PGN - FALSA DENUNCIA - Forma de configurarse

RECURSO DE CASACION DISCRECIONAL-Delito de falsa denuncia contra persona determinada FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA-Elementos del delito a. Sujeto activo: que puede ser cualquier persona. b. Sujeto pasivo: que puede ser, también, cualquier persona; con excepción del mismo denunciante, de una persona indeterminada, casos en los cuales estaríamos frente a otra descripción típica, y, de una persona jurídica, aunque este punto ofrece discusión en la doctrina reciente. c. Conducta: denunciar falsamente a otro como autor o partícipe de una conducta típica. FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA-Bien jurídico protegido El bien jurídico protegido por la norma es el descrito en el Título XVI: la eficaz y recta administración de justicia, concebido en términos similares en el derogado Decreto 100 de

1980. Dice Serrano Butragueño, que el interés amparado con las descripciones típicas contenidas bajo este Título, que en España se denomina simplemente delitos contra la administración de justicia, es, más que el aparato administrativo que realiza materialmente la actividad, que es el Poder Judicial, “el aspecto funcional de la jurisdicción como Administración de Justicia”. Interpretación que bien cabe a nuestra legislación penal que enuncia claramente el propósito de protección de la recta y eficaz administración de justicia, y deja de lado el cuidado de otros aspectos que implican la actividad judicial.

FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA-En nuestro sistema solamente puede ser dolosa Entre nosotros el delito de falsa denuncia contra persona determinada solamente puede ser doloso, puesto que requiere que el sujeto activo, quien denuncia, tenga el

conocimiento de que la conducta típica no existió, el denunciado no la cometió o no tuvo parte en ella En cuanto a la determinación del contenido de la expresión conducta típica, lo que es el objeto de la falsa imputación, de lo dicho por la Procuradora Tercera Delegada para Casación Penal y en la sentencia que dentro del proceso que por este mismo delito profirió la Corte, hace relación a la parte objetiva del tipo penal que describe los hechos constitutivos de la infracción, esto es, la objetiva narración que realiza el lego de los hechos y circunstancias que pueden llegar a determinar la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. Es necesario precisar que no se le exige al ciudadano denunciante la calificación jurídica que a los hechos denunciados corresponda, ni probar la existencia jurídica del delito, pues esta labor es propia del funcionario judicial y sólo a él compete. FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA-Conducta prohibida del tipo penal consagrado en el art. 436 de la ley 599/00 La conducta prohibida con el tipo penal de falsa denuncia contra persona determinada, previsto en el artículo 436 de la Ley 599, implica para el denunciante la descripción de un acontecer fáctico que él sabe falso, constitutivo de conducta ilícita sancionada por el ordenamiento jurídico, que no ha existido o en el cual no ha intervenido el sujeto pasivo; Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

de ninguna manera se requiere que el actor sepa a cuál tipo penal corresponde, si objetivamente es un hecho típico, antijurídico y culpable, o incluso, en criterio de la Procuraduría, si está justificado o es atribuible su vigilancia y control a otra autoridad o a otra jurisdicción, valga el ejemplo, de los incumplimientos en contratos civiles que no alcanzan a configurar delitos de estafa. CALIFICACION JURIDICA-Corresponde al funcionario judicial determinarla Se reitera, porque es al funcionario judicial a quien corresponde la calificación jurídica, la valoración que de los hechos debe hacerse conforme al derecho vigente, y no es obligación, en ningún caso, del particular que acude en demanda de justicia. Entonces, ninguna falsedad cabe achacarse Uribe Silva en la denuncia penal que formuló contra Escobar Araujo, porque la calificación jurídica como delito o contravención o, quizás, como acuerdo de pago o garantía con fines civiles, correspondía enteramente al funcionario judicial, porque es a éste a quien se asigna la carga de valorar y decidir en derecho. Tampoco era necesario que Uribe Silva aportara las pruebas de los hechos descritos, ni que, realizada la correspondiente investigación, los funcionarios judiciales arribaran a la misma conclusión que él, que acogieran sus pretensiones o que impusieran condena por lo denunciado. FALSA DENUNCIA-Forma de configurarse Tal como quedó dicho, el delito de falsa denuncia sólo se configura cuando los hechos de que se acusa falsamente no existieron o cuando existieron pero la persona acusada no participó en ellos. Si la persona denunciada participó en lo acaecido y denunciado como

delito, aunque su ejecución no constituya ilícito, según la consideración del funcionario judicial, la conducta de quien denuncia es atípica. FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA-Conducta atípica En conclusión, erró el Tribunal al atribuir responsabilidad a José de Jesús Uribe Silva por el delito de falsa denuncia contra persona determinada puesto que los hechos relatados a la autoridad penal como ilícitos tuvieron real ocurrencia “en el mundo exterior”, como dice la Corte Suprema de Justicia, y de ellos fue partícipe José Alfredo Escobar Araujo, en consecuencia, la conducta es atípica. En razón de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para Casación Penal solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que CASE la sentencia del Tribunal de Pasto y, en su lugar, profiera decisión que ABSUELVA a José de Jesús Uribe Silva. Señores Corte Suprema de Justicia Magistrado ponente doctor Alfredo Gómez Quintero Ciudad Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

Ref: Recurso de casación interpuesto por la defensora de José de Jesús Uribe Silva, contra la sentencia del Tribunal de Pasto, que lo condenó por delito de falsa denuncia contra persona determinada.

Rad. 33.749 El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 15 de febrero de 2006, condenó a José de Jesús Uribe Silva, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, decisión que fue confirmada en su integridad, por el

Tribunal de Pasto, en desarrollo de funciones de descongestión ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de segunda instancia proferida el 6 de mayo de 2009. Sobre ésta última decisión, la defensora del procesado interpuso y sustentó recurso de casación discrecional, mediante demanda que fue admitida por la Alta Corporación, en auto proferido el 15 de marzo de 2010. HECHOS José de Jesús Uribe Silva presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra José Alfredo Escobar Araujo por los delitos de abuso de autoridad y hurto de una maquinaria. Consta en el acta de denuncia que narró José de Jesús Uribe Silva ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, bajo juramento, que Escobar Araujo se presentó en su taller el día 18 de diciembre de 2003 y allí, verbalmente, dio la orden de decomiso y sacó, con ayuda de sus guardaespaldas, una máquina planeadora, que hizo subir a un camión y se llevó con destino desconocido. Con relación a esos hechos presentados en la denuncia de Uribe Silva, a su vez, José Alfredo Escobar Araujo presentó querella por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. ACTUACIÓN PROCESAL La actuación penal se inició con denuncia formulada por escrito por José Alfredo Araújo Escobar, presentada personalmente el 17 de febrero de 2004, ante la

Fiscal 276 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, contra José de Jesús Uribe Silva. El 20 de febrero de 2004, el Fiscal 286 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá profirió resolución de apertura de investigación previa, dentro de la cual se practicó inspección judicial a “un tercer cuaderno de la actuación 1665 adelantado por la Fiscalía 311 Local Delegada… en contra de José Alfredo Escobar Araujo, por el delito de empleo ilegal de la fuerza pública y otro, siendo denunciante José de Jesús Uribe De (sic) Silva” (c.1. f.42). La Fiscalía Delegada abrió la investigación formal contra Uribe Silva mediante resolución expedida el 15 de marzo del mismo año (f. 56) y resolvió la situación jurídica el 11 de mayo siguiente (f. 97), mediante resolución que precluyó la investigación por el delito de estafa y decidió continuarla por los delitos de constreñimiento ilegal y falsa denuncia contra persona determinada (de éstos últimos dos delitos, el constreñimiento quedó señalado en la parte considerativa, pero no en la resolutiva). La investigación fue clausurada a través de resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (f. 187). La Fiscalía Delegada 32 ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá profirió resolución que calificó el mérito del sumario con preclusión, respecto del delito de constreñimiento ilegal, previsto en el artículo 182 del Código Penal, y acusación por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, tipificado en el artículo

436 del mismo ordenamiento (f. 198). Esta decisión quedó ejecutoriada el 2 de agosto de 2005 (f. 215 vuelto). Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. La etapa de la causa se surtió ante el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que profirió sentencia condenatoria el 15 de febrero de 2006, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, contra José de Jesús Uribe Silva. La decisión fue apelada y confirmada por el Tribunal de Pasto. SÍNTESIS DE LA DEMANDA La defensora de José de Jesús Uribe Silva formula un cargo contra la sentencia de segunda instancia, al amparo de la causal primera cuerpo segundo por violación indirecta de la ley, porque en ella se vulneraron los postulados de la sana crítica, las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia. Explica que la sentencia del ad quem está motivada de manera insuficiente pero, a pesar de ello, incurre en errores de falso raciocinio, que atacará por la causal tercera. El alegato contenido en el libelo señala que la providencia adolece de “motivación incompleta o deficiente. Esto es, omite análisis o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que se sustenta”. Pero que, no obstante, seguirá su sustentación por la causal primera cuerpo segundo por error de hecho que se concreta en un falso raciocinio. Explica la demandante que, la sentencia impugnada pretende defender la

providencia que se ocupa de revisar a raíz del recurso de apelación interpuesto contra ella e incurre en violación del principio lógico de razón suficiente, según el cual debe demostrarse una proposición para tenerla como completamente cierta y ello se liga tanto a la motivación de la decisión del Tribunal, como a la obligación de examinar lógicamente el acervo probatorio. Reseña que los más frecuentes errores de la providencia atacada en casación son por el sofisma llamado de petición de principio en la argumentación. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Según la actora, la decisión de segunda instancia se refiere a que la valoración del a quo respetó los principios lógicos, pero no prueba esa afirmación referida a la sentencia del inferior, esto es, su propio acerto. En un acápite denominado «“la “discusión” de la “prueba” de la facticidad”», niega la defensora que el Tribunal haya explicitado la prueba de la afirmación según la cual “el señor José de Jesús Uribe Silva entregó conciente (sic) y voluntariamente la planeadora al señor Escobar”. Y continúa, con citas textuales de la sentencia, con la demostración de su afirmación del yerro lógico de petición de principio en la decisión del Tribunal. Seguidamente, la representante del condenado refiere una aparente discusión de la antijuridicidad y de la culpabilidad en la sentencia atacada en casación, según la cual “la entrega voluntaria de la maquinaria, de suyo acusa del íntimo propósito del

imputado, pues, él fue quien de tal modo lo dispuso” — según la cita textual que la censora hace de la providencia de segunda instancia. En la afirmación referida, la defensora detecta que falta la determinación de las reglas de la sana crítica. Adelante en su alegación, la impugnante recuerda que el Juzgado de Instancia, en providencia que es inescindible de la atacada, en cuanto no se contradicen, resaltó que, presuntamente, Uribe Silva habría dado su máquina en garantía de pago a Escobar Araujo; que el Juez analizó los ingredientes jurídicos de las ilicitudes que se achacaron a Escobar; que discutió la existencia del ilícito de hurto, desde el punto de vista de la tipicidad y de la agravación por las amenazas o la intimidación o la violencia sobre las personas o las cosas, y que concluye en que no hubo hurto sino ejercicio arbitrario de las propias razones; que lo denunciado por Uribe no tiene respaldo jurídico, ni lógico, por lo que ello constituye delito de falsa denuncia. Resalta, entonces, que el a quo incurrió en errores de argumentación lógica y, luego, de valoración de la prueba puesto que no es posible que Uribe, de manera voluntaria, hubiera entregado la máquina; que para concluir lo último dicho se apoyó en testigos que no eran creíbles. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Finaliza su discurso con la petición a la Corte de casar el fallo y, en su lugar,

profiera uno de reemplazo que absuelva a su representado. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Estima el Delegado de la Procuraduría que para referirse al caso sometido a estudio es necesario hacer unas consideraciones teóricas previas sobre el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Establece la ley 599 lo siguiente:

TITULO XVI

DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA

IMPARTICION DE JUSTICIA CAPITULO PRIMERO Artículo 436. Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión (… ).

Los elementos del delito son: a. Sujeto activo: que puede ser cualquier persona.

b. Sujeto pasivo: que puede ser, también, cualquier persona; con excepción del mismo denunciante, de una persona indeterminada, casos en los cuales estaríamos frente a otra descripción típica, y, de una persona jurídica, aunque este punto ofrece discusión en la doctrina reciente. c. Conducta: denunciar falsamente a otro como autor o partícipe de una conducta típica. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. La descripción normativa tiene antecedentes en Colombia y en la legislación comparada desde las codificaciones del siglo XIX1, con variantes y matices respecto a los bienes jurídicos protegidos, si se trata de delitos pluriofensivos o se

encuadran solamente bajo la protección de la administración de justicia, y las formas concursales reales o aparentes con otras conductas típicas, como por ejemplo, la calumnia, la injuria, la falsedad, etc. El bien jurídico protegido por la norma es el descrito en el Título XVI: la eficaz y recta administración de justicia, concebido en términos similares en el derogado Decreto 100 de 1980. Dice Serrano Butragueño2, que el interés amparado con las descripciones típicas contenidas bajo este Título, que en España se denomina simplemente delitos contra la administración de justicia, es, más que el aparato administrativo que realiza materialmente la actividad, que es el Poder Judicial, “el aspecto funcional de la jurisdicción como Administración de Justicia”. Interpretación que bien cabe a nuestra legislación penal que enuncia claramente el propósito de protección de la recta y eficaz administración de justicia, y deja de lado el cuidado de otros aspectos que implican la actividad judicial. De otra parte, el tipo especial descrito en el artículo 486 centra su alcance en la prohibición que cobija los ataques a la función judicial mediante denuncias objetivamente consideradas contrarias a lo acontecido en el mundo exterior, con el claro propósito de que la administración de justicia empiece su recorrido con base en hechos reales para dar aplicación a los propósitos del Estado Social y garantizar a las personas el acceso a la justicia, así como permitirles cumplir con el deber de solidaridad con la comunidad en que se desenvuelven, con su contribución a esa misma función pública. 1 Respecto a Colombia, puede verse un detenido estudio en el concepto rendido por el Ministerio Público,

por la entonces Procuradora Tercera Delegada para Casación Penal, doctora Elsa Patricia Carreño Marín, dentro del proceso radicado nro. 21.422, presentado el 31 de mayo de 2005. RUIZ VADILLO, Enrique. Delitos de acusación y denuncia falsa. En: Delitos contra la administración de justicia. SERRANO BUTRAGUEÑO, I. Granada: Comares, 1995, págs. 77 a 99. FONTÁN BALESTRA, Carlos. El delito de falsa denuncia. Buenos Aires: Depalma, 1952, 53 p. 2 SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio. Introducción a los delitos contra la “realización” de la justicia. SERRANO BUTRAGUEÑO y otros. Delitos contra la administración de justicia. Granada: Comares, 1995. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. La tradición jurídica colombiana, por lo menos desde el Código Penal de 1936, ha estipulado la conducta que nos atañe bajo los lineamientos de la Administración de Justicia como función, y este constituye el bien más importante de aquellos que podría llegar a vulnerar el comportamiento delictuoso, aunque no sea el único. Otros, de menor consideración frente a lo público, como el honor, quedan subsumidos en éste y aparecen bajo otro esquema con fines distintos. No es, entonces, la falsa imputación un delito contra el individuo que sufre indebidamente el agravio, sino contra la función jurisdiccional.

Entre nosotros el delito de falsa denuncia contra persona determinada solamente puede ser doloso, puesto que requiere que el sujeto activo, quien denuncia, tenga el conocimiento de que la conducta típica no existió, el denunciado no la cometió o no tuvo parte en ella. En cuanto a la determinación del contenido de la expresión conducta típica, lo que es el objeto de la falsa imputación, de lo dicho por la Procuradora Tercera Delegada para Casación Penal y en la sentencia que dentro del proceso que por este mismo delito profirió la Corte3, hace relación a la parte objetiva del tipo penal que describe los hechos constitutivos de la infracción, esto es, la objetiva narración que realiza el lego de los hechos y circunstancias que pueden llegar a determinar la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. Es necesario precisar que no se le exige al ciudadano denunciante la calificación jurídica que a los hechos denunciados corresponda, ni probar la existencia jurídica del delito, pues esta labor es propia del funcionario judicial y sólo a él compete. Así lo expresa en el concepto la doctora Carreño: 3 Concepto del Ministerio Público rendido por la doctora Elsa Patricia Carreño Marín, como Procuradora Tercera Delegada para Casación Penal, el 31 de mayo de 2005, dentro del proceso por el delito de falsa denuncia contra Joaquín Alfonso Ruales Tafur. La sentencia corresponde al mismo proceso, con radicación 21.422, cuya sentencia fue proferida el 10 de agosto del mismo año. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. La utilización del término “conducta humana”, responde al interés del legislador por ajustar la expresión al sentido y contenido del derecho penal de acto, viéndose reflejada esta posición tanto en la parte general como especial del código. En cuanto hace de manera específica al delito de falsa denuncia contra persona determinada, aunque la modificación observa el mismo derrotero, esto es la misma pretensión –imputación falsa de una conducta, como expresión de un acto de la personatambién pretendió corregir los errores del pasado cuando por parte de algunos funcionarios se impuso al denunciante a través de la expresión “hecho punible”, la carga procedimiental (sic) de ajustar los términos de su denuncia a la totalidad de las categorías dogmáticas del delito –tipicidad, antijuridicidad y culpabilidadcuando para estos efectos, sólo debe resultar posible la narración de hechos, acciones u omisiones, susceptibles de averiguación penal. Y aun cuando podría pensarse que el término “conducta típica” se relaciona rigurosamente, con el concepto dogmático de “tipicidad, no puede aceptarse tal interpretación, por cuanto ello conduciría a imponer al denunciante una carga que le es extraña, habida cuenta de su condición personal, resultado (sic) para ello suficiente con la narración precisa de los hechos, la imputación a persona determinada y la alusión a una o varias de las conductas o comportamientos especialmente previstos en el catálogo de los delitos y de las penas, sin que igualmente le resulte exigible acertar en la denominación jurídica, ya que el juicio sobre la tipicidad de la conducta o su precisa

ubicación típica corresponde al juez. En consecuencia, la expresión “conducta típica” contemplada en el tipo penal en estudio, implica para el denunciante que el hecho del que se da cuenta a las autoridades, se refiera a uno de carácter delictuoso o contravencional en términos generales, o sea a comportamientos o conductas punibles descritos como tales por el legislador, o que tengan esta apariencia para el destinatario de la ley Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. penal, el conglomerado social, el hombre del común, con conocimientos jurídicos o no (subrayado fuera de texto). En la sentencia de la que fue ponente el magistrado Jorge Luis Quintero Milanés se extiende sobre este punto y al respecto dice: Al denunciante no se puede exigir que previo al acto de denunciar realice un juicio de valor en torno a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los hechos que va poner en conocimiento de las autoridades. Para efecto de la imputación de esta conducta punible se debe advertir que el sujeto sabía que su denunciado era inocente del cargo que se le atribuye: que se trataba de una conducta punible en la que éste no había tomado parte ya sea título de autor o de partícipe: y que era consciente que dicho acontecer fáctico no correspondía a la verdad4. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina extranjera: La acción consiste en imputar falsamente a una persona hechos que

si fueran ciertos constituirían delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Imputar, dicen los profesores Rodríguez Devesa y Serrano Gómez, es atribuir, poner a cargo de otra persona. La falsedad es un elemento del tipo y ha de versar sobre hechos que de ser ciertos darían lugar a un delito o falta perseguible de oficio. Al hablar de hechos, la ley excluye toda valoración jurídica, la circunstancia de que quien imputa falsamente un hecho a otro lo califique inadecuadamente carece, dicen estos autores, de relevancia5. 4 CSJ, Sala Penal, rad. 21.422 sentencia del 10 de agosto de 2005. 5 Ruiz Vadillo, op. cit. Pág. 87. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Así las cosas, la conducta prohibida con el tipo penal de falsa denuncia contra persona determinada, previsto en el artículo 436 de la Ley 599, implica para el denunciante la descripción de un acontecer fáctico que él sabe falso, constitutivo de conducta ilícita sancionada por el ordenamiento jurídico, que no ha existido o en el cual no ha intervenido el sujeto pasivo; de ninguna manera se requiere que el actor sepa a cuál tipo penal corresponde, si objetivamente es un hecho típico, antijurídico y culpable, o incluso, en criterio de la Procuraduría, si está justificado o es atribuible su vigilancia y control a otra autoridad o a otra jurisdicción, valga el

ejemplo, de los incumplimientos en contratos civiles que no alcanzan a configurar delitos de estafa. En consecuencia, la conducta del denunciante es atípica cuando pone en conocimiento de la autoridad un hecho presuntamente ilícito que sí ocurrió, pero que, valorado jurídicamente por el funcionario competente, no constituye delito, o, bien, es uno diferente al denunciado. Tal cosa es así, se reitera, porque es al funcionario judicial a quien corresponde la calificación jurídica, la valoración que de los hechos debe hacerse conforme al derecho vigente, y no es obligación, en ningún caso, del particular que acude en demanda de justicia. En todo caso, el ciudadano que está protegido por el derecho constitucional a obtener pronta y cumplida justicia, conforme al artículo 229 Superior, y que como miembro de la comunidad política tiene el deber, de acuerdo con el artículo 95 numerales 2º y 7º de obrar conforme al principio de solidaridad social y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia no tiene la carga de la valoración jurídica de los hechos que pretenda que se investiguen, como tampoco la de valoración de la prueba que se aporte dentro del proceso. En tal sentido señaló la Corte Suprema de Justicia: Fácil resulta entender que de seguir los planteamientos del apelante, quien proclama la responsabilidad de su denunciante porque al final Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. de la actuación se descubrió la inocuidad de su conducta frente a la

ley penal, no se hallaría quien recurriera ante la Administración de Justicia para denunciar la comisión de un delito, salvo exigirle por anticipado la absoluta certeza de su punibilidad. Ninguna vigencia ha perdido el aforismo latino del “da mihi factum, dabo tibi ius” (dadme los hechos que yo os daré el derecho), para comprender que al denunciante sólo le asiste el deber de lealtad a la verdad en la narración de los hechos que estima relevantes para la justicia, siendo del juez la función de su valoración.6 Ahora bien, le cabe razón a la defensora de José de Jesús Uribe Silva en las críticas referidas a la motivación de la sentencia del Tribunal de Pasto, ya que son notorias las falacias en que incurre, así como la deficiente motivación de la misma, que bien podrían, como lo sugiere la litigante, generar una nulidad de la misma. Sin embargo, dado que la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda instaurada, lo cual exoneró de mención a la técnica casacional y, más bien, exige un examen de fondo de la causa sometida a estudio, el Ministerio Público, con las anteriores premisas, emitirá su concepto teniendo en cuenta los hechos probados dentro del proceso que culminó con la sentencia atacada. En el caso concreto, se tiene que José de Jesús Uribe Silva presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra José Alfredo Escobar Araujo por los delitos de abuso de autoridad y hurto de una maquinaria. De manera resumida, consta en el acta de denuncia que narró José de Jesús Uribe Silva ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, bajo juramento, que Escobar

Araujo se presentó en su taller el día 18 de diciembre de 2003 y allí, verbalmente, dio la orden de decomiso y sacó, con ayuda de sus guardaespaldas, una máquina planeadora, que hizo subir a un camión y se llevó con destino desconocido. 6 CSJ, auto de 7 de mayo de 1992, magistrado ponente Juan Manuel Torres Fresneda. Citado por Elsa Patricia Carreño Marín en el concepto ya referido. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Además, consta que Uribe Silva también denunció a los agentes del DAS, Danilo y Jairo, escoltas de Escobar, porque ellos cargaron la máquina en el camión. Así las cosas, existió denuncia penal por unos hechos presuntamente delictuosos, formulada por Uribe Silva contra Escobar Araujo y Danilo y Jairo, agentes del DAS y escoltas del primer denunciado. De la actuación penal iniciada con motivo de la denuncia por hurto y abuso de autoridad presentada por Uribe Silva contra Escobar, nada se sabe dentro del proceso que aquí nos ocupa. En referencia a ella sólo existe la inspección judicial que se realizó sobre la pieza procesal que la contenía y que fue la base para iniciar el proceso seguido contra Uribe por imputación del delito de falsa denuncia contra persona determinada y otros hechos punibles que, a su vez, formuló Escobar Araujo. En el terreno de la hipótesis nos encontramos frente a un proceso por hurto y abuso de autoridad, delitos de los que fue víctima José de Jesús Uribe Silva, del

que no sabemos su trámite y culminación; y frente a otro, el que nos ocupa, por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, del que es víctima Escobar Araujo y por el que fue condenado en las instancias Uribe Silva. Es menester dejar de lado los hechos correspondientes a la primera denuncia, para centrarnos en lo que concierne a la segunda por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. En el proceso iniciado por Escobar Araujo contra Uribe Silva existen los sujetos activo y pasivo del delito, en cuanto ambos son personas naturales, el primero, como víctima, está precisamente individualizado y determinado; asimismo, existió una denuncia formulada bajo juramento por Uribe Silva por unos hechos que estimó delictivos y describi