PGN - DEMANDA Deben ser desestimadas pretensiones de esta al no prosperar acción de repeti

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con proceso de supresión de cargo de funcionaria RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Deber de incoar la acción de repetición en contra del funcionario responsable ESTADO-Responderá por daños antijurídicos que le fueren imputables por acción u omisión de autoridades públicas, según art.90 de la Constitución ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos para su viabilidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCI ÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta Se allegó copia de la totalidad del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2014-0416, que culminó con la sentencia condenatoria de primera instancia, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, en donde se condena a la Corporación a reintegrar a la señora……así como pagar todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su retiro, hasta el de reintegro efectivo, valor tasado en $165.242.167 ACCI ÓN DE REPETICIÓN-La prueba del pago de la condena es requisito esencial para su prosperidad Para el Ministerio Público, los documentos aportados por la parte actora para probar el pago resultan suficientes, toda vez que de su contenido es posible deducir el mismo en los términos que lo exige la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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1 SERVIDOR PÚBLICO-En sub examine están acreditadas sus calidades En el caso sub examine, el apoderado del demandante adjuntó junto con el escrito de la demanda copia autentica de la cedula, del acto de nombramiento y posesión del señor……y del señor….. Así mismo remitió Certificación expedida por el Coordinador de Gestión de Talento Humano de la CDMB, sobre el cargo ejercido por el señor….y del señor……Por lo anterior, el Ministerio Público encuentra debidamente probado la calidad de servidores públicos para la fecha de los hechos, de los demandados. ACCIÓN DE REPETICIÓNNo está probado el elemento subjetivo para endilgar responsabilidad al demandado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se demostró la existencia de dolo o culpa en las actuaciones del demandado luego de haber demostrado la calidad de servidor público, es necesario revisar si en efecto, existió una actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados y que esta haya dado origen a la condena que se le impuso a la Corporación. Sobre lo anterior, el Ministerio Público debe ser enfático en afirmar que el demandante no aportó prueba alguna que logre demostrar la actuación gravemente culposa o dolosa. El hecho de aportar la totalidad del expediente que culminó en condena en contra del Estado, no puede ser el único elemento probatorio que se aporte para este fin, pues el apoderado incurre en el error de creer que son procesos accesorios, cuando el Consejo de Estado ha sido contundente en establecer que el proceso de repetición es autónomo e independiente del proceso que culmina con una condena contra el

Estado. Aun así y revisando las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora….. en contra de CDMB, no se establece en ningún momento que haya habido una actuación dolosa o gravemente culposa de los acá demandados. DEMANDA-Deben ser desestimadas pretensiones de esta al no prosperar acción de repetición

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 010 / 2022

Bogotá, D.C., 01 de febrero de 2022 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente doctor FREDY IBARRA MARTÍNEZ

E. S. D.

Ref: 11001032600020180014100 (62.226)

Medio de Repetición Control: Actor: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de

Bucaramanga

Demandado: Ludwig Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polania

Trámite: Trámite Concepto Ministerio Público.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

1. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), presentó demanda en contra de los señores Ludwig

Arley Anaya Méndez y Jorge Alfredo Carrera Polania, quienes se

desempeñaron como director general y coordinador de gestión de talento humano, respectivamente, para el año 2014 en la Corporación, cuando por medio de un acto administrativo se dispuso suprimir el cargo de la señora Lady Yadira Torres Figueroa.

2. La demanda de repetición, se basa en los siguientes hechos:

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 3  Por intermedio de apoderado judicial y ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la señora Lady Yadira Torres Figueroa, Tomas Alejandro López Torres y Flor Ángela Figueroa López, presentaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual se solicitó, decretar la nulidad del Acuerdo 1262 de 20 de enero de 2013 suscrito por el Consejo Directivo de la CDMB, por medio del cual se modifica y se determina la estructura orgánica de la CDMB; el 1263 de 20 de diciembre de 2013, suscrito por el Consejo Directivo de la CDMB, por medio del cual se modifica la planta de personal de la CDMB y el 1244 de 14 de mayo de 2013 suscrito por el Consejo Directivo de la CDMB, por medio del cual se otorga autorización al Director Regional de la CDMB al igual que el oficio sin numeral de 09 de enero de 2014, expedido por el Coordinador de la Oficina de Talento Humano de la CDMB, mediante el cual se comunicó la supresión del empleo de Técnico Administrativo, Código 3124 Grado

15, por falsa motivación y desviación de las atribuciones y por carecer de competencia o en forma irregular. Como consecuencia de lo anterior solicitó se ordenara a la CDMB, a reintegrar a la Sra. Lady Yadira Torres Figueroa sin solución de continuidad en el mismo cargo desempeñado en iguales condiciones al momento de la desvinculación o en otro de igual o de superior categoría; condenar a la CDMB al pago de los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro; decretar que no hubo solución de continuidad desde el momento del retiro hasta el día del reintegro; condenar a la CDMB, a favor de las accionantes al pago de perjuicios materiales y morales con la suspensión del cargo hasta la suma de 1.000 smlmv. Por último, solicitó la liquidación de intereses moratorios del artículo 195 del CCA, por demora en pago de la sentencia y que se condenara en costas y agencias en derecho a la CDMB.  El proceso le fue asignado al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga, quien expidió la sentencia de primera instancia el día 28 de septiembre de 2015, mediante la cual se decretó la nulidad del Oficio de fecha de 09 de enero de 2014, expedido por el Jefe de la Oficina de Talento Humano de la CDMB, el señor Jorge Alfredo Carrera Polania, por medio del cual le fue comunicada la supresión del cargo a la señora Lady Yadira Torres Figueroa, por encontrarse causal de nulidad por falta de competencia para proferir el acto administrativo contenido en el Oficio

de 09 de enero de 2014, argumentándose que al tratarse éste, del

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 4 verdadero acto que individualiza la supresión del cargo de la accionante, nace viciado de nulidad, por cuanto los Acuerdos que lo sustentaron fueron desconocidos para la señora Lady Yadira Torres Figueroa, quien solo los conoció hasta el 26 de enero de 2014, día de su publicación en el diario oficial, y por tanto es un acto enjuiciable, quedando demostrada la vulneración al debido proceso y el derecho de defensa. Además argumento el despacho de conocimiento que el Coordinador de Gestión de Talento Humano no era competente para retirar del servicio a la demandante y que dicha competencia se encontraba únicamente en cabeza del Director General de la entidad, de conformidad con lo estipulado por el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, siendo dicha facultad delegable solamente si se contaba con previa autorización del Consejo Directivo de la Corporación demandada en los términos del numeral 7 de la misma norma.  La apelación fue conocida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, profiriendo sentencia de segunda instancia, el día 16 de agosto de 2017, siendo confirmada la sentencia de primera instancia. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó reincorporar a la señora Lady Yadira Torres Figueroa sin solución de continuidad, al cargo que venía ocupando de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 15, o a uno equivalente y como restablecimiento de

derecho ordenó pagar a la parte actora de forma indexada los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde el día 10 de enero de 2014, hasta la fecha en que se produjera el reintegro.  El día 30 de noviembre de 2017, fue expedida la Resolución No. 1064, por parte del Director General de la CDMB, y notificada el 04 de diciembre de 2017, a fin de dar cumplimiento con el fallo y reincorporar a la señora Torres Figueroa a la planta transitoria de la CDMB en el cargo de Técnico Administrativo Nivel Técnico Código 3124 Grado 15 sin solución de continuidad, así como ordenar el correspondiente pago.

3. Por lo anterior, la CDMB adelanta este proceso en donde solicita lo siguiente:  Que se declare que el señor Ludwing Arley Anaya Méndez en calidad de director general de la CDMB para el año 2014 y el señor Jorge Alfredo

Carrera Polania, en calidad de coordinador de gestión de talento

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 5 humano de la CDMB para el año 2014, son administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios de orden patrimonial causados a la CDMB, en cuantía de $165.242.167.  Como consecuencia de lo anterior, condenar a los demandados a pagar a la CDMB, la suma de $165.246.167, como consecuencia de la

condena impuesta en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conocida bajo el radicado 2014-0416. 1.2. La Oposición.

4. El Curador Ad Litem asignado para ejercer la defensa del señor Jorge

Alfredo Carrera Polonia no presentó contestación a la demanda. Por su parte la defensa del señor Anaya Méndez, en su escrito presentó algunas excepciones que ya fueron resueltas por el Despacho, se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda, al considerar que no fue demostrado por la CDMB la actividad dolosa o gravemente culposa de su defendido que culminó con la condena en contra de la entidad y por ende ha solicitado una sentencia absolutoria en favor de su poderdante.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

5. Consiste en determinar, en primer lugar, si se cumplen los elementos estructurales del medio de control de repetición, para posteriormente evaluar la responsabilidad de los demandados, es decir, si su actuar fue gravemente culposo o doloso.

6. Para dar respuesta al problema jurídico planteado a continuación se desarrollarán los siguientes temas: i) referente jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción de repetición, ii) la prueba del pago cuyo reembolso se pretende, iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 2.2. Referente jurisprudencial sobre los presupuestos de viabilidad de la pretensión de repetición.

7. Respecto a la acción de repetición y los supuestos exigidos para su

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 6 viabilidad, el Consejo de Estado1 ha precisado: “El artículo 90 de la Constitución Política establece que “(…) En evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste” (Subrayado fuera de texto) Así mismo, sobre la acción de repetición la Ley 678 de 2001 dispone que ésta es un mecanismo judicial por medio del cual la Administración puede obtener de sus funcionarios o ex funcionarios la restitución del capital que debió reconocer a algún particular como resultado de una condena proferida por la jurisdicción por daños antijurídicos que hubieren sido ocasionados por un agente del Estado. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001 reza lo siguiente: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte de Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)” “(…) ha explicado en abundantes providencias2 los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la

normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición3. Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria 1 Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2013. EXP 46.162 2 (pie de página de la cita) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras. 3 (pie de página de la cita)Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente: 33407.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 7 de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena. La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación4, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que

genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto5. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente6 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. 4 (pie de página de la cita) La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. 5 (pie de página de la cita) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327. 6 (pie de página de la cita)El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia

que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 8 iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.”

8. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración. 2.3. Caso Concreto – Hechos probados y análisis: 2.3.1. Condena impuesta.

9. Se allegó copia de la totalidad del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2014-0416, que culminó con la sentencia condenatoria de primera instancia, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, en donde se condena a la Corporación a reintegrar a la señora Torres Figueroa, así como pagar todos los salarios y

prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su retiro, hasta el de reintegro efectivo, valor tasado en $165.242.167 2.3.2. Prueba del pago.

10. Para acreditar el pago la entidad demandante allegó entre otras las siguientes pruebas al proceso:  Copia autentica de la totalidad del expediente administrativo que reposa en la CDMB, referente al cumplimiento y pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander.  Copia autentica de la Resolución 1064 de 30 de noviembre de 2017,

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 9 y 1147 de 22 de diciembre de 2017.  Copia autentica de la cuenta de cobro suscrita por el apoderado de la señora Torres Figueroa.  Comprobante de egreso y comprobante de transferencia bancaria en favor del apoderado de la señora Torres Figueroa.  Copia autentica del certificado de disponibilidad presupuestal No. 0016 y copia autentica del registro presupuestal No. 0008.  Copia del oficio remitido al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga donde se informa el cumplimiento de la condena.  Copias auténticas de los comprobantes de pago a las distintas cuentas y subcuentas del sistema de seguridad social en favor de la señora Torres Figueroa.  Copia autentica de las resoluciones 0029, 0117, 0125 de 2018 y de

la liquidación final de prestacionales sociales correspondiente a la condena impuesta a la CDMB.

11. Para el Ministerio Público, los documentos aportados por la parte actora para probar el pago resultan suficientes, toda vez que de su contenido es posible deducir el mismo en los términos que lo exige la jurisprudencia del Consejo de Estado. 2.3.3. De la conducta dolosa o gravemente culposa del agente.

12. Previo a analizar el elemento subjetivo, se hace necesario estudiar la calidad de servidor público de los demandados. Sobre la forma idónea para acreditar la calidad de servidor público, el Consejo de Estado ha precisado7: “Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes.

Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba 7 Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2014. Expediente 39730

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 10 documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción

previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley”. De manera más reciente, el Consejo de Estado ha sostenido la posibilidad de acreditar la calidad de servidor público por medio de cualquier prueba documental en la que la entidad a la que se encontraba vinculada la persona acusada de producir el daño cuya reparación tuvo que sufragar la primera, certifique o dé cuenta, por lo menos, de la forma de vinculación del agente, las funciones correspondientes a su cargo y el tiempo durante el

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 11 cual prestó sus servicios a la entidad8.” (Resalto y subrayo)

13. En el caso sub examine, el apoderado del demandante adjuntó junto con el escrito de la demanda copia autentica de la cedula, del acto de nombramiento

y posesión del señor Anaya Méndez y del señor Carrera Polania. Así mismo remitió Certificación expedida por el Coordinador de Gestión de Talento Humano de la CDMB, sobre el cargo ejercido por el señor Anaya Méndez y del señor Carrera Polania.

14. Por lo anterior, el Ministerio Público encuentra debidamente probado la calidad de servidores públicos para la fecha de los hechos, de los demandados. 8 (pie de página de la cita) Al respecto, en la sentencia del 27 de febrero de 2013 se dijo que: “Si bien el

Tribunal concluyó que efectivamente se encontraba acreditada la calidad del ex agente del Estado del demandado, derivado de la mención hecha en la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, en sede de reparación directa, esta Subsección considera que dentro del proceso no obra ninguna prueba que así lo indique. En primer lugar, el oficio remitido por el Ejército Nacional de 22 de junio de 2011 simplemente indicó que el señor Fernández Quesada se encontraba retirado, pero no se observa la forma de vinculación, o las funciones que le correspondían, ni el tiempo en que estuvo prestando sus servicios al Ejército Nacional. Así mismo, la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2004 que resolvió la acción de reparación directa impetrada por los familiares del soldado regular Víctor Rodríguez, en un aparte sostuvo que con fundamento en un certificado emanado por el Oficial de Sección Base de datos de Dirección de Personal del Ejército Nacional se puede deducir que efectivamente sí era miembro de tal institución.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp: 43.189) Más adelante, en sentencia del 6 de marzo de 2013, Exp: 43460, se afirmó lo siguiente: “Por lo tanto, la calidad de agente o ex agente del Estado en este caso pudo haberse acreditado con una certificación de tiempo de servicio, o con la demostración del vínculo legal o reglamentario que impera para los empleados públicos. Contrario a ello, en el sub lite no obra ninguna prueba que acredite que

efectivamente el señor Tarra Zipa era empleado público para la fecha de ocurrencia de los hechos descritos, no pudiendo imputarle responsabilidad”. Finalmente, dentro en la sentencia identificada con el No. de expediente 42.920, se sostuvo que “(…) respecto del primer requisito, (calidad del agente) que obra en el material probatorio original de los extractos de la hoja de vida de los señores José Nevet López Giraldo y Jorge Alonso Puerta Duque suscritos por el Coordinador Grupo de Archivo General de la Policía Nacional, en donde se indica fecha de vinculación y retiro de los agentes mencionados (Fls. 102 y 103 C.1), Certificaciones originales del Codificador de Nómina Área de Talento Humano Meval de la Policía Nacional correspondiente a los señores Carlos M. Rodríguez González y Juan Oquendo, en donde se manifiesta la fecha de vinculación de los mencionados señores y que se encuentra vigente su vínculo con la entidad (Fls. 111 y 119 C.1) y Copia simple del acta de posesión del 22 enero de 1993 del señor Juan Manuel Oquendo Puerta, como agente profesional (Fl. 130 C. 1). Adicionalmente, de la prueba trasladada se puede corroborar la calidad de funcionario de los agentes de policía para la época de los hechos”.

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15. Seguidamente, y luego de haber demostrado la calidad de servidor público, es necesario revisar si en efecto, existió una actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados y que esta haya dado origen a la condena que se

le impuso a la Corporación.

16. Sobre lo anterior, el Ministerio Público debe ser enfático en afirmar que el demandante no aportó prueba alguna que logre demostrar la actuación gravemente culposa o dolosa. El hecho de aportar la totalidad del expediente que culminó en condena en contra del Estado, no puede ser el único elemento probatorio que se aporte para este fin, pues el apoderado incurre en el error de creer que son procesos accesorios, cuando el Consejo de Estado ha sido contundente en establecer que el proceso de repetición es autónomo e independiente del proceso que culmina con una condena contra el Estado.

17. Aun así y revisando las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora Torres Figueroa en contra de CDMB, no se establece en ningún momento que haya habido una actuación dolosa o gravemente culposa de los acá demandados.

Por lo anterior, el Ministerio Público se permite presentar las siguientes:

III. CONCLUSIONES

18. El Ministerio Público considera que los documentos aportados por el demandante son suficientes para acreditar los elementos objetivos de este medio de control, esto es, el pago resultante de una sentencia condenatoria, y también para demostrar el pago efectivo de la obligación que dio origen a la presente demanda, toda vez que dan cuenta que el pago efectivamente se realizó en los términos señalados en la ley y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

19. Con respecto al elemento subjetivo, el Ministerio Público encuentra que el apoderado del demandante no aportó los documentos o los demás medios

probatorios necesarios para demostrar la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados.

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20. En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que en fallo de única instancia se desestime las pretensiones de la demanda, en tal sentido se eleva esta solicitud a la H. Sección Tercera.

Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Procurador 1º Delegado Ante el Consejo de Estado

Proyectó: Pablo Andrés Corredor Gómez.

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