PGN - DERECHO DE PETICION Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo o devolució

Expediente 161-7933 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Contra Procurador Judicial Penal por incumplir deber de dar trámite a escrito con reparos a intervención en proceso penal DERECHO DE PETICION-Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo o devolución para corrección o aclaración PETICION QUEJA O RECURSO-Documento recibido se evaluó como queja y se remitió a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales competente para investigar procuradores judiciales DECISION DE ARCHIVO-Conducta denunciada no existió Determina la Sala Disciplinaria que la decisión de archivo definitivo proferida por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales mediante providencia del 31 de julio de 2020 debe confirmarse en razón a que no se evidencia ninguna conducta irregular de parte del procurador 119 judicial II penal…, por lo cual, en los términos del artículo 73 de la Ley 734 de 2002 lo procedente es dar por terminada esta actuación a favor del disciplinado y, en consecuencia, disponer el archivo definitivo de las diligencias teniendo en cuenta que la conducta denunciada no existió 1 Expediente 161-7933

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de febrero de dos mil veinte uno (2021) Aprobado en Acta de Sala N°10

Radicación No: IUS E-2018-461132 - IUC-D-20|18-1193524 (161-7933) Disciplinado: FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS Cargo y entidad: Procurador 119 Judicial II Penal - Medellín - Antioquia

Quejoso: ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA Fecha queja: 17 de agosto de 2018

Fecha hechos: 17 de agosto de 2018

Asunto: Apelación de la decisión de archivo definitivo

P.D Ponente: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, con cédula de ciudadanía 71714115, en su condición de quejoso dentro de la presente radicación, contra la decisión de archivo definitivo proferida por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, mediante providencia del 31 de julio de

2020.

II. ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 2.1. Antecedentes ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA por medio de documento fechado 17 de agosto de 2018, presentó queja contra el procurador judicial penal, FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, quien para entonces era el coordinador de procuradores judiciales penales de Medellín, según refirió, por las «mafias antiéticas y deshonestas» llevadas a cabo en la tutela N° 05002400300120180055200, en la que se dictó sentencia N° 220 de 2018, por hechos alusivos a la no respuesta de un derecho de petición, ya que el referido servidor entregó pruebas falsas.

Indicó el quejoso que la juez primero civil municipal (sic), MÓNICA ANDREA BARRERA VELÁSQUEZ, quien favoreció a Córdoba Palacio, fue muy

conservadora a la hora de responder un derecho de petición que le envió, en donde cuestionó anomalías al respecto, pues se le conculcó dicho derecho fundamental y se concretaron acciones antiéticas y deshonestas al entregar pruebas falsas, por lo cual solicita que se le cite para ratificar y explicar su queja de manera más extensa.1 1 Ver folio 2 2 Expediente 161-7933 2.2. Trámite procesal Con el fin de esclarecer los hechos denunciados por el señor ARANGO VIEIRA se llevó a cabo el siguiente trámite procesal: 2.2.1. De la Indagación preliminar La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales a través de auto del 29 de octubre de 2018 ordenó indagación preliminar en contra de FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en su condición de Procurador 119 Judicial II Penal, con sede en Medellín-Antioquia. 2

III. DE LA DECISIÓN DE ARCHIVO La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales a través de auto del 31 de julio de 2020 dispuso el archivo de estas diligencias, a favor del disciplinado, con sustento en los argumentos, que se reseñan, a continuación: Por medio de escrito del 17 de agosto de 2018, el señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, presentó queja contra FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en su condición de coordinador de procuradores judiciales de Medellín, según dijo, por mañas antiéticas y deshonestas llevadas a cabo en relación con la tutela

radicada con el N° 05001400312018-0055200, sobre lo cual dijo que se le vulneró su derecho fundamental y se entregaron pruebas falsas, siendo que la Juez Primero Civil Municipal (sic), quien favoreció a CÓRDOBA PALACIOS, ha sido muy conservadora a la hora de responder un derecho de petición que le envió, donde le cuestiona las anomalías al respecto. Precisó la Delegada que respecto de las inconformidades del señor OBREGÓN RENTERÍA contra FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en su condición de procurador 119 judicial II penal de Medellín, se determina que dicho servidor se pronunció sobre las múltiples solicitudes del quejoso, tal como se demuestra con el oficio N° 100-2018 del 18 de abril (sic) y los escritos del 26 de julio y 10 de agosto de 2016. Se explicó que mediante comunicación del 21 de junio de 2018, dirigida al Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Medellín, dentro de la acción de tutela radicada con el N° 05001400312018-0055200, instaurada por ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, el citado servidor expuso que el referido derecho de petición, no era tal, pues allí no había una particular solicitud, sino que se trataba de un irrespetuoso agravio a su función como Procurador Judicial II Penal, por lo que en consecuencia, envió dicho misiva a su superior para que se pronunciara, y adicionalmente, en varios escritos que le dirigió a dicho ciudadano, le expuso que de acuerdo con el parágrafo 2.° del artículo 15

2 Ver folios 6 y 7 3 Expediente 161-7933 de la Ley 1755 de 2015, se abstenía de darle respuesta ya que sus comunicaciones eran irrespetuosas y temerarias, por lo que entonces, no estaba obligado a ello. La instancia refirió que de acuerdo con las pruebas allegadas durante la indagación resulta claro que no se está frente a una falta disciplinaria, y por lo tanto, la conducta que se le cuestiona al disciplinado no resulta reprochable toda vez que los cuestionamientos del señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA no son procedentes por no tener sustento probatorio, en tanto, el representante del Ministerio Público se ajustó a su rol y deber funcional, de donde no se evidencia una presunta omisión de sus funciones.3

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN Consta en el auto 6 de noviembre de 2020, de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, que el quejoso presentó recurso de apelación contra la decisión de archivo, el cual está contenido en un cd que obra en el folio 98, por lo cual se concedió ante esta instancia.

En dicho documento reposa, en primer lugar, comunicación del 3 de noviembre de 2020, suscrita por ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, dirigida a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en el cual expone sus argumentos de apelación, seguidamente, obran copias de varios documentos que anexa, remitidos a diferentes autoridades y que tienen que ver con el proceso penal que se adelantó en su contra y con la tutela de la que hizo referencia.

Indicó el apelante que existe una pluralidad de contravenciones en cabeza de los funcionarios CARLOS ANDRÉS LINEROS PRIETO y CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE, donde el prevaricato, el tráfico de influencias, la manipulación y alteración de elemento material probatorio se concretó sin ningún asomo de ética y se vulneró flagrantemente el debido proceso y los derechos fundamentales, así como, se presentó fraude procesal en resolución administrativa, pues fueron parcializados y maliciosamente sesgados en el proceso disciplinario en contra de FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS y EDUARDO BENAVIDEZ LEGARDA, de quien no se explica cómo fue excluido de esta investigación. Enunció que fue victimizado en razón de un proceso penal que se siguió en su contra, por un supuesto delito de extorsión, siendo que el señor FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en su condición de Procurador Judicial Penal, se dio el lujo de no asistir a su juicio en dos oportunidades, y sin embargo, es cínico y exigió respeto, cuando el lenguaje sarcástico, crudo y directo que él ha empleado hacía este, es legítimo y justificado, pues dicho servidor no es más que un verdugo en las estadísticas de criminalidad por parte de fiscales y 3 Confrontar folios 85 a 89 4 Expediente 161-7933 los auxiliares de fiscales, que quienes dice, no son prístinos, sino bestias corruptas. Indicó allí el quejoso que el pasado (sic) 22 de enero la juez ÁNGELA PATRICIA

BENAVIDEZ le entregó el auto de preclusión a su favor, por la inexistencia del hecho investigado y se dispuso la compulsa de copias por falsa denuncia y falso testimonio, lo que se convertirá en un “efecto dominó” respecto de funcionarios de la Rama Judicial, la policía, la SIJIN y el Ministerio Público, donde se encuentra tatuado el nombre de FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, por lo que igualmente, funcionarios como CARLOS ANDRÉS LINEROS PRIETO y CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MANRIQUE, deberán dar explicaciones sobre un presunto prevaricato “fétido y galopante”, de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, cohecho, manipulación, alteración y destrucción de elemento material probatorio, al favorecer a funcionarios de la “impronta” de CÓRDOBA PALACIOS y de su escudero BENAVIDEZ LEGARDA. En el folio 8 de dicho documento relacionó el quejoso los siguientes argumentos de apelación: 1.- El 9 de marzo de 2019 radicó en el correo electrónico de la Procuraduría General de la Nación, 50 folios, soportes de su denuncia contra FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS y EDUARDO BENAVIDEZ LEGARDA, relacionada con el favorecimiento de MÓNICA ANDREA BARRERA, Juez primero Civil Municipal (sic) en la tutela radicada con el N° 050014003-0012018-0055200 de 2018, por no dar respuesta a un derecho de petición, en la cual se presentó falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

2.- Manifestó que en la actuación se dijo que recibió respuesta al derecho de petición y que esta le fue enviada a su correo electrónico, lo cual es una estratagema digna de niños malcriados, aunado a que se anotó que lo llamaron a sus abonados telefónicos para corroborar su email, sin embargo, la juez de tutela no exigió los respectivos soportes, todo con su intención de favorecer a los mencionados, además, que no se le llamó para ampliar la queja. 3.- Indicó que el 20 de febrero de 2019 el servidor BENAVIDEZ LEGARDA le envió el oficio C018-2019, en respuesta a un derecho de petición que presentó cuestionando los soportes relacionados en la tutela, sobre lo cual el mencionado le manifestó que, lamentablemente, no tenía las constancias del correo que se le envío, pues por instrucciones del área de sistemas de esta entidad, se debían periódicamente eliminar los mensajes para que el correo no se bloqueara, como tampoco poseía evidencia de las llamadas que le hizo para verificar su correo, en razón a que cambió de celular y perdió los registros de las llamadas. 4.- Aludió que el folio 20 de la tutela, el cual hizo llegar como prueba contra los funcionarios CÓRDOBA PALACIOS y BENAVIDEZ LEGARDA, fue excluido del dosier del archivo (sic), por lo cual estas dudas serán clarificadas en la apelación, 5 Expediente 161-7933 pues descaradamente, FRANKLIN CÓRDOBA manifestó al juez de tutela que el correo electrónico del accionante fue confirmado, telefónicamente, por el

asistente de la Coordinación, y que por tanto, no se le vulneró el derecho de petición, lo cual es falso, pues jamás lo llamaron, como tampoco recibió el mencionado correo, y la juez—como cómplice—, debió solicitar tal prueba. En páginas siguientes el quejoso hizo una relación de pruebas y documentos del radicado penal 050016000206201409326, que se siguió en su contra, por los hechos que hizo mención.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 5.1. Competencia de la Sala Disciplinaria Es competente la Sala Disciplinaria conforme con lo preceptuado en el numeral 1°, del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por ALEXÁNDER OBREGÓN RENTERÍA, en su condición de quejoso, contra la decisión de archivo adoptada mediante providencia del 30 de agosto de 2018, por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

La procedencia del recurso de apelación tiene lugar toda vez que fue interpuesto y sustentado dentro del término legal conforme consta en el auto del 2 de octubre de 2018.4 Se puntualiza que la resolución del recurso opera conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que comprende únicamente la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 5.2. Presupuestos legales de la decisión de archivo En consideración a que el recurso de apelación objeto de este estudio se

presentó en relación con la decisión de archivo adoptada dentro de estas diligencias, viene al caso referir que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 señala que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procede cuando se configura cualquiera de las siguientes causales de terminación del procedimiento disciplinario: i). cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, ii). Que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, iii). Que el disciplinado no la cometió y iiii) que existe una causal de exclusión de responsabilidad o, iv: Que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Así las cosas, de presentarse cualquiera de estas causales el funcionario del conocimiento, a través de decisión motivada, ordenará el archivo definitivo de 4 Ver folios 247 a 249 6 Expediente 161-7933 las diligencias, en consonancia con lo previsto en el artículo 164 de la misma normatividad. 5.3. Del derecho de petición De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. La Corte Constitucional en la Sentencia T-206 de 2018 sobre el derecho de petición, refirió: El artículo 23 constitucional indica que la petición debe presentarse en términos respetuosos. Este presupuesto se ve reforzado con el contenido del artículo 4 de la Carta Política según el cual “es un deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y

obedecer a las autoridades.” b. El presentar peticiones de copias de documentos implica, en caso de que sea un alto número, asumir el costo de éstas. La norma que impone esta obligación fue demandada ante la Corte y se encontró exequible. d. Además, se deben respetar los requisitos establecidos en los capítulos II, III, IV, y V del Código Contencioso Administrativo (artículos 5 al 25). e. Como ningún derecho es absoluto, se requiere que no esté demostrado que se presenta un abuso del derecho de petición. Estas obligaciones deben ser asumidas cabalmente por toda persona que haga uso de su derecho y el hecho de incumplirlas legitimará la ausencia de respuesta de la administración.5 Por su parte, la Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el derecho fundamental de petición, señala: Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y

reclamos e interponer recursos. […] Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. […] 5 Confrontar Sentencia T 1075 de 2003 7 Expediente 161-7933 5.4. De la evaluación de los argumentos de apelación en confrontación con los planteamientos esbozados en la decisión de archivo y las pruebas obrantes. Tenemos que en la providencia del 29 de octubre de 2018, por la cual se ordenó indagación preliminar en estas diligencias, se dispuso adelantar visita administrativa especial, a la Procuraduría 119 Judicial II Penal, de Medellín, con las siguientes finalidades: .- Revisar el expediente (sic), para describir detalladamente los documentos que guarden relación con los hechos objeto de queja .- Verificar los documentos obrantes relacionados con el derecho de petición y la tutela en mención, así como, el desarrollo que tuvo el proceso desde su inicio, hasta la fecha de tal decisión. .- Verificar los documentos de que hizo referencia el señor ALEXANDER

OBREGÓN RENTERÍA.

Para la práctica de las pruebas se comisionó al Procurador 118 Judicial II Penal, de Medellín. Mediante oficio 2164 del 21 de noviembre de 2018 el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Medellín, remitió al Procurador 118 Judicial II Penal, de Medellín, copia de la tutela presentada por ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA,

el auto que la admitió y la contestación. Se indicó que no era posible remitir copias de todo el expediente toda vez que este se encontraba, en sede de revisión, en la Corte Constitucional. 6 En cuanto al escrito de tutela, de fecha 13 de junio de 2018, cuya copia obra en folio 22, en él indica el señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA que la interpone contra el doctor FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, porque no le dio respuesta a un derecho de petición y por la negligencia de este «mal servidor público», pues él estuvo privado de la libertad por once meses, por lo cual este le debía responder por su lamentable situación y por haber participado en dicho entramado, pues gracias a su mediocridad profesional él tenía una delicada valoración y remisión siquiátrica. Dentro de los soportes allegados a la tutela reposa copia de derecho de petición del 18 de abril de 2018, suscrito por ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, dirigido a FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en el que le manifestó que como Ministerio Público debía ser garante de la sociedad, de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, para lo cual debió ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que podían afectar sus garantías. 6 Confrontar folio 20 8 Expediente 161-7933 Manifestó el señor OBREGÓN RENTERÍA, al citado servidor, que tenía varios cuestionamientos, pues se presentó una nociva conspiración teñida de racismo, orquestado por policías y un círculo familiar criminal de formación

castrense y la lamentable corrupción, sistémica y criminal del deshonesto fiscal del caso, sumado a la falta de inteligencia, más no de pasmosidad criminal de los dos investigadores de la SIJIN. Refirió así mismo, que FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS no cumplió su trascendental papel de ser garante de sus derechos, pues sí la obligación a su cargo hubiese sido acorde con la ley, y no sujeta a su alto nivel de mediocridad, leyendo su caso se habría enterado del vacío que existía, ya que las pruebas y los testigos eran incongruentes, siendo que este servidor tenía la facultad de solicitar la preclusión, pues el ente acusador incurrió en un abierto y descarado concierto al abrirle dos supuestas investigaciones por porte de arma de fuego. Le preguntó el señor OBREGÓN RENTERÍA, al servidor CÓRDOBA PALACIOS, sí su presencia lacónica y dañina en su juicio se debió a qué postulado, o que si acaso el formaba parte de dicha maquinaria criminal y perpetradora, o por el contrario, lo suyo era solo un alto nivel de negligencia y no envidiable mediocridad, y por qué entonces no lo había salvaguardo en contra de la remetida del ente acusador, por lo cual lo conminaba a renunciar a su cargo y dejar de percibir emolumentos por no hacer nada, pues sí mal no lo recordaba, en el juicio oral, brilló por su ausencia, en dos oportunidades.7 Por su parte, en versión libre el disciplinado anexó copia de la providencia del 16 de octubre de 2018, por la cual la Procuraduría Delegada para el Ministerio

Público, dispuso el archivo del radicado IUS E-2017-532558 – IUCD-2017957130, que se adelantó en su contra, por la presunta omisión de sus funciones, de acuerdo con la queja presentada por el señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, relativa a lo que consideró una injusta privación de su libertad. Indicó el versionante que todo se originó por un proceso penal que se adelantaba contra el señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA y en el cual el fungió como Ministerio Público, siendo que el mencionado fue absuelto por duda probatoria, luego de lo cual, este incurrió en reiterados escritos irrespetuosos en su contra, dentro de ellos, uno fechado 18 de abril de 2018, el cual denominó derecho de petición, donde lo injurió y se quejó de lo que consideró fue un mediocre desempeño de su parte en dicho proceso, por lo que, pese a que en los términos de la Ley 1755 de 2015, artículo 15, parágrafo segundo, no tenía la obligación de contestarle, y como quiera que, de allí se extraía una queja en su contra, dio traslado, mediante oficio C101 del 18 de abril de 2018, del mencionado documento a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público, quien es la competente para investigarlo, de lo cual enteró al citado ciudadano a través del oficio C-100 de 2018, de la misma fecha. 7 Confrontar folios 26 y 27 9 Expediente 161-7933 Refirió el procurador CÓRDOBA PALACIOS que con posterioridad recibió la

notificación de una acción de tutela en su contra, del Juzgado Primero Civil de Medellín, instaurada por dicho ciudadano, sobre lo cual contestó a la juez en los mismos términos antes expuestos. 8 Entre los documentos que obran en el cd allegado por el quejoso, contentivo del recurso de apelación, se encuentra la providencia del 16 de junio de 2018, del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad, de Medellín, dentro de la tutela 188, instaurada por ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA contra la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales – Medellín, por la cual se denegó dicho mecanismo. Como fundamentos de la mencionada decisión, concisamente, se tienen lo siguiente: .- Se relacionó que el accionante manifestó que por negligencia del procurador FRANKLIN CÓRDOBA estuvo injustamente privado de su libertad por once meses y tres días, por lo cual era pertinente que este entregara respuesta ante su lamentable situación y su participación en el entramado, sobre lo cual el accionado informó que si bien el mencionado se dirigió, en documento que se recibió el 18 de abril de 2018, este no constituía un derecho de petición, pues allí no se hizo una solicitud específica, sino un irrespetuoso agravio a su función como Procurador. .- Se explicó que el accionado informó que como de dicho documento se vislumbraba una queja disciplinaria en su contra, le dio traslado de la misma a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, de lo cual informó al señor OBREGÓN RENTERÍA a través de oficio del 18 de abril de

2018, que se envió a su correo electrónico, por lo que considera que no vulneró el derecho de petición al tutelante. .- Dijo la juez de tutela que efectivamente se advierte la presentación del mencionado documento del 18 de abril de 2018, que el accionante llamó derecho de petición, de cuyo examen se advierte que este presenta reparos por la actuación desplegada por el señor FRANKLIN CÓRDOBA, como Procurador en el proceso penal que se le adelantó, por lo cual se consideró que esta misiva carece de hechos que sirvan de fundamento a pretensiones claras y precisas, que den lugar, a su receptor, a responder una petición puntual, mediante una respuesta clara, congruente y de fondo, sino que más bien se trata de una queja en contra de un servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que allí se formule una petición concreta, por lo cual no puede exigírsele a la entidad accionada el dar respuesta de fondo, como lo pretende el accionante. 9 8 Confrontar folio 31 9 Confrontar folios 95 a 98 10 Expediente 161-7933 En folio 55 reposa copia del oficio radicado con el N° E-2018-504395, del Grupo de Intervención Temprana, de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, dirigida a FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, en su condición de Procurador Judicial II, en el cual se le informa que conforme con los parámetros de la Sentencia C-1177 de 2005, mediante decisión del 3 de octubre de 2013, el Fiscal Coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte

Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004, dispuso la inadmisión de la indagación radicada con el N° 110016000102201800321, adelantada contra él, en calidad de Procurador Judicial II de Medellín, la cual se inició por denuncia del señor ALEXANDER

OBREGÓN RENTERÍA.

Evidencia esta Sala Disciplinaria, de conformidad con los documentos ampliamente relacionados, que no se presentó por parte del servidor FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, incumplimiento del deber de dar trámite al documento suscrito por el señor OBREGÓN RENTERÍA, fechado 18 de abril de 2018, el cual nominó, como un derecho de petición. Se observa de dicha misiva, que el ciudadano formuló al procurador CÓRDOBA PALACIOS reparos por su actuación como agente del Ministerio Público, dentro del proceso penal que se siguió en su contra, a la vez, que cuestionó a otros servidores de distintas entidades, sin que aparezca una particular y concreta solicitud o petición que exigiera respuesta de parte de este, o su intervención como Ministerio Público, o la revisión, consulta o examen de algún documento, contrariamente, el escrito abunda en manifestaciones irrespetuosas en su contra, tales como, que es un servidor con alto nivel de mediocridad, a la vez, que le interrogó a qué se debió su presencia lacónica y dañina en su juicio, o que sí acaso formaba parte de dicha maquinaria criminal y perpetradora, o por el contrario, lo suyo era solo un alto nivel de negligencia y no envidiable

mediocridad. Esta colegiatura puntualiza sobre el particular, que con lo descrito se desconoció la esencia del derecho de petición, por una parte, porque los requerimientos o peticiones que se le presentan a las autoridades, sí bien son una facultad que concede la Constitución Política a los ciudadanos, conforme a lo definido en el artículo 23, deben ser respetuosas. En efecto, la citada disposición de la Constitución Política señala: ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. En consonancia, la Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el derecho fundamental de petición, igualmente estipula que la prerrogativa de presentar 11 Expediente 161-7933 peticiones a las autoridades debe ser en términos respetuosos, so pena de rechazo. 10 Por otra parte, el enunciado derecho petición, como se dijo con antelación, en todo su contexto, no contiene ninguna situación o interrogante que requiriera pronunciamiento o información de parte del servidor a quien fue dirigido, esto es, al procurador judicial FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, y como efectivamente este lo valoró, lo que aparece es que, además de los señalamientos irrespetuosos que se le hacen, se aludió a un presunto incumplimiento de sus deberes como Ministerio Público, por lo cual resolvió remitir dicho documento a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público

en Asuntos Penales, quien de conformidad con sus facultades, era la competente para investigar disciplinariamente las situaciones relacionadas con su desempeño como procurador judicial. Manifestó el quejoso, que se dijo en esta actuación, que recibió respuesta al derecho de petición y que esta le fue enviada a su correo electrónico, lo cual es una estratagema digna de niños malcriados, aunado a que se anotó que lo llamaron a sus abonados telefónicos para corroborar su email, sin embargo, la juez de tutela no exigió los respectivos soportes, todo con su intención de favorecer a los mencionados, además, que no se le llamó a ampliar la queja. Sobre la gestión que en la dependencia a cargo del procurador FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS se le dio al enunciado derecho de petición, obra en el folio 52 copia del oficio C-101 del 18 de abril de 2018, por el cual se remitió a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, y en el folio 53 reposa copia del oficio C-200-2018 de la misma fecha, mediante el cual se le enteró, sobre el particular, al señor OBREGÓN RENTERÍA. En lo pertinente a la remisión que se hizo a la mencionada dependencia, consta en el auto del 31 de julio de 2020, por el cual se dispuso el archivo de estas diligencias, en el capítulo de las pruebas, que se hizo mención al oficio C-101 de 2018, de suscrito por FRANKLIN DE JESÚS CÓRDOBA PALACIOS, como procurador 119 judicial II penal, de Medellín, luego entonces, no hay duda que

en esa dependencia se recibió el documento en cuestión. Sobre la comunicación que se le hizo al señor ALEXANDER OBREGÓN RENTERÍA, acerca de la remisión de dicho documento a la citada Delegada, se tiene que el disciplinado a través de comunicación del 21 de junio de 2018, le remitió al juez que conocía