PGN - DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION No es absoluto

Procurador General DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN-No es absoluto A partir de una lectura directa y objetiva de los artículos demandados y de las normas constitucionales invocadas, esta Vista Fiscal no encuentra violación alguna de éstas últimas. El artículo 20 de la Constitución Política no dice que el derecho a la libertad de expresión sea un derecho absoluto y una interpretación semejante es contraria a la clausula del Estado Social de Derecho, que al tenor del artículo 1° Superior supone la solidaridad de las personas […y] la prevalencia del interés general. Es más, el mismo artículo 20 es claro en señalar que incluso los medios de comunicación, como manifestación del derecho a la libertad de expresión, tienen responsabilidad social. En segundo lugar, si bien el artículo 37 Superior, tantas veces citado por el accionante, dispone que t]oda parte del pueblo podrá reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como también se reconoce en diferentes normas del bloque de constitucionalidad, allí también se señala, con toda claridad, que la ley podrá establecer la de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho como esta Vista Fiscal considera que, precisamente, lo hizo el Legislador en las normas demandadas. Por esta razón, para el Ministerio Público resulta equivocada la interpretación que el actor parece hacer de las normas constitucionales, en el sentido de que estas prohíban cualquier restricción o limitación del derecho a la libertad de expresión, así como también considera que es incorrecto deducir que las normas demandadas penalizan toda manifestación o, incluso, toda obstrucción de las vías públicas

Darle la razón al accionante equivaldría, en concepto del Ministerio Público, a decir que prima el interés particular sobre el interés general, de forma absoluta, hasta el punto de que a quienes desean manifestarse en el espacio público no se les puede si quiera exigir que se valgan de medios lícitos y que obtengan la autorización previa de las autoridad competente. JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Definición Esta Vista Fiscal considera que, en todo caso, debe entenderse: Que la proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro de ese fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados y el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fines, que el principio satisfecho por el logro de ese fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes (Sentencia C-1410 de 2000); Que para hacer el test de proporcionalidad deben compararse los medios establecidos con la norma con el fin que ésta misma o Legislador quiso perseguir con ella, y no un fin simplemente supuesto por el actor o interprete, cualquiera que este sea; y Que en caso de que el actor constitucional considere que la norma demandada no supera el test de proporcionalidad estricto, él mismo debe señalar cuál sería el o los medios alternativos que tendría el Legislador para obtener el fin propuesto y, en todo caso -sólo se pueden desechar aquellas que de manera objetiva sean inidóneas o

inapropiadas- (Sentencia C-459 de 1995). Lo anterior, so pena de desconocer la cláusula general de competencia y la libertad de configuración del legislador (artículos 114 y 150 Superiores), incluso en materia penal, y trasladarle equivocadamente esta competencia al ciudadano o al juez constitucional. Atendiendo a lo anterior, en el caso de la demanda sub iudice, el Ministerio Público encuentra que el actor se equivoca cuando acusa las normas demandadas de desproporcionadas pues, de un lado, parece considerar que cualquier restricción o limitación a las libertades de expresión o de manifestación son ya, de por sí, una Procurador General Concepto 5358 vulneración a estas libertades, y por el otro, se equivoca al entender cuál es el fin de las normas demandadas, pues aduce confusamente que este simplemente es “proteger al ciudadano de graves perjuicios a conductas que son consideradas de peligro común”, cuando las normas demandas señalan explícitamente que se busca proteger “el orden público, la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente [y] el derecho al trabajo”, así como “el transporte público”, que es un servicio público. 2 Procurador General Concepto 5358 Bogotá, D.C., mayo 11 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 y un aparte del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y

Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.

Actor: Carlos Esteban Romo Delgado.

Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

Expediente D-8991. Concepto 5358 Según lo dispuesto en los artículos 40, numeral 6º, 242, numerales 1º, 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda presentada por el ciudadano Carlos Esteban Romo Delgado contra un contra el artículo 44 y un aparte del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, cuyo texto se reproduce a continuación subrayando el aparte demandado.

LEY 1453 DE 2011

(junio 24) Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. ARTÍCULO 44. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo del siguiente tenor: Artículo 353A. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general,

las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra 3 Procurador General Concepto 5358 la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política. ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 353 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: Artículo 353. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1. Planteamiento de la demanda El actor considera que las normas demandadas, al tipificar la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público e incluir dentro del tipo penal de la perturbación al servicio de transporte público la conducta de imposibilitar la circulación de vehículos destinados al transporte público, vulnera los artículo 20, 29 y 37 de la Constitución Política, en donde se reconocen los derechos fundamentales a la libertad

de expresión y al debido proceso y el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse; así como el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, en donde se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Además agrega que el tipo penal de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, en la forma en que fue redactado por el Legislador, “adolece de un vicio relacionado con el principio de legalidad que en materia penal debe guardar estricta un total respeto por los distintos contenidos de este principio”. Como fundamento de su demanda, el accionante, en nombre propio y del Colectivo de Estudios Sociales y Derechos Humanos (ICARIA) que dice representar, comienza por hacer un recuento de la “continua pugna de 4 Procurador General Concepto 5358 dos visiones de entender la democracia” que considera que describe la historia de la protesta social en “los últimos veinte años”, y que pasa del “dramático desconocimiento, vulneración y censura de parte de la Constitución de 1986 [sic] y principalmente por los decretos de los gobiernos dictados en el marco del Estado de Sitio, [a] la constituyente de 1991, [en donde,] en aras de reivindicar y restablecer la protesta social como derecho ligado a [la] libertad de expresión, y con ánimo de ceñirse a los dictados del Derecho Internacional de Derechos Humanos, [se] establece el artículo 37 mediante el cual se otorga a la movilización social el carácter de Derecho Constitucional Fundamental, lo cual implica que cualquier restricción a este Derecho por parte del poder legislativo debe

someterse a un estricto análisis político (principalmente) y también un estricto juicio jurídico, ya que la restricción a Derechos fundamentales solo puede darse para garantizar el cumplimiento de otro u otros derechos o principios constitucionales de igual o mayor importancia”. En el mismo sentido, el actor hace mención a diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos de reunión y libertad de expresión, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aduce que “[e]stas normas establecen de manera taxativa los criterios por los cuales se podría limitar el ejercicio del Derecho a la protesta social”, aunque al mismo tiempo manifiesta que “siendo estos criterios, conceptos de carácter[es] generales y ambiguos tales como el orden público o la salud pública, la Relatoría para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de derechos en el informe del 2005 denominado ‘Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y libertad de reunión’ ha determinado que los legisladores y los jueces deben vigilar que no se invoque ninguno de esos criterios legítimos para desnaturalizar el derecho a la libertad de expresión”. 5 Procurador General Concepto 5358 A partir de estas consideraciones generales, el actor señala que “el análisis constitucional [sobre leyes que restringen las manifestaciones públicas] debe tornarse rígido cuando la medida adoptada es de carácter punitiva, teniendo en cuenta que el Derecho Penal es el elemento del derecho que más riñe con los derechos y garantías individuales” y concluye que las medidas adoptadas por el legislador en las normas

demandas no son legítimas. Para sustentar esta conclusión, además de hacer algunas consideraciones adicionales relativas a algunos “aspectos del contexto nacional hacia donde están dirigidas las normas acusadas”, el actor aduce que las movilizaciones sociales son un medio de expresión y sostiene que “[l]as normas acusadas en esta demanda hacen parte del grupo de figuras penales que atentan por sí mismas al derecho a la protesta social y van dirigidas a estos sectores excluidos del poder político y de las instancias de toma de decisiones”. De igual forma, afirma que “[e]stas normas penales crean unas conductas punibles que transgreden principios constitucionales, como el principio de legalidad debido a su falta de claridad y su elevada imprecisión, atenta contra el carácter del derecho penal mínimo de las sociedades democráticas, y principalmente atenta contra los derechos a la protesta social, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión”. Para sustentar esto último, cita otra consideración de la Relatoría Especial de la C.I.D.H. De otra parte, el actor considera que el fin de la protesta social sólo puede alcanzarse “sí las manifestaciones públicas se realizan en lugares en los cuales se pueda generar un impacto audiovisual que logre evidenciar la problemática o la información manifestada”. En este sentido, aunque reconoce que “es natural que la realización de manifestaciones en lugares de alta concurrencia vehicular o peatonal como las vías públicas, genere en algunas personas molestias, ya que generalmente las obstrucciones a las vías públicas impiden el trabajo de algunas empresas, 6 Procurador General Concepto 5358 o puede comprometer las puntualidad de un trabajador u obligar a las

autoridades a interrumpir un servicio público”, considera que “es excesivo del legislador calificar estas conductas como punibles […] Por el contrario[,] el Estado debe garantizar el uso del espacio público para la participación de la comunidad que decide reivindicar sus derechos”. Agrega, de igual forma, que “la obstrucción de la vía pública es el mecanismo por antonomasia de las protestas sociales en Latinoamérica y en el mundo”. Con relación a “la exigencia del permiso a la autoridad competente [… que] implícitamente […] ordena el parágrafo del artículo 44”, el actor manifiesta que ésta supone que “la autoridad tiene facultad discrecional de permitir o impedir el ejercicio de un derecho fundamental”, lo que considera que equivale a decir que “la democracia participativa, plasmada en la Constitución política, queda al albur del buen o mal genio de la autoridad policiva de turno”. Sobre este punto, trae a coalición otro pasaje del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, en donde expresamente se señala que “[l]a exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión […pero al mismo tiempo se precisa que ésta] no debe transformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente con facultades ilimitadamente discrecionales”. En el mismo sentido, el actor considera que las normas demandadas “generan un ambiente de peligrosidad en contra de los participantes de una manifestación, desembocando en el uso indiscriminado de los aparatos de seguridad debido a la discrecionalidad de los distintos

operadores de los dispositivos del derecho penal”, lo que pretende demostrar con “las cifras de denuncias de las personerías municipales y organizaciones de derechos humanos” (cita específicamente cifras de 7 Procurador General Concepto 5358 quejas presentadas por ciudadanos a la Personería de Medellín entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2011). En lo que tiene que ver con el principio de proporcionalidad y el derecho penal, el actor aduce que las normas penales demandadas deben someterse a un test estricto de proporcionalidad, pues considera que restringen derechos fundamentales, pero concluye que, al hacer este test, las citadas normas “resultan inconstitucionales, ya que son innecesarias para la protección de la seguridad ciudadana pues existen otras herramientas que cumplen con la misma finalidad y resultan menos lesivas para derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social”. En este sentido, argumenta que “la finalidad de las disposiciones adoptadas por el legislador pueden tener una aspiración legítima, como es proteger al ciudadano de graves perjuicios debido a conductas que son consideradas de peligro común, y si bien estas medidas pueden considerarse idóneas para la consecución de esta finalidad, no son las únicas que se podrían adoptar para lograr el objetivo requerido por la norma”. En este sentido, cita como ejemplo de alternativas las “medidas de carácter policivo”. Por último, el actor aduce que el artículo 44 demandando no cumple con el principio de legalidad estricto que debe respetarse en materia penal, pues argumenta que el tipo penal allí creado “contempla múltiples

indeterminaciones sintácticas y semánticas que no permiten identificar con plena claridad los elementos constitutivos del tipo” y, por tanto, constituye “un tipo penal en blanco abierto que brinda un alto margen de libre interpretación a los operadores jurídicos y policivos”. De manera más específica, reprocha que el artículo 44: (i) “habl[e] de unos ‘medios ilícitos’, dejando abierta la posibilidad de que el agente interprete este aparte de la norma de múltiples formas”; (ii) utilice distintos verbos rectores como “incite, dirija, constriña o proporcione los 8 Procurador General Concepto 5358 medios” que, en su concepto, “no permiten cumplir la función motivadora del tipo penal puesto que las personas, a las cuales va dirigida la pauta de conducta, no recién claramente el significado y el contenido de la misma, mediante una descripción clara, precisa y comprensiva de la conducta prohibida”; y (iii) liste “una serie de derechos[,] que el legislador […] identifica como bienes jurídicos protegidos (Derecho a la vida, la salud pública, el derecho al trabajo, el medio ambiente) […] con absoluta abstracción, pone en peligro incluso el principio de separación de poderes, ya que el ejecutivo cuenta con la posibilidad de instituir prohibiciones penales creadas a partir de una determinada política criminal orientada a perseguir a los participantes de una protesta social”. Sobre esto último, concluye que “las facultades que la norma, al construir un tipo penal abierto, le brinda al ejecutivo, además de flagelar el principio de legalidad, afecta la clausula general de competencias de legislar que detenta el

congreso de la república”.

2. Problema jurídico Corresponde establecer si al tipificar la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público e incluir dentro del tipo penal de la perturbación al servicio de transporte público la conducta de imposibilitar la circulación de vehículos destinados al transporte público, el artículo 44 y un aparte del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011 vulneran los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse de forma pacífica y sin armas. Además, con relación específica al artículo 44 demandado, corresponde establecer si el mismo efectivamente constituye un tipo penal en blanco con supuestos de hecho indeterminados que otorga facultades desproporcionadas al ejecutivo, contraviniendo los principios de legalidad y de separación de poderes.

3. Análisis jurídico

9 Procurador General Concepto 5358 A partir de una lectura directa y objetiva de los artículos demandados y de las normas constitucionales invocadas, esta Vista Fiscal no encuentra violación alguna de éstas últimas. Por el contrario, mientras en su demanda el actor no ofrece argumento alguno con relación a la supuesta violación al derecho fundamental al debido proceso, el Jefe del Ministerio Público destaca, en primer lugar, que el artículo 20 de la Constitución Política no dice que el derecho a la libertad de expresión sea un derecho absoluto y una interpretación semejante es contraria a la clausula del Estado Social de Derecho, que al tenor del artículo 1° Superior supone “la solidaridad de las personas […y] la prevalencia del interés general”. Es

más, el mismo artículo 20 es claro en señalar que incluso los medios de comunicación, como manifestación del derecho a la libertad de expresión, “tienen responsabilidad social”. En segundo lugar, si bien el artículo 37 Superior, tantas veces citado por el accionante, dispone que “[t]oda parte del pueblo podrá reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, como también se reconoce en diferentes normas del bloque de constitucionalidad, allí también se señala, con toda claridad, que “la ley podrá establecer la de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” como esta Vista Fiscal considera que, precisamente, lo hizo el Legislador en las normas demandadas. Es más, el mismo artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, invocado por el accionante, dispone expresamente que el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas “puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Y, en el mismo sentido, en algunas de las referencias que el mismo actor cita de distintos 10 Procurador General Concepto 5358 documentos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ─que, en todo caso, debe reiterarse que no resultan vinculantes ni hacen parte del bloque de constitucionalidad─ se señala con toda claridad que “es necesario prevenir y reparar” las “molestias o incluso daños” que puedan causar

“las huelgas, los cortes de rutas, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales” y que “[l]a exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión”. Por esta razón, para el Ministerio Público resulta equivocada la interpretación que el actor parece hacer de las normas constitucionales, en el sentido de que estas prohíban cualquier restricción o limitación del derecho a la libertad de expresión, así como también considera que es incorrecto deducir que las normas demandadas penalizan toda manifestación o, incluso, toda obstrucción de las vías públicas, toda vez que el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1453 de 2011 claramente excluye del tipo penal de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público “las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política” ─que es el aparte que el actor en realidad parece cuestionar─; y, de igual forma, la expresión demandada del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011 precisamente señala que lo que allí se tipifica es imposibilitar la circulación del transporte público y no simplemente restringirlo o limitarlo. De otra parte, esta Vista Fiscal se abstendrá de referirse a los posibles y eventuales usos indebidos de las normas demandadas, así como a los distintos ejemplos y estadísticas aportados por el accionante, toda vez que encuentra que estos resultan impertinentes en un juicio de constitucionalidad.

11 Procurador General Concepto 5358 En lo que tiene que ver con el carácter desproporcionado que el actor considera que tienen las normas demandadas, en la medida en que considera que éstas no superan un test de igualdad estricto, en primer lugar debe precisarse que, en desarrollo del principio de libre configuración de la ley, como ya lo ha señalado de forma reiterada esta Corporación en las Sentencias C-013 de 1997, C-647 de 2001, C-551 de 2001, C226 de 2002, C-420 de 2002, C-393 de 2002, C148 de 2005, C-822 de 2005, C-291 de 2007 y C-1086 de 2008, al diseñar la política criminal y el derecho penal el Legislador puede “optar por diversas alternativas de regulación, que incluyen la potestad de crear los delitos, establecer los elementos constitutivos de los tipos penales y sus correspondientes sanciones, así como el procedimiento a seguir para su investigación y juzgamiento”. En segundo lugar, debe señalarse que si bien la Corte Constitucional puede optar por hacer uso de un test de proporcionalidad u otro medio o procedimiento de interpretación o ponderación, con el propósito de juzgar si las normas demandadas se adecuan o no al texto constitucional, es claro que esta Corporación debe limitarse a contrastar directa y objetivamente las normas demandadas con las normas constitucionales efectivamente invocadas. Y, en el caso específico de que se haga uso de un test de proporcionalidad, esta Vista Fiscal considera que, en todo caso, debe entenderse: a) Que la proporcionalidad “comprende tres conceptos parciales: la

adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro de ese fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados y el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fines, que el 12 Procurador General Concepto 5358 principio satisfecho por el logro de ese fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes” (Sentencia C-1410 de 2000); b) Que para hacer el test de proporcionalidad deben compararse los medios establecidos con la norma con el fin que ésta misma o Legislador quiso perseguir con ella, y no un fin simplemente supuesto por el actor o interprete, cualquiera que este sea; y c) Que en caso de que el actor constitucional considere que la norma demandada no supera el test de proporcionalidad estricto, él mismo debe señalar cuál sería el o los medios alternativos que tendría el Legislador para obtener el fin propuesto y, en todo caso “sólo se pueden desechar aquellas que de manera objetiva sean inidóneas o inapropiadas” (Sentencia C-459 de 1995). Lo anterior, so pena de desconocer la cláusula general de competencia y la libertad de configuración del legislador (artículos 114 y 150 Superiores), incluso en materia penal, y trasladarle equivocadamente esta competencia al ciudadano o al juez constitucional. Atendiendo a lo anterior, en el caso de la demanda sub iudice, el Ministerio Público encuentra que el actor se equivoca cuando acusa las

normas demandadas de desproporcionadas pues, de un lado, parece considerar que cualquier restricción o limitación a las libertades de expresión o de manifestación son ya, de por sí, una vulneración a estas libertades, y por el otro, se equivoca al entender cuál es el fin de las normas demandadas, pues aduce confusamente que este simplemente es “proteger al ciudadano de graves perjuicios a conductas que son consideradas de peligro común”, cuando las normas demandas señalan explícitamente que se busca proteger “el orden público, la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente [y] el derecho al trabajo”, así como “el transporte público”, que es un servicio público. 13 Procurador General Concepto 5358 Además, el mismo actor considera que las medidas adoptadas con las normas demandadas “pueden considerarse idóneas para la consecución de esa finalidad”, y aunque advierte que “existen otras herramientas que cumplen con la misma finalidad y resultan menos lesivas para derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social”, únicamente señala como alternativas “herramientas coercitivas de carácter civil o administrativo”; medidas que igualmente reprocha, sin argumentación alguna, que “en la práctica no se sujetan al debido proceso” y que, en todo caso, no explica por qué serían mejores que las adoptadas por el Legislador ni por qué razón constitucional éste, siendo el competente para hacer esta valoración (Sentencia C-420 de 2002), tendría que preferirlas para proteger los bienes jurídicos mencionados. Así, darle la razón al accionante y decir que en Colombia no puede

penalizarse el obstaculizar, por medios ilícitos, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que se atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria o el derecho al trabajo, así como el imposibilitar la circulación de los vehículos de transporte, también por medio ilícito, simplemente aduciendo que los derechos a la libertad de expresión y la manifestación pública, son derechos fundamentales y absolutos; equivaldría, en concepto del Ministerio Público, a decir que prima el interés particular sobre el interés general, de forma absoluta, hasta el punto de que a quienes desean manifestarse en el espacio público no se les puede si quiera exigir que se valgan de medios lícitos y que obtengan la autorización previa de las autoridad competente. Finalmente, en lo que se refiere a la supuesta violación del principio de legalidad estricto del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, además de lo que ya se ha dicho con relación a la libertad de configuración del legislador en materia penal, baste señalar que, además de los límites 14 Procurador General Concepto 5358 naturales del lenguaje, los verbos rectores criticadas por el accionante no ofrecen mayores motivos de duda e incluso están presentes en otros tipos penales y que, en todo caso, el juicio sobre los medios utilizados por los posibles infractores de los tipos penales demandados son o no “ilícitos”, como lo exigen las dos normas demandadas, le corresponde al juez penal y no, como equivocadamente parece suponer el accionante, a las autoridades de policía. A esto habría que agregar, que los bienes

jurídicos que los tipos penales demandados aducen proteger son, precisamente, los mismos que las normas del bloque de constitucionalidad pertinentes, algunas de las cuales incluso fueron citadas por el mismo accionante, señalan como límites necesarios y justificables del “derecho a libertad de protesta social”, lo cual está en completa armonía con “la prevalencia del interés general” que ordena la misma Constitución (Artículo 1°).

4. Conclusión Por lo expuesto, el Jefe del Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 44 y del aparte demandado del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011.

De los Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/ABG

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