de la Ley 633 de 2000 al concluir que el acuerdo de pago finalmente no se materializó, a pesar de que el enjuiciado actuó conforme el ordenamiento jurídico se lo ordenaba. En consecuencia, pide se case la sentencia y absuelva al procesado de todos los cargos imputados. 4.- CONCEPTO La censura expone en lo esencial y al amparo del cuerpo segundo de la causal primera del recurso extraordinario de casación, que debido a errores en la apreciación probatoria se llegó a la aplicación indebida de los artículos 402 (inciso 1°) del actual Estatuto Punitivo y 133 (inciso 1°) del anterior, por la correlativa exclusión evidente del parágrafo único del artículo 665 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 42 de la Ley 633 de 2000). 1 Cfr. Pie de página anterior. 5 La doctrina de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema es constante al señalar que la doble presunción de acierto y legalidad que ampara al fallo en sede de casación no se altera con la simple exposición de opiniones o al rotular el ataque bajo un determinado error en la apreciación de las pruebas, pues no sólo debe surgir meridiano de la actuación procesal sino envolver la incidencia suficiente para socavar los extremos del fallo. En el sub judice es claro anticipar que la queja no logra evidenciar verdaderos defectos trascendentes de estimación probatoria.

Si bien denuncia errores de hecho en la modalidad de falso raciocinio, se observa en primer término que las glosas alegadas corresponderían a falsos juicios de identidad por distorsión, ya que se pone de presente insistentemente que el Tribunal al valorar la prueba documental concluyó, “en contra de su contenido”, que no se había cumplido con el acuerdo de pago. Está ampliamente decantado que al falso raciocinio se llega por desconocimiento de los postulados de la ciencia, principios de la lógica o las reglas de experiencia al apreciar la prueba, pero a pesar de que se habla de la vulneración de las últimas, no obra indicación alguna en ese sentido, salvo que los Oficios números 24360 del 21 de septiembre de 2001 y 85-32-175/025947 del 30 de julio de 2004 daban cuenta de la existencia del acuerdo de pago y su cumplimiento, de donde se sigue que en definitiva ninguna regla del común ocurrir identificó y tampoco ahora se evidencia la trasgresión de alguna. Ahora, si bien le asiste razón al demandante en que para la época de los hechos el artículo 665 del Estatuto Tributario había sido modificado en su parágrafo único por el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, el cual prevalecía sobre el 402 del actual Código Penal1, igual se observa que el Tribunal fue consciente de ello (incluso de su última reforma a través de la Ley 1066 de 2006) y por ello indicó que el defensor le dio un alcance equivocado por cuanto el pago o la compensación impedían adelantar la acción penal más no así el simple acuerdo de pago2.

El contenido de la norma así lo refleja al consagrar que “no habrá lugar a responsabilidad penal… cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en debida forma”3, el que sólo es posible aplicar bajo las previsiones del artículo 814 del Estatuto Tributario, en especial al tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 6° de 1992 que lo modificó e incluyó “facilidades de pago” bajo la constitución de garantías de la más diversa índole, incluso la alternativa de ofrecer “bienes para su embargo y secuestro”4. 1 Conforme lo determinó la Corte Constitucional en Sentencia C-009 de 2003. 2 Cf. Página 8 del fallo del ad quem. 3 No sobra recordar que este aparte del parágrafo fue derogado por el artículo 21 de la Ley 1066 de 2006, pero como se anotó, estaba vigente para la época de los hechos. La subraya no pertenece al texto. 4 No se desconoce que el artículo 814 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) ha sido objeto de numerosas modificaciones, pues además de la citada están las realizadas en virtud de los 6 Por tanto, la conclusión del Juez Colegiado fue correcta al sostener que “inobservado el acuerdo como precisamente aconteció en el caso examinado, declarado sin vigencia el plazo concedido para cubrir la obligación tributaria…, surge entonces exigible, y cumplido además en forma antelada el requerimiento de rigor, de manera acertada fue formulada la denuncia que originó la investigación y el posterior juzgamiento en contra de ALMANZA PRADILLA”, así que el simple

“acuerdo de pago” celebrado por el procesado con la DIAN no tenía la capacidad de extinguir la acción penal. Así mismo, a pesar de que el artículo 814 del Estatuto Tributario precave la posibilidad de “acuerdos de pago” entre el agente recaudador y la DIAN para cumplir, como en este caso, con la cancelación de las sumas por concepto de retención en la fuente e impuesto a las ventas dejados de consignar oportunamente, evento en el cual el mismo se debe garantizar con la entrega de bienes para su embargo y secuestro, es claro que el equívoco del censor radicó en inadvertir cómo se había producido la medida cautelar en relación con los bienes del procesado y por tanto tozudamente alegar que ello obedeció a la aplicación de la norma en cita. Basta recordar entonces que la medida cautelar que pesa sobre los bienes inmuebles del procesado es fruto del cobro coactivo y no del “acuerdo de pago” como lo predica, pues la decisión del embargo ocurrió con anterioridad a la Resolución No. 900126 del 29 de junio de 2001 por medio de la cual se concedió la “facilidad de pago”. En efecto, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-434156 la anotación No. 20 señala que con oficio del 21 de enero de 2001 la División de Cobranzas de Bogotá dispuso el “embargo por jurisdicción coactiva” del predio allí comprendido; en el No. 50C-434130 se observa, en igual número de anotación, fecha y origen la misma situación; y en el No. 50N-20199484, en la anotación No. 9, que mediante

comunicación del 11 de febrero de 1999 la dependencia en cita procedió de idéntica manera. Más allá de lo anterior, es claro que el Tribunal no equivocó el sentido del artículo 814 del Estatuto Tributario en el cual se autoriza la celebración de “acuerdos de pago”, pues acertadamente concluyó que la sola constitución de garantías inmobiliarias —aún en principio suficientes— no relevaba al obligado de responsabilidad penal, por cuanto ésta surge de la apropiación indebida de los dineros públicos y no de si la Administración logra o no su recuperación1, sin olvidar que en el caso particular nunca se le dio cumplimiento a lo pactado. Al respecto en reciente fallo la Corte Suprema de Justicia puntualizó: “El hecho de que el procesado después de múltiples requerimientos de la DIAN y ante su evidente compromiso penal, artículos 114 de la Ley 488 de 1998, 48 de la Ley 633 de 2000, 21 de la Ley 1066 de 2006 y 51 de la Ley 1191 de 2006. 1 Cfr. Página 9 del fallo del ad quem. 7 haya peticionado a la entidad recaudadora un acuerdo de pago, no significaba que la Administración tuviera la obligación de admitirla o adherirse a la propuesta, y de ahí que razón le asiste al Delegado cuando advierte que… no es acertado concluir que la Administración, en este caso la DIAN, estaba inexorablemente atada a la oferta del agente recaudador que indebidamente tomó los fondos fiscales, porque el manejo del patrimonio estatal exige acciones cautelosas, que por tanto pueden llevar al rechazo de

propuestas que no consulten sus intereses Pero más allá de esa discusión, reitera la Sala que lo importante para el fallador es que no bastaba la simple solicitud del acuerdo de pago, sino su materialización, para lo cual el procesado debió «agotar los esfuerzos necesarios» con miras a ese propósito, de lo cual no observó prueba en el expediente, y ello era suficiente para excluir la configuración de la eximente de responsabilidad penal, que ciertamente debe entenderse como una causal de extinción de la acción, pues como lo advierte el Delegado, aunque la norma en cuestión —artículo 42 de la Ley 633 de 2000—, preceptuaba que en los eventos allí consagrados «no habrá lugar a responsabilidad penal», resulta antológicamente inaceptable que una conducta postdelictual como el pago de las sumas debidas por concepto de recaudos fiscales indebidamente retenidos pueda cambiar la acción original“1. Ahora, el error de apreciación probatoria fundado en que el Tribunal estimó que la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 dejaba sin vigencia el “acuerdo de pago” contenido en la Resolución No. 900126 del 29 de junio del mismo año, cuando con la que se adoptó el mismo fue la No. 000241 del 21 de junio de 2001, la cual “nunca” se allegó al proceso y por lo tanto no había prueba de su incumplimiento, es producto de la visión insular de la evidencia documental, pues simplemente se trató de un lapsus calami o error en la escritura en el acto administrativo citado en primer término. En efecto, la Resolución No. 900075 del 29 de agosto de 2001 alude a la No.

000241 del 21 de junio de igual año2 como aquella mediante la cual se habría concedido la facilidad o acuerdo de pago al procesado, cuando la actuación procesal señala que fue con la No. 900126 del 29 de junio de la misma calenda, pues basta observar la parte resolutiva de ésta, concretamente la “TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS”, y confrontarla con los conceptos y cifras indicadas en el acto administrativo inicialmente citado para reparar que se trata de los mismos, incluso las personas involucradas se corresponden íntegramente. Así las cosas, tampoco erró el Juez Plural al concluir, con fundamento en la Resolución No. 900075 mediante la cual se declaró sin vigencia el plazo concedido al acusado, que el acuerdo de pago contenido en la No. 900126 no se había 1 Sentencia del 1° de agosto de 2007, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez, Radicado No. 25.747. 2 En la parte resolutiva se anuncia el año 2000, lo que refuerza la idea del descuido en la escritura. 8 cumplido1, amen de que los folios de matrícula inmobiliaria atrás indicados arrojan la realidad del origen de la medida cautelar en ellos registrada, la cual el impugnante asume inadvertidamente era producto de la “entrega” espontánea que su representado hiciera de sus bienes para atender las previsiones del artículo 814 del Estatuto Tributario. Al conjunto de inexactitudes cometidas por el actor se suma la cifrada en que el Iudex ad quem erró al concluir que el Oficio No. 24360 del 21 de septiembre de

2001 no hacía referencia al acuerdo de pago, pues según el entendimiento de éste, lo anotado allí era que el procesado no había cancelado ninguna de las obligaciones que tenía para con el Estado, deducción que desde luego es acertada si se tiene en cuenta que con esa comunicación se daba cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 3050 de 1997, en tanto allí se consagra la obligación de requerir al agente retenedor o recaudador antes de presentar la denuncia penal ante la apropiación indebida de fondos fiscales. En efecto, el oficio en cuestión incluyó taxativamente las consecuencias de carácter penal que se derivan de la omisión de consignar la retención en la fuente y el impuesto a las ventas, y luego relacionó las cantidades adeudadas. Si bien allí se insiste en la facilidad o acuerdo de pago, en modo alguno de esa manifestación puede extraerse que respecto del caso particular se estuviera negando el agotamiento de ese trámite, ya que tal expresión es la consecuencia de tratarse de un formato y para mayor abundamiento sobre el punto, sea suficiente señalar que la misiva tiene fecha del 21 de septiembre de 2001 y las Resoluciones números 900126 y 900075 son del 29 de junio y 29 de agosto del mismo año, respectivamente, de donde se sigue que el oficio simplemente estaba agotando el trámite legal aludido, tal como lo reseñó el Tribunal2. La crítica sobre la apreciación del Oficio No. 85-32-175 / 025947 del 30 de julio de 2004, basada en que de su contenido no se deducía que el acuerdo de pago fuera

inexistente carece de fundamento, por cuanto lo que éste refleja y así lo estimó el Tribunal, es que finalmente la deuda no se canceló. En modo alguno se cumplió por parte del acusado con la obligación de restituir las sumas que por concepto de retención en la fuente e impuesto a las ventas fueron objeto de apropiación indebida, y es evidente entonces que el conjunto de reparos edificados en torno de la apreciación probatoria, que simplemente se limitan a enfrentar el criterio o la visión particular del actor con el del Tribunal en torno a la apreciación de la prueba documental, no logra quebrar las bases del fallo. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

5.- CASACIÓN « EX OFFICIO IUDICIS»

1 Página 7 del fallo del ad quem. 2 Cfr. Página 7 del fallo del ad quem. 9 La acusación imputó al Notario 58 de Bogotá la apropiación del recaudo entre abril de 1998 y julio de 2001 por concepto de la retención en la fuente y el impuesto sobre las ventas. Hecha la claridad de que las cifras “$4.85.000” y “$38.551” citadas en la Resolución de Acusación en realidad corresponden a $4.085.000 y $38.551.0001, respectivamente, las cuales se toman en este último valor pues en el contenido de aquella se mencionan los periodos que cubren y de allí la posibilidad de extraer la cantidad correcta, y una vez son computadas con las restantes arrojan la suma de $677.610.000. La convocatoria a juicio hace relación al delito de Omisión de Agente Retenedor o

Recaudador, y es sabido que este ilícito es una forma especial de peculado cometido por los particulares encargados de recolectar los fondos fiscales originados en las cargas impositivas anotadas2. Conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, “cuando el legislador remite a la consideración de la cuantía para efectos de la estructuración típica de la conducta a imputar, como en el caso del delito de peculado por apropiación, aquella se remite exclusivamente a los elementos sobre los cuales recae la conducta ilícita que constituyen el objeto material del reato…”3. La Resolución de Acusación fija a las partes el alcance del debate durante la etapa del juzgamiento y al Juzgador el marco fáctico, jurídico y subjetivo o personal dentro del cual deberá proferir el fallo, pero en este caso la sentencia tuvo en cambio por apropiado el monto de $697.001.000. Se trata de una diferencia del valor de lo apropiado que si bien no desfigura el ilícito, ni tampoco genera nulidad porque en una y otra decisión judicial existe en todo caso una determinación concreta de la cuantía, la falta de consonancia respecto de ella entre la acusación y la sentencia sin duda alcanza trascendencia acerca de la pena de multa, dado que el tipo penal la establece en relación con el valor de lo no consignado por el agente retenedor. En efecto, el artículo 402 del Código Penal actual señala la sanción de multa equivalente al doble de no lo consignado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales.

El Tribunal, por favorabilidad, cifró la multa en el monto total de lo apropiado conforme al artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980, y en esa forma, advertido que la determinación de la cuantía correspondiente al objeto material del delito supera la de la acusación, se hace necesaria la intervención unilateral de la Corte Suprema de Justicia conforme lo consagra el artículo 216 del Código de 1 Cfr. f. 3, 13, 18, 50 y 51 c. instrucción. 2 Cfr. Sentencia C-009 de 2003 de la Corte constitucional y el Capítulo Primero el Título Quince del actual Código Penal. 3 Sentencia del 26 de enero de 2005, M. P. Herman Galán Castellanos, Radicado No. 21.403. 10 Procedimiento Penal para que entre a reestablecer la garantía del debido proceso y asegure la consonancia que debe existir entre la imputación fáctica señalada en la convocatoria a juicio y la Sentencia, ajustando la pena de multa al valor precisado en la Resolución de Acusación. 6.- PETICIÓN Las consideraciones que anteceden son suficientes para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que desestime el cargo formulado contra la sentencia objeto de impugnación. De oficio CASE en forma parcial el fallo y modifique el monto de la pena de multa. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá, D.C., 9 de agosto de 2007