PGN - FACTOR SUBJETIVO DE LA CONDUCTA - Culpa y dolo

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 013-46747

Disciplinado: Por Establecer

Cargo y entidad: Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Quejoso: De oficio Fecha queja: 3 de octubre de 2000

Fecha hechos: Enero a mayo de 2000.

Asunto: Presunta irregularidad al no tramitar recurso de apelación.

Bogotá DC, 20 de enero de 2005

ANTECEDENTES

1. La queja.

Mediante oficio No. 2313 de 4 de septiembre de 2000 la Personera Delegada de los Servicios Públicos Domiciliarios remitió fotocopia de la investigación adelantada por ese Despacho distinguida con el No. 3342-99 y de la providencia proferida en el mismo, el 4 de mayo de 2000, en que ordenó el archivo de las diligencias adelantadas en contra de funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y compulsar copias para que este organismo investigara a los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-Delegada para el Acueductopor la mora en tramitar el recurso de apelación interpuesto por la Señora OLGA VIRGINIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, administradora del edificio Baraya, ubicado en la calle 21 No. 8-35 de esta ciudad, debido a que averiguó por este en noviembre de 1999 y enero de 2000 sin que para marzo siguiente obtuviera respuesta sobre el fallo del recurso (fls. 1 y 78 ).

2. Indagación preliminar

Revisada la documentación obrante en el investigativo se verificó que este Despacho por auto de 29 de enero de 2001 ordenó adelantar indagación preliminar por los hechos materia de la queja y practica de pruebas, obrando la siguiente: 1.- Oficios Nos. 3317 de 27 de octubre y 3589 de 24 de noviembre de 1999 enviados por la Personera citada al Superintendente de Servicios Públicos solicitando intervención para resolver el recurso de apelación mencionado (fls. 70 y 71). 2.- Oficio número 3797 de 17 de diciembre de 1999, en el cual la citada Personera solicita al investigador de la Empresa de Acueducto, información sobre el fallo del recurso (fl. 72) y respuesta con Oficio 9310-2000-Z1 de enero 7 de 2000 en que le manifiesta que se encuentra en trámite en dicha Superintendencia y le adjunta resumen de la deuda (18 meses) del predio (fls. 74 a 76). 3.- Oficio 99-440 de 17 de diciembre de 1999 suscrito por el Superintendente Delegado para el ramo informándole a la Personera de conocimiento que el precitado recurso estaba al Despacho para decidirlo y notificar a la usuaria cuando se resolviera (fl. 73). 4.- Oficio No. 0458 de 7 de marzo de 2000 en que la Personería reitera al Delegado de la Superintendencia, la solicitud de información del trámite del recurso y su copia (fl. 77). 5.- Copias del auto de archivo proferido por la Personería Delegada el 4 de mayo de

2000 a favor de los funcionarios de la empresa de Acueducto de Bogotá y ordena compulsar copias a este organismo para que investigue a la Superintendencia del ramo y oficio 1138 de la misma fecha comunicándole a la quejosa la decisión (fls. 78 a 81). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Las presentes diligencias fueron remitidas el 4 de septiembre de 2000 por la Personería Delegada para los Servicios Públicos Domiciliarios de Bogotá en acatamiento del auto de 4 de mayo de 2000 que ordenó compulsar copias para que este organismo investigara a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-Delegada para el Acueducto, por la mora en tramitar el recurso de apelación interpuesto por la Señora OLGA VIRGINIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por cuanto no se le informó sobre su trámite en el período de noviembre de 1999 a marzo de 2000. Revisado el expediente se observó que se recibió en este Despacho el 5 de octubre de 2000, y se ordenó indagación preliminar por auto de enero 29 de 2001, sin pasar de esta etapa, por lo que al analizar la cronología del proceso se observa que se ha excedido ostensiblemente el término legal de seis (6) meses para esta, sin establecer exactamente las circunstancias modales y temporales de ocurrencia de los hechos, funcionarios asignados, trámite y razones de la mora. Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-728 de 2000, proferida dentro del expediente D-2697, al pronunciarse sobre la demanda de

inconstitucionalidad, entre otros, del artículo 141 de la Ley 200 de 1995, manifestó: “(...) el examen de constitucionalidad versará sobre los siguientes apartes del artículo 141 del CDU: Cuando proceda la indagación preliminar no podrá 2 prolongarse por más de seis (6) meses (..), al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente...El artículo 144 del Código Disciplinario Único establece que cuando “...el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria. Sin embargo, no en todos los casos la queja o el informe disciplinario arrojan claridad sobre la existencia de una falta disciplinaria y sobre el posible autor de la misma.” Lo descrito nos sitúa frente a la imperiosa necesidad de dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 (anterior artículo 141 de la Ley 200/95), en consecuencia proceder al archivo definitivo de las diligencias. Sin embargo es preciso resaltar que en la indagación adelantada por la Personería mencionada solamente se estableció que efectuó solicitudes al Superintendente de Servicios Públicos mediante oficios de 27 de octubre y 24 de noviembre de 1999 para que el competente resolviera el recurso de apelación por la reclamación presentada por la Señora OLGA VIRGINIA MARTÍNEZ, y que el 17 de diciembre del mismo año el Superintendente Delegado para Acueducto Alcantarillado y Aseo en

razón de sus funciones le contestó informándole que el recurso de apelación identificado con el No. 98-440-0191 de 1998 se encontraba al Despacho para decisión y que una vez se resolviera se le notificaría a la usuaria la misma (fl. 73); además que se allegó el de 7 de marzo de 2000 reiterándole la solicitud y envío de copia del fallo (fl. 77), sin establecer si éste recibió, si delegó su respuesta o si se efectuó con posterioridad al recibo del expediente en tal Despacho, que ante el cúmulo de trabajo que maneja en la materia dicho ente nos llevara a justificar la mora, precisamente por el vencimiento de la etapa de indagación. También se estableció que a la quejosa se le comunicó con oficio 1138 de 4 de mayo de 2000 el archivo de las diligencias a favor de los funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá y remisión a este organismo para investigar a la citada Superintendencia (fl. 81), sin allegar con posterioridad al recibo de esta, documentación alguna sobre la presunta mora en el trámite del recurso de apelación interpuesto por la misma, lo cual indica que pudo haberse resuelto. Respecto al vencimiento de la indagación es necesario aclarar, como se expuso inicialmente que el expediente lo recibió esta Delegada el 5 de octubre de 2000 y se ordenó indagación preliminar por auto de enero 29 de 2001 que proyectó en razón de sus funciones el sustanciador de la época el Señor FEISAL FERNANDO CASTRO, repartiéndolo al Dr. EDGAR ROJAS CHÁVES quien lo recibió el 20 de

febrero siguiente y lo tuvo en su poder hasta el 8 de abril de 2003, (2 años, 1 mes y 18 días), en que se reparte a la Dra. DIANA LATINA DE LA HOZ CURE en la misma 3 fecha, pero por cambio de funciones lo devuelve el 28 de mayo del mismo año (un mes y 20 días); se reasigna correspondiéndole a la Dra. ELSA CONSUELO GALLO ALZATE quien lo recibe con el período de indagación vencido y lo tiene en su poder desde esa fecha hasta la presente, es decir un año, 6 meses y 19 días. En cuanto a la presunta mora en los períodos mencionados este Despacho anota sobre el cumplimiento de la Directiva 06 de agosto de 1997, emanada del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, que no se adecua a las situaciones allí contempladas por cuanto la misma se encuentra justificada, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El período de inactividad mencionado en cabeza del Dr. EDGAR ROJAS CHÁVEZ, Asesor Grado 18 adscrito a esta Delegada cuya justificación se plasma, (del 20 de febrero de 2001 al 8 de abril de 2003), es decir 2 años, 1 mes y 18 días, se analiza teniendo en cuenta que los profesionales que tuvieron a cargo el radicado para esta época se encontraban con recargo de trabajo originado en la supresión de la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Administrativa, proyectada en el año 1999, para convertirla en Delegada para Contratación Estatal, por lo que le suspendieron el reparto desde el mes de enero de tal año, conllevando la

reasignación de los expedientes que estaban a su cargo para repartirlos entre las dos delegadas restantes, lo cual originó congestión en forma ascendente a partir de esa fecha en esta Delegada, incrementándose en proporción geométrica el trabajo a cargo de cada abogado, sumado a la disminución de personal tanto de profesionales como de secretaría desde enero de 2000 a diciembre de 2001, un promedio de siete (7) abogados, solo hasta la llegada del actual Procurador General estudió las dificultades expuestas y en este mes brindó en parte el apoyo requerido para superar la congestión, asignando algunos profesionales, pero la problemática aún se encuentra latente puesto que los diversos requerimientos no se han atendido totalmente en materia de personal ni de equipos, lo que ha hecho imposible la planeación, el control y evacuación oportuna de expedientes creándose una crisis cuyos resultados fueron anunciados oportunamente a la administración. Para soportar lo anterior basta efectuar un simple conteo matemático en los libros radicadores, de los expedientes recibidos entre enero del 2000 y abril de 2003 para concluir el incremento desproporcionado de expedientes repartidos a cada uno de los funcionarios de esta Delegada con un promedio de carga laboral incrementada en 317 % por año, respecto del año de 2000 . Durante el periodo cuestionado evacua definitivamente el siguiente número de expedientes: En el año 2001: Pasan aproximadamente 77 expedientes de 2000, recibe 185 expedientes para un total de 262; etapa durante la cual se recibe el 4 expediente 01346747. Según cuadros de estadísticas obrantes en los archivos del

Despacho tramitó 162 expedientes es decir un promedio bruto por mes 13.5 expedientes definitivos sin contar otras actuaciones de impulso procesal y otras laborales como cursos, comisiones etc., descontando vacancia judicial y vacaciones. En el año 2002: Vienen de 2001 aproximadamente 112 y llegan 85 expedientes, pasan aproximadamente 198 y se evacuan según cuadros de estadísticas obrantes en los archivos del Despacho: tramitó 162 expedientes, quedan 196 expedientes, para un promedio bruto de 16,5 mensuales, sin contar vacancia, además de otras actividades como visitas, comisiones, visitas del Gedis que nos quitaron mas de treinta días de labores, en marzo de 2002 empieza diplomado sobre Contratos Estatales en la Universidad del Rosario por 4 meses dos horas diarias, Inducción elecciones: medio día entre 23 y 31 de marzo (1 semana perdida); Abril se perdieron 5 días hábiles nuevamente por incentivación Gedis y Revisión Expedientes (se habla con el Procurador solicitando refuerzos por exceso de trabajo); dedicaciones especiales a expedientes por su complejidad así: mayo expediente 013-43585, julio expediente 013-44982; Diciembre 025-66511, por lo que se utilizaron tres meses para dicha labor. En el año 2003 de enero a abril: Vienen 50 expedientes aproximadamente y se reparten 58 para un total de 108 y tramita 55. Con base en las anteriores argumentaciones no puede hablarse de culpa ni antijuridicidad en la actuación, cuanto existe una demostrada razón, que impedía actuar con absoluto dominio sobre todos los expedientes a su cargo, la mora

presentado solo obedeció a la falta de atención oportuna por la administración, para solucionar un problema diagnosticado, que poco a poco se incrementó, según se observa en las estadísticas, por tanto los hechos relacionados anteriormente descritos, son suficientes para considerarlos como justificantes de responsabilidad disciplinaria a favor del Dr. EDGAR ALEXANDER ROJAS CHÁVEZ, en su condición de abogado asesor adscrito a esta Delegada. Respecto a las doctoras DIANA LATINA DE LA HOZ CURE y ELSA CONSUELO GALLO ALZATE, la primera lo tuvo en su poder del 8 de abril al 28 de mayo de 2003, época en que se presenta la vacancia judicial de Semana Santa es decir que se descuentan 8 días, en este lapso recibe 66 expedientes en abril y 19 expedientes en mayo; tramita 14 en el mes de abril y 14 en el mes de mayo, una producción bastante alta, por lo que no amerita ningún análisis respecto a una presunta mora. En relación con la profesional que proyecta este proveído, recibió este expediente el 29 de mayo de 2003, o sea que lo tuvo en su poder desde esa fecha hasta la 5 presente, es decir un año, 6 meses y 19 días, pero la presunta inactividad se justifica con base en las siguientes argumentaciones: Desde el 21 de mayo de 2002 se le asignó a la proyectista por el Señor Procurador General de la Nación como función especial adicional a las propias del cargo, la de Líder del Subcomponente de Fortalecimiento de la Función Disciplinaria, dentro del convenio suscrito por este Organismo con el BID y por tanto reglamentadas acatando los parámetros del mismo, las que incidieron en las estadísticas mensuales

por cuanto requirieron de su atención inmediata porque en desarrollo del proyecto se comprometió el nombre de este organismo por ser uno de los planes bandera de esta Administración, copando con ello gran parte del tiempo laboral y por ende la atención de los expedientes en un 50% a 100%, ya que debe asumir labores adicionales como proyectar diversos documentos para consideración y estudio por parte de la Gerencia del Subcomponente, asignada a su vez al titular de este Despacho, para ser enviados posteriormente al estudio de la Oficina de Coordinación y Gerencia del proyecto de la Procuraduría, la cual los sometía a revisión del comité del convenio y posterior presentación para su aprobación ante los coordinadores del Banco, acorde con las necesidades plasmadas en el Documento de negociaciones efectuadas con tal Banco; atención de reuniones con el Grupo Coordinador, entidades públicas y empresas privadas, presentación de informes y sustentación de los mismos como consta en los documentos obrantes en los archivos de la Delegada. Para el año 2003 continúa con la función de líder, acentuada en los procesos Licitatorios que coparon la mayor parte del tiempo laboral por lo que la dedicación a los expedientes es mínima y por ende no resulta equitativo realizar comparación alguna con las estadísticas mensuales de los demás funcionarios de la Delegada, pues en el transcurso del año se debieron atender y evacuar nuevos requerimientos del BID hasta lograr materializar las diversas licitaciones en su etapa precontractual para el último trimestre del año, inclusive deben suspendérsele junto con el titular de este Despacho las vacaciones colectivas para atender la preparación de términos de

referencia de tales procedimientos, revisión y aprobación del comité del proyecto, de la Oficina Jurídica de la Procuraduría, correcciones, adiciones, aclaraciones a las recomendaciones efectuadas por todos ellos y en últimas para entregarlos al BID para su aprobación final, publicaciones o invitaciones a los proponentes y diligencias de cierre de licitaciones, todo ello con dedicación en esta etapa prácticamente de tiempo completo. A pesar de lo anterior proyecta y recibe algunos expedientes para esta vigencia, un total de 122 expedientes recibidos y 83 expedientes tramitados a pesar de que el tiempo para evacuarlos era prácticamente nulo y debió desempeñarse con las 6 precitadas funciones hasta el mes de mayo de 2004, en que se replanteó el proyecto y se le dejaron únicamente las funciones de asesoría como en efecto realizó en múltiples ocasiones. Igualmente proyecta y recibe algunos expedientes para la vigencia de 2004, así: 138 expedientes recibidos y 105 expedientes tramitados, descontando un mes por vacaciones y semana santa; un mes por la función especial asignada de descongestión para la Delegada ordenada por resoluciones expedidas por el señor Procurador General de la Nación a partir del 26 de agosto hasta el 20 de septiembre en que se le asigna la función de asesoría a los funciones de la Procuraduría Delegada para entidades territoriales sobre los expedientes de tal plan y en el mes de octubre la elaboración de cuadros de informe a la Contraloría General de la República por intermedio de la Oficina de Control Interno con corte al mes de

septiembre; cuadros sobre el mejorando del 2004 proyectado al 2005 para entregar a la OCI y a la Oficina de Planeación de este Organismo; asistencia los jueves y viernes cada 15 días al Diplomado de Contratación Estatal hasta el fin del mes de noviembre en que proyecta y presenta a la misma el plan operativo anual de la Delegada. De lo anterior se colige que no existe elemento subjetivo que pueda comprometer a título de culpa o de dolo la conducta de la abogada proyectista, pues no puede en el presente asunto hablarse de negligencia o impericia atribuible a ella que permita su juzgamiento por desconocimiento del deber funcional impuesto por la ley, pues nadie está obligado a hacer mas de lo que física, logística y profesionalmente puede, por ende al no configurarse los requisitos exigidos en la Directiva 06 citada no existe mérito para ordenar investigar a la Dra. ELSA CONSUELO GALLO ALZATE Profesional Universitaria Grado 17, adscrita a este Despacho. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades jurídicas, RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo del proceso adelantado en contra del Señor HERMES HUERTAS HUERTAS en su condición de Superintendente Delegado Acueducto y Alcantarillado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para la época de los hechos, de quien no se suministró identificación, con base en la parte motiva del presente proveído.

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SEGUNDO: Notificar la presente decisión al investigado, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

TERCERO: La presente decisión no se notificará en los términos de los artículos 90 y 103 de la Ley 734 de 2002 por haberse iniciado de Oficio.

CUARTO: Por la Secretaría de esta Procuraduría, háganse las anotaciones y constancias de rigor.

QUINTO: Este Despacho conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, no compulsará copias con destino a la Veeduría de este Organismo para investigar la mora o inactividad en el trámite de las diligencias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 06 del 6 de agosto de 1997.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM/ ecga Exp 013-46747 mbm 8