PGN - FALLO ABSOLUTORIO - El disciplinado asumió el cargo cuando ya la administración había ade

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación # 162-119411-2005

Implicada Rosario Cecilia Ricardo Bray Cargo y entidad Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar Queja Libardo Simancas Torres Fecha Hechos 31 de diciembre del 2003 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá, D.C. 15 de diciembre de 2008

I. ASUNTO Procede la Delegada de conformidad con el artículo 170 de la Ley 734 del 2002, a proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta en contra de la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, en su condición de Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar.

II. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL El 27 de julio del 2006, esta Delegada ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, por posibles irregularidades en la celebración de los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, y No. 304 del 30 de diciembre del 2003, sin el cumplimiento de los principios y requisitos legales. (fls. 1618, cuaderno 1) El 28 de agosto del 2006, a través de edicto que permaneció fijado del 24 al 28 de agosto del 2006, en el Centro de Notificaciones de esta entidad, se notificó la decisión a la implicada. (fl. 80, cuaderno 1).

El 31 de enero del 2008, este Despacho declaró la nulidad de lo actuado, a partir de la notificación del auto de apertura de investigación disciplinaria, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 del 2002. (fls. 111-114, cuaderno 2) El 11 de abril del 2008, se notificó personalmente al apoderado de la investigada, los autos de apertura de investigación disciplinaria del 27 de julio del 2006, y del 31 de enero del 2008, mediante el cual se decretó la nulidad. (fl. 124, cuaderno 2) El 24 de abril del 2008, se formularon cargos, los cuales le fueron notificados personalmente el 22 de mayo del 2008, a través de su apoderado; quien el 9 de junio del 2008, presentó descargos y solicitó la práctica de pruebas, las cuales fueron decretadas el 27 de junio del 2008 y rechazadas otras; decisión que fue notificada el 30 de julio y 10 de septiembre del 2008, por estado. (fls. 125—144 y 153-154, cuaderno 2). El 8 de julio del 2008, se libró despacho comisorio a la Procuraduría Regional de Bolívar, para la práctica de pruebas de descargos. (fls. 153 y 162, cuaderno 2) PD Moralidad Pública 1 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL El 28 de agosto del 2008, la doctora Amada Isabel Ojeda Torregrosa, Procuradora

Regional de Bolívar, se declaró impedida para la práctica de pruebas; el cual no fue aceptado el 28 de agosto del 2008; sin embargo, se le separó de conocimiento y en su lugar se comisionó a la Procuraduría Provincial de Cartagena. (fls. 164-172, cuaderno 2) El 24 de noviembre del 2008, la investigada a través de apoderado presentó alegatos de conclusión. (fls. 188-189, cuaderno 2)

III. IDENTIDAD DE LA INVESTIGADA ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, identificada con la cédula No. 33.173.299, Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, según decreto No. 2949 del 17 de octubre del 2003; cargo del cual tomó posesión el 21 de octubre de ese año, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

IV. SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS A la disciplinada ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY le formularon los siguientes cargos: Cargo primero.

Haber celebrado al parecer los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, sin la debida planeación y con posible violación de los principios de economía, responsabilidad, publicidad, transparencia y el deber de selección objetiva, previstos en la Ley 80 de 1993, los artículos 8, 10 y 11 del decreto 2170 del 2002, y la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 2002. La falta se calificó provisionalmente como gravísima de conformidad con el numeral

31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, que tipifica como tal: “Participar en la etapa pre-contractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”; cometida a título de dolo. Como normas posiblemente infringidas se le citaron los artículos 6°, 123 y 209 de la Constitución Política; numeral 8° del artículo 24, numerales 1, 3, 7 y 12 del artículo 25, numeral 5 del artículo 26, de la Ley 80 de 1993; así como los artículos 8 y 10 del decreto 2170 del 2002, y la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 2003. Cargo segundo. Haber presuntamente pretermitido el proceso para la licitación pública en la celebración del contrato de obra pública No. 304 del 30 de diciembre del 2003, con Construcciones Hilsaca Ltda., con posible violación de los principios de economía, responsabilidad, publicidad, transparencia y el deber de selección objetiva, previstos en la Ley 80 de 1993, el decreto 2170 del 2002 y la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 2002. PD Moralidad Pública 2 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL La falta se calificó provisionalmente como gravísima de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, que tipifica como tal: “Participar en la

etapa pre-contractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”; cometida a título de dolo. Como normas posiblemente infringidas se le citaron los artículos 6°, 123 y 209 de la Constitución Política; numeral 8° del artículo 24, numerales 1, 3, 7 y 12 del artículo 25, numeral 5 del artículo 26, de la Ley 80 de 1993; así como los artículos 4, 8 y 10 del decreto 2170 del 2002, la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 2003, y el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 del 2002.

V. DESCARGOS El 9 de junio del 2008, la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, a través de

apoderado, presentó los siguientes descargos:

1. En relación con el primer cargo.

Sostiene que previamente a la celebración de los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, la administración departamental adelantó los trámites previos que exige la ley, en cada caso, se efectuaron los estudios de oportunidad y conveniencia de las obras, se determinó el costo de las mismas y los riesgos que su realización conllevaba, estructurándose los correspondientes términos de referencia; presentadas las propuestas estas fueron debidamente evaluadas y calificadas en forma satisfactoria, habiéndose celebrado los contratos con el lleno de los requisitos legales y ejecutado

las obras en beneficio del interés general, razón por la cual el fin buscado con cada uno de ellos fue alcanzado en su totalidad. Precisa que ninguno de los contratos fue fruto de la improvisación o de ausencia de planeación y llama la atención que al proceso no se incorporaron todos los documentos que demuestran el cumplimiento de todas las etapas previas a la celebración de los negocios jurídicos. Pone de presente que asumió como gobernadora encargada el 21 de octubre del 2003, cuando ya la administración había adelantado la etapa pre-contractual y en su gran mayoría todas las etapas, trámites y procedimientos previos, circunstancia que se demuestra con los cerificados de disponibilidad presupuestal Nos. 4534 y 6206 del 10 de julio y 26 de septiembre del 2003, respectivamente, lo cual la excluye de responsabilidad. Señala que los tres contratos aparecen suscritos por ella en calidad de representante legal del departamento, por los respectivos contratistas y los funcionarios Juan Carlos Restrepo González, Secretario de Obras Públicas, e Ildelfonso Baldiris Silva, Director del Departamento Administrativo Jurídico, dejando expresa constancia que los contratos se cumplieron con los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. PD Moralidad Pública 3 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL En consecuencia, solicitase se le excluya razonablemente de responsabilidad pues mal puede endilgársele la comisión de falta a título de dolo antes de la celebración de los contratos, cuando dos funcionarios expertos en el manejo contractual están certificando el cumplimiento de requisitos.

2. En relación con el segundo cargo.

Señala que al proceso no se aportó ni un solo documento que acreditara la realización y cumplimiento efectivo de toda la etapa pre-contractual, etapa que se surtió en su integridad, no obstante el departamento de Bolívar simplemente remitió el certificado de disponibilidad presupuestal al que se hizo mención en el pliego de cargos. Entonces, para contestar, replicar y controvertir el cargo, basta afirmar que el proceso pre-contractual y toda la etapa licitatoria previa al contrato de obra pública No. 304 del 30 de diciembre del 2003, se surtió con arreglo a la ley, circunstancia que se demuestra rotundamente con las pruebas que se acompañan a los descargos y con las que se incorporarán al expediente en el curso del proceso.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El 24 de noviembre del 2008, la investigada, a través de apoderado, presentó alegatos, solicitando se le absuelva de responsabilidad por no haber cometido falta disciplinaria alguna, refiriéndose a lo dicho en los descargos y señalando que con las pruebas que obran en el proceso, especialmente los documentos aportados por ella y los testimonios practicados, se demuestra lo siguiente: En cuanto a los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, en su condición de gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, previamente a su celebración se observaron a plenitud todas las etapas y dio pleno y total cumplimiento a las disposiciones legales especialmente en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo

10 del decreto 2170 del 2002. En relación con el contrato de obra pública No. 304 del 30 de diciembre del 2003, que está plenamente demostrado que no es cierto, como se dijo al momento de proferir pliego de cargos, que respecto a este contrato se haya pretermitido el proceso de licitación pública correspondiente, teniendo en cuenta que se aportaron los documentos idóneos y suficientes que permiten demostrar, con absoluta claridad, que la administración departamental adelantó en debida forma todos y cada uno de los pasos de la etapa pre-contractual que concluyó con la celebración del contrato.

VII. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Precisión metodológica.

La Delegada procede al análisis de las pruebas allegadas al proceso y proferir fallo de primera instancia. Para tal fin, en primer término se ocupará de i) la competencia para conocer del presente asunto; en seguida, se analizarán ii) los fundamentos jurídico y fáctico y la conducta de la disciplinada con el fin de establecer su responsabilidad. PD Moralidad Pública 4 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL i) Competencia. La Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso que se adelanta en contra de la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, en su condición de Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, en virtud del artículo 25 del decreto 262 del 2000. ii) Fundamentos jurídicos y fácticos.

1. En relación con la celebración de los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003.

Está probado que la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, en calidad de Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, celebró los contratos de obra pública SOP 276 del 26 de diciembre del 2003, para la adecuación y reparación del laboratorio departamental, por valor de $ 18.996.801.88; SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, para la reestructuración parcial del centro de salud de San Pedro Consolado – Corregimiento de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar, por valor de $ 18.756.352.00; y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, para la adecuación centro de salud con cama. Vitalio Sara Castillo – municipio de Soplavento, por valor de $ 18.651.386.00. (fls. 50-59, 41-48 y 68-76, cuaderno 1) Así mismo, está acreditado que por la cuantía, los procesos se adelantaron por contratación directa; y para cada uno de ellos se contó con los siguientes documentos: (cuaderno 1) Contrato SOP 276 del 26 de diciembre el 2003, adecuación y reparación del laboratorio departamental:  Documento de conveniencia y oportunidad, sin fecha. (fl. 107)  Certificado de disponibilidad presupuestal No. 8004 del 26 de diciembre del 2003, por valor de $20.000.000.oo, con cargo al rubro laboratorios en salud pública. (fl. 112)  Propuesta presentada el 26 de noviembre del 2003, por el Ingeniero Civil Gustavo Acero Pérez. (fls. 114-140)

Contrato SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, reestructuración parcial del centro de salud de San Pedro Consolado – Corregimiento de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar:  Análisis de oportunidad y conveniencia para la contratación de prestación de servicios para reestructuración parcial del Centro de Salud de San Pedro Consolado, del 26 de noviembre del 2003, en un folio. (fl. 32)  Certificado de disponibilidad presupuestal No. 6206 del 22 de septiembre del 2003, con cargo al rubro Nivel I código presupuestal No. 2240101. (fl. 10, cuaderno 2)  Propuesta del 4 de diciembre del 2003, presentada por el Ingeniero Civil Carlos Castillo Stave. (fls. 39-46)  Cuadro sin fecha de evaluación de la propuesta, de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Bolívar. (fl. 47)  Cuadro sin fecha de corrección aritmética. (fl. 48) PD Moralidad Pública 5 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL Contrato SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, adecuación centro de salud con cama. Vitalio Sara Castillo – municipio de Soplavento:  Análisis de oportunidad y conveniencia para la contratación de prestación de servicios para adecuación del Centro de Salud con camas. Vitalio Sara Castillo – Municipio de Soplaviento, Departamento de Bolívar, del 7 de julio del 2003, en un folio. (fl. 51)  Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4534 del 10 del julio del 2003, con

cargo al rubro Nivel I código presupuestal No. 2240101. (fl. 9, cuaderno 2)  Propuesta presentada el 9 de diciembre del 2003, por el Arquitecto Roberto Angulo Hernández. (fls. 58-99)  Cuadro sin fecha evaluativo de la propuesta. (fl. 102)  Cuadro sin fecha de corrección aritmética. (fl. 103) Entonces, de acuerdo con el presupuesto de la Gobernación de Bolívar en el año 2003, para la contratación directa por cuantía menor o igual a $19.920.000, no se requería obtener previamente varias ofertas, conforme a lo establecido en el decreto 21701 del 20022, norma que reglamentó el principio de transparencia en la actividad contractual previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en la que se fijaron algunas reglas que se aplicarán en los casos de contratación directa. Entre ellas, establece el artículo 11 que cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. Sin embargo, la administración departamental previamente a la apertura de los procesos de selección no contó con los estudios que le permitieran establecer los precios del mercado, ni los estudios exigidos en el artículo 8 del decreto 2170; según el cual, en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley

80 de 1993, se deberán elaborar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate. Esto por cuanto, si bien es cierto que se elaboraron documentos que titularon de oportunidad y conveniencia, ellos no contaron con la información mínima legal. De otra parte, teniendo en cuenta que se trataba de contratos de obra pública, con antelación al inicio del proceso de selección del contratista, no se solicitaron las autorizaciones y aprobaciones para ello, ni se elaboraron los estudios, diseños y proyectos requeridos, de conformidad con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, en lo que hace relación a los términos de referencia, para todos los casos se aportó a la investigación un documento modelo general denominado términos de referencia para contratación directa valores menores al 10% de la 1 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. 2 “Artículo 29. Vigencia. El presente decreto entrará a regir a partir del primero (1°) de enero de 2003 y deroga los artículos 3, 8 11 y 12 del Decreto 855 de 1994, el artículo 5 del Decreto 287 de 1996, y las demás disposiciones que le sean contrarias.” PD Moralidad Pública 6 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL cuantía mínima, formato en blanco que no corresponde al objeto a contratar en cada caso, ni, por supuesto, contó con la información mínima legal, se trata de un simple

formato que adoptó la administración departamental en los casos de contratación directa, incumpliendo la administración el artículo 10 del decreto 2170 del 2002, que establece la información mínima de los términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los procesos de selección de contratación directa. Así mismo, se desconoció la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 20023, según la cual tratándose de contratos de obra pública y referirse la directiva al principio de transparencia, el cual lleva implícita la selección objetiva del contratista, a la administración le correspondía obtener mínimo dos ofertas, independientemente de que en razón a la cuantía y según los requisitos establecidos en la Gobernación de Bolívar, fuera necesario obtener una oferta. Con todo, encuentra el Despacho que le asiste razón a la defensa de la investigada en sus exculpaciones, en el sentido que asumió como gobernadora encargada el 21 de octubre del 2003, cuando ya la administración había adelantado la etapa precontractual, circunstancia que, en efecto, se demuestra con los cerificados de disponibilidad presupuestal Nos. 4534 y 6206 los cuales fueron expedidos el 10 de julio y 26 de septiembre del 2003, respectivamente. Así mismo, cuando señala que los tres contratos aparecen suscritos por ella en calidad de representante legal del departamento y los funcionarios Juan Carlos Restrepo González, Secretario de Obras Públicas, e Ildelfonso Baldiris Silva, Director del Departamento Administrativo Jurídico, funcionarios responsables de la etapa precontractual en la entidad, dejando expresa constancia que los contratos se

cumplieron con los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. Así quedó establecido en los siguientes testimonios: (anexo 6) El 26 de septiembre del 2008, el señor Luis Roberto Angulo Betancurt, identificado con la cédula No. 9.070.717, quien se desempeñó como Jefe de Control Interno de la Gobernación de Bolívar hasta el 31 de diciembre del 2003, precisó respecto a los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003, que todos pasaban a esa dependencia en lo relacionado con el análisis pre-contractual, el cual se ejecutaba a partir de la recepción de las minutas o proyectos de contrato que recibían de la oficina jurídica y se verificaba si cumplían los requisitos previos establecidos en la Ley 80 de 1993, para lo cual aportó los oficios Nos. C.I. 1299-03 del 22 de diciembre y C.I. 1362 del 30 de diciembre del 2003, dirigidos al secretario de obras públicas encargado. (fls. 46-52) El 1° de octubre del 2008, el señor Ildefonso Baldiris Silva, identificado con la cédula No. 9.060.271, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina Jurídica, precisó que los contratos fueron planificados y desarrollados por la secretaría de obras públicas del 3 A través de la directiva presidencial, se fijaron los lineamientos, criterios, medidas y acciones de corto y mediano plazo, que deberán cumplir las entidades públicas en materia de lucha contra la corrupción en la contratación estatal, garantizando la

transparencia en los procesos de selección de contratistas, así como el alcance de los principios y deberes previstos en la Ley 80 de 1993, entre ellas, que las entidades buscarán que en los factores de escogencia en los procesos de selección de contratistas se privilegien las condiciones técnicas y económicas de la oferta. PD Moralidad Pública 7 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL departamento y por ser de menor cuantía, su trámite era por contratación directa. (fls. 54-55) El 1° de octubre del 2008, el señor Jorge Eliécer Salazar Avenia, identificado con la cédula No. 9.066.232, manifestó que como Secretario del Interior tenía poco contacto con los procesos de contratación que adelantaba la administración; sin embargo, debe anotar que la Doctora RICARDO, en calidad de Gobernadora, desde finales de octubre hasta el mes de diciembre del 2003, sólo le correspondió terminar los procesos a partir del momento en que los recibió y exigía de los funcionarios encargados del trámite certificaciones en el sentido que se habían cumplido todos los pasos previos a la firma del contrato, lo que era entendible porque no era abogada. (fls. 56-58) El 2 de octubre del 2008, el señor Juan Carlos Restrepo González, identificado con la cédula No. 73.106.665, precisó: (fls. 59-61) “(…) me venía desempeñado como funcionario del departamento de Planeación y la Dra. ROSARIO RICARDO me encargó como Secretario de Obras Públicas, en referencia estos tres contratos el 286, el 276 y el 309, si mi

memoria no me falla fueron contratos que ya venían recorriendo sus etapas para su contratación final. Pero haciendo un paréntesis, aporto que estos tres contratos vienen de una planeación y de unas necesidades de la Secretaría de Salud Departamental de su momento, en donde, en el inicio del recorrido se hacían estos contratos, la Secretaría de Obras acompañaba a la Secretaría de Salud, para que esta planificación de necesidades de la Secretaría de Salud, se le hiciera su presupuesto oficial de referencia, o del objeto de la necesidad, luego la Secretaría de Salud solicitaba a la oficina de presupuesto al (sic) disponibilidad presupuestal de acuerdo de ese monto del contrato; luego, la Secretaría de Obras entregaba los términos de referencia y los valores del contrato, todo de acuerdo a Presupuesto, Diseño y una Planificación y estudios del objeto del contrato. Luego estos términos de referencia, la Secretaría de Obras invitaba a un determinado grupo de profesionales del gremio de ingenieros o arquitectos, para que estos, de acuerdo a estos términos de referencia, presentaran sus propuestas; luego de recibidas las propuestas, un Comité evaluador de funcionarios de obras públicas escogía el mejor oferente de acuerdo a unos requisitos basados en la ley de contratación de ese momento. Escogido el ganador se redactaba el modelo del contrato ajustado a todas las normas legales del momento y a ese contrato se le anexaban propuestas, requisitos, conceptos técnicos, presupuestos, ofertas, estudios de precio, todo el expediente. Ese expediente pasaba a Jurídica, donde son revisados y si cumple con todos los términos, requisitos legales, de

contratación, en se momento pasaban a control interno, donde cumplían con otra revisión de requisitos y luego de Control Interno pasaba a revisión previa por falta de funcionarios de la secretaria general y de ahí a la firma de la gobernadora.” Así las cosas, es pertinente precisar que la función administrativa que adelantan los entes estatales no es responsabilidad exclusiva del jefe de la entidad, dado que las funciones que cumple cada uno de los servidores públicos está, así mismo, determinada por una serie de obligaciones que en el ejercicio de tales funciones les corresponde adelantar. Esta distribución de funciones es lo que en la administración PD Moralidad Pública 8 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL pública da lugar a la desconcentración, por lo que dependiendo de las circunstancias propias de cada caso, no será procedente atribuir responsabilidad disciplinaria a la gobernadora encargada. En el presente caso, ha quedado establecido que los funcionarios Juan Carlos Restrepo González, Secretario de Obras Públicas, e Ildelfonso Baldiris Silva, Director del Departamento Administrativo Jurídico, en virtud del principio general de distribución de funciones, eran los directamente responsables de los procesos previos y la etapa pre-contractual, a la celebración de contratos. Respecto a la división del trabajo4, se ha dicho: La división del trabajo hace referencia al número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas. Las economías modernas están cada vez más enfocadas en aumentar la producción a través de la eficiencia, por lo cual, para lograr realizar una

determinada actividad con eficiencia, se hace indispensable, cada vez más, lograr la especialización de las actividades. La figura de la división del trabajo, en materia de derecho público, es la clara expresión del principio de confianza que rige algunas relaciones entre funcionarios entre sí, el mismo ha sido definido por la Corte Constitucional, como aquel que le permite al sujeto delegar ciertas tareas sobre la base de que los demás son personas autorresponsables que cumplirán con las expectativas que surgen de una determinada función, el cual es indispensable para que pueda darse una división del trabajo5. En este orden de ideas, se ordenará la absolución de la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, en su condición de Gobernadora encargada del Departamento de Bolívar, del cargo formulado con ocasión de la celebración de los contratos de obra pública SOP 276 y SOP 286 del 26 de diciembre del 2003, y SOP 309 del 31 de diciembre del 2003.

2. En relación con la celebración del contrato de obra pública No. 304 del 30 de diciembre del 2003, con Construcciones Hilsaca Ltda.

Se le reprochó a la investigada en el pliego de cargos, haber pretermitido el proceso de la licitación pública en la celebración del contrato de obra pública No. 304 del 30 de diciembre del 2003, con Construcciones Hilsaca Ltda., con posible violación de la Ley 80 de 1993, el decreto 2170 del 2002 y la Directiva Presidencial No. 12 del 1° de octubre del 2002. Está probado que la señora ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY, Gobernadora

encargada del Departamento de Bolívar, en efecto, celebró el contrato de obra pública SOP. 304 del 30 de diciembre del 2003, para la construcción 95 aulas 4 Biblioteca Virtual del Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. División del trabajo-Ayuda de tareas sobre economía. Edición original: 2005-07-14. Tomado de Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo5.htm 5 CORTE CONSTICIONAL. Sentencia SU-1184 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett. PD Moralidad Pública 9 Exp. 162-119411-05 FARC/CPTF/MGL escolares en los municipios de Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Córdoba, el Carmen de Bolívar, el Guamo, Mahates, María La Baja, Mompox, Montecristo, Morales, Pinillos, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa del Sur, Simiti, Tiquisio y Zambrano; por valor de $1.800.219.114.55. (fl. 18, anexo 1) Al momento de la formulación de cargos, obraba en la investigación como único documento el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7732 del 16 de diciembre del 2003, por valor de $1.847.360.000.oo; por lo tanto, si la cuantía del contrato fue la suma de $1.800.219.114.55, la contratación ameritaba la escogencia del contratista a través del proceso de licitación pública y el cumplimiento de los principios y requisitos de ineludible cumplimiento, previstos en la Ley 80 de 1993 y en el decreto 2170 del

2002. (fl. 18, anexo 1) Con el escrito de descargos, la defensa aportó las siguientes piezas probatorias:

(cuaderno 2)

1. Convenio interaministrativo No. 88 del 27 de diciembre del 2002, para el desarrollo y ejecución por parte del departamento del Proyecto de subsidio a la oferta con criterio de ampliación de cobertura, con el fin de incrementar la cobertura en 10.000 cupos en centros educativos oficiales en el período escolar 2003, en los municipios de Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Córdoba, el Carmen de Bolívar, el Guamo, Mahates, María la Baja, Mompox, Montecristo, Morales, Pinillos, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa del Sur, Simiti, Tiquisio y Zambrano, de conformidad con la ficha EBI del proyecto. (fls. 1721)

2. Convenio interadministrativo de administración delegada celebrado entre el Departamento de Bolívar y las instituciones y centros educativos beneficiarios del convenio No. 88 del 2002. Ministerio de Educación – Departamento de Bolívar; en el que se especifican las instituciones o centros educativos beneficiados en cada municipio, responsable, aumento de cobertura, número de aulas escolares, número de sillas y costos totales. (fls. 22-33)

3. Pliegos de condiciones definitivos de noviembre del 2003, de la licitación pública No. SOP-02-2003. (fls. 39-93)

4. Resolución No. 1975 del 20 de noviembre del 2003, expedida por el señor Jorge

Eliécer Salazar Avenia, Gobernador encargado, mediante la cual se ordena la apertura de la licitación pública No. SOP-02-2003, señalarse en el pliego y aviso de publicación las fechas de apertura y cierre, la publicación del aviso de prensa en un diario de amplia circulación, publicación en a página web de acuerdo con el decreto 2170 del 2002 y la directiva presidencial No. 12 del 2