PGN - FALSA DENUNCIA - No existencia de referencia a que se haya interpuesto denuncia temeraria

NOTA DE RELATORÍA: Se eliminan los nombres de las partes en garantía a los derechos al buen nombre e intimidad INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-Por no constituir delito los hechos objeto de denuncia INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-No constituye un acto de liberalidad del funcionario investigador INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-Por no configurarse los elementos propios de injuria y calumnia Por consiguiente, los denunciantes ya mencionados no pueden asumirse espontáneamente como víctimas de los delitos de injuria ó calumnia, por la imposibilidad real de afectación de su integridad moral y su buen nombre, ya que en las manifestaciones que la doctora XXXX hizo acerca de los disidentes del paro judicial, no concurre en contra de éstos de manera concreta, específica e individual señalamiento alguno por la comisión de un delito o de una atribución deshonrosa, quedando limitado al fuero interno de éstos sólo como un acto mortificante de afectación del amor propio, sin que, como se indica en la jurisprudencia mencionada, tal acto constituya la afirmación de un hecho inequívoco de injerencia de la órbita penal.

INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-Por no configurarse los elementos específicos, descriptivos y normativos de injuria y calumnia Sucede lo mismo con los presuntos delitos de injuria y calumnia, pues en principio puede pensarse que los hechos relatados en la denuncia podrían adecuarse en estos tipos penales que protegen el patrimonio moral de las personas, debe tenerse en cuenta que es necesario la presencia de unos elementos específicos, descriptivos y normativos para su configuración que no se configuran en este caso.

En efecto, la simple afirmación generalizada de una sospecha o creencia interna, acerca de un conglomerado abstracto, no puede entenderse como menoscabo del bien jurídico tutelado de la integridad moral de carácter individual. FALSA DENUNCIA-No existencia de referencia a que se haya interpuesto denuncia temeraria en contra de persona determinada o sin identificar 1 Bogotá D.C., 7 de mayo de 2013 Concepto No. 091IJP

Doctor: Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Ciudad Ref. 110016000102201200554

Imputada: XXXX Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia Solicitud de archivo de diligencias Distinguido Señor Fiscal: Atentamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar el archivo de las diligencias, de acuerdo a los siguientes hechos y razones: Dentro de la carpeta del radicado de la referencia concurren las denuncias suscritas por los señores YYYYY, ZZZZ y AAAA, quienes critican la declaración que ofreció la doctora XXXX, el día 28 de noviembre de 2012, durante el programa periodístico “Pregunta Yamid”, al considerar que degradó a la rama judicial del país.

CONSIDERACIONES Revisado el expediente, se halló que los hechos relatados en la denuncia no revisten las características de un delito, por lo que en criterio del Ministerio Público debe inadmitirse la denuncia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 69 de la ley 906 de 2004 y a las siguientes precisiones: Al efecto, la Sentencia C-1177 de 2005 de la Corte Constitucional1 analiza el

alcance de la potestad que el legislador asigna al órgano investigador en el inciso 2° del artículo 69 de la ley 906 de 2004 para inadmitir las denuncias sin fundamento, así: 1 Referencia: expediente D-5730 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69, parcial, de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Actor: Yaritza Xiobel Colina Ruiz y otros

Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 2 “Bajo esta interpretación, la eventual inadmisión de una denuncia no se vislumbra así, como un acto propio de la nuda liberalidad del funcionario investigador, se trata de una decisión que sólo puede legitimarse por la ausencia, en el caso concreto, de los parámetros constitucionales que condicionan la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal: la posible existencia del hecho, y que el mismo revista las características de un delito investigable de oficio. En virtud del principio de obligatoriedad que gobierna el ejercicio de la acción penal, la ausencia de los requisitos previstos en el artículo 69 de la ley 906/04, no puede llevar por sí misma a la inadmisión de la denuncia, por falta de fundamento, cuando pese a ello el órgano investigador pudo inferir que el hecho existió y que reúne las características de un delito investigable de oficio. Los presupuestos metodológicos que el artículo 69 establece para rodear de seriedad y credibilidad la declaración de conocimiento que la denuncia incorpora, no pueden confundirse con su fundamento, que atañe a los aspectos esenciales, aquellos que compelen al órgano investigador a actuar: la posible

existencia del hecho, y que éste revista las características de un delito que deba ser investigado de oficio, en el sentido en que la jurisprudencia ha entendido esta expresión, es decir como la mera concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal”.2 De acuerdo con el precedente jurisprudencial existen unos requisitos esenciales que al ser advertidos conminan al órgano investigador a actuar y lo manifestado por los quejosos en el presente caso no los contienen. En efecto, se indicó en la denuncia que en razón del cese de actividades por parte de los funcionarios y empleados de la rama judicial, la doctora XXXX concedió una entrevista a los medios de comunicación el 28 de noviembre de 2012, en la cual se refirió a los acuerdos logrados para reanudar las actividades en la rama judicial.

Y que en esa oportunidad afirmó: “…existen unos pocos disidentes, de los cuales se sospecha que tienen intenciones oscuras de coadyuvancia con la delincuencia y el narcotráfico con el propósito de lograr libertades de procesados por vencimiento de términos”.

Consideran los denunciantes que con estas declaraciones se degradó a la rama judicial y a los funcionarios y empleados que la integran, de la cual ellos hacen parte, por lo que consideran que puede estar incursa en los presuntos punibles de calumnia, injuria, falsa denuncia y prevaricato por acción. Sin embargo, de la lectura de los hechos contenidos en la denuncia se concluye que lo allí expuesto no encuentra adecuación típica. En lo que respecta al delito de falsa denuncia, no existe referencia a que se haya interpuesto denuncia temeraria en contra de persona determinada o

sin identificar. 2 Crf. C-1154 de 2005. 3 Los hechos relatados tampoco encuadran en la descripción del delito de prevaricato por acción, ya que la conducta en este tipo penal hace referencia a la emisión por parte de servidor público de resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, lo que es a todas luces totalmente diferente a lo expresado en la denuncia. Sucede lo mismo con los presuntos delitos de injuria y calumnia, pues en principio puede pensarse que los hechos relatados en la denuncia podrían adecuarse en estos tipos penales que protegen el patrimonio moral de las personas, debe tenerse en cuenta que es necesario la presencia de unos elementos específicos, descriptivos y normativos para su configuración que no se configuran en este caso. En efecto, la simple afirmación generalizada de una sospecha o creencia interna, acerca de un conglomerado abstracto, no puede entenderse como menoscabo del bien jurídico tutelado de la integridad moral de carácter individual. La manifestación de una sospecha desvirtúa de plano un señalamiento inequívoco y concreto, menos aún cuando no se hace en relación a persona determinada. Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia (Auto, may. 14/98. M. P. Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL. “A este respecto, conviene recordar lo establecido por la jurisprudencia desde antiguo, actualmente con mayor vigencia de cara a la reforma institucional contenida en la Carta Política de 1991, en el sentido que "la libre crítica, sea por ciudadanos con o sin empleo, censurando en forma global los reales o

presuntos vicios o inmoralidades de algún sector de la burocracia o de toda ella, presentando sus causas y posibles soluciones, describe el inalienable e irrenunciable derecho a opinar de todo ciudadano colombiano" (Auto, sep. 29/83. M. P. Dr. FABIO CALDERON BOTERO), pues, como igualmente se reiteró en dicho auto, "si todo concepto mortificante o displicente para el amor propio pero que no envuelve la afirmación de un hecho inequívoco, verdaderamente lesivo de la honra, fuera admitido a una acusación de injuria para ser castigado conforme al Código Penal, habría que suponer que el legislador había tenido la pretensión de darle a la sociedad civil y política la austeridad de un claustro, lo cual es inadmisible; eso sería privar a esa misma sociedad de cierto grado de virilidad inseparable de su existencia; todas esas ofensas, mortificaciones a que el hombre está sujeto en la vida civil, salen del dominio del Código Penal para caer en el de la opinión (Autos 7 y 29 de marzo de 1894, IX, 240 y 272)". Por consiguiente, los denunciantes ya mencionados no pueden asumirse espontáneamente como víctimas de los delitos de injuria ó calumnia, por la imposibilidad real de afectación de su integridad moral y su buen nombre, ya que en las manifestaciones que la doctora XXX hizo acerca de los disidentes del paro judicial, no concurre en contra de éstos de manera concreta, 4 específica e individual señalamiento alguno por la comisión de un delito o de una atribución deshonrosa, quedando limitado al fuero interno de éstos sólo

como un acto mortificante de afectación del amor propio, sin que, como se indica en la jurisprudencia mencionada, tal acto constituya la afirmación de un hecho inequívoco de injerencia de la órbita penal. Por lo anterior, con el propósito de cumplir con la función de guardián del orden jurídico y de los derechos fundamentales, le solicito comedidamente estudie la viabilidad de inadmitir la denuncia interpuesta en contra de la doctora XXXX, ordenando el archivo correspondiente. Atentamente,

JORGE GONZALEZ VASQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal JGV/mgm 5