PGN - FALLO DE PRIMERA INSTANCIA - Debe ser confirmada sanción disciplinaria

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES-Omitir atender con enfoque diferencial a población víctima de desplazamiento forzado RECURSO DE APELACIÓN-Competencia para revisar únicamente aspectos impugnados En primer lugar resulta conveniente advertir que el recurso de apelación debe contener las razones por las cuales el apelante se encuentra inconforme con lo resuelto en la primera instancia y de igual manera indicando el sustento legal del mismo de acuerdo a lo normado en el artículo 112 de la ley 734 de 2002, POBLACIÓN DESPLAZADA-Estrategias del estado para su atención, seguimiento y participación PRESUPUESTO-Se deben establecer las partidas necesarias para la atención de la población desplazada por la violencia/RUBRO PRESUPUESTAL-Asignación y ejecución de este se entrevelo con el de población vulnerable ……respecto del desplazamiento forzado de las personas en general y en lo que es el Enfoque Diferencial a la población víctima del desplazamiento; encuentra esta Regional que el cargo tercero corrido al acá implicado no se encuentra que la Procuraduría Provincial se haya equivocado en el mismo por cuanto si se observa el Decreto 029 de 2010, si se diluyo el presupuesto asignado a la población desplazada, ya que tanto la asignación de los rubros presupuestales como la ejecución de los mismos se entrevelo con los de la población vulnerable y no existió ni rubro ni ejecución única para desplazados, es decir, no hubo ni análisis ni acción del Enfoque Diferencial, lo que conllevo al desconocimiento total de este por parte del Sr.….en su calidad de Alcalde Municipal de Chita, para la época de los hechos indicados en el cargo tercero y ser

violatoria tal conducta del Numeral 6 del Artículo 2 de la Ley 1190 de 2008. ALCALDE MUNICIPAL-Se demostró que para el año 2010 no adelantó planes y programas en beneficio de la población desplazada De igual manera esta Regional comparte lo afirmado y probado por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, en cuanto a que no se adelantaron por parte de el Alcalde Municipal de Chita, para el año 2010 planes y programas, ni el Plan Integral Único (PIU) para la población desplazada con asiento en el precitado municipio, de igual forma no se implementaron políticas del orden Municipal en el mismo sentido de acuerdo a lo exigido en el Artículo 2 del Decreto 1997 de 2009. PRUEBA TESTIMONIAL-Permite inferir que alcalde municipal no dio atención a población desplazada con enfoque diferencial/FALLO DE PRIMERA INSTANCIADebe ser confirmada sanción disciplinaria …testimonio es puntual en el indicar que por parte del Sr…. en su calidad de Alcalde Municipal de Chita, para la época de los hechos no le dio atención a la población desplazada con Enfoque Diferencial, es decir, que quien se desempeñó como Asesor 1 Jurídico del disciplinado, contradice en su totalidad los argumentos expuestos en el escrito presentado por el apoderado del acá implicado. Por consiguiente, este Despacho encuentra acertada la determinación adoptada por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo y confirmara lo allí resuelto 2

DEPENDENCIA PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ

RADICACIÓN No. IUS-2010-266888 RC-092-3507-11 IUC-2011-42381727

DISCIPLINADO: LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA

CARGO Y ENTIDAD: ALCALDE MUNICIPAL DE CHITA

QUEJOSO: MARCO JULIO ALCANTAR Y OTROS (VICTIMAS

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO)

FECHA DE LA QUEJA 26 DE AGOSTO 2010

FECHA DE HECHOS Años 2008, 2009 y 2010.

ASUNTO: Auto por medio del cual se resuelve apelación en contra del fallo de primera instancia.

Tunja, 09 de diciembre 2015 No 023 Procede el Despacho a resolver el recurso de Apelación interpuesto por el Dr. GUSTAVO ANTONIO ROMERO ALVAREZ en su calidad de apoderado del señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, contra el fallo proferido por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, según Resolución 012 de fecha 31 de julio de 2015, mediante la cual se sanciona disciplinariamente con SUSPENSIÓN POR UN MES, convertible en salario devengado para el año 2010, conforme a lo preceptuado en el artículo 46 de ley 734 de2002 en contra de su poderdante quien se desempeña como Alcalde Municipal de Chita-Boyaca.

I. ANTECEDENTES PROCESALES 1.- La queja.

El Sr MARCO JULIO ALCANTAR y otros ciudadanos con residencia en la municipalidad de Chita y quienes dicen ostentar la calidad de desplazados informan a ACCION SOCIAL con copia a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, que se han presentado una serie de irregularidades por parte de

la Alcaldía municipal de Chita en cabeza del Sr LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, al haber contratado para el año 2009 mercados con destino a la población desplazada y vulnerable pero los cuales nunca fueron entregados por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000); para el año 2008 tuvo ocurrencia el mismo hecho por el mismo valor pero la adquisición fueron árboles frutales (breva) y se desconoce a quienes fueron entregados; según resolución 029 del 2010 se procedió a realizar la liquidación del presupuesto del mismo año en él cual existía un rubro por valor de VEINTE MILLONES ($20.000.000), de los cuales al ser preguntado no les entrega ninguna respuesta y les manifiesta que para este año (2011) no dejaría ningún recurso por cuanto habían personas que no deberían estar incluidos, de igual manera no ha atendido los requerimientos efectuados por el Ingeniero GUSTAVO ROJAS Coordinador de Desplazados del Departamento de Boyaca y llegando a afirmarles que en Chita no habían desplazados sino avivatos que querían desangrar al Municipio.(Folios 1 al 3). 3 2.- Indagación preliminar. Con fundamento en la copia de la queja presentada en la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, mediante auto de fecha 19 de enero de 2011, dispuso adelantar indagación preliminar contra LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, en su carácter de Alcalde Municipal de Chita con la finalidad de determinar la ocurrencia de los hechos y establecer si era constitutiva de falta disciplinaria e identificar a presuntos infractores o si se ha actuado al amparo de las causales de exclusión

de responsabilidad (folios 4 al 10), providencia esta que fue notificada al implicado el 24 de enero de 201 (folio 11).

3. Apertura de Investigación.

Mediante providencia calendada el 08 de agosto de 2011, la Procuraduría Provincial profirió apertura de investigación en contra de LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, por los hechos indicados en la indagación y se ordena la práctica de pruebas con el fin de establecer la posible responsabilidad de carácter disciplinario en que haya podido incurrir y mediante auto de fecha 02 de agosto de 2013 se efectúa el cierre de investigación, contra la cual no se interpone recurso II .PLIEGO DE CARGOS La Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo pronuncia pliego de cargos según providencia de fecha 30 de septiembre de 2014, en contra del señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA quien para la época de ocurrencia de las conductas que se investigan se desempeñaba como Alcalde del Municipio de Chita, visible a folios 1270 a 1301. En dicha providencia se imputaron tres (03) cargos, pero como quiera que las dos primeras conductas prescribieran, tal y conforme lo declaró el A-quo en el fallo de instancia (fl1650 a 1681.), este estudio sólo versara sobre el tercero cargo, así: Tercer cargo “(…) presuntamente incumplió con el deber de atender con un enfoque diferencial a la población víctima del desplazamiento forzado asentada en el municipio de Chita, como lo demuestra la prueba que en adelante se citará, la que da cuenta

que, dentro del Decreto 029 de 2010, mediante el cual se liquidó el presupuesto municipal ni siquiera existía un rubro especifico para la población víctima del desplazamiento forzado, sino se encontraba diluido en el de población vulnerable, excepción de los recursos transferidos por el Departamento y adicionados a través del Acuerdo 039 de 2010, amén que la población victima de este flagelo recibió un trato descortés, violatorio de sus derechos y las ayudas que recibieron con recursos del orden municipal fueron exiguos”. (Folio 1289) La Procuraduría Provincial realiza un examen exhaustivo del material probatorio obrante en el proceso respecto del tercer cargo que se le reprocha al encartado y 4 en donde se establece el bajo compromiso del ex burgomaestre para con la comunidad desplazada registrada en la municipalidad de Chita y sumado a lo anterior, no dando la prioridad que les corresponde sino por el contrario los confunde con la población vulnerable y no otorgando el enfoque preferencial exigido por la Ley 1190 de 2008 en su artículo 2 parágrafo 1 numeral 6, de la misma manera se desconoce la Circular 063 del 05 de octubre de 2009 proferida por la Procuraduría General de la Nación y el artículo 2 del Decreto 1997 de 2009 en las cuales se ordena ejercer acciones conducentes a garantizar en su jurisdicción la implementación de política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado lo cual conllevó a la violación del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, de las prohibiciones a los servidores públicos de incumplir la Constitución, los deberes, las leyes, decisiones judiciales al realizar su conducta

emisiva por inobservancia de las normas precitadas. III FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 31 de julio de 2015, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo profiere la Resolución No 012 contentiva de fallo de primera instancia en la cual declara la prescripción de los cargos primero y segundo; respecto del tercer cargo declara disciplinariamente responsable a LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con C.C. No 7.228.532 y sanciona con Suspensión por el término de un mes, convertible en salario devengado para el año de 2010. (Folios 1650 a 1681)

IV. LA PROVIDENCIA OBJETO DE APELACION El recurso de apelación que nos ocupa, recae sobre la Resolución 012 de fecha 31 de julio de 2015, dictado dentro del proceso disciplinario de la referencia por medio del cual la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo sanciona disciplinariamente a LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, en calidad de Alcalde Municipal de Chita, de acuerdo al acervo probatorio obrante en el proceso y la motivación expuesta en la providencia.

V. RECURSO DE APELACION El día 17 de septiembre de 2015, el Dr. GUSTAVO ANTONIO ROMERO ALVAREZ, quien actúa en nombre y representación, según poder adjunto, del Sr.

LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, presenta escrito de apelación el cual es concedido en el efecto suspensivo por auto de 25 de septiembre de la presente anualidad; en el memorial se solicita la revocatoria de la Resolución No 012 del 31 de julio de 2015, providencia proferida por la Procuraduría Provincial de Santa

Rosa de Viterbo, por cuanto en el sentir del Sr. Apoderado apelante no se tuvo en cuenta el acervo probatorio obrante en el proceso en el cual se encuentra 5 demostrado que su patrocinado dio cumplimiento con la atención a la población desplazada con asiento en el municipio de Chita de manera expedita y oportuna, ejecutando los recursos para tal fin y adelantando gestiones en su favor que no necesariamente deben tener relación directa con un rubro especifico, sino por el contrario fueron cobijados con todos los beneficios que se les pudieron prever y rematando su escrito manifiesta que el disciplinado es un sujeto procesal del derecho disciplinario y no su víctima.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO En virtud de la competencia otorgada en el numeral 3° del artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000, procede este Despacho a resolver en segunda instancia el caso sub examine.

Determinada la competencia y al no establecerse ninguna causal de nulidad que pueda afectar la actuación procesal, la Procuraduría Regional de Boyacá, establecerá, si en el presente caso procede la decisión de confirmar, modificar o revocar la providencia de alzada. En primer lugar resulta conveniente advertir que el recurso de apelación debe contener las razones por las cuales el apelante se encuentra inconforme con lo resuelto en la primera instancia y de igual manera indicando el sustento legal del mismo de acuerdo a lo normado en el artículo 112 de la ley 734 de 2002, el cual establece: “Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que

lo sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararan desiertos” Norma esta que es concordante con el parágrafo único del artículo 171 del CUD. “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación:” EL DESPLAZAMIENTO hace mención al hecho de desplazar y a sus consecuencias. Este verbo por otra parte, tiene diversos usos: puede referirse a moverse de lugar, sacar a alguien de una posición viajar desde un sitio hacia otro, entre otras cuestiones. Por otra parte el concepto de desplazamiento interno está vinculado a las personas que, por una catástrofe natural, un conflicto bélico u otra situación de crisis, se ven forzados a abandonar sus hogares. Los desplazados permanecen dentro de su país, una condición que los diferencia de los refugiados (quienes piden asilo en otras naciones) En algunos casos el desplazamiento forzado se da en territorio donde reina la miseria, sin embargo en la mayoría de los casos ocurre en lugares con un gran potencial de recursos, pero donde las naciones poderosas se están disputando la soberanía. Las principales consecuencias del desplazamiento forzado son la desintegración social (los individuos se dispersan hacia otros lugares en busca de estabilidad) y desestructuración familiar (algunas familias se ven forzadas a separarse a causa 6 de la extrema peligrosidad). La sensación de desprotección y la pérdida del sentimiento de pertenencia hacen que se cree un vacio en lo emocional y una falta

de contención para satisfacer las necesidades y hacer frente a las dificultades Se entiende por “Desplazado Interno o DI” una persona que se ha visto obligada a desplazarse dentro del territorio de su propio país a raíz de un conflicto armado o de tensiones internas. Se trata principalmente de personas civiles que, como tales, están protegidas por el derecho internacional humanitario. Para comprender el ENFOQUE DIFERENCIAL, se hace necesario partir de la conceptualización e indicar que este tiene un doble significado: Es a la vez un método de análisis y una vía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visible las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población. Siendo así el enfoque diferencial, juega un papel importante como herramienta que debe manejar el funcionario público, y en especial aquellas instituciones cuya obligación esta en velar por el bienestar y el goce de los derechos de los ciudadanos. De igual manera se debe tener en cuenta el ENFOQUE DE DERECHOS, conceptualizando los Derechos Humanos como el conjunto de principios y libertades de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna y orientados a asegurar la dignidad de las dimensiones individual, social, material y espiritual. El Enfoque de Derechos, según la ACNUR (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), alude a una perspectiva que se estructura a partir del reconocimiento de la política pública

como instrumento para la realización de los derechos de la población internamente desplazada, derechos que constituyen el correlato de las obligaciones del estado. La utilización de este enfoque se tradujo en la identificación del marco normativo, los titulares de los derechos y los garantes del mismo, es decir, se visualizó a quien le corresponde la obligación, para que proceda en consecuencia, y a quien el derecho para que lo exija. El Enfoque Diferencial permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de los grupos e individuos. Partiendo del reconocimiento de la diferencia busca garantizar el principio de igualdad. Por consiguiente, podemos describir el Enfoque Diferencial como el “método de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria”. Involucra las condiciones y posiciones de los /las distintos/tas actores sociales como sujetos/tas de derechos, desde una 7 mirada de grupos socioeconómicos, genero, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vitalniñez, juventud, adultez y vejez. El Enfoque Diferencial también se fundamenta en la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aunque en principio pareciera que rompen definitivamente con el principio de universalización al evocar la generación de acciones afirmativas (Estrategias de diferenciación positiva) por medio de las cuales se garantiza el derecho a la igualdad, asumiendo que personas en situaciones similares deben ser tratadas en forma igual y que

aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta , en forma proporcional a dicha diferencia. Este supuesto se fundamenta en que ciertos grupos de personas tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos de su vulneración o vulnerabilidad. Desde el derecho internacional humanitario, se reconoce principalmente las necesidades diferenciales de protección de las víctimas del desplazamiento y de los refugiados, como también necesidades específicas que tienen los niños y niñas, los adultos mayores, las mujeres y las minorías étnicas. Realizada la anterior conceptualización respecto del desplazamiento forzado de las personas en general y en lo que es el Enfoque Diferencial a la población víctima del desplazamiento; encuentra esta Regional que el cargo tercero corrido al acá implicado no se encuentra que la Procuraduría Provincial se haya equivocado en el mismo por cuanto si se observa el Decreto 029 de 2010, si se diluyo el presupuesto asignado a la población desplazada, ya que tanto la asignación de los rubros presupuestales como la ejecución de los mismos se entrevelo con los de la población vulnerable y no existió ni rubro ni ejecución única para desplazados, es decir, no hubo ni análisis ni acción del Enfoque Diferencial, lo que conllevo al desconocimiento total de este por parte del Sr. LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, en su calidad de Alcalde Municipal de Chita, para la época de los hechos indicados en el cargo tercero y ser violatoria tal conducta del Numeral 6 del Artículo 2 de la Ley 1190 de 2008. De igual manera esta Regional comparte lo afirmado y probado por la

Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, en cuanto a que no se adelantaron por parte de el Alcalde Municipal de Chita, para el año 2010 planes y programas, ni el Plan Integral Único (PIU) para la población desplazada con asiento en el precitado municipio, de igual forma no se implementaron políticas del orden Municipal en el mismo sentido de acuerdo a lo exigido en el Artículo 2 del Decreto 1997 de 2009. En declaración rendida el 30 de abril de 2015, el DR. JOSE ANTONIO CARDENAS RIOS, identificado con C.C. No 9.531.165 (folio 1618, 1618 vuelto y 1619), manifiesta haberse desempeñado como Asesor Jurídico del Municipio de Chita en el tiempo comprendido del año 2008 hasta el 2011, y se desempeñaba como Alcalde de esa Municipalidad LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, informa que dentro de sus funciones estaba la representación legal y extralegal del municipio, diseño de los procesos de contratación, licitación, subasta inversa y procesos de mínima cuantía” y en lo que recuerda no existía modelo implantado para la atención a la población desplazada, solamente a través de la oficina de Planeación, Comisaría de Familia y solicitud de la Personería Municipal, se 8 atendían algunas necesidades básicas de la población desplazada y si la memoria no lo engaña ni siquiera el rubro presupuestal estaba destinado solamente para la población desplazada, porque también contemplaba atención a población vulnerable”. De igual manera manifiesta” no recordar si se

adelanto algún programa especifico para la población desplazada y lo que si recuerda es el haberse adelantado alguna contratación que tocaba el tema de la atención a la población desplazada y vulnerable del municipio y que para la época se dio prioridad a la población vulnerable en virtud a que la ola invernal hizo estragos en los Municipios de Jericó y Chita y se presentaron algunas discusiones entre el señor Personero y el Alcalde, por cuanto el personero le reclamaba al Alcalde que los recursos utilizados eran específicos para la población desplazada”; informa que “los contratos que se realizaron no solo se destinaron a los desplazados, sino a la gran cantidad de población vulnerable que vivía en condiciones de extrema pobreza”. Indica que “tuvo la oportunidad de asistir como Jurídico, donde lograron verificar varias cosas, que los famosos desplazados que decían tener connotación y que eran del municipio, vivían en el mismo municipio, que tenían en muchos casos finca, casas e incluso lograban tener casas en otros municipios y supuestamente eran desplazados de la guerrilla, en ese municipio donde todavía convivía la guerrilla. Creo que estos criterios hicieron que el Alcalde le diera más ayuda a la población vulnerable” y remata su declaración diciendo “que el error o confusión de la población desplazada es que nunca se desglosó el rubro presupuestal”.(Negrilla fuera de texto) Este testimonio es puntual en el indicar que por parte del Sr. LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, en su calidad de Alcalde Municipal de Chita, para la época de los

hechos no le dio atención a la población desplazada con Enfoque Diferencial, es decir, que quien se desempeño como Asesor Jurídico del disciplinado, contradice en su totalidad los argumentos expuestos en el escrito presentado por el apoderado del acá implicado. Por consiguiente, este Despacho encuentra acertada la determinación adoptada por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo y confirmara lo allí resuelto. Por las argumentaciones expuestas, la Procuraduría Regional de Boyaca en uso de sus facultades legales RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de sanción adoptada por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo mediante Resolución No 012 del 31 julio de 2015, por la cual se sanciona disciplinariamente al Sr LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con C.C. No 7.228.532, proferida dentro del expediente de la referencia, de conformidad a lo anotado en la parte motiva de la presente providencia. 9 SEGUNDO. Por la oficina de origen, notificar la presente decisión a los sujetos procesales y comunicarla al quejoso de conformidad con lo dispuesto en el Inciso segundo del artículo 109 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso por la Vía Gubernativa. TERCERO. DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previo los registros y anotaciones a que haya lugar. COMUNIQUESE Y CUMPLASE Original firmado por

ADELA LUZ RAMIREZ CASTAÑO

Procuradora Regional de Boyaca SATM.

IUS 2010-266888 RIC 092-3507-11

IUC-2011-42-381711 10