PGN - DERECHO A LA HONRA Y BUEN NOMBRE Comunicados vinculan al afectado a bandas criminale

SALA DISCIPLINARIA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA FUNCIONARIO DE ELECCIÓN POPULAR-Concejal de Medellín profirió expresiones contra la honra y buen nombre del comandante del Departamento de Policía de Antioquia DERECHO A LA HONRA Y BUEN NOMBRE-Comunicados vinculan al afectado a bandas criminales y como responsable de muerte a mascota PROHIBICIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO-Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público FALTA GRAVE A TITULO DE CULPA GRAVISIMA-Manifestaciones injuriosas Las evidencias llevan a dar por demostrado que la conducta del concejal estuvo determinada por una errónea convicción de que su conducta estaba amparada por su derecho a expresar libremente sus opiniones y a hacer un debate político que le permitía acusar en forma amplia y libre, pero ese error era vencible y por ello se concluye que esa convicción que determinó sus manifestaciones es culposa y podía superar su error, así su conducta no fue dolosa sino culposa; por lo que la Sala confirmará la declaración de responsabilidad por haber cometido falta disciplinaria grave a título de culpa grave Radicación 161-7824 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en acta de Sala N°16

Radicación No: IUS-E-2017-584136 IUC-D-2017-960303 (161-7824) Disciplinado: BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS Cargo: Concejal del Municipio de Medellín (Antioquia)

Quejoso: WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR

Fecha queja: 26 de abril de 2017

Fecha hechos: 24 de abril de 2017

Asunto: Fallo segunda instancia

P.D. PONENTE: SILVANO GÓMEZ STRAUCH

I. TEMA A TRATAR Corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del disciplinado BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, concejal del Municipio de Medellín (Antioquia), para la época de los hechos, contra el fallo de primera instancia, del 26 de febrero de 2020, mediante el cual la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa, actuando como funcionaria especial designada por el procurador general de la Nación, lo declaró responsable del cargo formulado y sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses.

II. HECHOS Se investiga el presunto comportamiento irregular del entonces concejal del Municipio de Medellín (Antioquia) doctor BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, quien en desarrollo de una sesión de dicho Concejo, el 24 de abril de 2017, habría proferido expresiones que comprometerían la honra y buen nombre de quien para ese momento se desempeñaba como comandante

del Departamento de Policía de Antioquia, coronel WILSON SNEHIDER PARDO

SALAZAR.

III. ANTECEDENTES En queja formulada el 26 de abril de 2017, ante la Procuraduría Regional de Antioquia1, el coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, denunció que el concejal de Medellín

BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, a través de su cuenta de twitter, emitió varios comunicados vinculándolo con bandas criminales y señalándolo de ser el responsable de la muerte de una de sus mascotas, lo cual ha afectado gravemente su honra y buen nombre. Precisó que, en la sesión del Concejo de Medellín, celebrada el 24 de abril de 2017, el señor BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS afirmó: “coronel 1 Folio 1 C.O.1 2 Radicación 161-7824 PARDO, ¿usted está al servicio de quién, de qué organizaciones criminales, ¿A nombre de qué organizaciones criminales trabaja? Con fundamento en los anteriores hechos, el procurador Regional de Antioquia, mediante auto del 12 de julio de 20172, ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar en contra del concejal BERNARDO

ALEJANDRO GUERRA HOYOS.

Mediante auto del 22 de noviembre de 20173, el procurador Regional de Antioquia dispuso tramitar la actuación disciplinaria por el procedimiento verbal, previsto en los artículos 175 a 181 de la Ley 734 de 2002, y citó a audiencia pública al investigado, imputándole el siguiente cargo: El doctor BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, en calidad de concejal del municipio de Medellín – Antioquia, posiblemente incurrió en falta disciplinaria a la luz de la Ley 734 de 2002, toda vez que el 24 de abril de 2017, en sesión del concejo de Medellín, acto público y oficial, manifestó, refiriéndose al Coronel de la

Policía Nacional, WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, Comandante del Departamento de Policía de Antioquia, que este se encontraba al servicio o trabajaba para organizaciones criminales, pues, según la grabación de esa sesión que fue allegada a esta actuación, el doctor GUERRA HOYOS, le preguntó al oficial: “[…] Coronel PARDO ¿Usted está al servicio de quién? ¿De qué organizaciones criminales? Coronel PARDO ¿A nombre de qué organizaciones criminales trabaja? […]”, expresiones que lanzó el concejal, pese a que carecía de pruebas que las respaldaran. La conducta fue enmarcada dentro del tipo disciplinario previsto en el artículo 35, numeral 23, de la Ley 734 de 2002, calificada como grave e imputada a título de dolo. El procurador general de la Nación, en resolución 682 del 20 de diciembre de 20174, designó como funcionario especial para tramitar la presente actuación disciplinaria al procurador delegado para la vigilancia judicial y la policía judicial; luego, en resolución 225 del 28 de mayo de 20185, designó como funcionario especial al procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad; por último, mediante resolución 780 del 27 de noviembre de 20186 designó como funcionario especial al titular de la Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa. Avocado el conocimiento por parte de la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa, se practicó audiencia el 28 de marzo de 20197 en la cual se escuchó en versión libre al disciplinado y se decretó la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa.

2 Folio 6 C.O.1 3 Folio 58 C.O.1 4 Folio 78 C.O.1 5 Folio 89 C.O.1 6 Folio 98 C.O.1 7 Folio 161 C.O.1 3 Radicación 161-7824 Mediante auto del 20 de enero de 20208 se declaró perfeccionada la etapa de pruebas en descargos y se dispuso llevar a cabo la sesión de alegatos de conclusión, el 17 de febrero de 2020, fecha en la cual fueron presentados por la defensa9. En audiencia celebrada el 26 de febrero de 2020, se dio lectura al fallo proferido y, en la misma audiencia, el defensor del disciplinado interpuso recurso de apelación, remitiéndose la actuación a la Sala Disciplinaria el 23 de junio de 202010. En auto del 9 de febrero de 202111, la Sala Disciplinaria corrió traslado para alegatos de conclusión en segunda instancia, auto que fue notificado al disciplinado y a su apoderado por correo electrónico enviado el 17 de febrero de 202112. El 19 de febrero de 202113, el defensor presentó los respectivos alegatos ante la Sala Disciplinaria.

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa, en su condición de funcionaria especial designada, en audiencia celebrada el 26 de febrero de 2020 profirió el fallo objeto de impugnación, mediante el cual sancionó al disciplinado BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de

cuatro (4) meses, al haberlo hallado responsable del cargo formulado, al tenor de las siguientes consideraciones: En relación con la tipicidad señaló que la conducta no debe analizarse al amparo del tipo penal de injuria, pues el cargo formulado se hizo no respecto del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, sino del tipo disciplinario previsto en el artículo 35, numeral 23, ibídem, y en ese sentido el análisis de la injuria se debe hacer acorde a lo que se entiende como tal en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. En ese orden de ideas, consideró que las expresiones proferidas por el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS en contra del coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, a las cuales hace alusión el auto de cargos, resultaron injuriosas en la medida que constituyen un evidente ataque a su fama y honor, pues indican que a la par de ser un oficial de la Policía Nacional, simultáneamente está al servicio de una o varias organizaciones criminales, expresiones que no fueron acompañadas de elementos de convicción que las sustenten. 8 Folio 7 C.O.2 9 Folio 17 C.O.2 10 Folios 30 a 42 del C.O.2 11 Folio 44 C.O.2 12 Folio 45 C.O.2 13 Folio 47 C.O.2 4 Radicación 161-7824 Respecto de la ilicitud sustancial, consideró que contrario a lo expuesto por la defensa, sí se violó el principio de imparcialidad, bajo el entendido de que el servidor público debe obrar con rectitud, probidad y lealtad, de manera que se garanticen los derechos de las personas y sin que existan

motivaciones subjetivas que desvíen el correcto ejercicio de la función, precisando que en el presente asunto es patente que las expresiones proferidas lo fueron como producto de unas vivencias personales y apreciaciones subjetivas acerca de quiénes podían estar detrás de varias situaciones anómalas que venían afectando su seguridad y la de su familia en los días y meses anteriores a su intervención en el Concejo Municipal de Medellín el 24 de abril de 2017. No aceptó como justificación la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria esgrimida por la defensa y que se concreta a la prevista en el artículo 28, numeral 2, de la Ley 734 de 2002, esto es, haber actuado “en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado”, pues se demostró que el disciplinado no actuó realmente dentro de una actividad propia del control político, sino que aprovechó una actividad del Concejo Municipal de Medellín para hacer una denuncia pública sobre una situación que solamente le atañía a él, relacionada con sus problemas de seguridad personal y no de la inseguridad general en la ciudad de Medellín, que era el asunto materia de debate ese 24 de abril de 2017. En cuanto a la culpabilidad, tampoco aceptó la existencia de la causal excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 28, numeral 5, de la Ley 734 de 2002, referida a la realización de la conducta bajo situación de miedo insuperable, pues éste se predicaría frente a quienes estaban llevando a situaciones de zozobra al concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, esto es, los integrantes de una agrupación ilegal

“gaitanista” que lo retuvieron el 13 de enero de 2017 y quienes envenenaron a su mascota familiar, pero no frente al oficial de la Policía Nacional, pues no surge un nexo directo de conexidad entre los posibles actos amenazantes en contra del concejal y la forma como a su vez estaba desempeñando sus deberes funcionales el coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, a quien le imputó falta de gestión respecto de su seguridad personal y familiar. Concluyó en la responsabilidad disciplinaria de la falta imputada, la cual calificó como grave y cometida a título de dolo e impuso la sanción antes citada.

V. RECURSO DE APELACIÓN El defensor del disciplinado interpuso de recurso de apelación al tenor de

los siguientes argumentos: 5 Radicación 161-7824 Señaló que el tipo disciplinario por el cual se está sancionando a su defendido, es de aquellos conocidos como tipo en blanco y como tal ha de haberse hecho el reenvío a la norma penal y desde este punto de vista analizarse la conducta, no como lo hizo el fallador de instancia, esto es, acudiendo a la definición de la expresión injuria contenida el diccionario de la real academia. Precisó que el contenido de la lesividad que se debe analizar es el que sea capaz de vulnerar el honor de la otra persona, como lo ha señalado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, análisis que no se hizo. Advirtió que la tipicidad se debe analizar en contexto, pues las expresiones se profirieron en un escenario en el que se confrontan ideas, en el que su

defendido cuenta todo lo ocurrido el 13 de enero de 2017, cuando haciendo parte de una comisión que se desplazaba hacia el proyecto de Hidroituango, fueron abordados y retenidos por un grupo armado ilegal, del peligro que corrieron sus vidas, de las amenazas proferidas por sus captores en cuanto a que si daba a conocer lo ocurrido, serían miembros de la misma Policía quienes perpetrarían su muerte. Sobre el particular afirmó que se probó el riesgo de seguridad en que se encontraba su defendido, originado en el hecho de estar combatiendo la corrupción; se probó que envió comunicaciones al respecto a la Presidencia y Vicepresidencia de la República; se probó que su esquema de seguridad se desmontó luego de haberse prometido que no se iba a hacer; se probó que una de sus mascotas fue muerta por envenenamiento. Aseguró que la conducta no es típica porque se da dentro de un contexto de confrontación de ideas, de debate sobre la seguridad que era un asunto de interés público, siendo razonables las preocupaciones que le asistían al

concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS.

Aclaró que el quejoso es una persona que ostentaba una dignidad importante en Medellín, así que todas sus acciones y omisiones en función del servicio son materia de estudio por parte del Concejo de dicha ciudad y era la persona encargada de la seguridad de BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, lo que le da una posición de garante frente a éste. Reiteró que no se cometió un agravio, que lo que se hizo fueron unos reclamos razonables que excluyen la tipicidad.

En cuanto a la ilicitud sustancial expresó que el principio de imparcialidad no le es exigible a quienes ejercen roles parlamentarios, ya que sus funciones están vinculadas al deber de valorar, al deber de atribuir responsabilidad, ese es otro escenario de control, esto es, el político, en el que se hacen imputaciones, ahí se valoran aspectos de responsabilidad política. 6 Radicación 161-7824 Manifestó que no hay una materialización de la vulneración de los fines del servicio público, en tanto que su representado ejercía un deber público, un deber legal como concejal en un debate de control político en el Concejo de Medellín. Dijo que la protección de la vida de cualquier ciudadano es un asunto de relevancia pública y puede ser un asunto de debate público, más en el caso del concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS quien había sufrido el episodio del secuestro. Precisó que su defendido lo que hizo fue ejercer el derecho a la libre expresión, en un escenario en donde se utiliza una dialéctica de confrontación, siendo posible que el quejoso se haya visto afectado en alguno de sus intereses, pero tal hecho no constituye ilicitud sustancial. Señaló que, teniendo en cuenta todo el contexto referido y las omisiones de la Policía frente a la seguridad de su prohijado, se presenta la causal del miedo insuperable, causal que el fallador de instancia confunde con la legítima defensa. Concluyó diciendo que el disciplinado no tenía ninguna intención de agraviar la honra y buen nombre del coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, pues no existía ningún motivo personal para ello, ni tampoco agraviar a la Policía

Nacional, toda vez que siempre ha confiado en ésta, a tal punto que ha sido quien lo ha protegido.

VI. ALEGATOS PRESENTADOS EN SEGUNDA INSTANCIA Dentro del término legal, el defensor del disciplinado presentó alegatos en segunda instancia, así: Precisó que como no se practicaron pruebas en segunda instancia, las argumentaciones defensivas no tienen ninguna necesidad de ser reformuladas, más allá de reclamar que se aborde de manera puntual y expresa cada uno de los planteamientos que fueron soslayados por la primera instancia y que quedaron planteados en la sustentación del recurso de apelación.

Contextualizó que los hechos materia de análisis se refieren a unos reclamos públicos que BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS formuló al excomandante de la Policía de Antioquia WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, durante una sesión del Concejo de Medellín, realizada el 24 de abril de 2017, en desarrollo de un debate sobre seguridad, reclamos que apuntaban a la posible responsabilidad por omisión en una serie de hechos que pusieron en peligro su vida y que en opinión del oficial de la Policía constituyeron injurias y calumnias. 7 Radicación 161-7824 Señaló que, frente a las pobrísimas argumentaciones del fallo de primera instancia, se ratifica en los siguientes hechos que resultaron probados y planteamientos que no han sido desvirtuados:

1. El concepto de injuria es de carácter normativo y debe reunir requisitos jurídicos y no semánticos del diccionario y, en el caso en concreto no se dan dichos requisitos porque tanto el emisor como el

destinatario del reclamo actuaban en condición de personas públicas, el objeto del reclamo era de interés público, su contenido no fue desproporcionado porque WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR había puesto en riesgo su vida con el desmonte de su esquema de seguridad y el discurso parlamentario está constitucionalmente protegido por los fines democráticos que realiza, conforme la jurisprudencia constitucional que fue expuesta durante la argumentación del recurso de alzada.

2. El 13 de enero de 2017, en compañía de una comitiva compuesta por funcionarios y contratistas de la EP, escoltas de la Policía Nacional y un periodista, su defendido fue víctima de secuestro con amenazas de muerte por un grupo armado en la vía que conduce de Uramita a Peque, cuando se desplazaba en misión oficial para estudiar aspectos sociales del proyecto Hidroituango, debido a ello el coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR le aseguró a su poderdante que iba a reforzar su esquema de seguridad y lo que hizo fue desmontarlo a los pocos días, lo que coincidió con la muerte por envenenamiento de un canino de la familia, todo lo cual resultó probado en el proceso, al igual que los señalamientos de alias “Popeye” en declaración pública en la que defendió al coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR al tiempo que profería amenazas de muerte en contra del concejal, lo cual también coincidió con información presentada a distintas autoridades, según la cual varios delincuentes del sector público y de organizaciones criminales pusieron precio a su cabeza, siendo necesario concluir que en ese contexto BERNARDO ALEJANDRO

GUERRA HOYOS tenía todo el derecho a reclamar en tono enérgico por la desprotección a la que estaba sometido por cuenta del oficial

WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR.

3. Los enérgicos reclamos cumplían el deber legal de ejercer control político por tratarse de un asunto de interés público dada la vinculación de un alto mando policial con jurisdicción en Medellín, y porque la vida de un concejal y de cualquier ciudadano que se ve expuesta por dolo o negligencia de autoridades de tal jerarquía reviste dicho interés, contrario a lo expuesto por la falladora de primera instancia, quien señaló que tales asuntos relacionados con el secuestro, amenaza y desmonte de la seguridad del concejal, no eran de interés público.

8 Radicación 161-7824 4. “Los concejales no están sujetos al principio de imparcialidad en la misma manera que un juez o un funcionario que administra lo público, pues el ejercicio de la política representativa conlleva la exposición y defensa de opiniones edificadas sobre criterios valorativos de carácter político, y por tal motivo debe censurarse la conclusión de la primera instancia según la cual las intervenciones del Dr. GUERRA HOYOS dentro de su espacio natural de opinión no fueron imparciales, pues justamente los espacios para opinar son aquellos destinados a la parcialización y más aún en una corporación de carácter político administrativo en la que la toma de partido o postura es la actividad constante que desarrolla su propia teleología, que no puede ser desconocida por el propio Estado”

5. El riesgo para la vida de BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS era y

sigue siendo claro, razonable, objetivo y verificable, por lo que sus reclamos estaban precedidos de una circunstancia de temor (miedo insuperable) que impide exigirle otra clase de comportamiento.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 7.1 Competencia Conforme lo previsto en el artículo 22.1 del Decreto ley 262 de 2000, a la Sala Disciplinaria le compete resolver el recurso de apelación instaurado por el defensor del disciplinado BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, contra la decisión del 26 de febrero de 2020, mediante la cual la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa, actuando como funcionaria especial designada por el procurador general de la Nación, lo declaró responsable del cargo formulado y sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses. 7.2 Caso concreto Teniendo en cuenta lo considerado por la Procuradora a quo y atendiendo lo expuesto por el recurrente, esta colegiatura considera lo siguiente: Se precisa que acorde con el cargo formulado, está demostrado a través del CD que contiene la grabación del audio de la sesión del 24 de abril de 2017 realizada en el Concejo Municipal de Medellín (Antioquia)14, que el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, en el debate que adelantó respecto de la seguridad en dicha ciudad, profirió contra el comandante del Departamento de Policía de Antioquia las siguientes expresiones: “[…] Coronel PARDO ¿Usted está al servicio de quién? ¿De qué organizaciones criminales?

Coronel PARDO ¿A nombre de qué organizaciones criminales trabaja? […]”, manifestaciones públicas que dieron lugar a la imputación de la falta disciplinaria prevista en el artículo 35, numeral 23, de la Ley 734 de 2002, que reza: 14 Folio 18 C.O.1 9 Radicación 161-7824 Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: (…)

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos.

Lo anterior, considerando que el artículo 23, ibídem, define como falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, entre otras conductas, la incursión en las prohibiciones descritas en el Código Disciplinario Único, sin estar amparado por alguna de las causales de exclusión de responsabilidad, contempladas en el mismo Código, en su artículo 28. Sobre el particular, se advierte que de acuerdo con el contenido del auto de citación a audiencia en el que se hizo la imputación, como del respectivo fallo objeto de impugnación, se evidencia claramente que la conducta irregular que se debatió a lo largo del proceso y que dio lugar a la respectiva sanción, la constituye el haber proferido públicamente expresiones injuriosas. El defensor recurrente ha sostenido que la expresión injuria no debe ser analizada desde el punto de vista de su definición en el Diccionario de la Real Academia, sino desde el punto de vista jurídico, más exactamente desde la perspectiva del derecho penal, porque el tipo disciplinario imputado es de los conocidos como tipos en blanco y debe complementarse con

dicho régimen. Al respecto, se sabe que los tipos disciplinarios en blanco los constituyen aquellas descripciones legales incompletas de las conductas objeto de sanción y que, por tal motivo, es necesario acudir por reenvío o remisión a otra norma con estructura de regla que le sirva de complemento para poder completar el precepto normativo que garantice el principio de legalidad de la falta y, por ende, la legalidad de la sanción. Un ejemplo claro de esta clase de tipo es la falta gravísima consagrada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, que reza: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”; falta que necesariamente, para ser imputada, debe complementarse con el tipo penal que describa la conducta. En el caso que nos ocupa, la falta imputada de manera alguna se puede considerar como un tipo en blanco, pues describe en forma completa la conducta objeto de sanción y, dada la naturaleza, independencia y autonomía del derecho disciplinario, el término injuria no tiene por qué estar ligado al tipo penal contentivo de la descripción de la conducta. En ese orden de ideas, no siendo de la esencia del tipo disciplinario imputado acudir al derecho penal, la expresión injuria no tiene un alcance 10 Radicación 161-7824 diferente al lenguaje común y que para esos efectos es su definición en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua, tal como lo precisó el fallador de instancia, para concluir que el disciplinado

había ofendido la fama o el honor del comandante del Departamento de Policía de Antioquia, coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR. Para los fines que esgrime la defensa, recuérdese que el artículo 28 del Código Civil, al cual se acude por vía de interpretación normativa consagrada en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, en relación con el “significado de las palabras”, establece que “[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”. Como es sabido, la injuria no ha sido definida legalmente por el legislador, por lo que el uso de la acepción que hizo en el fallo la procuradora a quo es ajustada a su uso general en el idioma castellano y al sentido jurídico que se le da en el ámbito normativo del derecho disciplinario y la Ley 734 de 2002. Ahora bien, el recurrente ha hecho énfasis en que no se ha tenido en cuenta el contexto en que se profirieron las expresiones objeto de cuestionamiento disciplinario, lo cual, de atenderse, legitimaría, según su decir, haber procedido el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS en la forma como lo hizo. Sobre el particular, se considera lo siguiente: Ciertamente está probado que el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS, junto con una comitiva compuesta por funcionarios y contratistas de Empresas Públicas Municipales de Medellín, escoltas de la Policía Nacional

y un periodista, fueron víctimas de una retención (o secuestro) por espacio de algunas horas, así como amenazados de muerte el día 13 de enero de 2017, cuando se desplazaban por la vía que conduce de Uramita a Peque, por parte de un grupo armado ilegal autodenominado “autodefensas gaitanistas”, quienes señalaron que sería la misma Policía quienes los ejecutarían si daban a conocer lo sucedido; igualmente se conoce que por la misma época una de sus mascotas familiares, un canino llamado Bruno fue muerto por envenenamiento; también es conocido a través de un video los señalamientos públicos amenazantes que hizo en contra del concejal la persona conocida como alias “Popeye”; así mismo respecto del esquema de seguridad se conoce que en relación con la Policía que prestaba seguridad en su lugar de residencia, fue reducido. Este es, en términos generales, el contexto y los antecedentes en que en un debate sobre la seguridad en Medellín, celebrado en el Concejo Municipal el 24 de abril de 2017, el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS hace referencia a la amenaza que se cierne sobre su seguridad personal y 11 Radicación 161-7824 familiar por ser una de las personas líderes en combatir la corrupción y responsabiliza de negligente, en el ejercicio de sus funciones al coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR, especialmente en relación con el episodio referido a la retención o secuestro del cual fue víctima el 13 de enero de 2017 y a la reducción de su esquema de seguridad. Sin embargo, la denuncia pública que hace en el Concejo Municipal en

contra del coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR no se queda simplemente en responsabilizarlo por negligente en lo que le pueda suceder a él y a su familia, sino que también lo increpó haciéndole los señalamientos a través de las expresiones a las que se refiere el pliego de cargos, esto es: “[…] Coronel PARDO ¿Usted está al servicio de quién? ¿De qué organizaciones criminales? Coronel PARDO ¿A nombre de qué organizaciones criminales trabaja? […]”. Señaló el recurrente que, en ese contexto, los enérgicos reclamos obedecían al cumplimiento del ejercicio del control político que hacía por tratarse de un asunto de interés público dada la vinculación de un alto oficial de la Policía Nacional con jurisdicción en Medellín y porque la vida de un concejal y de cualquier ciudadano que se vea expuesta por dolo o negligencia, reviste dicho interés. En otras palabras, como lo esgrimió en los alegatos de conclusión, la conducta no sería injuriosa porque se habría realizado por el concejal BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS bajo la justificación del ejercicio del control político y de la denuncia pública en desarrollo de derecho a la libertad de expresión, no con el ánimo de vulnerar el honor, sino de cuestionar la falta de garantías de seguridad. Sobre la libertad de expresión y la protección a la honra, independientemente del escenario en el que se quiera justificar su ejercicio, como también, independientemente de las personas involucradas en el asunto, el marco jurídico y conceptual base de protección, se tiene que referir con fundamento en lo que al respecto consagra la Convención

Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución Política, así: Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 12 Radicación 161-7824

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio