PGN - FALLO ABSOLUTORIO - Así las cosas, tras no haberse acreditado la tipicidad de los comport

FALLO ABSOLUTORIO-Así las cosas, tras no haberse acreditado la tipicidad de los comportamientos investigados, el despacho se considera relevado del deber de analizar la ilicitud sustancial del comportamiento, la culpabilidad con lo que habrían podido realizar, y la eventual sanción que se podría asignar, por no resultar pertinentes ante un fallo absolutorio.

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 2

Expediente: IUS-E-2017-824972 - IUC-D-2017-1031406 1

Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Radicación: IUS-E-2017-824972 - IUC-D-2017-1031406

Investigado: JHON JAIRO TORRES TORRES

Cargo: Alcalde

Entidad: Alcaldía Municipal de Yopal – Casanare Quejoso: De oficio Fecha de la queja: 10 de octubre de 2017

Fecha hechos: Por determinar Asunto: Fallo de primera instancia absolutorio

Bogotá, D.C., 8 de junio de 2023

I. ASUNTO Surtido el traslado para la presentación de alegatos de conclusión por los sujetos procesales, según auto del 11 de diciembre de 20201, procede el despacho a

proferir fallo de primera instancia.

II. IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL INVESTIGADO En el presente expediente disciplinario se investiga a: JHON JAIRO TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número iiiiiiiiiiiiiiiiiiii, en su condición de Alcalde Municipal de Yopal – Casanare - .

III. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES 3.1. Informe - hechos En la publicación del portal www.prensalibre.com.co del 10 de octubre de 20172 se informó a la opinión pública que a través del proyecto de vivienda "Mi nueva Jerusalén" del municipio de Yopal (Casanare), se captan recursos desde hace dos años y nos los devuelven a los que lo solicitan, y tampoco entregan las casas o los lotes.

Adicionalmente precisó el citado portal que Planeación Municipal informó que no se tramita ninguna licencia para dicho plan urbanístico y que (…) se explora el cumplimiento de los requisitos legales" entre los que se encuentra la urbanización ciudadela "La bendición". 1 Folio 819 Cuaderno No. 5 2 Folio 3 Cuaderno No.1

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Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 –

www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 El 20 de diciembre de 20173, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó remitir por competencia la queja de radicación No. 2017-142091 a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública para el trámite correspondiente 3.2. Indagación Preliminar Mediante auto del 10 de noviembre de 20174, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, ordenó iniciar indagación preliminar contra responsables en averiguación de la Alcaldía municipal de Yopal - Casanare -. 3.3. Apertura de investigación disciplinaria Con auto del 25 de abril de 20185, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, ordenó abrir Investigación Disciplinaria contra los señores JORGE GARCÍA LIZARAZO, en su calidad de Alcalde Municipal; LUCIA GAONA MARTÍNEZ, en su calidad de Secretaria de Planeación, HUGO ANDRÉS MONTES SÁNCHEZ, en su calidad de Secretario de Planeación, JOHN JAIRO TORRES TORRES, en su calidad de Alcalde; CALIXTO GASTÁN BRADIXON, en su calidad de Alcalde; ZOILA ROSA ANGULO RODELO, en su calidad de Alcaldesa; HERNANDO MOLANO RODRÍGUEZ, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; JAIRO ALBERTO RANGEL VERA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, JUAN CARLOS SUAREZ FORERO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; RAFAEL NIÑO CUENZA, en su calidad de Jefe

de la Oficina de Planeación, FABIO ANDRÉS FAJARDO RESTREPO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación. 3.4. Cierre de la investigación La etapa procesal de investigación disciplinaria culminó con la emisión del auto de 1° de febrero de 20196, a través de la cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública dispuso el cierre de la investigación disciplinaria. 3.5. Pliego de cargos Mediante providencia del 30 de septiembre de 2019 la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió pliego de cargos en contra de los señores JORGE GARCIA LIZARAZO, en su calidad de Alcalde Municipal, JOHN JAIRO TORRES TORRES, en su calidad de Alcalde; CALIXTO GAITAN BRADIXON, en 3 Folio 56 Cuaderno No.1 4 Folio 5 y 6 Cuaderno No.1 5 Folios 76 a 78 Cuaderno No. 1 6 Folios 300 Cuaderno 2

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Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 su calidad de Alcalde; ZOILA ROSA ANGULO RODELO, en su calidad de

Alcaldesa; HERNANDO MOLANO RODRÍGUEZ, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; JAIRO ALBERTO RANGEL VERA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, JUAN CARLOS SUAREZ FORERO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; RAFAEL NIÑO CUENZA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, FABIO ANDRÉS FAJARDO RESTREPO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación del municipio de Yopal – Casanare -. En la misma decisión de cargos se decretó el archivo definitivo en favor de la señora LUCIA GAONA MARTINEZ, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el señor HUGO ANDRES MONTES SANCHEZ, en su calidad de Jefe Oficina Asesora de Planeación del municipio de Yopal – Casanare -. 3.6. Declaratoria de nulidad Mediante auto del 24 de junio de 20207, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de formulación de cargos del 30 de septiembre de 2019, sin que dicha nulidad afectara las decisiones de archivo, ni las pruebas practicadas por haber sido allegadas legalmente, decisión que fue debidamente notificada a los sujetos procesales, tal y como consta en los folios 684 al 714 del Cuaderno Principal 4. 3.7. Pliego de cargos Mediante providencia del 01 de octubre de 20208, nuevamente la Procuraduría

Delegada para la Moralidad Pública emitió pliego de cargos contra el señor JOHN JAIRO TORRES TORRES, en su calidad de Alcalde y, dispuso el archivo definitivo contra los señores JORGE GARCIA LIZARAZO, en su calidad de Alcalde Municipal, CALIXTO GAITAN BRADIXON, en su calidad de Alcalde; ZOILA ROSA ANGULO RODELO, en su calidad de Alcaldesa; HERNANDO MOLANO RODRÍGUEZ, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; JAIRO ALBERTO RANGEL VERA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, JUAN CARLOS SUAREZ FORERO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación; RAFAEL NIÑO CUENZA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación, FABIO ANDRÉS FAJARDO RESTREPO, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeación. Mediante constancia secretaria del 11 de diciembre de 202029, se advierte que se enviaron los respectivos oficios citatorios No. 3405 y 3540 del 2 y 8 de octubre de 2020 al disciplinado y a su defensor de oficio. 7 Folios 680 a 683 Cuaderno N. 4 8 Folios 723 a 739 Cuaderno N. 4 9 Folio 818 del Cuaderno N. 4

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Fallo de primera instancia absolutorio

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 3.8 Descargos Dentro del término dispuesto en la Ley 734 de 2002, mediante correo electrónico del 9 de octubre de 202010, JULIAN ANDRES AGUILAR ARDILA, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, en práctica del Consultorio Jurídico, en su condición de defensor de oficio del señor JHON JAIRO TORRES TORRES, presentó documento contentivo de los descargos en los que solicitó la nulidad de lo actuado y expuso las consideraciones jurídicas por las cuales consideraba que su representado no era responsable por los hechos objeto de investigación. 3.9. Pruebas de Descargos Con auto del 6 de noviembre de 202011, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública negó la solicitud de nulidad y decretó las pruebas de oficio, por considerar que eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. 3.10. Alegatos de conclusión Por auto del 11 de diciembre de 202012 la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública dispuso correr traslado para que los sujetos procesales presentaran sus alegatos de conclusión, término dentro del cual JULIAN ANDRES AGUILAR ARDILA, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, en práctica

del Consultorio Jurídico, en su condición de defensor de oficio del señor JHON JAIRO TORRES TORRES13, presentó los argumentos en los que sustentaba la exoneración de responsabilidad de su representado. 3.11. Remisión por competencia La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a través de auto del 24 de agosto de 202114, ordenó la remisión por competencia de las diligencias a las Procuradurías Delegadas con funciones de Juzgamiento (reparto). Con auto del 15 de septiembre de 2021, la entonces Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso el correspondiente reparto al interior de la Delegada. La Procuraduría Segunda Delegada para la vigilancia administrativa, a través de la decisión del 17 de noviembre de 202115, designó al doctor EDWIN JOSE 10 Folios 781 a 787 Cuaderno N.4 11 Folios 788 a 791 Cuaderno N. 4 12 Folios 819 Cuaderno N. 5 13 Folios 837 a 841 Cuaderno 5 14 Folios 849 a851 Cuaderno No. 5 15 Folios 895 a 897 Cuaderno No 5

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www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 VERGARA MORALES, para que se desempeñara como defensor de oficio del investigado JHON JAIRO TORRES TORRES.

IV. SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A PARTIR DEL 17 DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL 25

DE MAYO DE 2020

En virtud de la emergencia económica, social y ecológica declarada con ocasión de la pandemia generada por el virus COVID-19, la Procuraduría General de la Nación suspendió los términos de sus actuaciones disciplinarias desde entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2020 (70 días calendario), determinaciones que fueron contenidas en las resoluciones que a continuación se relacionan y, por las cuales, los términos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios deben calcular y/o computar los setenta (70) días calendario antes citados, en virtud los siguientes actos administrativos, normas y decisiones judiciales: - Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “SUSPENDER TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a partir del martes diecisiete (17) de marzo dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020)”. - Resolución No. 136 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Procurador

General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación hasta el viernes tres (3) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 148 del 3 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes diecisiete (17) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 173 del 17 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes veinticuatro (24) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 184 del 24 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la

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Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes once (11) de mayo dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 204 del 8 de mayo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual ordenó “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes veinticinco (25) de mayo dos mil veinte (2020) inclusive.” - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido el Presidente de la República, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión de la pandemia por el virus COVID-19. - Decreto No. 491 del 28 de marzo 2020, expedido por el Presidente de la República y “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la prevención laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en cuyo artículo 6° estableció la “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”.

• Sentencia C-242-20 del 9 de julio de 2020, por medio de la cual la Corte

Constitucional con ponencia de los Magistrados Ponentes Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Dra. Cristina Pardo Schlesinger, declaró EXEQUIBLE el artículo., salvo el parágrafo 1 que declara INEXEQUIBLE y el parágrafo 2 que declara CONDICIONALMENTE exequible, “bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma”, en los siguientes términos: “6.144. Ahora, para verificar la conformidad con la Constitución de la habilitación a las autoridades de suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa contemplada en el artículo 6°, la Corte precisa que la satisfacción de los principios superiores de celeridad y seguridad jurídica y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, implican que en las normas generales y abstractas se fijen, de manera ex ante, los plazos que tendrán los operadores para adelantar las diferentes actuaciones a su cargo. 6.145. En consecuencia, las normas procedimentales deben impedir que los términos para adelantar las actuaciones puedan ser determinados, de forma ex post, por los operadores jurídicos, por lo que la habilitación de suspensión de términos contemplada en la norma examinada, en principio, tiene el potencial de afectar los referidos principios y, por ello, podría ser

contraría a la Constitución.

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Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 6.146. Sin embargo, esta Sala advierte que, excepcionalmente, la autoridad ordenadora puede definir situaciones específicas en las cuales, a fin de satisfacer un principio constitucional, se autoriza al operador competente para que pueda suspender los plazos fijados en la ley, por ejemplo, cuando se requiera de la práctica de un conjunto de pruebas para poder adoptar una decisión conforme a derecho o exista una fuerza mayor para adelantar las diligencias. 6.147. Con todo, este Tribunal advierte que dada la eventual lesividad de dicha habilitación para los principios de celeridad y seguridad jurídica, la consagración de tal facultad debe ser excepcional y atender al principio de proporcionalidad. 6.148. En esta ocasión, esta Corporación evidencia que la autorización de suspensión de términos contemplada en el artículo 6° del Decreto 491 de 2020 supera la mencionada exigencia de proporcionalidad, porque persigue una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades debido a las

restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar los servicios de forma adecuada, continua y efectiva. 6.149. En este sentido, la Corte estima que la posibilidad de suspender los términos por parte de las autoridades también debe entenderse como una habilitación otorgada a la administración para asegurar el derecho al debido proceso de los ciudadanos, pues la misma debe ser utilizada cuando se advierta que la continuación de una actuación en medio de la pandemia puede derivar en escenarios de arbitrariedad por desconocimiento de las garantías que conforman dicha prerrogativa, como ocurriría si una persona manifiesta que no puede hacer uso de su derecho agotar los recursos debido a que no cuenta con el acceso a la documentación necesaria ante las limitaciones sanitarias. 6.150. Asimismo, este Tribunal evidencia que la habilitación para la suspensión de términos es una medida adecuada para cumplir dicha finalidad, puesto que le otorga la posibilidad de interrumpir algunos procesos a las autoridades a fin de que puedan retomar de forma organizada sus actividades teniendo en cuenta: (i) los cambios que deben realizar para implementar el paradigma de virtualidad en sus actuaciones y garantizar que los mismos no se conviertan en una barrera de acceso para los ciudadanos; y (ii) la dificultad logística y técnica que puede implicar en algunos eventos adelantar ciertos procedimientos o actuaciones de forma remota o sin la presencia de los usuarios y los funcionarios en las sedes de las entidades. 6.151. Igualmente, esta Corte considera que la referida medida es

necesaria, puesto que para las autoridades del Estado es imposible materialmente realizar durante la emergencia sanitaria sus actuaciones con la misma celeridad con la que las desarrollaban en las condiciones previas

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Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 ordinarias debido a las restricciones a la presencialidad implementadas por razones sanitarias. 6.152. En efecto, la implementación de directrices como el aislamiento preventivo obligatorio, el distanciamiento social, la prohibición de aglomeraciones, las restricciones para ejecutar ciertas actividades que lleven consigo el contacto personal, entre otras, impiden que las autoridades puedan hacer uso de la infraestructura física que tienen dispuesta para atender a los usuarios de forma presencial, y que se vean obligadas a utilizar instrumentos y herramientas tecnológicas para cumplir sus funciones, lo cual requiere un lapso razonable de adaptación, mientras fortalecen su capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía. 6.153. Por último, esta Sala evidencia que la habilitación para suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa es una medida proporcional, porque a pesar de que afecta la

celeridad de los trámites que por mandato superior deben tener los procedimientos, lo cierto es que, en primer lugar, se trata de una medida que no aplica para actuaciones que versen sobre asuntos iusfundamentales, por lo cual solo se puede acudir a dicha figura frente asuntos de índole legal o reglamentario. 6.154. En relación con dicho aspecto, la Corte estima que limita el grado de afectación del principio constitucional de celeridad en las actuaciones, porque garantiza que los asuntos que versan sobre los bienes más preciados del ser humano no se vean suspendidos, y que la misma sólo aplique a causas en las que se debaten puntos de menor valía en el sistema de valores implementado en la Carta Política. 6.155. En segundo lugar, la Sala advierte que la suspensión no aplica de plano y respeta la autonomía administrativa, pues le corresponde a cada autoridad definir cómo operara, teniendo la facultad de suspender todo el procedimiento o alguna etapa de este, lo cual debe justificar en un acto administrativo motivado. 6.156. En torno al grado de motivación exigido, este Tribunal evidencia que se exige una fundamentación calificada, ya que la autoridad debe: (i) dar cuenta de que hubo una evaluación previa de la situación que la lleva a encontrar justificada la adopción de la medida en función de sus actividades y procesos, y (ii) las razones que se invoquen deben estar relacionadas con el servicio y las causas de la emergencia sanitaria. 6.157. En tercer lugar, esta Corte advierte que la medida que autoriza la suspensión es temporal, toda vez que únicamente puede adoptarse mientras dure la emergencia sanitaria y la misma se levantará de plano al

día siguiente que finalice la misma, por lo que se descarta que continúe su aplicación después de que cesen las condiciones extraordinarias que dieron lugar a su adopción.

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Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 6.158. En cuarto lugar, esta Sala observa que la medida examinada tiene en cuenta que la suspensión de términos puede a llegar afectar los tiempos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley y, a efectos de evitar una vulneración al debido proceso, señala que los mismos no correrán durante el plazo en que se utilice la figura. 6.159. Por las anteriores razones, la Corte estima que el artículo 6° es conforme a la Constitución.” Así las cosas, resulta importante señalar que, si bien el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario – modificado por el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021, ya no contempla la caducidad de la acción como causal de extinción de la acción disciplinaria, la misma Ley 2094 de 2021, en el parágrafo 2º

de su artículo 265, determinó expresamente que “el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011” “mantendrá su vigencia” hasta el 29 de diciembre de 2023; es decir, la caducidad de la acción disciplinaria, tal como se encontraba regulada en el Código Disciplinario Único se encuentra vigente y tendrá plenos efectos hasta dicha fecha. En este orden de ideas, emitido el auto de apertura de investigación disciplinaria, la acción disciplinaria prescribirá si dentro de los cinco años siguientes a dicho auto no se ha emitido y notificado fallo de primera instancia, conforme lo señaló el Consejo de Estado16. 16 Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ de 29 de septiembre de 2009, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. En esa oportunidad se determinó: “Unifica la jurisprudencia acerca de la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria. "[L]a tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la

actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. […] De manera que, el término de prescripción aplicable en el sub-lite es el de cinco años […]. En este lapso es preciso imponer la sanción, entendiendo por tal verbo rector expedir y notificar el acto principal, esto es, aquel mediante el cual se concluye la actuación con la atribución de responsabilidad al investigado, pero no se exige su firmeza porque la norma no lo prevé así […] La decisión sobre los recursos que se interpongan contra el acto sancionatorio primigenio corresponde ya no a la actuación administrativa propiamente dicha sino a la definición sobre el agotamiento de la vía gubernativa. […] En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Esta posición unificada no aplica respecto de investigaciones en otras materias que se regulen por regímenes especiales.”

Expediente: IUS-E-2017-824972 - IUC-D-2017-1031406 10

Fallo de primera instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 No obstante, resulta necesario destacar que con ocasión de la emergencia sanitaria que se afronta Colombia y a nivel internacional por la pandemia causada por el Covid-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, en el cual se manifestó en la parte motiva que: “(…) Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación del servicio público de justicia, de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario” y “Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 Y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la

obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales”. Por lo tanto, a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional consideró que algunas de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, eran el distanciamiento social y el aislamiento, y que, con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del Covid-19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos en particular, se hizo necesario expedir normas de orden legal que flexibilizaran la obligación de atención personalizada a los usuarios y que se permitiera incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. Como medidas para afrontar la crisis sanitaria, el Decreto 417 de 2020, señaló, entre otras: “Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección la vida y la salud de los colombianos; […] Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hizo ne