PGN - FALTA DISCIPLINARIA - No investigar ni motivar debidamente decisiones de fondo

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación Nº: 095-1975/05

Investigado: JOSE F AVILA CASTILLA y NURY ARGOTE FUENTES.

Cargo y Entidad: Procurador Provincial de Valledupar y Profesional Universitario.

Quejoso: De oficio. Procurador General de la Nación.

Fecha de Queja: Diciembre 13 de 2004

Fecha hechos: Marzo 15 de 2004

Conducta: Tomar decisión de archivo sin la debida motivación.

Providencia: Fallo de segunda instancia (Art. 171 de la ley 734 de 2.002) Nivel de trascendencia: Alto Riesgo de prescripción: Medio

Bogotá D.C., Julio 9 de 2007

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Cesar, mediante Resolución del 31 de octubre de 2006, sancionó a los doctores JOSÉ FEDERICO AVILA CASTILLA, en su condición de Procurador Provincial de Valledupar, con Suspensión en el cargo e Inhabilidad Especial para ejercer funciones públicas por 5 meses y a la doctora NURY EMILIA ARGOTE FUENTES, en su condición de Profesional Universitario, adscrita a la Procuraduría Provincial de Valledupar, con Suspensión en el cargo e Inhabilidad Especial para ejercer funciones públicas, por 4 meses (fls. 280 a 328 Cdno. 2).

Mediante escrito visible a folios 337 a 349, la doctora ARGOTE FUENTES interpuso recurso de apelación contra la referida decisión. De la misma forma, el

doctor AVILA CASTILLA lo interpuso, según consta a folios 350 a 369.

2. CARGOS.

Mediante decisión del 1 de diciembre de 2005, visible a folios 96 a 118, la Procuraduría Regional del Cesar formuló pliego de cargos a los doctores AVILA CASTILLA y ARGOTE FUENTES, básicamente con los siguientes términos: “Emitir auto de archivo, fechado el 15 de marzo de 2004, sin motivación” (fls. 39 a 41 Cdno. 1). Como pruebas, tendiente a sustentar el cargo formulado, existe el acta de visita especial, por el cual se obtuvo, oficialmente, copia del auto de marzo 15 de 2004 y el auto de noviembre 24 de 2004, por el Procurador General de la Nación consignó las consideraciones pertinentes para denunciar las presuntas irregularidades de falta de motivación en la providencia de archivo de marzo 15 de 2004, expedida por el Procurador Provincial de Valledupar. Precisó como normas infringidas de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), el artículo 19, obligatoriedad de motivar cualquier decisión de fondo, el numeral 13 del artículo 34, relacionada con los deberes de los servidores públicos, el artículo 161, sobre la motivación que debe contener la decisión de la evaluación, el artículo 128, necesidad y carga de la prueba, 141, apreciación integral de las pruebas, artículo 156, término de la investigación disciplinaria, 73, terminación del proceso disciplinario, 164, archivo definitivo, 22, garantía de la

función pública, 23, la falta disciplinaria, 24, ámbito de aplicación de la ley Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 disciplinaria, 25, destinatarios de la ley disciplinaria, 26 autores, 27, acción y omisión y 81, competencia por razón de la conexidad.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Pese a que se encuentra expuesto en el acápite correspondiente de la providencia objeto de impugnación (octubre 31 de 2006), se resume los siguientes (fls. 280 a

328 Cdno. 2): a. El Procurador Regional del Cesar explicó el objeto de la acción disciplinaria, para fundamentar la conducta investigada y fallada contra los doctores AVILA CASTILLA y ARGOTE FUENTES, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. De la misma forma, consideró, que la conducta imputada tiene el sustento fáctico y jurídico en los pliegos de cargos, puesto que detalla las descripciones fácticas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la configuración de la falta, las consideraciones de la imputación a los autores, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Por lo anterior, advirtió, que los descargos de la doctora ARGOTE FUENTES y el análisis de la práctica de las pruebas de descargos solicitadas por el doctor AVILA CASTILLA, tienen respuesta clara y directa en los mencionados cargos.

b. Que la doctora ARGOTE FUENTES, a través de sus descargos, admitió que el auto de archivo del 15 de marzo de 2004 (seguida contra WILSON PADILLA GARCIA, Alcalde de Chiriguaná, Cesar, expediente No. 121-1601-03) no había tenido motivación alguna, pero, que, en el evento que se hubiese hecho, la decisión debía ser la misma, es decir, la de archivo; igualmente, sostuvo que su Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 conducta (proyectista) no perjudicó ni causó daño a nadie (Entidad, Sociedad Civil), puesto que proyectó para la revisión y firma del Procurador Provincial; que el extenuante volumen trabajo, para la época de los hechos, la falta de dotación para trabajar, la multiplicidad de funciones, el estrés, etc., incidieron en la toma de la decisión en esos términos; finalmente, recalcó, que como su conducta no fue dolosa, era procedente la absolución en su favor. c. De otra parte, advirtió la Procuraduría Regional del Cesar, que asumió como respuesta a los descargos, los fundamentos plasmados en los pliegos de cargos, por ejemplo, para señalar que durante la investigación disciplinaria, seguida contra los doctores ARGOTE FUENTES y AVILA CASTILLA, no se investigó la esencia de la decisión de archivo sino la FALTA DE MOTIVACIÓN de la misma; igualmente, que con relación a la inexistencia de la lesividad por la conducta

ejecutada, el perjuicio o daño no era requisito para considerar que la conducta pudiera considerarse antijurídica o de responsabilidad disciplinaria, porque en el régimen disciplinario se habla de infracción a deberes funcionales y no a consecuencias de la infracción, ya que éstas deben tenerse presente para graduar la falta. d. Con relación al dicho de la investigada, de proyectar y no decidir, argumentó el a-quo que aunque exista diferencia en los roles, tanto de Profesional Universitario como de Procurador Provincial, el hecho de proyectar una providencia sin motivación, equivale a incumplir un deber legal preestablecido; en iguales términos advirtió, para compeler las otras justificaciones aportadas por la investigada, cuando adujo que pudo ser el extenuante volumen de trabajo, la multiplicidad de funciones, el estrés, etc. También desvirtuó la justificación, de que tenían que tomar decisiones rápidas o por exceso de trabajo, porque también Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 conllevaba a desconocer el deber funcional legal de motivar las decisiones, en razón a que éstas deben fundamentarse, tómense rápidas o no. e. Ahora bien, respecto del doctor JOSE FEDERICO AVILA CASTILLA, la Primera Instancia advirtió, que aunque no presentó descargos ni alegatos de conclusión, éste solicitó pruebas de descargos (testimoniales). De otra parte, encontró el a-quo, que durante la investigación disciplinaria, respecto de los

hechos, sólo se conoció el método por él (Procurador Provincial de Valledupar) utilizado para la entrega de expedientes, la revisión de los proyectos de decisión, el uso de disquetes, los elementos, los útiles, los equipos y las reuniones con los profesionales universitarios. Igual, la declaración de WALTER GONZALEZ no aportó nada al proceso tendiente al esclarecimiento de los hechos. f. La Regional del Cesar señaló que con las pruebas documentales atrás comentadas, las razones y consideraciones hechas en los pliegos de cargos, evidenciaban, además de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la falta, los fundamentos para fallar con certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad disciplinaria de los doctores AVILA CASTILLA y ARGOTE FUENTES. Finalmente, previo el análisis legal correspondiente para dosificar la sanción, el a-quo determinó la sanción a imponer a cada uno de los investigados, esto es, 5 meses de suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas a JOSE FEDERICO AVILA CASTILLA y 4 meses de suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas a NURY EMILIA ARGOTE

FUENTES.

4. RECURSO DE APELACION:

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 Notificados en legal forma los investigados, la doctora ARGOTE FUENTES presentó sus descargos de la siguiente manera: a. Como reflexiones preliminares a los hechos advirtió, que el auto interlocutorio

de marzo 15/2004, sí contiene motivaciones relativas a las razones que conllevaron a su emisión, ya que expone valoraciones fácticas y jurídicas; ahora bien, considera que, si bien es cierto, no fue una providencia para elogiar, puede ser una de carácter defectuosa, pero no con ausencia total de motivación. No comparte el hecho que se haya refundido las funciones de ella, como proyectista, con las del Procurador Provincial, como suscriptor de las providencias en la dependencia, puesto que existen diferencias por un lado y, por el otro, dificulta el debido proceso y el derecho defensa. b. Advierte que no existe ilicitud sustancial en la conducta investigada; tampoco tipicidad en la misma, porque dentro de sus funciones, como profesional universitario, no está en el Decreto 262 de 2000 la correspondiente a participar en la emisión de la providencia, sino la preparar el proyecto para su firma o modificación. De modo que, considera, se le está enjuiciando por solidaridad con el doctor AVILA CASTILLA, quien si tenía legalmente la función de expedir providencias. c. Considera que el a-quo olvidó hacer mayor análisis sobre la antijuridicidad, ya que la consideró demostrada, con la sola compulsa de copias hecha por el señor Procurador General de la Nación, cuando el texto del artículo 5 de la Ley 734 de Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 2002 es claro cuando dice que, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna; es decir, es necesario que se demuestre que

se afectó el deber funcional. Pues no toda inobservancia de la ley puede considerarse falta disciplinaria, ya que pueden ser comportamientos oficiales de bagatela, inocuos o de poca trascendencia. d. Le parece injusto que en el fallo tampoco se hubiera analizado el texto de la providencia objeto de cuestionamiento, puesto que demuestra que los hechos y las pruebas conducían al archivo de la investigación disciplinaria seguida contra el

señor WILSON PADILLA GARCIA.

e. Discrepa de la motivación del fallo frente a la culpabilidad, puesto que comenta que el legislador delimita las conductas típicas, únicamente en cabeza del autor del comportamiento disciplinariamente reprochable. Para ello, hace un breve análisis sobre lo que significa derecho penal de acto y derecho penal de autor. Comenta que la acción como base de responsabilidad, presupone una relación directa entre la conducta, el agente estatal y los resultados producidos, por ejemplo, cuando el acto investigado aparece como resultado de una actividad psicofísica de otro agente, es en este en quien debe radicarse la responsabilidad que corresponda y no en quien inicialmente se procesa responsable de un acto ajeno. No observa pruebas suficientes en el plenario, que conduzcan a la certeza de la falta como de la responsabilidad disciplinaria; pues el hecho de no haberse motivado la providencia de marras, no puede interpretarse como un actuar doloso, quizás, culposo o impregnado de error invencible, además, enfatiza, que el dolo, compuesto de elementos de voluntad y conocimiento (intención), de probarse o demostrarse. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7

Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 Considera que fue tomada en esta investigación como chivo expiatorio, cuando por el contrario, ella era una buena empleada que carecía de antecedentes penales o disciplinarios. Concluye, que sería igual, al momento de tomar obligatoriamente una decisión de archivo, hacerlo en 20 hojas o en 2. f. Encuentra que el a-quo no tuvo en cuenta en este proceso la duda de la responsabilidad disciplinaria, que la Corte Constitucional, en sentencia No. 244 de mayo 30 de 2004, explica ampliamente. g. Finalmente, observa desproporcionalidad en la sanción impuesta (suspensión e inhabilidad de 4 meses), porque no se tuvieron en cuenta los criterios legales para graduar la sanción, pues no es justo que reciba casi la misma sanción del Procurador Provincial (5 meses de suspensión e inhabilidad), cuando su función consistía en proyectar providencias. Considera ser víctima de los problemas y diferencias personales existentes entre el Procurador Regional del Cesar y el Procurador Provincial de Valledupar.

5º. APELACIÓN INTERPUESTA POR EL DOCTOR JOSE FEDERICO AVILA

CASTILLA.

Consideró como fundamentos del recurso, los siguientes: a. Recusó a la segunda instancia, Veedor de la Procuraduría General de la Nación, doctor JESUALDO VILLERO PAYARES, para que conozca del recurso de apelación, porque se presenta la causal 4 del artículo 84 Código Disciplinario Único, que dice: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8

Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 “Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: “(…) o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación”. La razón obedece a que ya hubo pronunciamiento (1 de marzo de 2006) sobre el mismo tema y sujetos procesales. b. Como instrumentos internacionales y nacionales para fundamentar la recusación, señaló: - El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14; La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, 1; la Constitución Política, artículo 209; El Código Contencioso Administrativo, artículo 3; El Código Disciplinario Único, Artículos 22, 34 (numerales 2, 6 y 38), 94 y 129 ; c. Presentó como pruebas para demostrar la enemistad que el Procurador Regional del Cesar, doctor EVERARDO ARMENTA ALONSO, tiene con él, las siguientes: actitudes groseras para con él y ante la oficina; extrañas coincidencias contra él desde su llegada; práctica de visitas sin su presencia; existencia de pruebas (declaraciones y documentos), siendo protagonistas los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Valledupar; solicitud reservada de seguimientos ante el CTI; versiones libres; fallo sancionatorio (donde no se investiga lo favorable, sólo lo desfavorable). De otra parte, advierte, que en el proceso No. 095-1975-05 se practicaron pruebas

de manera extemporánea, seis meses después de culminada la indagación preliminar, entre ellas, la versión libre de NURY ARGOTE FUENTES y la fijación de la fecha para la práctica de visita especial a la carpeta de proyectos de archivo, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 9 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 donde se verificó dos (2) entradas del mismo, una, el 10 de marzo y, la otra, el 15 del mismo mes, año 2004. d. Piensa, que el auto de cargos formulado es defectuoso, porque se desconoce el debido proceso; en el proceso disciplinario el mandato de determinación es relativo, por la inversión lógica de la infracción de la norma; por eso los tipos disciplinarios son abiertos y en blanco y le corresponde al operador disciplinario cerrarlos (CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU, Dogmática del Derecho Disciplinario). Reflexiona sobre la responsabilidad que tiene el operador jurídico para cerrar los tipos abiertos y en blanco; que entonces no hacerlo afecta el debido proceso y el derecho de defensa. El operador debe describir y determinar la conducta (aspecto fáctico y jurídico), para que se pueda ejercer el derecho de defensa, de lo contrario, puede desconocerse el principio de legalidad, el texto de los artículos 23 y 163 del Código Disciplinario Único. Así las cosas, encuentra que no lo pueden sancionar por un comportamiento que no se encuentra descrito en la ley (catálogo de faltas); además, el operador no estableció siquiera su nexo causal, lo que conlleva

a que se desconozca el principio de tipicidad. e. Respecto del tema de las normas presuntamente violadas, el concepto de violación, la modalidad específica de la conducta y la forma de culpabilidad, enfatiza que lo hecho por el a-quo fue una enumeración de normas (antijuridicidad), sin determinar la conducta desconocida disciplinariamente, por el contrario, desconoció el concepto de violación. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 10 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 Sobre la imputación subjetiva incorrecta considera que no se aplicó, por parte del a-quo, una investigación integral, donde se investigara lo favorable y desfavorable de los investigados; le parece infundado que el fallador sostenga que por pasarse el proyecto de marras varias veces al Despacho, se teja como dolosa la conducta. Critica, que con lo expuesto atrás, el a-quo imputó la conducta investigada como dolosa, tendiendo presente lo siguiente: - Que debía saber que las decisiones deben referirse al objeto de la decisión – Que conocían, por tramitar el expediente, que se decidió sólo una parte de la quejaQue conocían la legislación aplicable – Que sabían que debían motivar las resoluciones, más cuando el proyecto entra dos veces – Se proyectó y decidió archivar, sabiendo que se excedía – Conocer el deber y no hacerlo – Omitir revisar o hacerlo descuidado teniéndose el manejo de la situación laboral, no muestra culpa sino dolo, porque el aludido manejo de la situación al que ha hecho referencia y que implica dominio de la misma (…) -

Voluntaria y libremente asumir el riesgo de estar firmando un proyecto adoptándolo como su decisión así eventualmente fuera contraria a derecho, es decir, aceptando el resultado como algo eventual y querido. Señala, que para que un acto sea enmarcado como doloso, se requiere constatación de la conciencia, conocimiento de los hechos e implicaciones y querer producir las consecuencias negativas. Pide que se tenga en cuenta el Principio de Confianza, que en su propia interpretación lo define como, “(…) no constituye derecho sobre los demás sino que simplemente corresponde a una regla de la experiencia, que razonablemente rige la interacción humana, motivo por el cual, sólo el cumplimiento del individuo, en lo que lo obliga y es su aporte al trabajo, lo Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 11 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 habilita para confiar y no verse afectado por la malicia y la despreocupación de los demás partícipes, es decir, es prácticamente imposible que un despacho judicial funcione sin la realización de tareas por parte de los dependientes, las cuales espera el superior sean jurídicas y materialmente acertadas”. Finalmente, recomienda que se dicte un fallo en su reemplazo, que lo absuelva de los cargos imputados y, subsidiariamente, se haga el control de legalidad de la investigación. 6º. PRONUNCIAMIENTO DE LA VEEDURIA: El 18 de enero de 2007, la Veeduría se pronunció sobre los términos del escrito de

recusación, interpuesto por el investigado JOSE FEDERICO AVILA CASTILLA, resolviendo NO ACEPTARLA (fls. 427 a 431). 7º. PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN: El Procurador General de la Nación, mediante resolución de febrero 6 de 2007, decidió NO ACEPTAR la recusación impetrada por el doctor AVILA CASTILLA contra el Veedor de la entidad, doctor JESUALDO VILERO PAYARES; en la misma providencia asignó el conocimiento de las diligencias a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa (fls. 434 a 438). Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 12 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO De conformidad con la Resolución de febrero 6 de 2007, expedida por el Despacho del Procurador General de la Nación, esta dependencia es competente para decidir el recurso de apelación, interpuesto por los doctores JOSÉ FEDERICO AVILA CASTILLA y NURY EMILIA ARGOTE FUENTES, funcionarios, para la época de los hechos, de la Procuraduría General de la

Nación. Analizados los términos de las diferentes etapas del presente proceso disciplinario (indagación preliminar, investigación y pliego de cargos), especialmente, la del juicio, no encuentra el Despacho configuración alguna de las causales de nulidad, previstas en el art. 143 del CDU. Pues la competencia legal para

investigar y fallar faltas disciplinarias cometidas por Procuradores Provinciales y demás servidores públicos de la Procuraduría General del nivel territorial, está radicada en los Procuradores Regionales (Superiores inmediatos), tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 73 del Decreto 262 de 2000; por tal razón, no hay discusión alguna que el Procurador Regional del Cesar hubiese investigado a los aquí procesados. De otra parte, observa la Delegada que el Derecho de Defensa, norma de carácter constitucional (C.P., Art. 29), estuvo siempre presente en poder de los investigados, es decir, fueron citados y notificados para el enteramiento de la realización de las diferentes diligencias procesales-disciplinarias, por ejemplo, la apertura de investigación disciplinaria y los pliegos de cargos, puesto que tuvieron la oportunidad legal para aportar y solicitar las pruebas correspondientes. Tampoco se encontró, al examinar la investigación disciplinaria, irregularidad Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 13 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 sustancial que afecte el debido proceso constitucional o legal, a que tienen derechos los investigados. Así las cosas, hay lugar a desatar, legalmente, los recursos de apelación interpuestos por los investigados ARGOTE FUENTES y AVILA CASTILLA. Esta Segunda Instancia considera que, de acuerdo con el contenido de la queja, las providencias expedidas inicialmente, el pliego de cargos formulado y las pruebas obrantes en el proceso, hay mérito probatorio suficiente para CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria establecida sobre los investigados,

pero, con relación a la sanción disciplinaria concretamente impuesta, debe MODIFICARSE, básicamente, por las siguientes razones jurídicas: a. A modo histórico, es indispensable recordar el texto de la conducta investigada en este proceso, seguido contra los acá investigados, consistente en no haber motivado legalmente la providencia de archivo definitivo, expedida el 15 de marzo de 2004 por la Procuraduría Provincial de Valledupar, en favor del señor WILSON PADILLA GARCIA, Alcalde de Chiriguaní, Cesar, investigado por presunto incremento patrimonial o enriquecimiento ilícito, interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por apropiación y testaferrato. El a-quo destacó en esa providencia (primero lo hizo el Procurador General de la Nación), que relacionar pruebas documentales aportadas al proceso y realizar, ligeramente, el análisis jurídico a las mismas, resulta irregular. El contenido de las consideraciones del auto de marzo 15 de 2004, es el siguiente: “(…) realizado el análisis de las pruebas aportadas al expediente que nos Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 14 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 ocupa, las que desvirtúan las presuntas irregularidades señaladas en la queja, por lo que este despacho estima que efectivamente no hay los elementos de juicio que material y legalmente ameriten continuar con la presente investigación disciplinaria, pues es de advertir que en este caso existen circunstancias y suficientes pruebas que no dan ocasión para agotar

el camino procesal, razón por la cual nos lleva a declarar el archivo de la misma. Como puede observarse no contiene una debida motivación, tal como lo exige el legislador con la Ley 734/2002, concretamente, los artículos 19 y 34, numeral 13 y 161. b. Le asiste razón a la primera instancia, porque sí se está indagando o investigando unos hechos que podrían tipificarse faltas disciplinarias gravísimas o delitos (incremento patrimonial no justificado o enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos, testaferrato, etc.), no pueden despacharse ligera e irresponsablemente con argumentos superficiales e infundados, tal como se hizo en el auto de marzo 15 de 2004, tendiente a archivar definitivamente la investigación disciplinaria adelantada contra el Alcalde Chiriguaní, Cesar. Tanto es así, que el Procurador General de la Nación, en providencia de noviembre 24 de 2004, aunque resolvió no proseguir la investigación disciplinaria No. 001-106892, contra el mismo alcalde de Chiriguaní, a raíz de los hechos denunciados por OSCAR ARMANDO ARGOTE ROVERO, por el presunto hecho de incremento patrimonial injustificado, sí la continuó respecto de los otros comportamientos (presunto peculado por apropiación en provecho propi, interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, testaferrato, etc.) denunciados por CARLOS MARIO GARCIA DIAZ ante el Procurador Provincial de Valledupar. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 15 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826

En el primer caso, porque hacía tránsito a cosa juzgada y, en el segundo, porque no habían sido objeto de investigación disciplinaria por parte del doctor AVILA CASTILLA, Procurador Provincial de Valledupar (fls. 3 a 8 Cdno. 1). c. Una investigación disciplinaria tan delicada, como la que se adelantó precariamente contra el Alcalde Municipal de Chiriguaní, lo mínimo que había que realizar probatoriamente, en cabeza del doctor AVILA CASTILLA y su abogada instructora, doctora ARGOTE FUENTES, era solicitar, para iniciar una completa indagación preliminar, la ratificación y ampliación de la queja que el señor CARLOS MARIO GARCIA DIAZ presentó contra el citado burgomaestre de Chiriguaní; pero, indiscutiblemente, no se hizo así; es más, ni siquiera ordenó otra u otras declaraciones juramentadas; solicitó únicamente la documentación para examinar no más su contenido (fls. 39 Cdno. 1 y 3 a 18 Anexo 1). De modo que, sí era necesario, por lo menos, realizar un examen integral de los documentos (certificaciones y oficios) aportados al proceso, con el fin de concluir una adecuada valoración probatoria, previa a la confrontación de los hechos denunciados; pues en realidad esto no podía concluirse ni motivarse con un párrafo tan sencillo como el trascrito arriba. d. No fue descabellado, desde ningún punto de vista jurídico (tipicidad y antijuridicidad), que la primera instancia hubiese señalado toda una cadena de normas legales, materialmente vulneradas, por el hecho investigado de no motivar

una providencia de fondo, como el archivo de una indagación o investigación disciplinaria. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 16 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 No hay duda, que las normas vulneradas son directamente las del Código Disciplinario Único, artículos 19, que señala: “Toda decisión de fondo deberá motivarse”; 34, numeral 13, que dice: “Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley”; 161, que advierte: Decisión de la evaluación. “(…) el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas (…)”, 128, que contiene: “(…) Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria deben fundase en pruebas (…) ”, etc. Si se mira la otra normatividad señalada en el pliego de cargos, también tienen que ver con la conducta investigada, por ejemplo el 141, sobre la apreciación integral de las pruebas, el artículo 156, sobre el término de la investigación disciplinaria, el 73, sobre la terminación del proceso disciplinario, el 164, sobre el archivo definitivo, el 22, sobre la garantía de la función pública, el 23, sobre la falta disciplinaria, el 24, sobre el ámbito de aplicación de la ley disciplinaria, el 25, sobre los destinatarios de la ley disciplinaria, el 26, sobre los autores, el 27, sobre la acción y omisión y el 81, sobre la competencia por razón de la conexidad.

Es más, la Resolución 450 de 2000, expedida por el Procurador General de la Nación, establece, concretamente, las funciones de los Procuradores Provinciales y demás empleados de la entidad; particularmente, para el primero le indica la de coordinar la preparación de los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; revisar proyectos de decisión que le presenten los servidores adscritos a la dependencia y aprobarlos o devolverlos con las observaciones pertinentes y, para el segundo, la de adelantar investigaciones disciplinarias desde su inicio hasta el proyecto de fallo de primera instancia. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 17 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 Ext. 10821 - 10826 La primera de las funciones consiste en adoptar decisiones y, la segunda, desarrolla actividades de instrucción, indagación o investigación, práctica de pruebas y evaluación. f. No hay forma entonces, cómo desvirtuar la responsabilidad fáctica y jurídica de los acá investigados, porque en realidad de verdad, no motivar debidamente una providencia de fondo dentro de un proceso disciplinario, implica, lógicamente, consecuencias legales y constitucionales (C.P., 6, 123, 124, 209) por desconocimiento evidente. Esto sin mirar, qué clase de hechos dejaron de investigarse en debida forma o cuáles se archivaron irregular e irresponsablemente; pues lo que se cuestiona, es no haberse motivado la providencia, estando obligados a hacerlo. Por la formación profesional y tiempo de servicio de los investigados (abo