PGN - DELITO Interés ilícito en la celebración de contratos

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

E. S. D.

Ref: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado ÁLVARO CHAVES CABRERA contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que lo condenó por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos

Rad. No. 23.457

Honorables Magistrados: El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto dictó sentencia el 2 de agosto de 2004 en el que condenó a ÁLVARO CHAVES CABRERA a la pena principal de 54 meses de prisión y multa de $2.038.260.oo, mas la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, como coautor del punible de “interés ilícito en la celebración de contratos”.

La anterior providencia fue recurrida en apelación por parte del defensor del procesado CHAVES CABRERA, ante el Tribunal Superior de Pasto, que mediante providencia de octubre 13 de 2004, confirmó la de primer grado. Contra la anterior sentencia fue interpuesto el recurso extraordinario de casación por parte del defensor del procesado ÁLVARO CHAVES CABRERA, la que fue sustentada con demanda que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, encontró ajustada a las exigencias de ley. De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

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1. HECHOS Los resume en los siguientes términos el Tribunal Superior de Pasto: “La investigación penal se inició a raíz del contrato de ‘contraprestación de servicios por comisión de estudios’ celebrado el 15 de octubre de 1998, de parte de la Administración Pública, el Instituto Departamental de Salud, representado por su Director doctor ALVARO CHAVES CABRERA y el Director del Hospital Clarita Santos de Sandoná, doctor DIEGO IVÁN LÓPEZ DELGADO y de otra, como beneficiario, el doctor SILVIO GERMÁN CHAVES HUERTAS que para entonces se había vinculado como médico general a la última de las instituciones mencionadas y estaba unido con vínculos de consaguinidad con el primero de los citados de tío a sobrino. El objeto de la obligación contractual era adelantar estudios de especialización en neurología en la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública de La Habana (Cuba) por lo cual el nominador le concedió comisión de estudios mediante Resolución Nro. 038 proferida el día 13 de octubre de 1998”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 31 de marzo de 1999 la Fiscalía 18 Seccional de Pasto ordena la apertura de instrucción respecto del nombramiento del médico Silvio Chaves Huertas en Sandoná y “el supuesto viaje al exterior por cuenta del Instituto de Salud de Nariño” y al mismo tiempo ordenó la práctica de otras diligencias”, en relación con la comisión de estudios.

2. El 4 de febrero de 2002, la Fiscalía 52 Seccional de Pasto previa clausura de la

investigación procede a calificar el mérito del sumario, dictando resolución de acusación contra los doctores ÁLVARO CHAVES CABRERA y DIEGO IVÁN LÓPEZ DELGADO como coautores del delito contra la Administración Pública, al 2 mismo tiempo que declaró que el doctor SILVIO CHAVES HUERTAS actuó atípicamente, precluyendo la investigación en su favor.

3. La resolución de acusación fue impugnada y posteriormente confirmada en su integridad por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pasto.

4. Agostada la etapa de juicio con la audiencia preparatoria y la audiencia pública, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito en sentencia de 2 de agosto de 2004 condenó a los implicados CHAVES CABRERA y LÓPEZ DELGADO la que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Pasto.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Presenta la demanda el defensor del procesado ÁLVARO CHAVES CABRERA, en cuatro cargos, los dos primeros con fundamento en la causal tercera de casación, y los dos restantes con fundamento en la causal primera. 3.1. Primer cargo Causal tercera Con apoyo en la causal tercera de casación el demandante acusa la sentencia de haberse dictado en un proceso viciado de nulidad absoluta por incompetencia, al desconocer los términos de carácter perentorio que la ley ha establecido en pro de la justicia.

En el desarrollo del cargo parte de los artículo 29 y 228 de la Constitución Política que establecen el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas.

Posteriormente encauza su reproche en lo establecido en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal que limita el término de duración de la 3 investigación previa en un máximo de seis meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria. En el caso que se juzga la investigación se inició el 16 de marzo de 1999 con fundamento en un escrito anónimo sin fecha. La Fiscalía 18 seccional dispone la investigación y separación de la misma por cuanto los hechos denunciados debían investigarse por separado. Explica el censor que el 31 de marzo de 1999 vuelve ese despacho a proferir apertura de investigación previa para “determinar lo relacionado al nombramiento del médico SILVIO CHAVES HUERTAS en Sandoná, así como el supuesto viaje al exterior por cuenta del Instituto de Salud de Nariño, que es lo que se deduce de la denuncia anónima”. El 3 de diciembre de 2000 la Fiscalía 52 abre investigación formal contra los señores ÁLVARO CHAVES, SILVIO CHAVES y DIEGO IVÁN LÓPEZ, esto es, 20 meses y 3 días después de la apertura de investigación previa. Afirma el demandante que la inobservancia de los términos perentorios de la investigación previa por parte del instructor, constituye una irregularidad sustancial que quebranta el debido proceso de estirpe constitucional y de raigambre procedimental y por ende, no se trata de una irregularidad ritual subsanable porque afecta las garantías del procesado, ya que los términos judiciales no son de orden público y de obligatoriedad para los sujetos procesales sino que también

son la mayor garantía de equidad y justicia para el procesado. Concluye que de haberse acatado la norma, al funcionario de la fiscalía no le queda otra alternativa que proferir resolución inhibitoria pues al término de los seis meses no existía mérito para abrir formal investigación. Agrega que esta situación fue advertida por el Tribunal Superior cuando se refirió a que el expediente permaneció 4 años en la Fiscalía y 2 años en el Juzgado, pero 4 no tomó las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de los términos judiciales y esa actitud omisiva efecto el debido proceso y las garantías constitucionales fundamentales. Solicita finalmente se case la sentencia y se decrete la nulidad a partir del auto que declaró formalmente abierta la investigación y como consecuencia de ello el reenvío a la Fiscalía 18 Seccional de Pasto. 3.2. Segundo cargo (subsidiario) Causal tercera También con fundamento en la causal tercera de casación formula el demandante este segundo cargo subsidiario y considera violadas, entre otras, las siguientes disposiciones: artículo 29 de la Constitución Política, artículos 6º y 331 del Código de Procedimiento Penal, artículo 89, 90 numeral 2º y parágrafo único del numeral 6º del artículo 92 del mismo código. Estima el censor que la ruptura de la unidad procesal por parte de la Fiscalía 18 Seccional fue inmotivada contrariando el artículo 331 del C. de P. P. y desconoció flagrantemente el artículo 89 de la misma codificación que trata de la unidad procesal, así como las causas que motivan la ruptura de la unidad procesal. Afirma que como fácilmente puede advertirse, en principio la Fiscalía 18 Seccional

de Pasto continuó con el conocimiento de la investigación conforme a la preceptiva transcrita que ella misma inmotivadamente dispuso que se investigue por separado. Pero, posteriormente, con fundamento en la resolución 0374 de junio 13 de 2000, el señor Director Seccional de Fiscalías irregularmente la privó de la competencia legal que le asistía, para reasignarla a la Fiscalía 52 Seccional de Pasto, despacho que fijó sobre idéntica conducta un criterio contrario al expuesto por la Fiscalía 18 Seccional, si se tiene en cuenta que la presunta 5 ilegalidad emerge de la falta de derecho del médico Silvio Chaves Huertas en el otorgamiento de la comisión de estudios, según criterio del juzgador de primera instancia. Son decisiones contradictorias. La Fiscalía 18 Seccional de Pasto dio aplicación al artículo 327 del C. de P. P. absteniéndose de abrir investigación formal contra el doctor Álvaro Chaves Cabrera como Director del IDSN, por cuanto otorgó también comisiones de estudio a los médicos Germán Bravo Russi y Carlos Rosero Castillo; entre tanto, el Fiscal 52 Seccional le endilgó a Álvaro Chaves Cabrera el reproche penal por interés ilícito en la celebración de contratos, el origen del proceso que hoy en casación ocupa a la H. Sala. El Tribunal Superior afirmó que no se trataba de los mismos hechos que debían investigarse bajo la misma cuerda, porque se trata de dos actos administrativos autónomos que se diferencian por los beneficiarios, el lugar, la especialización, fecha de iniciación, duración etc. cuando la verdad es que se trata de varias

conductas del sujeto activo, situación que marca la diferencia de los fenómenos procesales de conexidad y ruptura de la unidad procesal al tenor de los artículo 90 numeral 2º y parágrafo del artículo 92 del C. de P. P. Afirma el demandante que si tenemos en cuenta, como acertadamente lo reconoce el sentenciador de segunda instancia, el nexo parental de tío a sobrino corresponde al tercer grado de consanguinidad, relación que no está comprendida dentro de ese marco jurídico y por consiguiente el doctor Álvaro Chaves Cabrera como representante legal del Instituto, sí estaba habilitado para suscribir el sui géneris contrato de contraprestación de servicios por comisión de estudios con su sobrino Silvio Chaves Huertas. También se funda el censor en lo establecido en el artículo 10º de la Ley 80 de 1993 para solicitar de la Corte de decrete la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 31 de marzo de 1999, por el cual se rompió la unidad procesal y ordene 6 el reenvío de la causa de la referencia a la Fiscalía 18 Seccional de Pasto que es el despacho judicial competente para que rehaga la actuación. 3.3. Tercer cargo Causal primera Censura la sentencia con fundamento en la causal primera inciso segundo del artículo 207 del C. de P.P., en armonía con el artículo 29 de la Constitución Política, por haberse proferido sentencia con violación de la ley sustancial de carácter adjetivo, esto es, un error de hecho in procedendo, pues el sentenciador ha omitido unas pruebas que en realidad existen en el proceso, incurriendo en un

falso juicio de existencia por omisión. El sentenciador de segunda instancia, afirma el demandante, omitió el examen y la valoración de la siguiente prueba documental: a) Plan de Capacitación del Instituto Departamental de Salud de Nariño, correspondiente a los años 1998 y 1999. b) Resolución número 0374 de junio 13 de 2000, dictada por el Director Seccional de Fiscalías de Pasto, mediante la cual adjudicó la competencia a la Fiscalía 52 de esa ciudad. c) Resolución 090 de octubre 29 de 1999, por medio de la cual se prorroga la vigencia de un acto administrativo, esto es, la comisión de estudios otorgada al médico Silvio Chaves Huertas. d) Acta del Comité Técnico del IDSN. e) Estudio respecto de la investigación realizada por el médico Fernando Sanzón Guerrero en convenio con la Universidad de Nariño. 7 F) Relación expedida por el señor Pagador del IDSN, por concepto de capacitación de los profesionales inscritos en el Programa Plan de Capacitación Comisión de Estudios correspondientes a la vigencia fiscal 1998-1999. g) Documentos suscritos por el señor Alcalde Municipal de Potosí, respecto a la vinculación laboral del médico Silvio Chaves Huertas. Concluye el censor que la omisión del examen y valoración de la prueba documental enunciada en precedencia, llevó inequívocamente al H. Tribunal Superior de Pasto a confirmar la sentencia de primer grado, cuando a no dudarlo, el examen conjunto de las pruebas de cargo y de descargo, una vez decantadas de acuerdo a la experiencia y a la sana crítica, le hubieran permitido adoptar una

decisión diferente, esto es, absolutoria. 3.4. Cuarto cargo Causal primera También censura la sentencia con fundamento en la causal primera de casación, por violación directa de la ley sustancial de carácter adjetivo por haber incurrido en un error de derecho in procedendo, teniendo en cuenta que según el razonamiento del sentenciador, la conclusión ha debido ser la atipicidad de la conducta y por consiguiente la absolución del procesado. Cita como normas violadas los artículos 29 y 228 de la Constitución Política; y los artículos 232 y 238 del Código de Procedimiento Penal. Afirma el demandante que el A quo le asigna una gran connotación al proceso de descentralización de la salud pública de acuerdo a la Ley 100 de 1993 que para la fecha de los hechos investigados era de gran trascendencia, para inferir de esa 8 circunstancia que el doctor Álvaro Chaves Cabrera “aprovechó el tiempo de influencia que aún le quedaba con respecto al Hospital Clarita Santos” aspectos que estimó fundamentales en la comisión del punible de interés ilícito en la celebración de contratos. Sin embargo el Ad-quem al ocuparse del recurso de alzada en la página 18 de la sentencia recurrida, afirma que para la Sala no tiene un carácter determinante o esencial en la configuración del tipo penal estudiado, uno, es el atinente a la descentralización y el otro a la condición de la vinculación de Silvio Chaves como médico del Hospital Clarita Santos. Agrega el demandante que del contrato de prestación de servicios se pueda deducir una conducta ilícita, pues no puede perderse de vista que se trata de un

contrato singular si tenemos en cuenta que las normatividades que regulan la comisión de estudio de los servidores públicos, tales como los Decretos 2400 de 1968; Decreto 1950 de 1973, Decreto 1666 de 1991 y decreto 1050 de 1997; Ley 443 de 1998, decretos 1567, 1568 y 1572 de 1998, que no explican la clase ni los requisitos que se exigen en esa especie de contratos, existiendo un vacío legislativo sobre el particular y entonces, mal haría el sentenciador en aplicar por analogía la Ley 80 de 1993, ya que ésta regula la contratación estatal con los particulares y no la contratación entre servidores públicos como acontece en el caso particular. Concluye el censor que ninguno de los falladores se ocuparon de la normatividad especial que gobiernan la comisión de estudios, pues de haberlo hecho habrían llegado a la conclusión de que el médico Silvio Chaves Huertas sí tenía derecho a la comisión de estudios y en consecuencia, la conducta atribuida resultaría conforme con el ordenamiento legal y el grado de parentesco completamente inocuo. 9 Además agrega que el haz probatorio lleva a la conclusión de la atipicidad de la conducta de interés ilícito en la celebración de contratos razón por la cual solicita se case la sentencia y se absuelva al procesado. Presenta el demandante como anexos de la demanda, los siguientes documentos: a) Providencia dictada por la Fiscalía 18 Seccional de Pasto de fecha 6 de junio de 2000, mediante la cual, por la misma conducta, dicho despacho se

inhibió de abrir investigación por los hechos denunciados, al considerar la atipicidad de la conducta a favor del doctor Álvaro Chaves Cabrera. b) Concepto suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud en el que hace un estudio de la normatividad relacionada con la comisión de estudios y que sirvió de fundamento a la decisión adoptada por la Fiscalía 18 Seccional de Pasto.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL 4.1. Primer cargo Causal tercera El primer cargo, edificado sobre la causal tercera de casación, tiene como argumento central el desconocimiento del debido proceso, norma superior de amplio espectro, que el demandante orienta hacia la inobservancia de los términos procesales, que también son del orden constitucional.

Son evidentes los errores en la formulación del cargo cuando el demandante lo hace al amparo de la causal tercera, pero además enuncia que la nulidad tiene origen en la violación directa de la ley sustancial, de carácter adjetivo, por error de derecho. 10 A pesar de los errores de técnica, que repite también en el segundo cargo, aborda el tema el Ministerio Público, aunque en repetidas oportunidades ya la H. Sala se ha referido que este tipo de reproche, el relacionado con el incumplimiento de los términos judiciales, no tiene como consecuencia la nulidad de toda la actuación. El artículo 324 del Decreto 2700 de 1991 no establecía un término de duración de la investigación previa porque estimaba el legislador que su duración estaba atada a la consecución de la prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para

vincular en calidad de parte al imputado. El término de dos meses se incluyó a través del artículo 41 de la Ley 81 de 1993 que posteriormente fue modificada por el artículo 19 de la Ley 504 de 1999, que unificó en dos meses el término de investigación previa para todos los procesos incluidos los de competencia de los jueces especializados, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-392 de 2000. Los seis meses a que se refiere el demandante al citar del artículo 325, no es del Decreto 2700 de 1991, sino a la Ley 600 de 2000, que inició su vigencia el 24 de julio de 2001. La mayor o menor amplitud del término de duración de la investigación previa deberá condicionarse, además de lo establecido en la ley, a la posibilidad de salvar la duda acerca de la ocurrencia de la conducta, si está descrita en la ley como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible. Por tanto, el término de los dos meses debe interpretarse a favor del indiciado, o de la persona contra la cual existe una denuncia o la información que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, a fin de evitar la ausencia de definición y la dilación en el tiempo de la toma de decisiones, pero unido a la objetividad del plazo de los dos o seis meses, debe hacerse además 11 una interpretación razonable, ya que el sentido de la existencia de una etapa

preprocesal no es otra que salvar las dudas, como lo consagra el artículo 322 del Ley 600 de 2000. La expresión "dilaciones injustificadas" del artículo 29 de la Constitución Política debe ser leída a partir del artículo 228 ídem -cumplimiento de los términose interpretada a la luz del artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que entiende a las "dilaciones injustificadas" como el “plazo razonable" que es necesario cumplir. “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable” La Comisión Europea de Derechos Humanos decidió elevar esta denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para esclarecer el alcance de la expresión “razonable”, y fue entonces cuando ideó la doctrina de los “siete criterios”, de los cuales resultaría la razonabilidad o no del plazo, los primeros tres relativos al de detención provisional y los últimos cuatro referidos específicamente al tema de los términos judiciales. Los mismos pueden resumirse de la siguiente manera:  La duración de la detención en si misma.  La duración de la prisión preventiva con relación a la naturaleza del delito, a la pena señalada y a la pena que debe esperarse en el caso de condena.  Los efectos personales sobre el detenido.  La conducta del imputado en cuanto haya podido influir en el retraso del proceso. 12  Las dificultades para la investigación del caso.

 La manera en que la investigación ha sido conducida.  La conducta de las autoridades judiciales. Bajo las siguientes consideraciones, se analizará, si la actuación llevada a cabo por la Fiscalía, desde la apertura de investigación previa hasta la apertura de instrucción, se ajustó a los términos exigidos por la ley. Efectivamente la Fiscalía recibió el día 16 de febrero de 1999 un escrito considerado como anónimo, en el cual se daba cuenta de una serie de irregularidades, contra diferentes personas, que motivó el 16 de marzo de 1999 a la Fiscalía 18 para no abrir formalmente investigación previa sino a seleccionar de lo denunciado, aquellas conductas “que bien pueden ser objeto de investigación”. La apertura de investigación previa se profirió sólo hasta el 31 de marzo del mismo año (1999), y en ella se dispuso, proceder a la indagación de unas conductas denunciadas, relacionadas con:  El nombramiento del médico Silvio Chaves Huertas en Sandoná  El supuesto viaje al exterior por cuenta del Instituto de Salud de Nariño. A partir de ese momento, la Fiscalía inició la consecución de documentos, contratos, pruebas allegadas a la investigación disciplinaria, como se aprecia de los folios 8 a 95 del cuaderno número uno; A folio 96, la Fiscal Silvia Rosero Mera, el 8 de febrero de 2000, profiere resolución de sustanciación, en la que ordena requerir a la Procuraduría Departamental la expedición de copias de los pronunciamientos de fondo y al Departamento de Salud de Nariño, copia de decretos así como la nomatividad vigente para efectos de conceder comisión de estudios y celebrar contrato de contraprestación de Servicios por la misma razón,

y otras pruebas. 13 El 16 de junio de 2000, la Dirección Seccional de Fiscalías procedió a la reasignación de las investigaciones, en cumplimiento de la Resolución 0374 de 13 de junio de 2000, actuación que finalmente le correspondió al Fiscal 52 Seccional, quien dispuso cumplir con las órdenes impartidas por su antecesora. El 3 de diciembre de 2000, el señor Fiscal 52 Seccional profirió apertura de instrucción, al estimar que: “examinado el voluminoso y complejo acervo probatorio, se estima que existe el mérito suficiente para abrir investigación formal contra los señores ALVARO CHAVES, SILVIO CHAVES y DIEGO IVAN LÓPEZ…..” En consecuencia, ordenó la indagatoria del doctor Álvaro Chaves, además de reiterar las pruebas que ya habían sido requeridas en la fase de investigación previa. Claramente se deduce que la investigación previa, abierta formalmente el 31 de marzo de 1999, se prolongó más allá del tiempo que para esa época establecía la ley, pero esa aparente dilación, como se expuso, debe estar precedida de la razonabilidad, que no es otra que valorar la situación particular de la dificultad que genera la investigación que surge a partir de escritos anónimos pero que exige de los funcionarios la posibilidad de verificación, con un claro grado de mayor dificultad. A pesar de haberse superado el término, esa situación no puede estimarse como violatoria del debido proceso, porque la investigación no fue abandonada, no se aprecia negligencia, por el contrario, existen las peticiones de documentos necesarios para valorar la necesidad de la apertura de instrucción.

En este orden de ideas, el reproche que ha sido expuesto por el demandante, en torno a la violación de derechos fundamentales, no tiene posibilidad de atacar la 14 sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Pasto, por cuanto no fue proferida en un proceso viciado de nulidad. En criterio del Ministerio Público, este cargo no tiene vocación de prosperidad. 4.2. Segundo cargo (subsidiario) Causal tercera Estima el censor que la ruptura de la unidad procesal por parte de la Fiscalía 18 Seccional fue inmotivada, contrariando el artículo 331 del C. de P.P. y desconoció flagrantemente el artículo 89 de la misma codificación. Para el análisis de este cargo se debe partir obligatoriamente del escrito anónimo en el que se da cuanta de una serie de presuntas irregularidades, las que apuntan a diferentes temas, así:  Contratación para la adquisición de elementos de dotación.  La situación del médico Silvio Chaves Huertas que fue nombrado en el Hospital de Sandoná, para facilitarle cursar estudios de neurocirugía en Cuba.  La situación de los señores Germán Bravo y Carlos Rosero a quienes sobre unos estímulos otorgados.  El préstamo de un vehículo de servicio oficial (buseta móvil de la salud) para transportar la reina a la ciudad de Cartagena.  Préstamo de un computador al señor Víctor Hugo Galeano.  Viáticos otorgados al médico Chaves y al Jefe Administrativo Dr. Alfonso Rodríguez.  La utilización por parte del Dr. Chaves de un conductor y un guardaespaldas.  Nombramiento de amigos en los cargos importantes que venían

15 acompañándolo desde la Caja Nacional de Previsión. La Fiscalía 18 Seccional de la Ciudad de Pasto el 31 de marzo de 1999 ordenó la apertura de investigación previa para: “determinar lo relacionado al nombramiento del médico SILVIO CHAVES HUERTAS , en Sandoná, así como el supuesto viaje al exterior por cuenta del Instituto de Salud de Nariño, que es lo que se deduce de la denuncia anónima” y para ello, ordenó se oficiara a la Alcaldía, al Director del Hospital de Sandoná y al Instituto Departamental de Salud, la información requerida. El 13 de junio de 2000, mediante Resolución 0374, el Director Seccional de Fiscalías de Pasto, en uso de de sus atribuciones legales, consideró:

1. Que en la Fiscalía 18 Seccional cursaban las siguientes investigaciones contra el Dr. Álvaro Chaves Cabrera: 82418-6701, 16503, 82418-3140, 82418-5578 y previa 5483. 2. “Que no es conveniente para los fines de la administración de justicia que una misma Fiscalía se adelanten todas las investigaciones en contra el mismo imputado, pues ello podría causar desconfianza sobre la tarea que se nos ha encomendado en detrimento de la imparcialidad y diafanidad que deben regir los actos de los funcionarios encargados de dirigir las actuaciones”.

Con fundamento en lo anterior, dispuso asignar las investigaciones a las Fiscalías 16 Delegada, 20 Delegada, 19 Delegada, a la Jefatura de la Unidad, y la Previa 5483 que por el delito de celebración indebida de contratos en contra de Álvaro

Chaves Cabrera a la Fiscalía 52 Delegada. Por esta razón, el 28 de junio de 2000, la Fiscalía 52 Seccional evocó el conocimiento de las diligencias preliminares, reiteró las pruebas que no habían sido evacuadas y el 3 de diciembre de 2000, ordenó la apertura de instrucción. 16 El 9 de octubre de 2001, la Fiscalía 52 Seccional procedió a definir la situación jurídica de los sindicados Álvaro Chaves Cabrera, declarado persona ausente, Silvio Germán Chaves Huertas y Diego Iván López Delgado, quienes rindieron indagatoria, les impuso al primero y al último medida de aseguramiento como coautores del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento a Silvio Germán Chaves Huertas. La decisión antes referida fue objeto de impugnación por vía de reposición y apelación y el 5 de diciembre de 2001, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Pasto confirmó la resolución que definió la situación jurídica proferida por la Fiscalía 52 Seccional. La resolución de cierre de la investigación también fue impugnada pero de igual forma confirmada por el mismo funcionario judicial 10 de enero de 2002. Escuchada la defensa y el Ministerio Público, la Fiscalía 52 Seccional de Pasto calificó el mérito del sumario el 4 de febrero de 2002, y acusó a Álvaro Chaves Cabrera y Diego Iván López Delgado en calidad de coautores de delito contra la

administración pública (interés ilícito en la celebración de contratos) y precluyó la investigación a favor de Silvio Germán Chaves Huertas, decisión que también fue apelada y el 28 de mayo de 2002, confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de la ciudad de Pasto. El 24 de junio de 2002, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, a quien le correspondió el juicio por reparto extraordinario, en cumplimiento del artículo 400 del C. de P. P., dejó a disposición de los sujetos procesales las diligencias para el estudio y preparación de las audiencias, así como la solicitud de nulidades y pruebas pertinentes. El procesado Diego Iván López Delgado solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, “solicito se estudie y defina la acumulación procesal con el juicio que cursa en el juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, causa 2000-0150”. 17 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito respondió a la petición de manera desfavorable, con fundamento en las siguientes consideraciones: a. La Ley 600 de 2000, sí desapareció de la normatividad procesal la acumulación jurídica de procesos, subsistiendo únicamente la acumulación jurídica de penas y no se puede invocar porque no tiene respaldo legal. b. Cuando el procesado invoca el principio de favorabilidad, porque la investigación se inició en vigencia del Decreto 2700 de 1991, el fallador realiza un estudio para concluir que no se trata de un fenómeno procesal con efectos sustanciales y menos que dicho instituto resulte más favorable a los intereses del sindicado.

En la audiencia preparatoria, las partes no manifestaron la existencia de eventuales nulidades y en ella se ordenaron las pruebas requeridas por los sujetos procesales. Concluida la Audiencia Pública, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito procedió a dictar sentencia en el asunto adelantado contra Álvaro Chaves Cabrera y Diego Iván López Delgado, en la que condenó a los doctores Álvaro Chaves Cabrera y Diego Iván López Delgado, a las penas principales para cada uno de ellos de 54 meses de prisión y multa en cuantía de dos millones treinta y o