PGN - DERECHO A LA HONRA Es un derecho fundamental

DERECHO A LA HONRA-Es un derecho fundamental Considera el Ministerio Público que la honra y el buen nombre, derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y por tratados internacionales de derechos humanos, no han sido vulnerados por las partes, hasta el grado de tener relevancia penal, y en cambio sí, de manera recíproca han pretendido desdibujar su reputación y el respeto por su persona en su condición de tal, situación que cada uno afirma afectó su integridad moral. DERECHO FUNDAMENTAL-Jurisprudencia según la Corte Constitucional/ DERECHO AL BUEN NOMBRE-Es un derecho fundamental La propagación de información falsa o errónea genera distorsión en la sociedad, es decir, en el público en general y afecta el derecho al buen nombre de un individuo. También, el derecho a la honra se afecta por la información errónea, como por los comentarios y aseveraciones tendenciosas o apasionadas de contenido malintencionado respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma. También han afirmado los denunciantes que en la alocución radial, el investigado incurrió en el delito de calumnia. Del análisis de la alocución, puede predicarse a simples rasgos la atipicidad de la conducta atribuida al representante a la Cámara, pues no se encuentran demostrados los requisitos para predicar su existencia Bogotá, DC, 20 de febrero de 2012

CONCEPTO Nº 005 -1IJP

H. Magistrado.

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado Ponente Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia Ciudad.

REF.: Investigación Previa N° 32.707

Investigado: GUILLERMO RIVERA FLOREZ.

Cargo: Representante a la Cámara.

En mi calidad de representante del Ministerio Público dentro de las diligencias preliminares de la referencia, respetuosamente solicito a la H. Sala Penal dar aplicación a lo previsto en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000 y en consecuencia proferir auto inhibitorio a favor del investigado, teniendo en cuenta que la conducta por la cual se le investiga dentro del presente proceso es recíproca, como lo señala el artículo 227 de la ley antes citada, y exenta de responsabilidad por las siguientes consideraciones: SUPUESTOS DE HECHO Mediante oficios dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y a la H. Corte Suprema de Justicia, el señor FRANCO CORTÉS PINZÓN solicita que se investigue al Representante a la Cámara, Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ, por las conductas de injuria y calumnia, teniendo en cuenta que se siente perjudicado por las declaraciones que éste dio a la emisora latina stereo en Puerto Asís-Putumayo, en donde el 14 de septiembre de 2009 el Representante manifestó que: “Bueno, lo que tenía pendiente por comentarle a la ciudadanía, es que realmente estoy sorprendido de la ambición de algunos dirigentes políticos que los está llevando a extremos insospechados y sin antecedentes en la historia del Putumayo. Tengo información testimonial y documental que apunta a que presuntamente el señor LUIS FERNANDO OCHOA, está haciendo pactos con delincuentes para atentar contra mi honra y mi buen nombre, es tan fuerte la información y tan seria que el miércoles pasado, visité en su

Despacho al señor Fiscal General de la Nación, al Dr. GUILLERMO MENDOZA DIAGO, a quien le entregué la información repito, tanto testimonial como documental y le solicité que le investigue la conducta del señor LUIS FERNANDO OCHOA, y también la conducta del señor FRANCO CORTÉS, persona a quien no conozco, pero de quien tengo información presuntamente estaría pues prestándose para contribuirle al señor OCHOA, a hacer este tipo de pactos, yo quiero hacerlo públicamente por que me parece necesario que la ciudadanía valore este tipo de circunstancias, yo creo que los dirigentes políticos en el ánimo de obtener espacios de poder no pueden llegar a los extremos a los que presuntamente se está llegando, y en estas condiciones pues yo he querido acudir 2 directamente a la justicia, yo nunca me he reunido con delincuentes, nunca me he reunido con organizaciones armadas ilegales, por el contrario, he tenido el valor de denunciarlos desde hace muchos años, pero si otros dirigentes políticos están acudiendo a personas que puedan tener cercanía o que hayan militado o que militen en organizaciones armadas ilegales, pues creo que la política está llegando en el Putumayo a unos extremos y a un envilecimiento que es necesario que la ciudadanía conozca”1. (Sic). Por su parte, y mediante oficio dirigido también a la Fiscalía General de la Nación y a la H. Corte Suprema de Justicia, el señor LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA, denunció los mismos hechos. ACTUACIÓN PROCESAL  Con base en las denuncias mencionadas, se dispuso acreditar la calidad

foral del Representante denunciado, calidad que fue confirmada mediante certificación expedida por el Secretario de la Cámara de Representantes de 8 de octubre de 2009, en la que se indica que el Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ fue elegido Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2006-2010 y tomó posesión del cargo el 20 de julio de 2006 según consta en la gaceta del congreso No. 313 de 2006.  Mediante auto de 21 de octubre de 2009, la H. Corte Suprema de justicia inició investigación previa en contra del congresista denunciado por los delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA La H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para investigar y eventualmente juzgar al doctor GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ, según lo previsto en el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política, en concordancia con el primer inciso del numeral 7º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado que el Dr. RIVERA FLÓREZ se desempeñaba, para la época de los hechos denunciados, como Representante a la Cámara de Representantes para el período 2006-2010, aspecto que le otorga fuero constitucional. Afirma en uno de sus escritos el señor FRANCO CORTES PINZÓN que no es ningún delincuente, manifiesta no tener antecedentes penales ni de policía, y que

las sindicaciones que de manera pública realizó el parlamentario ponen en peligro su integridad física, su vida y la de su familia, ya que al realizar esas acusaciones en el Departamento de Putumayo, se invita a los actores del conflicto a tomar represalias en su contra, y en parecido sentido lo hace el señor LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA. 1 Entrevista de GUILLERMO ABEL RIVERA FLOREZ, emisora latina stereo, 14 de septiembre de 2009. 3 Ahora bien, hay prueba dentro del proceso de que el investigado, Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ, el 2 de septiembre de 2009, previo a sus manifestaciones en la emisora radial, interpuso denuncia contra personas indeterminadas con la finalidad de averiguar por algunos señalamientos que indicaban que él había recibido dinero de los paramilitares a cambio de impulsar una ley de reparación de victimas de éstos. No cabe duda, y así lo cree esta Procuraduría Delegada, que en contra del investigado se fraguó por aquel entonces una política de desprestigio con el fin de afectar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones parlamentarias, en las que aspiraba a una curul en la Cámara de Representantes, pues prueba de ello fue el anónimo interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación de 20 de agosto de 2009, en el que se le señalaba de tener vínculos con grupos al margen de la ley, situación que se desmintió con la investigación realizada por la H. Corte Suprema de Justicia y por la Procuraduría General de la Nación, según su competencia.

No falta a la verdad el investigado cuando manifiesta, en declaración rendida en la emisora radial el 14 de septiembre de 2009, tener en su poder información que le hacía presumir un plan para atentar contra su honor y buen nombre, pues reposa en el expediente, en especial, un ejemplar del periódico “el pulso” de enero de 2009, en donde en algunas páginas se lee: “…Presentamos documentos que demuestran que el Representante a la Cámara Guillermo Rivera está detrás de la persecución a DMG desde hace varios años….” (Pág. 1). “…Guillermo Rivera Flórez ha “sembrado cizaña” entre los entes de control nacional y las instituciones de carácter judicial, contra la empresa DMG…Desde hace varios años, y de manera silenciosa y socarrona, el representante liberal, Guillermo Rivera Flórez, ha “sembrado cizaña” entre los entes de control nacional y las instituciones de carácter judicial, contra la empresa DMG, a la cual hasta el momento no se le ha comprobado nada ilegal…””. (Pág.6). “…Al parecer el señor Rivera no tiene más que hacer en su gestión como representante que se dedica a desprestigiar a las personas de bien que hacen algo significativo por nuestro departamento, y cuando le dan papaya, darse brillo con los medios diciendo que en la Cámara de representantes se emborrachan mientras toman decisiones…ojala que este baño de harina, betún y agua que nos damos estos primeros días de enero no nos dejen olvidar de la realidad que vivimos, del daño que nos han hecho y de la calidad de representantes que tenemos…”.(Pág.

8). Y en ejemplar de septiembre de 2009: “…Anteriormente, Guillermo Rivera ha estado investigado por sus nexos con grupos paramilitares, pero gracias a su “intima” cercanía con el Dr. César Gaviria, y a sus influencias en los entes de investigación, la investigación precluyó, de manera que el accionar delictivo el mencionado político quedó impune…”. (Pág. 7). 4 “El mismo Representante Rivera ha anunciado que volverá a dar trámite a la ley de víctimas, que hace parte de su pacto secreto con los mencionados grupos armados ilegales del Putumayo…”. (Pág. 7). “Resulta inconcebible que estos mismos grupos sean quienes eligen a nuestros gobernantes, financiando sus campañas y haciendo uso de la intimidación para inclinar la voluntad política de los pobladores hacia estas candidaturas. Esperamos claridad en la investigación en contra del Representante, y que sus influencias no sigan obstaculizando el curso natural de la justicia…”. (Pág. 8). También en ejemplar de noviembre de 2009: “…En la historia reciente del putumayo es difícil encontrar a un personaje más siniestro y peligroso que el Representante Liberal Guillermo Rivera. Tipifica esa clase política rancia que hereda el poder de padre a hijo como si se tratase de una monarquía, que funda su influencia en el dinero, en su capacidad de alquilar conciencias y en las artimañas necesarias para asirse de las posiciones públicas que le permitan conservar su estatus, de tal manera que nunca se les vaya de la mano...” (Pág.3)

“…Para su campaña en el 2002, como ya lo denunciamos en nuestra edición anterior, adquirió compromisos con grupos paramilitares de la región para lograr su apoyo económico y electoral, lo cual se materializó en su triunfo en las urnas…” (Pág. 4). “…Siendo Representante, su compromiso radicó en gestionar una “Ley de reparación a Víctimas” que en realidad escondía oscuros intereses de beneficiar a los paramilitares que, a cambio de entregar algunos bienes para “Reparar a las Víctimas”, recibirían beneficios penales. Aunque logró que su caso “prescribiera” (lo cual no significa que fuera declarado inocente, sino que es una maniobra legal para burlar la ley) gracias al apoyo de César Gaviria, con quien se sabe en los altos círculos, sostiene una relación sentimental desde hace varios años…”. Lo anterior se cita con el fin de demostrar la campaña de desprestigio de que fue víctima el acá investigado en el año 2009, situación que él mismo puso en conocimiento públicamente y a las autoridades judiciales, y aunque no lo dijo concretamente, presume la responsabilidad de los acá denunciantes en dicha campaña y esta presunción se encuentra amparada en algunos serios indicios. Sin embargo, le llama la atención a esta Procuraduría Delegada que el mismo día de la alocución radial del Representante a la Cámara, Dr. RIVERA FLOREZ en la emisora latina stereo de Puerto Asís, el señor LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA comentó antecedentes del acá investigado con el paramilitarismo,

situación que no correspondía a la realidad, pues las autoridades respectivas desmintieron estos señalamientos. Teniendo en cuenta lo anterior, especialmente la alocución en la emisora Latina Stereo de Puerto Asís por parte del señor LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA, un mes después, es decir, el 14 de octubre de 2010, el Dr. RIVERA FLÓREZ, instaura 5 denuncia en contra del señor OCHOA ZULUAGA por los delitos de injuria y calumnia. Observa esta Procuraduría Delegada que las diferencias entre las partes datan de varios años atrás, tan es así, que reposa en el expediente una denuncia suscrita por el Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA y dirigida al Ex Presidente de la República, Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ, de 1° de marzo de 2007, mediante la cual en malos términos, se refiere al señor FRANCO CORTÉS PINZÓN. Reposa una denuncia complementaria interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de septiembre de 2009, (Fl. 151-157 cuaderno original 1), suscrita por el investigado días antes de la alocución de éste en la emisora radial latina stereo de Puerto Asís. En la misma, y previa la alocución radial, solicita investigar a los señores OCHOA ZULUAGA y FRANCO CORTÉS, indicando las pruebas que justificaban dicha petición. Nótese, como así lo hace esta Delegada, que los involucrados se han dedicado a entorpecer el aparato judicial, con denuncias fundamentadas en sus rencillas

políticas y sus contradicciones insensatas, pues los tres, es decir, los denunciantes y el investigado, se han esmerado por defenderse a toda costa y atacarse por cualquier medio, y lo anterior se refleja en los documentos obrantes en la investigación. No es justo, por tanto, que la H. Corte Suprema se desgaste en investigar este tipo de conductas, que a ambas partes ha ocasionado según sus manifestaciones y apreciaciones personales, daño a la integridad moral, en parecida medida y proporción. Para esta Procuraduría Delegada no es razón suficiente predicar un daño a la integridad moral de los denunciados, así se les haya reconocido su calidad de parte civil dentro de la actuación, pues el proceso continúa hasta la evaluación de la responsabilidad penal del investigado, el cual también en varias ocasiones ha pregonado su afectación a su patrimonio moral. Ahora bien, ha manifestado el investigado a lo largo del proceso sus indicios acerca de la presunta participación de los señores LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA y FRANCO CORTÉS en la campaña de desprestigio en su contra, y entre ellos se encuentran: El haber cuestionado un convenio suscrito por el señor OCHOA ZULUAGA con la Gobernación del Putumayo, el encuentro de éste con el periodista JAIRO FIGUEROA, (De éste, reposa declaración juramentada de 8 de enero de 2010 fl. 171 cuaderno original 1), el viaje a Bogotá de los dos denunciantes un día antes de la presentación de la denuncia anónima ante la Fiscalía General de la Nación, (folio 74 y 75 cuaderno original N. 1), la relación de la señora LUISA

NARVÁEZ, esposa del señor OSCAR FABIÁN PEÑAFIEL CAMPO, con el señor LUIS FERNANDO OCHOA ZULUAGA, (Da fe de esta relación, el señor JOSÉ ALBERTO NOGUERA, Fl. 195 cuaderno original 1), la pugna por una curul que tanto el investigado como uno de los denunciantes quería ganar en el 2010 y la declaración del señor MILLER ORTEGA, prueba trasladada del radicado 28.528 al expediente, que más que constituir un indicio, es prueba que determina la participación de los denunciados en los hechos. 6 Aunque igual, la convicción que produce el indicio es diferente a los otros medios probatorios existentes, y aunque pueden llegar a ser plena prueba…”Los indicios, aunque pueden llegar a ser plena prueba y conducir a la convicción judicial, no son de carácter absoluto, por su naturaleza apenas probable, y su mérito se mide subjetivamente por la certeza moral del sentenciador, a menos que, por excepción, el indicio obedezca a causalidad necesaria…”2. Es entonces el indicio, “una presunción establecida por el Juez, y se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas”3. Se observa en el proceso que tanto el investigado, como los denunciantes, han solicitado a la H. Corte Suprema de Justicia la práctica de algunas pruebas para comprobar sus aseveraciones, peticiones que en el criterio de esta Delegada no prueban el carácter de delictuoso de la alocución de 14 de septiembre de 2009,

pues de lo que trata la investigación es de determinar si evidentemente el investigado incurrió en injuria y calumnia, al realizar su intervención en la emisora latina stereo, y no de desviar la investigación con pruebas que no conduzcan a ello. Y qué decir de la relación conflictiva que existe entre el abogado del señor FRANCO CORTÉS PINZÓN, Dr. JUAN CARLOS GUZMÁN ORJUELA y el Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ, disputas que surgieron antes de que el congresista fuera elegido Representante a la Cámara, donde al parecer, se encuentran procesos abiertos por falsa denuncia, injuria y calumnia entre otros, procesos cuyo resultado resulta innecesario, toda vez que ya se cuenta con varias pruebas, entre ellas indiciarias, que comprueban las relaciones conflictivas entre las partes, y lo que la

H. Corte debe valorar es la alocución de 14 de septiembre de 2009 en su más amplia dimensión.

Por su parte, considera esta Procuraduría, que, aunque existen innumerables pruebas para practicar, que permitirían comprobar aún más la maltrecha relación existente entre las partes y corroborar falsedades y verdades entre las mismas, no debe desgastarse el aparato judicial en obtener más evidencias demostrativas, cuando la realidad es clara, y cuando no existe ánimo conciliatorio que resuelva la litis, pues ello quedó evidenciado el 2 de septiembre de 2010 cuando en diligencia las partes manifestaron su no ánimo de llegar a un acuerdo. (fl. 227 y 228 cuaderno original 1). Ahora, considera el Ministerio Público que la honra y el buen nombre, derechos

fundamentales reconocidos constitucionalmente y por tratados internacionales de derechos humanos, no han sido vulnerados por las partes, hasta el grado de tener relevancia penal, y en cambio sí, de manera recíproca han pretendido desdibujar su reputación y el respeto por su persona en su condición de tal, situación que cada uno afirma afectó su integridad moral. Sobre los derechos al buen nombre y a la honra ha sostenido la Corte Constitucional que: 2 De la prueba en Derecho. Antonio Rocha A. Tomo I. Capitulo 26. Pág. 607. 3 Ibídem. 7 “[...] los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo con las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social.”4 Pretende demostrar esta Procuraduría Delegada que el buen nombre y la honra del denunciado se desdibujan ante la sociedad de la misma manera, debido a que es un hombre público, y las conductas que realice se encuentran expuestas a la interpretación de todo un conglomerado social, es por lo anterior, que también le es merecido velar y propender por su adecuada reputación. En sentencia C-489 de 2002 la Corte precisó que: “…el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.

Esto quiere decir, que la propagación de información falsa o errónea genera distorsión en la sociedad, es decir, en el público en general y afecta el derecho al buen nombre de un individuo. También, el derecho a la honra se afecta por la información errónea, como por los comentarios y aseveraciones tendenciosas o apasionadas de contenido malintencionado respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma. También han afirmado los denunciantes que en la alocución radial, el investigado incurrió en el delito de calumnia. Del análisis de la alocución, puede predicarse a simples rasgos la atipicidad de la conducta atribuida al representante a la Cámara, pues no se encuentran demostrados los requisitos para predicar su existencia. “…(i) la consciente y voluntaria atribución falsa de un hecho delictuoso, (ii) que la imputación se haga a una persona determinada o determinable, (iii) que el autor tenga conocimiento de la falsedad, y (iv) que la atribución del hecho delictuoso falso sea clara, concreta y categórica, no surgida de suposiciones de quien se siente aludido con una manifestación generalizada…”5. La imputación de una conducta típica nunca existió en dicha declaración, pues el entrevistado manejó a través de su discurso, una presunción que en términos generales se define como sospecha o conjetura, acerca de la situación determinada, lo que excluye la voluntariedad de atribuir falsamente un hecho delictuoso a los denunciantes. Por otra parte, no se advierte el ánimo de causar daño a la integridad moral de los

denunciados en la declaración rendida en la emisora latina stereo de Putumayo, requisito indispensable para afirmar la incursión en el delito de calumnia. Debe tenerse en cuenta que las explicaciones que ha brindado el investigado en el 4 CORTE CONSTITUCIONAL, S-C-063 de 1994., M. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 5 Sentencia 7 de abril de 2010. Radicado 28516. M.P. Javier Zapata Ortíz. 8 transcurso del proceso referentes al porqué de sus manifestaciones cuentan con razones suficientes, válidas o no, aspecto de lo que debe investigarse por las autoridades competentes. Además de lo anterior, debe resaltar esta Delegada, que en la intervención radial que es el aspecto central de este debate, el investigado utilizó la palabra presuntamente, y muchas frases condicionadas y relativas, situación que permite concluir la ausencia de animus para cometer los delitos imputados. Es así como en mérito de lo expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal, se permite solicitar a la H. Corte abstenerse de abrir instrucción en contra del H. Representante a la Cámara Dr. GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ, en aplicación al artículo 227 de la ley 599 de 2000, que estipula que: “Injurias o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a lo injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos”. Y en consecuencia proferir auto inhibitorio, con posterioridad a la nueva acreditación

de la calidad foral del denunciado para el periodo constitucional 2010-2014, si a bien lo considera el H. Magistrado. Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VÁSQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV / mfbd Rad. 32.707 9